Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

La Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha establecido que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2020 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

A estos efectos, la última operación principal de financiación del Banco Central Europeo en el primer semestre de 2020 ha tenido lugar el 22 de junio a un tipo de interés del 0 por 100. Por lo tanto, y según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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Cómo reflejar el efecto de la COVID-19 en las cuentas anuales de 2019

Mario Cantalapiedra – Economista

Puede que seas administrador de una empresa que todavía no haya formulado las cuentas anuales de 2019, cuyo plazo se ha extendido hasta el 31 de agosto, y te preocupe si has de reflejar en ellas el efecto del coronavirus y, en su caso, cómo hacerlo.

Pues bien, teniendo en cuenta que la declaración del estado de alarma se produjo en España el pasado 14 de marzo, se puede considerar que la crisis debida al coronavirus es un hecho posterior al cierre de 2019, el cual deberás reflejar en tus cuentas anuales ateniéndote a lo que dispone la normativa contable en vigor.

En este sentido, la norma de registro y valoración del Plan General de Contabilidad 23.ª (22.ª en el caso del Plan de Pymes) distingue los siguientes supuestos:

  • Hechos posteriores que ponen de manifiesto condiciones que ya existían al cierre de ejercicio, los cuales en función de su naturaleza motivarán en las cuentas anuales un ajuste (una provisión con cargo a resultados), información en la memoria o ambos. No parece que sea el caso que nos ocupa, puesto que los efectos del COVID-19 se han empezado a sentir en las empresas bien entrado 2020.
  • Hechos posteriores que ponen de manifiesto condiciones que no existían al cierre del ejercicio, los cuales no supondrán un ajuste en las cuentas anuales. No obstante, si son tan importantes que si no se informa sobre ellos puede distorsionar la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas, se deberá incluir en la memoria información respecto a su naturaleza con estimación de su efecto, o en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. Entiendo que éste ha de ser el caso más general para nuestras empresas, donde lo que habrá que hacer será incluir en las memorias de 2019 información sobre el coronavirus y su grado de afectación al negocio, sin tener que reformular balances y cuentas de pérdidas y ganancias.
  • En todo caso, en la formulación de las cuentas debe tenerse en cuenta toda información que pueda afectar a la aplicación del principio contable de empresa en funcionamiento (por el que se considera que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible), de tal modo que no se formularán sobre la base de dicho principio si se tiene la intención de liquidar la empresa o cesar su actividad, o si no existe una alternativa más realista que hacerlo, algo que por desgracia estará valorando más de un empresario en la actualidad. De este modo, si debido a los efectos de la COVID-19 tu empresa va a cerrar, deberás formular las cuentas anuales de 2019 conforme a lo dispuesto en la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE LA INFORMACIÓN DE NUESTROS DEUDORES – LA ÚNICA FÓRMULA PARA CONCEDER CRÉDITO EN EL NUEVO ESCENARIO DE MOROSIDAD GENERADO POR EL COVID 19

Gonzalo Quiroga – Abogado 

Es del todo latente que entre las graves consecuencias que sobre la economía está arrojando el nuevo escenario impuesto por el Covid19 se encuentra la de un aumento alarmante de la morosidad y de los impagos.

Como he mantenido siempre, el retraso e incumplimiento de los pagos es una problemática que hay que evitar o paliar desde un primer momento ya que es un factor determinante de la desaparición e inviabilidad de muchísimas empresas, incluso de aquellas que podrían sobrevivir porque consiguen mantener un nivel de actividad y ventas que las haría rentables pero que, al cobrar tarde o no cobrar, acaban “muriendo de éxito”, es decir, trabajando de forma idónea pero sin liquidez para afrontar el día a día, lo que las lleva a la disolución o el concurso.

A este incremento, y cada vez más preocupante y creciente, aumento de los retrasos e incumplimientos de pago hemos de añadir que la situación económica que se nos viene encima, la famosa “nueva normalidad” nos depara un escenario desconocido y difícil de pronosticar, por lo que nuestros actuales criterios y protocolos para estudiar el riesgo de impago y conceder crédito no son ya una herramienta útil, siendo necesario que cambiemos radicalmente nuestro modus operandi en la materia.

El principal cambio que hemos de adoptar consiste en CONTAR CON HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS DEUDORES QUE NOS PERMITAN RENOVAR SUS DATOS CONSTANTEMENTE y casi para cada nueva operación de venta a crédito.

Así, es muy habitual que tengamos clientes históricos en nuestra empresa a los que inicialmente, y hace años, se analizó y se les concedió una cantidad máxima de crédito adecuada a su perfil. Luego, con el paso de los años y ante su buen comportamiento de pago se les fue aumentando el límite de crédito hasta que, por mera inercia, esos clientes ya no los estudiamos cuando vamos a vender a crédito, consideramos que tienen un límite establecido y que no hay necesidad de ponerlo en duda.

Este criterio, sin embargo, no es válido en una situación de crisis e incertidumbre como la que se nos avecina. De hecho, los mayores “batacazos” o incidencias de impago que sufren las empresas en épocas de recesión como la que se avecina suelen venir dados por conceder crédito en demasía a clientes históricos sin tener en cuenta ni estudiar su  actual situación y realidad. (Imaginemos quien un año antes del concurso de acreedores de Pescanova, por ejemplo, le seguía concediendo crédito con límites fijados en base a la realidad de esa compañía 5 años antes…)

Por tanto, es indispensable que cambiemos nuestro criterio y que antes de conceder crédito a estos clientes históricos podamos analizar con el mayor detalle posible todos los aspectos e informaciones sobre su situación actual y hacerlo casi antes de cada operación o período de tiempo corto.

Esta necesidad se hace latente también para conceder crédito a nuevos clientes.

Así, tengamos en cuenta que hasta el día de hoy concedemos crédito a un nuevo cliente basándonos en la información que obtenemos del mismo a través, fundamentalmente, de sus cuentas anuales. Esto hace que realmente estemos concediendo crédito hoy en base a la realidad que esa empresa tenía en el ejercicio 2018 que es el que reflejan las cuentas anuales que depositó en 2019.

Es decir, para conceder crédito a nuevos clientes estábamos tomando decisiones mirando por el retrovisor, atendiendo a como estaba esa empresa hace dos años y no a cuál es su situación y capacidad de pago a día de hoy.

Con una crisis como la que se avecina, es muy probable que los cambios en las  empresas sean muy bruscos y que la información de las cuentas anuales del 2018 no tengan nada que ver con la realidad de nuestra deudora a día de hoy ni, por tanto, puedan servir como criterio para concederles crédito.

Ello se agrava si tenemos en cuenta que la regulación legal impuesta por el Covid19 ha establecido que se amplía el plazo para formular las cuentas anuales de 2019 (que deberían depositarse en este mes)  y que se concede prórroga para solicitar la declaración de disolución o concurso de las mercantiles insolventes.

De este modo, es necesario que para cada nueva venta a crédito a nuestros clientes, históricos o de nueva relación, analicemos la situación real y actual de la eventual deudora y que para ello contemos con sistemas, informes, aplicaciones informáticas y mecanismos de todo tipo que nos permitan tener una información totalmente al día y actualizada que no se base solo en los datos que obran en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Estas herramientas nos deben permitir conocer, casi al día, además de los datos de las cuentas societarias otras realidades importantes como pueden ser:

1. Comportamiento en sus pagos, conociendo si aparecen reflejadas en ficheros de impagados, si nuestra aseguradora de caución y crédito nos ha alertado sobre posibles incidencias, etc.

2. Si existen incidencias con Administraciones Públicas: en la mayoría de informes de solvencia se intenta reflejar la existencia de procedimientos judiciales en el ámbito civil o mercantil pero lo cierto es que, dada la lentitud con la que los órganos jurisdiccionales comunican los datos, muchas veces el deudor aparece sin ninguna incidencia judicial en contra cuando en realidad existen varios procesos en curso.

Sin embargo, lo que sí es fácil de detectar, tanto a través de información de solvencia como a través del propio internet es si la deudora tiene impagos o ejecuciones abiertas frente a Hacienda o Tesorería de la Seguridad Social. Si es así es un dato a tener en cuenta pues denota la inminente existencia de dificultades.

3.  Si existen procedimientos de negociación pre concursal o, directamente, concurso de acreedores tramitándose ante los Juzgados de lo Mercantil. Siendo este dato fácil de verificar a través del Registro Público de Resoluciones Concursales al que podemos acceder en la web pública existente y, además, suele venir recogido en los informes de solvencia si los pedimos actualizados cada vez que estudiemos conceder crédito.

4.  Otros datos que debemos recabar y conservar nosotros mismos en nuestra relación del día a día con el cliente y que pueden ser determinantes de cambios en la capacidad de pago, indiciarios de desaparición inminente de la mercantil en cuestión e, incluso, datos útiles y determinantes para que en caso de que haya que reclamar judicialmente la deuda nuestra demanda consiga su objetivo de cobrar lo adeudado.

Entre estos datos a detectar se encuentran los siguientes:

A. Si nuestro cliente ha cambiado de número de teléfono, de dirección postal, de banco , etc…

El cambio de instalaciones o de datos de contacto suele ser un intento de reducir costes y debemos tenerlo en cuenta y anotarlo porque si llega el caso de reclamar judicialmente ganaríamos muchísimo tiempo frente a los demás acreedores porque nos permitiría dirigir la demanda al domicilio real de la empresa y no al que figura aún en el Registro Mercantil.

B.  Si empieza a devolver nuestros recibos pero inmediatamente se ofrece a regularizar el pago y los abona desde una cuenta bancaria distinta a la habitual.

Cuando la empresa empieza a ir mal tiene que elegir qué paga y que no atiende. Si deja que pasen los recibos por la cuenta habitual se pagaran por orden de llegada, no por orden de importancia para la empresa. Al devolverlos todos y utilizar una nueva cuenta consigue pagar lo más indispensable para su actividad y desatender los que considera más prescindibles o de segundo orden.

Detectar esto no solo nos sirve para ver que la empresa empieza a tener problemas sino también para ganar ventaja frente a otros acreedores si tenemos que reclamar judicialmente, pues podremos pedir el embargo de la única cuenta en la que hay dinero y que los demás no han tenido en cuenta.

C. Si empieza a haber movimientos extraños en los ceses y nombramientos de los órganos de administración.

Así, si una empresa llamada “Hermanos Sanchez” ha tenido desde su constitución hace 30 años como administradores a Don Pedro y Don Manuel Sánchez y, de la noche a la mañana, estos cesan y nombran un nuevo administrador sin vínculos con la familia o la empresa probablemente estemos ante un hombre de paja o testaferro y ante un indicio claro de la inminente desaparición de la mercantil.

En definitiva, ante la nueva situación de morosidad que se avecina hemos de cambiar el chip y estudiar minuciosamente y casi para cada operación de venta a crédito a todos nuestros clientes, históricos o recién llegados, y contar para ello con herramientas y recursos que nos proporcionen información actualizada y al día relativa a todos los aspectos posibles y no ceñida únicamente a la información mercantil.

Ante los nuevos cambios y como dice el viejo dicho “más vale prevenir que curar” y en este caso prevenir es más sencillo de lo que parece, basta con analizar la información de que disponemos y, sobre todo, tener actualizada esa información en todo momento, ser el primero en detectar los cambios o defectos a los que hemos hecho referencia supone una ventaja impagable a la hora de evitar la concesión de crédito a sociedades que, en el momento de pedirlo, ya están abocadas a no pagar.

La crisis del “coronavirus” dispara la deuda pública en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis del coronavirus ha disparado la deuda pública española hasta situarla en 1.224 millones de euros, según datos publicados por el Banco de España (BdE). En términos relativos, el ratio de deuda pública sobre PIB alcanzó el 98,9 por ciento, su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2018. Inclusive la previsión del Gobierno es que a cierre de ejercicio este ratio se sitúe, nada más y nada menos, que en el 115,5 por ciento del PIB… terrible.

Este dato de la deuda pública se mide según el denominado “Protocolo de Déficit Excesivo” (PDE), concepto de endeudamiento que habitualmente se utiliza en el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas, y en el que se incluyen tanto los pasivos de las administraciones públicas que están materializados en efectivo y depósitos, como los valores representativos de deuda y préstamos, valorados por sus importes nominales y excluidos los pasivos que han emitido unas administraciones y que están en poder de otras (lo que se técnicamente se conoce como consolidación).

Si analizamos los distintos subsectores en los que se puede dividir la deuda pública en España, se observa como en términos interanuales su saldo ha aumentado en casi todos ellos. De este modo, ha crecido el saldo de la Administración Central (2,7 por ciento), el de las Administraciones de Seguridad Social (27,8 por ciento) y el de las Comunidades Autónomas (0,3 por ciento), siendo las Corporaciones Locales las únicas que han disminuido el saldo de su deuda con respecto hace un año (-11,9 %). En lo que respecta al crecimiento tan llamativo de la Seguridad Social, el BdE señala que se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General  de marzo a noviembre de 2019 para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Estos préstamos, al tratarse de financiaciones entre administraciones, no computan a efectos del total de la deuda pública.

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La COVID-19 podría aumentar en más del triple la tasa de incumplimiento de las empresas españolas

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Estudio “Spain after COVID-19: From resilience to reimagination” elaborado por McKinsey & Company, la pandemia de la COVID-19, sin considerar ninguna acción de mitigación por parte del sector público, podría provocar un aumento de más del triple en la tasa de incumplimiento de las empresas españolas en 2020. En el caso de los sectores más afectados, como los de hostelería y restauración, este incremento podría llegar a ser hasta de ocho veces. Otros sectores, como los de entretenimiento, transporte, logística y automóvil, podrían incrementar su tasa de incumplimiento entre cuatro y siete veces. Datos, sin duda, muy preocupantes.

Aunque desde McKinsey & Company se reconoce que la llegada de la pandemia ha encontrado a las empresas españolas en un mejor punto de partida que en la crisis de 2007, existen tres señales de advertencia a la hora de lidiar con la nueva crisis que se nos presenta:

  1. La economía española depende más del turismo (14,5 por ciento del PIB) que otras economías de nuestro entorno (9,5 por ciento del PIB en la Unión Europea), siendo éste un sector muy afectado por las restricciones generadas por la COVID-19.
  2. La estructura empresarial española se basa en pequeñas y medianas empresas (el 47,5 por ciento de la fuerza laboral española se concentra en empresas con menos de 20 trabajadores, frente al 37,5 por ciento en la Unión Europea). Las pequeñas empresas son más vulnerables ante un entorno económico debilitado. De hecho, entre 2007 y 2013, desaparecieron en una proporción cuatro veces mayor a la del conjunto de empresas.
  3. A pesar de que casi todos los sectores presentan mejores niveles de capital y de liquidez ahora que en 2007, algunos de ellos pueden ser menos resistentes ante la crisis del coronavirus debido a los niveles estructurales de estos elementos con los que operan. Entre los sectores con niveles más bajos de capital y de liquidez, el Estudio señala a los de hostelería y restauración, transporte, logística, automoción o comercio minorista.

Para superar la situación adversa, el Estudio apunta a un esfuerzo sin precedentes por parte de los sectores público y privado en España que acelere la recuperación y facilite el establecimiento de una próxima normalidad, en el cual se contemplen 3 horizontes:

1. Resiliencia

En esta etapa, fundamental para los sectores más afectados por el coronavirus como, por ejemplo, hostelería y restauración, las empresas deberán tratar de sobrevivir concentrándose en estimular sus fuentes de ingresos, estabilizar sus cadenas de suministro y optimizar sus modelos operativos. Por su parte, el sector público deberá facilitar el acceso a la liquidez y al capital e incentivar la demanda en los sectores que presentan mayores dificultades.

2. Retorno

A continuación se plantea una fase de retorno a los niveles de negocio y actividad anteriores a la crisis del coronavirus. Las empresas deberán adoptar tendencias que hayan cambiado o se hayan acelerado durante los meses de confinamiento. Esto puede llevar a que las empresas migren a modelos de ventas digitales, actualicen sus carteras de productos para adaptarse a nuevas necesidades de los clientes o redefinan sus cadenas de suministro. En esta fase, el sector público deberá apoyar tanto la recuperación de sectores económicos tradicionales como el desarrollo de los más nuevos, asegurando que el marco regulatorio y el sistema sanitario sean los adecuados.

3. Reinvención

En la última etapa, habrá que adaptar el panorama empresarial español a la nueva realidad económica. Las empresas deberán determinar si han de seguir con modelos de negocio tradicionales o explorar nuevos, lo cual puede conducir a una ola de fusiones, adquisiciones o alianzas, en la búsqueda de ventaja competitiva. El apoyo público podrá venir a través de elementos que apoyen esta fase de reinvención tales como la aceleración de la digitalización del país, el desarrollo de la infraestructura del futuro o la transición a una economía libre de carbono.

La necesidad de gestionar el recobro de facturas ante la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

En base a las estimaciones recientemente publicadas por Iberinform, la crisis económica asociada al coronavirus hace que al menos el 18 por ciento del tejido empresarial en España se encuentre en máximo o elevado riesgo de impago, mientras que un 21 por ciento adicional presenta un riesgo moderado. Solamente el 61 por ciento restante mantiene valores que permiten considerar su riesgo de crédito bajo o mínimo.

Lo cierto es que el deterioro de la situación económica está siendo muy rápido, y aunque muchos confían en que la recuperación puede ser también rápida, una vez que finalice el estado de alarma y se vaya reactivando la economía, de momento los datos que se van conociendo no nos dejan ser muy optimistas.

En cualquier caso, desde las empresas toca ser muy proactivos a la hora de gestionar los riesgos de la actividad, entre ellos, de un modo especial el riesgo de impago. Es en épocas de crisis cuando debe incidirse en esta gestión ante la mayor probabilidad que existe de no cobrar las facturas de clientes.

¿Cuándo consideran las empresas en España que un cliente es moroso?

En base a la información que nos proporciona el Decimotercer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, en el que han participado gestores de más de 700 empresas, solamente el 13 por ciento de las compañías consideran que el cliente está en mora si no paga sus facturas llegado el vencimiento. Solemos ser bastante pacientes a la hora de iniciar acciones de recobro, llegando incluso al 32 por ciento las empresas que declaran esperar más de 90 días para iniciarlas. Detrás de este comportamiento suelen existir distintas motivaciones, que van desde el deseo de no deteriorar la relación comercial con los clientes, hasta cierto pudor o vergüenza a la hora de reclamar las facturas, que de esto último también hay.

El problema es el que el tiempo siempre corre a favor del moroso, y más en épocas de crisis, por lo que mi recomendación es que en estos momentos de deterioro de la situación económica, las empresas pongan su foco de atención en la gestión del recobro. Entre considerar al cliente moroso el mismo día del vencimiento, y dejar pasar más de 90 días existe un abismo que puede ser muy perjudicial para la empresa acreedora.

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Nuevo calendario para las cuentas anuales de 2019

Mario Cantalapiedra – Economista

El Gobierno español acaba de establecer un nuevo plazo para la formulación de las cuentas anuales correspondientes a 2019 a través del Real Decreto-ley 19/2020, publicado hoy en el BOE.

Si en marzo ya se había flexibilizado este plazo a través del Real Decreto-ley 8/2020 en función de cuando terminase el estado de alarma, pero sin detallar una fecha concreta, ahora se ha establecido que sea el 1 de junio la fecha a partir de la cual las empresas tengan hasta 3 meses para formularlas.

El objetivo del Gobierno es aportar seguridad jurídica al sustituir un plazo dinámico y uniforme, que puede variar según el grado de “desescalada” en el que se encuentre la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga domicilio la empresa, por una fecha concreta.

Adicionalmente, el plazo que tiene la Junta para aprobar las cuentas de 2019 una vez que sean formuladas se ha reducido a dos meses (anteriormente era de tres).

De este modo, se modifican los puntos 3 y 5 del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, que quedan redactados de la siguiente forma:

3. La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta el 1 de junio de 2020, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante lo anterior, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente.

5. La junta general ordinaria, para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, se reunirá necesariamente dentro de los dos meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.”

Con esta modificación, debemos tener en cuenta las siguientes fechas límites para la formulación, aprobación y depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales correspondientes a 2019:

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Casi 62.000 empresas en España en alto riesgo de desaparición debido al “coronavirus”

Mario Cantalapiedra – Economista

Hasta un 5 por ciento de empresas españolas prevén que la facturación impagada por sus  clientes supere el 10 por ciento en 2020 debido al impacto del “coronavirus”. Es una de las conclusiones que se desprenden del Decimotercer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform, en el que han participado gestores de más de 700 empresas de todos los tamaños y sectores del tejido empresarial.

Este nivel previsto de impagados es tan elevado que de confirmarse puede llevar a la desaparición de muchas empresas. Teniendo en cuenta las últimas cifras referidas a finales del mes de abril, en España existen 1.233.187 empresas inscritas en la Seguridad Social, por lo que extrapolando el dato del 5 por ciento con previsión alta de impagos, cerca de 62.000 empresas corren un importante riesgo de desaparición. Son muchas empresas, muchos proyectos que pueden verse truncados de la noche a la mañana.

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En la línea del dato anterior, también destaca el porcentaje de empresas que declaran prever un descenso de su facturación en 2020 debido al “coronavirus”. Hasta el 72 por ciento de los encuestados creen que facturarán menos que el año anterior. El  14 por ciento piensan que su facturación se mantendrá, y únicamente otro 14 por ciento observan un crecimiento de sus ventas en este año tan convulso.

Menos facturación y más impagados no configuran un escenario muy positivo para nuestro tejido empresarial. Evidentemente desde las empresa, toca extremar todo lo que se relaciona con la gestión del riesgo de crédito comercial, procurando que lo poco o mucho que se venda, se cobre en su totalidad.

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La declaración del estado de alarma condiciona la estadística de los concursos de acreedores en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos de deudores concursados en España durante el primer trimestre de 2020, los cuales debido a las circunstancias excepcionales que vivimos con la COVID-19 hay que interpretar con precaución.

De este modo, y a pesar de que el número de concursos haya disminuido en tasa anual un 22,3 por ciento en el primer trimestre (1.501 frente a los 1.932 del primer trimestre de hace un año), la declaración del estado de alarma ha limitado la actividad de los Juzgados en la segunda quincena de marzo. El INE se ha visto obligado a completar la información referente a los concursos con los datos publicados en el Boletín Oficial de Estado (BOE), hasta recoger información del 85 por ciento de los Juzgados que habitualmente colaboran con él. El propio INE se ha aventurado a decir que “en próximos trimestres, cabría esperar que la Estadística del Procedimiento Concursal refleje paulatinamente los deudores concursados que se hayan visto afectados por esta situación”.

También hay que recordar que mientras esté vigente el estado de alarma y hasta el 31 de diciembre no existirá  la obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor en estado de insolvencia, ni se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores.

Con las limitaciones mencionadas, del total de concursos registrados en el primer trimestre de 2020, 974 correspondieron a empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas), lo que equivale al 64,9 por ciento del total, mientas que 527 correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial, o lo que es lo mismo el 35,1 por ciento restante.

La mayoría de los concursos (1.430) fueron declarados por el propio deudor en estado de insolvencia, mientras que 71 fueron solicitados por los acreedores.

En cuanto a la actividad económica se refiere, la mayor parte de las empresas concursadas pertenecen al sector comercio (22,4 por ciento), seguidas por las del sector de la construcción (13,6 por ciento).

Por comunidades autónomas, Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid, por este orden, tuvieron el mayor número de deudores concursados, llegando a concentrar entre las tres hasta el 58,5 por ciento del total.

Evolución del número de deudores concursados en España

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Fuente: INE (datos definitivos hasta 1.º trimestre de 2019).

La nueva Ley Concursal y su coincidencia en el tiempo con medidas concursales extraordinarias por la COVID-19

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis económica provocada por la COVID-19 hace que por desgracia vuelvan a cobrar protagonismo los concursos de acreedores, es decir, aquellos procedimientos judiciales especiales previstos para gestionar y administrar el patrimonio de personas naturales o jurídicas insolventes. Sin ir más lejos, desde Quabbala Abogados y Economistas, se prevé que sean presentados entre 50.000 y 60.000 concursos de acreedores como consecuencia de la pandemia.

En este sentido, se acaba de publicar en el BOE la nueva Ley Concursal, en concreto, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, cuya entrada en vigor se producirá el próximo 1 de septiembre. Es un texto muy esperado y que nace con vocación de permanencia. No obstante, y debido al actual estado de alarma por la COVID-19, va a coincidir en el tiempo con medidas temporales y extraordinarias aprobadas en el ámbito concursal.

De este modo, la nueva Ley va a coincidir con las medidas concursales extraordinarias aprobadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, entre las que destacan las siguientes:

  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de cumplimiento.
  • El permiso a los deudores para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, no tengan que solicitar la apertura de su liquidación si no pueden cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, con el objetivo de permitirles negociar y aprobar una modificación del convenio.
  • El permiso a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado para que, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, puedan presentar propuesta de modificación o nueva solicitud sin necesidad de que hay transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.
  • La no obligación de solicitar concurso voluntario por parte del deudor que se encuentre en estado de insolvencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, la no admisión a trámite hasta el 31 de diciembre de 2020 de las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores desde la declaración del estado de alarma.
  • La calificación como créditos ordinarios a los derivados de nuevos ingresos de tesorería (préstamos, créditos, etcétera) procedentes de personas especialmente vinculadas al deudor (socios de la empresa, cónyuges en el caso de personas naturales, etcétera), en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

Tal como se señala en la introducción del Real Decreto Legislativo 1/2020, “en el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 también se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal. El ámbito temporal de aplicación de estas medidas es limitado, pues tratan de atender de manera extraordinaria y urgente la situación de los procesos concursales tras la finalización del estado de alarma y la situación de las empresas afectadas por la disminución o el cese de actividad motivada precisamente por las consecuencias económicas generadas por la mencionada crisis sanitaria, de modo que durante un cierto período de tiempo ambas normas, texto refundido y normas excepcionales, coincidirán en su aplicación, si bien cada una en su respectivo ámbito”.

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