Al Banco de España le preocupan las medidas proteccionistas, el “Brexit” y China

Mario Cantalapiedra – Economista

El PIB de España seguirá creciendo en los próximos años, aunque cada vez lo irá haciendo a un menor ritmo, según las últimas proyecciones macroeconómicas de la economía española elaboradas por la Dirección General de Economía y Estadística (DGEE) del Banco de España (BdE). De este modo, tras crecer el 2,6 por ciento en 2018, se prevé que en 2019 el avance sea del 2,4 por ciento, en 2020 del 1,9 por ciento y en 2021 del 1,7 por ciento. La buena noticia es que con respecto a las previsiones anteriores que el BdE efectuó en el mes de marzo, se ha producido una revisión al alza del PIB para 2019 gracias a una mayor fortaleza de la actividad registrada en el primer semestre del año.

La expansión del producto interior seguirá apoyándose en la demanda nacional, aunque su aportación positiva al avance se moderará en los próximos tiempos, siendo próxima a cero la contribución que el BdE prevé para la demanda externa. En el caso de la demanda nacional, me gustaría destacar cómo el organismo supervisor prevé que se incremente moderadamente la tasa de ahorro de las familias (que recuerdo que actualmente se encuentra en mínimos históricos, siendo de las más bajas de la eurozona), lo que se traducirá en una desaceleración del consumo privado.

En cuanto a la tasa de paro, la previsión del BdE es que se reduzca, pero con un freno en los elevados ritmos de crecimiento del empleo que hemos visto en los últimos años, en consonancia con la desaceleración prevista del PIB. Su pronóstico es que la tasa de paro en España disminuya hasta el 11,8 por ciento de la población activa a finales de 2021.

En lo que se refiere a los riesgos que amenazan al crecimiento del PIB español, los principales para el BdE provienen del ámbito exterior. En concreto, de la posible adopción de nuevas medidas proteccionistas a nivel global, de la incertidumbre relativa al desenlace del “Brexit” y de las dudas acerca de la efectividad de las medidas de estimulo en China y de su impacto sobre los desequilibrios del país. En el ámbito nacional, preocupa la incertidumbre acerca de la orientación futura de las políticas económica en un contexto presidido por un Parlamento español muy fragmentado.

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Pérdidas por insolvencias deducibles para empresas de reducida dimensión

Mario Cantalapiedra – Economista

En el momento en el que muchas empresas están preparando los últimos ajustes antes de presentar su Impuesto sobre Sociedades en el mes de julio, conviene repasar algunos elementos que pueden llegar a rebajar la factura fiscal y que en ocasiones las empresas dejan de aplicar por desconocimiento. Entre ellos, me gustaría destacar la posibilidad que tienen las empresas de reducida dimensión (ERD) de deducir un porcentaje global de sus deudores a final de ejercicio por posibles insolvencias.

Recuerdo que para la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), una ERD es aquella que factura menos de 10 millones de euros en el periodo impositivo anterior. Luego son muchas las empresas en este país que pueden aplicar esta ventaja fiscal. En este sentido, la LIS permite a las ERD la deducción “global” por insolvencias hasta el 1 por ciento del saldo de deudores existente al final del período impositivo, del que habrá que excluir los créditos que motivan deducciones individualizadas y aquellos otros cuyas dotaciones no sean deducibles. Entre los primeros están los que han pasado seis meses desde su vencimiento, los que corresponden a deudores declarados en situación de concurso o procesados por un delito de alzamiento de bienes, así como los que han sido reclamados judicialmente o son objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. Entre los créditos no deducibles están los adeudados por entidades de derecho público (excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía) y los adeudados por personas o entidades vinculadas (salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez).

Veamos un ejemplo al respecto:

ERD que cuenta al final del ejercicio con un saldo de clientes de 50.000 euros de los que se sabe que:

  • 5.000 euros corresponden a la deuda de un ayuntamiento.
  • 3.500 euros corresponden a facturas adeudadas por una empresa vinculada.
  • 1.500 euros corresponden a una factura de un cliente reclamada judicialmente.

En este caso, el saldo a considerar para la dotación global será = 50.000 – 5.000 – 3.500 – 1.500 = 40.000 euros, por lo que la deducción podrá ser hasta de 400 euros (1 % sobre 40.000).

Por tanto, la ERD podrá deducir en concepto de pérdidas por deterioro de los créditos un máximo de 1.900 euros (1.500 euros de la dotación individual por la factura reclamada judicialmente más 400 euros correspondientes a la dotación global). Por su parte, los importes adeudados por el ayuntamiento y la empresa vinculada no serán deducibles.

Disponibles los nuevos modelos oficiales para presentar las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

Los nuevos modelos oficiales para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil ya se encuentran disponibles en la web de Ministerio de Justicia. Estos modelos responden a la Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los Anexos I, II y III de la Orden JUS/ 319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, así como a la Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación, las cuales fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado viernes 24 de mayo.

A lo largo de 2018 no se han producido cambios normativos contables que afecten al depósito tanto de las cuentas individuales como de las consolidadas, siendo la novedad más importante la incorporación de una mejora informativa en las páginas de presentación en el Registro (ver imagen adjunta) para aquellas empresas y grupos que estén obligados a presentar el nuevo “estado de información no financiera” (EINF). Este estado, introducido por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, incluye información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la sociedad o del grupo de sociedades y el impacto de su actividad respecto a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.

Actualmente la obligación de presentar el EINF afecta a las sociedades de capital (anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones), y sociedades que formulen cuentas consolidadas (grupos), cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea mayor a 500 y que además, o bien tengan la consideración de entidades de interés público, o bien durante dos ejercicios consecutivos reúnan dos de las tres circunstancias siguientes: activo superior a 20 millones de euros, facturación superior a 40 millones de euros, o número medio de empleados superior a 250.

El EINF puede presentarse incluyéndolo dentro del informe de gestión o en un estado independiente.

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Aumentan los concursos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Según los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los deudores concursados en España en el primer trimestre de 2019 ascendieron a 1.648, lo que supone un aumento del 1,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Es el peor dato registrado desde el cuarto trimestre de 2014 cuando se alcanzaron los 1.746 concursos.

El concurso es un procedimiento de tipo judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente, con el que se pretende lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa o, en su caso, la recuperación de la persona física.

Del total de concursos registrados en el primer trimestre, 1.147 correspondieron a empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas), lo que equivale al 69,6 por ciento del total, mientas que 501 correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone 30,4 por ciento restante.

En función del tipo de concurso, la mayor parte (1.558) de los registrados en el primer trimestre de 2019 fueron voluntarios, es decir, solicitados por las propias personas físicas o jurídicas, mientras que solamente 90 concursos fueron necesarios o, lo que es lo mismo, solicitados por los acreedores.

Por comunidades autónomas, el 32,6 por ciento de los concursos (538) correspondieron a Cataluña, seguida por la Comunidad de Madrid, con el 14,5 por ciento (239). Prácticamente uno de cada dos concursos que se producen en España se hace en una de estas dos comunidades. Según informa el INE, Extremadura presenta el mayor descenso anual de concursos en el primer trimestre (- 42,1 por ciento), mientras que Illes Balears sufre el mayor aumento (92,6 por ciento).

En cuanto a la actividad económica se refiere, el 26,1 por ciento de las empresas concursadas tienen como actividad principal el comercio, siendo el sector de resto de servicios el segundo en importancia con el 14,1 por ciento de los concursos.

Por tramos de facturación, la mayor parte de las empresas concursadas (el 32,9 por ciento) se encuentran en el tramo más bajo de volumen de negocio de los que distingue el INE, en concreto, en el que se encuentran las empresas que facturan hasta 250.000 euros. La mayor parte de estas empresas concursadas de baja facturación son sociedades de responsabilidad limitada.

Evolución del número de deudores concursados en España

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Fuente: INE (datos definitivos hasta 2.º trimestre de 2018).

¿Son fáciles de regular los modelos de negocio “fintech”?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los avances tecnológicos han posibilitado la aparición de empresas fintech que ofrecen nuevos servicios financieros o satisfacen las necesidades financieras de sus clientes de forma diferente a las entidades financieras que podríamos denominar “tradicionales”. Desde el seno de estas empresas se suele acusar a los reguladores de no entender su negocio y de no saberlo regular. ¿Pero realmente las fintech son fáciles de regular? Yo creo que no.

Si de intentos internacionales de regulación hablamos, la posición de la Comisión Europea sobre fintech se basa en los principios de neutralidad tecnológica, por el que actividades similares han de estar sujetas a las mismas reglas independientemente de quién sea su proveedor; de proporcionalidad, por el que se han de tener en cuenta modelo de negocio, tamaño, importancia sistémica, complejidad y actividad transfronteriza de las entidades proveedoras, y de integridad del mercado, por el que la aplicación de tecnologías a los servicios financieros debe promover una mayor transparencia del mercado en beneficio de los consumidores  y empresas, sin crear riesgos injustificados (cibernéticos, de abuso de mercado, etc.). Tener en cuenta estos tres principios parece tener sentido si se quiere regular “bien” este fenómeno.

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Con respecto al principio de neutralidad, para el regulador financiero no resulta sencillo ni definir el propio ámbito de aplicación de la norma. La innovación financiera ha permitido la aparición de nuevos modelos de negocio que descomponen la cadena de valor bancaria tradicional y se especializan en aquello donde consideran que pueden ser más eficientes (pagos, préstamos, etc.), segmentando la cadena tradicional, pero inclusive está permitiendo la aparición de nuevas cadenas de valor donde los proveedores no solamente prestan servicios financieros. En este contexto, se hace muy difícil definir una norma que cubra todas las posibilidades.

De igual modo, para el regulador no es fácil abordar el principio de proporcionalidad en un entorno en el que gracias a la tecnología se difuminan los ámbitos geográficos en los que las fintech prestan sus servicios.

Por último, los riesgos que pueden traer estos negocios han de ser afrontados desde una perspectiva global y de cooperación entre organismos reguladores a nivel internacional, teniendo en cuenta aspectos tales como la privacidad de la información, la defensa de la competencia o la seguridad frente a las amenazas cibernéticas.

Si la consolidación del modelo de negocio de las fintech pasa en gran parte por el método de prueba y error, parece que el regulador también necesita de entornos de pruebas controlados (sandbox) para conocer mejor el fenómeno antes de regularlo. Eso sí, mientras si se decide o no a lanzar el sandbox, la innovación en un mundo globalizado no espera

Foto: fancycrave1

 

 

El sector primario es el único que aumenta su volumen de crédito bancario

Mario Cantalapiedra – Economista

Un año más, y como viene sucediendo desde 2011, el volumen de crédito concedido por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito para financiar actividades productivas en España, cerró 2018 con un descenso frente al ejercicio anterior, según los datos que acaba de presentar el Banco de España.

El total de crédito alcanzó al cierre de 2018 la cifra de 548.316 millones de euros (un 7,3 por ciento menos que en 2017 y casi la mitad del volumen de crédito concedido por las entidades financieras a finales de 2010), que se distribuyeron por sectores de la siguiente manera:

  • Primario (agricultura, ganadería y pesca): 21.363 millones de euros.
  • Industria: 106.286 millones de euros.
  • Construcción: 29.462 millones de euros.
  • Servicios: 391.204 millones de euros.

El único sector que vio aumentado su crédito bancario a cierre de 2018 fue el primario, mientras que industria, construcción y servicios tuvieron un volumen menor que el año anterior.

En cuanto al peso relativo de cada sector sobre el total de la financiación, lo encabeza el sector servicios (71,3 por ciento), seguido por la industria (19,4 por ciento), la construcción (5,4 por ciento) y finalmente el sector primario (3,9 por ciento). Como dato positivo se puede observar como se mantiene la tendencia al alza, observada en los ejercicios anteriores, del peso relativo de la industria sobre el total de crédito concedido.

Evolución crédito actividades productivas en España (saldo en millones de euros)

1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

El pago con tarjetas bancarias alcanza cifras récord en España

Mario Cantalapiedra – Economista

A los españoles nos gusta utilizar tarjetas bancarias. Así lo demuestran los datos del Banco de España que señalan como a finales de 2018 en nuestro país había 83,7 millones de tarjetas bancarias en circulación, de las cuales 36,64 millones eran de crédito (el 43,8 por ciento) y 47,08 millones de débito (el 56,2 por ciento restante). Durante 2018 con estas tarjetas se realizaron 3.903 millones de operaciones, con un valor global superior a los 147.431 millones de euros, lo que suponen cifras récord en la utilización de este medio de pago.

A nivel empresarial las tarjetas suelen ser utilizadas como medio de pago en desplazamientos, viajes o gastos de representación del personal, aunque a veces también se emplean para pagar facturas de proveedores. Para los empresarios que venden a consumidores finales, las tarjetas bancarias constituyen un instrumento de cobro habitual que pueden utilizar una vez que instalan un terminal punto de venta (TPV) conectado al ordenador del banco. En el caso de empresas que venden sus productos a través de internet, el TPV que se utiliza es de tipo virtual. Tanto en un caso como en otro (físico o virtual) el servicio de TPV devenga el pago al banco de un determinado porcentaje por cada operación de venta, al que suele añadirse una comisión por mantenimiento y, en ocasiones, el pago de una tasa por el alta del servicio. Este coste es el principal inconveniente que tienen los empresarios que cobran sus ventas a través de tarjetas bancarias. Como principales ventajas para ellos, están la seguridad que tienen en el cobro una vez que la entidad emisora de la tarjeta acepta la operación y, como los datos reflejan, su amplia aceptación como medio de pago entre los consumidores.

Con respecto a la responsabilidad económica que tienen los titulares de tarjetas bancarias en caso de operaciones de pago no autorizadas por su pérdida o robo, y antes de que lo comuniquen a la entidad financiera emisora, actualmente está limitada a 50 euros por el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

En el gráfico adjunto puedes ver la evolución creciente en España del número de operaciones realizadas con tarjetas, así como de su importe desde 2002 hasta 2018 (los datos hacen referencia a operaciones realizadas en dispositivos situados en España con tarjetas emitidas por cualquier entidad).

 

 Operaciones de compra en TPV (2002-2018)

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Fuente: Banco de España.

La actividad económica mundial se está desacelerando

Mario Cantalapiedra – Economista

Tras crecer con fuerza en 2017 y principios de 2018, la actividad económica mundial se desaceleró en el segundo semestre del pasado año, según el último informe de “Perspectivas de la economía mundial” elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el organismo internacional a este debilitamiento contribuyeron aspectos tales como el recrudecimiento de las tensiones comerciales y el aumento de aranceles entre Estados Unidos y China, la merma de la confianza de las empresas, el empeoramiento de las condiciones financieras y la agudización de la incertidumbre en torno a las políticas en muchas economías.

Con la vista puesta en el futuro más inmediato, las previsiones del FMI apuntan a que el crecimiento mundial se desacelerará del 3,6 por ciento registrado en 2018, al 3,3 por ciento en 2019, para volver a situarse en el 3,6 por ciento en 2020. Es llamativo como los analistas de este organismo proyectan una contracción del crecimiento en 2019 para nada más y nada menos que el 70 por ciento de la economía mundial. En el caso de España la previsión es que crezcamos un 2,1 por ciento este año y un 1,9 por ciento el próximo. Dentro de los países de nuestro entorno, resulta llamativo el escaso crecimiento que se prevé para Italia en 2019 (0,1 por ciento) y el también débil crecimiento previsto para la economía alemana. La considerada locomotora europea solo crecerá el 0,8 por ciento en 2019.

Entre los principales riesgos que pueden debilitar el crecimiento mundial, el FMI apunta a las tensiones comerciales, especialmente entre China y Estados Unidos, a los elevados niveles de endeudamiento en determinados sectores y países, y a la posibilidad de un “Brexit” sin acuerdo del Reino Unido con sus socios europeos. Aunque la recesión de la economía global está descartada para el FMI, en su opinión la situación es precaria.

 

Proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial (variación porcentual anual)2Fuente: Elaboración propia a partir datos FMI. Abril 2019.

El proceso de reconversión de la oficina bancaria

Mario Cantalapiedra – Economista

A finales de 2018 se volvió a confirmar la tendencia al cierre de oficinas bancarias en España que venimos arrastrando desde 2009. En concreto, el pasado ejercicio cerró con 26.166 oficinas, un 4,78 por ciento menos que en 2017, según los datos ofrecidos por el Banco de España. Del total de oficinas contabilizado por el organismo supervisor, 26.011 corresponden a entidades de depósito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito), 154 a establecimientos financieros de crédito y 1 al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La oficina bancaria ha sido hasta ahora la dependencia que las entidades financieras han utilizado como principal canal de distribución de sus productos, pero, ¿lo seguirá siendo en el futuro? Lo cierto es que los bancos han de redefinir el papel de sus sucursales en un contexto caracterizado por el ajuste de costes al que todavía se ven obligados y por la presencia creciente de competidores digitales que proveen servicios financieros únicamente a través de internet. La oficina bancaria, como tantos otros espacios físicos que utilizan otras empresas para desarrollar su actividad, ha de transformarse para que realmente siga ofreciendo valor añadido a una clientela que cada vez es más digital. En este sentido, están apareciendo propuestas que tratan de aportar valor a la oficina física. Por ejemplo, en España ya puedes encontrar oficinas bancarias innovadoras donde se comercializan electrodomésticos o aparatos electrónicos con condiciones preferentes de financiación, o donde los profesionales pueden acceder a espacios de coworking en los que trabajar y conectar con otros profesionales. En la medida que las operaciones más habituales que hacemos con los bancos, como realizar una transferencia o pagar un impuesto, son relativamente fáciles de ejecutar a través de internet, el concepto de oficina bancaria tiene que evolucionar para que sea un lugar atractivo donde acudir. Seguramente en el futuro tendremos menos oficinas bancarias y las que sobrevivan serán muy diferentes de las que conocemos hoy.

 

Evolución del número de oficinas bancarias en España (2007-2018)

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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

27 plataformas de financiación participativa autorizadas por la CNMV

Mario Cantalapiedra – Economista

El registro oficial de plataformas de financiación participativa (PFP) de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) cuenta actualmente con 27 plataformas autorizadas para operar en España, las cuales tienen por objeto poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de inversores (personas físicas o jurídicas) que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas (promotores) que solicitan financiación en nombre propio. Es lo que en inglés se conoce como “crowdfunding”, y que en España el legislador ha decidido denominar “financiación participativa”. A través de este registro oficial, las partes intervinientes en este mecanismo de financiación innovador (inversores, promotores, y las propias PFP) disfrutan de una mayor seguridad jurídica.

En el registro de la CNMV puedes encontrar los siguientes tipos de plataformas en función de cuáles sean los instrumentos utilizados en los proyectos que promueven:

  • De valores (obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas u otros valores representativos del capital de las empresas).
  • De participaciones de sociedades de responsabilidad limitada (SRL).
  • De préstamos.

En el cuadro adjunto puedes ver la relación actualizada de las PFP con las modalidades en las que están autorizadas en cada caso, que pueden ser más de una.

Registro oficial plataformas de financiación participativa (PFP)Imagen1Fuente: Elaboración propia a partir del registro oficial de la CNMV.

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