La utilidad del modelo 347 a la hora de reclamar facturas impagadas

Mario Cantalapiedra – Economista

El modelo 347 es una declaración fiscal informativa que en España han de presentar los autónomos y empresas que, en el desarrollo de su actividad profesional o empresarial, efectúen operaciones con otros autónomos o empresas que en su conjunto superen la cifra anual de 3.005,06 euros (IVA incluido).

También han de declarar en este modelo aquellas entidades, tales como asociaciones o colegios profesionales, que cobren por cuenta de terceros, cuando los cobros que realicen superen la cantidad de 300,51 euros en el año. Se presenta en el mes de febrero en relación a las operaciones que se realizan el año anterior.

Su función básica es de control, puesto que permite al personal de la Agencia Tributaria comprobar la facturación de los empresarios obligados a suministrar la información, pudiendo cruzar los datos declarados por dos de ellos y observar si las compras que consigna uno, se corresponden con las ventas que declara el otro, lo que en caso de discrepancias importantes puede llegar a motivar una inspección. En este sentido, no es un modelo que tradicionalmente sea visto con agrado por parte de los empresarios.

No obstante, su información puede ser muy útil en el caso de que una empresa tenga que reclamar el impago de una factura, y desee probar en sede judicial que corresponde a una venta real.

En el momento de reclamar ante el juez un impagado, una factura por sí sola no constituyen una prueba plena y eficaz que justifique la venta o la prestación del servicio. No olvidemos que se trata de un documento que emite de forma unilateral el proveedor. Sin embargo, los jueces si tienen en cuenta a la factura para probar la deuda comercial si esta se acompaña con otros medios de prueba como albaranes de entrega o partes de trabajo firmados, o inclusive con una copia del modelo 347 en la que el cliente haya incluido el importe de la factura reclamada.

En este sentido, distintas sentencias judiciales han reconocido que la información que se incluye en el modelo 347 tiene valor a efectos de probar la existencia de relaciones comerciales entre cliente y proveedor. Por ejemplo, en sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de junio de 2020, se considera que “la aportación del modelo 347 da credibilidad a la factura reclamada”, mientras que en un sentencia más reciente de la Audiencia Provincial de León de 23 de marzo de 2021, puede leerse como “la prueba de la existencia de la deuda derivada de los servicios que se detallan en las facturas, no resulta solo de la actuación unilateral del acreedor presentando unas facturas por el confeccionadas, sino que a ello se añade la propia actuación del deudor, que admite efectuó el encargo, computó las facturas en su contabilidad y las declaró a efectos tributarios”.

Por tanto, el modelo 347 más allá de la incomodidad que pueda representar para muchas empresas a la hora de cumplimentarlo, puede ser muy útil si tenemos que reclamar el cobro de facturas impagadas en un juicio.

¿Puede interesar a una pyme tener consejeros independientes?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los administradores de una sociedad mercantil son los encargados de gestionarla y representarla ante terceros, pudiendo ejecutar sus funciones una única persona (administrador único), dos administradores o un consejo de administración, que ha de estar compuesto por un mínimo de tres personas.

Según lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC), en el caso de las sociedades anónimas cuyas acciones se encuentran admitidas a negociación en un mercado regulado español, es decir, sociedades cotizadas, la administración debe ser realizada siempre por un consejo de administración, el cual ha de estar compuesto exclusivamente por personas físicas, salvo que se trate de empresas públicas cotizadas.

En base a lo dispuesto en el artículo 529 duodecies de la LSC, las sociedades cotizadas pueden tener consejeros ejecutivos, que son los que desempeñan las funciones de dirección en la sociedad con independencia del vínculo jurídico que los una a ella, y no ejecutivos, todos los restantes, que pueden a su vez dividirse en uno de los siguientes tipos:

  • Dominicales. Personas que tienen una participación accionarial en la sociedad igual o superior a la que se considera legalmente significativa, o que intervienen en el consejo por su condición de accionistas, aunque su participación accionarial no alcance dicha cuantía. Pueden formar parte del consejo directamente o a través de representantes.
  • Independientes. Personas que desempeñan sus funciones en el consejo sin verse condicionadas por relación alguna con el equipo gestor ni con los accionistas de control de la sociedad. Son elegidas en atención a sus circunstancias personales y profesionales (experiencia empresarial, conocimiento del sector, prestigio, etcétera), y pueden aportar una visión objetiva de la empresa y sus circunstancias.
  • Otros externos. Aquellos consejeros que formando parte del consejo no pueden ser catalogados en ninguna de las categorías anteriores. Es decir, no ejercen funciones ejecutivas (consejeros ejecutivos), no representan ninguna participación significativa o son accionistas de la empresa (consejeros dominicales), o por sus circunstancias personales o profesionales no pueden ser considerados independientes.

A pesar de que la composición del consejo de administración que acabo de explicar, esté prevista para las sociedades cotizadas, nada impide que pueda ser adoptada por sociedades que no coticen.

Desde diferentes ámbitos se está apuntando a que el tejido empresarial español debe ganar tamaño medio para salir de la crisis motivada por el coronavirus, aunque ello pase por la unión entre pequeñas y medianas empresas. En este contexto, considero que la visión experta de un consejero independiente puede ser de gran ayuda la hora de analizar decisiones complejas a las que las pymes no suelen estar acostumbradas, como son las de fusionarse con otras empresas o llegar a adquirirlas.

Cinco meses para aportar la información que falte en las cuentas anuales de 2020

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 26 de julio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Orden JUS 794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, la cual entró en vigor el 27 de julio. La Orden regula los modelos que deben utilizar los empresarios para depositar sus cuentas correspondientes al ejercicio de 2020, y básicamente introduce tres novedades:

  • La inclusión en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas sometidas a auditoría, de la fecha de emisión del informe, de la indicación del tipo de auditoría (voluntaria u obligatoria), y del número de ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas) del auditor o sociedad de auditoría que ha emitido el informe, contemplando además la posibilidad de intervención de más de un auditor o entidad auditora.
  • La presentación de información no financiera, que determinadas empresas deben incluir en base a lo dispuesto por el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades de Capital, como anexo del informe de gestión.
  • La presentación, con carácter excepcional y transitorio, para las cuentas referidas a 2020 de la hoja de declaración COVID-19, con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia en las empresas, y sobre la que ya comentamos en mayo en el blog.

Su entrada en vigor a muy pocos días de la fecha límite para el depósito de cuentas ha generado una importante polémica. Recuerdo que, para las empresas cuyo ejercicio coincide con el año natural, este plazo terminó el 30 de julio, teniendo el cuenta los seis meses que existen para que la Junta apruebe las cuentas y los 30 días naturales posteriores que se tienen para depositarlas. En este sentido, las empresas y sus gestores han contado con escaso tiempo para adoptar las novedades de la Orden, pudiendo darse una de las siguientes situaciones:

  • Empresa que haya depositado sus cuentas de 2020 antes de la entrada en vigor de la Orden JUS 794/2021 (el 27 de julio de 2021), para la que es válida la utilización de los modelos anteriores.
  • Empresa que haya depositado o vaya a depositar sus cuentas a partir del 27 de julio, que deberá utilizar los nuevos modelos aprobados en la Orden JUS 794/2021.
  • Empresa que estando obligada a utilizar los nuevos modelos no haya podido hacerlo, la cual contará con un plazo de cinco meses, según el Colegio de Registradores, para aportar la información que falte y que le será reclamada por el Registro.
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Prohibición de utilizar programas informáticos que permitan llevar una doble contabilidad empresarial

Mario Cantalapiedra – Economista

La reciente Ley 11/2021, de 9 de julio (BOE de 10 de julio), conocida coloquialmente como “ley antifraude”, ha introducido la prohibición para las empresas y autónomos de utilizar el denominado software de doble uso, es decir, de programas informáticos que permiten llevar una doble contabilidad con el objeto de ocultar parte de la facturación a Hacienda, y pagar así menos impuestos. Según el Gobierno español, “cada año el empleo de estos programas produce pérdidas de ingresos públicos que excederían de varios miles de millones de euros”.

En concreto, se trata de terminar con el uso de programas informáticos en el ámbito empresarial que permiten llevar una doble contabilidad, no reflejar la anotación de transacciones realizadas, registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas, o alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable.

La nueva legislación establece la obligación de que los programas informáticos que soporten los procesos contables o de gestión empresarial, utilizados por empresas y autónomos, se ajusten a ciertos requisitos (certificados) que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. De este modo, estos programas, a partir de la entrada en vigor de esta legislación el próximo 11 de octubre, deberán estar certificados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Lo cierto es que este es un tema bastante significativo para las empresas y autónomos, puesto que en caso de utilizar programas informáticos de doble uso se arriesgan a ser sancionados con una multa de, nada más y nada menos, 50.000 euros por cada ejercicio en el que lo hagan, tanto por la tenencia de programas sin certificar, como por la alteración o modificación de los que en su momento puedan ser certificados.

Por tanto, es muy importante que antes del 11 de octubre de 2021, los responsables de las empresas confirmen con sus proveedores de programas de contabilidad y facturación que los mismos están “certificados” y cumplen con lo dispuesto por la Ley 11/2021.

procedimiento de impugnacion

El procedimiento de impugnación de las cuentas anuales en las sociedades mercantiles

Mario Cantalapiedra – Economista

Durante el mes de julio la mayoría de las sociedades mercantiles en España, presentarán sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2020 en el Registro Mercantil.

Una vez superado el plazo “extraordinario” del año pasado debido a la pandemia, volvemos al calendario habitual de presentación, por el cual las cuentas de las empresas con cierre de ejercicio a 31 de diciembre, deben ser “aprobadas” por su junta general dentro de los 6 primeros del ejercicio (fecha límite: 30 de junio), y “depositadas” en el Registro dentro del mes siguiente (fecha límite: 30 de julio).

En el caso de sociedades de responsabilidad limitada, la aprobación de las cuentas precisa de la mayoría de los votos de los socios válidamente emitidos en la junta, siempre que representen como mínimo un tercio de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social, y sin tenerse en cuenta los votos en blanco. Por su parte, en las sociedades anónimas, la aprobación requiere únicamente la mayoría simple de los votos presentes o representados en la junta.

El acuerdo de la junta vincula tanto a los socios o accionistas que voten en contra como a los no asistentes, aunque tienen la posibilidad de impugnarlo. En estos momentos convulsos, donde pueden existir fuertes discrepancias entre los socios a la hora de aprobar las cuentas, conviene recordar los elementos más significativos del procedimiento de impugnación.

Hablamos del proceso judicial mediante el cual se cuestiona la viabilidad jurídica de un acuerdo social (en este caso, el de aprobación de las cuentas), el cual ha de tramitarse según lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por la que son impugnables los acuerdos sociales contrarios a la Ley, que se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

Están legitimados para ejercitar la acción de impugnación, los socios que hayan adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, que no hayan votado a favor del mismo, y que representen, individual o conjuntamente, al menos el 1 por ciento del capital. También pueden impugnarlo los administradores, así como los terceros que acrediten un interés legítimo. Si el acuerdo es contrario al orden público, puede ser impugnado por cualquier socio (aunque haya adquirido esta condición después del mismo), administrador o tercero.

El plazo previsto en la legislación mercantil para la impugnación es de un año a contar desde la fecha del acuerdo. De este modo, si este se ha realizado el 30 de junio de 2021, se tendría hasta el 30 de junio de 2022 para impugnarlo. No obstante, para el caso de que el acuerdo sea contrario al orden público el plazo no caduca ni prescribe.

La impugnación de las cuentas debe ser presentada mediante una demanda contra la sociedad en el juzgado mercantil del lugar en el que radica su domicilio social, siendo el proceso judicial por el que debe plantearse el de juicio ordinario.

crecimiento organico e inorganico

¿Crecimiento orgánico o inorgánico para que las pymes salgan de la crisis?

Mario Cantalapiedra – Economista

Tras la pandemia debida al coronavirus y el ejercicio de supervivencia que ha significado para gran parte de las pymes, los empresarios deben empezar a mirar hacia su futuro y pensar en crecer.

En este sentido, desde el seno de la compañías se ha de decidir si volcar los esfuerzos a un crecimiento de tipo orgánico o inorgánico. Una decisión que puede no ser sencilla, sobre todo desde la mentalidad de un pequeño o mediano empresario.

El crecimiento orgánico o interno es el que busca aumentar la cifra de negocios a través de un volumen mayor de actividad. Para conseguirlo una empresa se ha de basar en sus propios recursos y capacidades, tratando de aumentar la venta de bienes y servicios en los mercados actuales, de ampliar la gama de productos o de vender en nuevos mercados. A pesar de que esta estrategia de crecimiento habitualmente obliga a realizar nuevas inversiones (por ejemplo, de incremento de la capacidad productiva o de mejora de las actividades comerciales y de marketing), suele ser la preferida por los pequeños empresarios, ya que a través de ella mantienen un mayor control sobre su negocio.

No obstante, puede que en el complejo escenario pospandemia este crecimiento no sea suficiente, y deba recurrirse al crecimiento inorgánico o externo, que busca aumentar la cifra de negocios mediante acuerdos con otras empresas. Éstos pueden lograrse a través de alianzas puntuales, o mediante procesos de fusión o de adquisición. Mientras que en el caso de la fusión, dos o más compañías se integran en una existente o de nueva creación, desapareciendo las demás; en la adquisición, una empresa compra parte de otra/s con el objetivo de ejercer su control sobre ella/s.

Aunque parezca que las fusiones y adquisiciones pueden ser un coto cerrado para las grandes empresas, esto no es así. De hecho, pueden ser la forma más adecuada para que una pyme crezca cuando su mercado esté saturado y desee entrar en otros con rapidez. Hoy esta entrada ya no se hace como antes (comienzo con estudios de mercado, hago varias visitas al país, contrato delegados y en unos meses empiezo las ventas). En un mundo que se acelera, una empresa que desee vender en Noruega, adquiere una compañía establecida allí y desde el primer día está vendiendo en el mercado noruego. Y esta estrategia también es accesible para una pyme, claro está, siempre que tenga suficiente “caja” para afrontarla.

Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2021

Mario Cantalapiedra – Economista

La Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha establecido que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2021 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

La última operación principal de financiación del BCE en el primer semestre de 2021, efectuada mediante subasta a tipo fijo, ha tenido lugar el día 29 de junio a un tipo de interés del 0 por 100. Por tanto, y según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Hay que recordar que este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido en la operación comercial, sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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La necesidad de monitorizar los procesos de concentración bancaria desde las empresas

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las decisiones que han de tomar las empresas en el desarrollo de su actividad, es la de elegir el número de entidades de crédito con las que trabajar. Elección que suele estar condicionada, tanto por las particularidades internas de cada compañía (fase de la vida económica que atraviesa, actividad que realiza, etcétera), como por sus necesidades financieras y de servicio, e inclusive por factores de tipo cultural. Por ejemplo, en el caso de España es habitual operar con más de una entidad financiera, a diferencia de otros países de nuestro entorno donde existe una cultura “monobanco”. Inclusive las entidades de crédito que operan en nuestro país, aceptan de buen grado compartir el riesgo que conlleva financiar a una compañía con otros competidores.

En cualquier caso, lo normal es que una empresa trabaje con los bancos que necesite en función de cuáles sean sus necesidades financieras, así como de los límites de riesgo (préstamos, créditos, etcétera) concedidos por cada entidad.

El problema puede surgir cuando debido al proceso de concentración bancaria al que llevamos asistiendo en los últimos tiempos, estos límites de riesgo puedan verse reducidos.

Intentaré explicarlo con el siguiente ejemplo:

Imagina que una empresa mantiene créditos y préstamos por importe de 10.000 euros con el banco A, y, al mismo tiempo, tiene otros créditos y préstamos concedidos también por 10.000 euros por el banco B. Si ambos bancos llegan a fusionarse, lo más probable es que la nueva entidad mantenga una financiación con la empresa de 10.000 euros, y no de 20.000, como en principio pudiera pensarse.

El motivo de este comportamiento es que tanto el banco A como el B, analizan la capacidad de pago de la empresa de forma independiente, y en base a ella, le conceden un límite de financiación. Al fusionarse, tendremos un único banco con una única política de riesgos. De este modo, la nueva entidad no sumará la capacidad de financiación de los dos bancos anteriores, siempre que la suma supere el límite máximo de riesgo para la empresa.

Esto supone que los responsables financieros de las compañías deben estar muy atentos a los posibles procesos de concentración de los bancos con los que trabajan, monitorizando su evolución. Se trata de estar preparados ante un eventual recorte de la financiación, y tener una estrategia por si fuera necesario buscar el dinero en otras entidades de crédito o recurriendo a otras fórmulas de financiación.

Acciones para mejorar la gestión del riesgo de clientes en época de pandemia

Mario Cantalapiedra – Economista

La prolongación de la pandemia está llevando a que muchas empresas sufran tensiones de liquidez, las cuales pueden llegar a afectar a sus pagos a proveedores. En estas circunstancias excepcionales, hasta clientes que habitualmente presenten un buen comportamiento de pagos, pueden tener problemas, de ahí que sea un momento sensible para incidir en la gestión de su riesgo.

Aunque siempre que se pacte el pago aplazado de una factura podrá producirse su impago, se trata de que con acciones como las que se proponen a continuación minimicemos este riesgo.

No forzar las ventas

Un problema que se da actualmente en el mercado, especialmente dentro de aquellos sectores que han sufrido más en los últimos meses con la disminución de su actividad, es el de la presión de vender como sea, lo cual puede conducir a relajar los criterios de concesión del riesgo de crédito.

En este sentido, una venta que no se cobra, no es una venta sino un problema, siendo preferible no vender, que vender y no cobrar. El impago definitivo de una factura supone para la empresa un esfuerzo adicional en ventas que compensen la pérdida, cuyo volumen aumenta en la medida en la que el margen de beneficio con el que se trabaje sea menor.

Dialogar entre departamentos

 Especialmente en aquellos sectores donde las cifras de impagados se están elevando, es importante que exista diálogo entre los departamentos de la empresa relacionados con el ciclo de venta. Éste se podrá dar a través de estructuras de gestión más formales como los denominados comités de riesgo, o de manera más informal, pero es totalmente necesario.

Lo más importante es que se defina una política de riesgos, que sea compartida por los diferentes departamentos, y que los comerciales de la empresa entiendan y puedan aplicar al realizar su función de venta.

Utilizar herramientas de gestión del riesgo

Parece que también es momento propicio para potenciar la utilización de las distintas herramientas externas que permiten gestionar el riesgo de clientes.

Entre ellas las hay básicas, como la consulta de los datos del cliente en el Registro Mercantil (objeto social, domicilio social, capital social, ampliaciones, reducciones, administradores, apoderados, cuentas anuales depositadas, etcétera), que nos permiten realizar un primer análisis de su situación, aunque sin profundizar mucho.

Un mayor grado de análisis se puede conseguir a partir de los informes comerciales, los cuales evalúan la capacidad de pago del cliente a partir de información pública (obtenida tanto del Registro Mercantil como de otras fuentes), y del análisis experto de las empresas que los comercializan.

Pero si hay unas herramientas que la situación de mercado actual aconseja utilizar, son las de analítica avanzada, las cuales permiten realizar una gestión del riesgo comercial más global, optimizando los recursos. A través de sus sistemas de alertas, se puede monitorizar la evolución de los clientes, y recibir avisos si su situación cambia (entran en fondos propios negativos, son declarados en concurso de acreedores, aparecen impagados en su contra, etcétera). Estos datos actualizados a diario facilitan la toma de decisiones sobre la concesión o no de crédito comercial.

Utilizar herramientas de cobertura del riesgo

Por último, cabe la posibilidad de cubrirse ante posibles impagados a través de la contratación de un seguro de crédito, por el que una entidad aseguradora indemnizará a la empresa si se produce la insolvencia definitiva del cliente.

Cuatro medidas para mejorar la liquidez de la empresa en tiempos de coronavirus

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando llega el verano es habitual que aumenten las tensiones de liquidez en las empresas. Algo que este año inclusive puede verse acrecentado por el impacto que está teniendo la pandemia.

Entre las distintas medidas que pueden arbitrarse para intentar equilibrar los cobros con los pagos en el corto plazo, me gustaría destacar cuatro.

  1. Nuevas aportaciones de los socios

Una primera solución pasa porque los socios de la empresa realicen nuevas aportaciones al capital social. Esto se puede hacer de dos maneras. La primera, aumentando la cifra de capital inicial mediante la creación de nuevas participaciones (sociedades de responsabilidad limitada), o la emisión de nuevas acciones (sociedades anónimas). La segunda, elevando el valor nominal de las participaciones o acciones existentes.

No obstante, la formalización de la ampliación de capital implica unos gastos notariales y registrales que los socios pueden desear evitar, sobre todo si piensan que la necesidad de dinero extra es temporal y no permanente. En este caso, cabe la posibilidad de que los socios realicen una aportación provisional, la cual deberá registrarse en la cuenta contable prevista a tales efectos (cuenta corriente con socios y administradores).

  1. Venta de activos fijos no estratégicos

A pesar de que el objeto principal de los activos fijos que posee una empresa no sea convertirlos en liquidez en el corto plazo, sino utilizarlos en su proceso productivo, puede que con la crisis debida al coronavirus haya determinados elementos, por ejemplo, una máquina o un camión, que hayan perdido utilidad y que se puedan vender con el fin de obtener liquidez.

  1. Refinanciación de la deuda

Otra opción pasa por tratar de acordar con las entidades que financian a la empresa, la sustitución de los préstamos en vigor y con vencimiento a corto plazo, por otros con un plazo de devolución mayor. Pueden negociarse periodos de carencia en el pago de intereses o en la propia devolución del principal. Lo más posible es que esta refinanciación suponga un aumento de la carga financiera total de la deuda, aunque la actual coyuntura de tipos bajos “juega” a favor de la empresa.

  1. Mejora de los plazos de almacenes, clientes y proveedores

Por último, se puede tratar de equilibrar la situación de liquidez incidiendo en la gestión de los activos corrientes relacionados con el negocio, fundamentalmente almacenes, clientes y proveedores.

En lo referente a los almacenes se ha de intentar mantener la inversión mínima necesaria para la actividad, y en el caso de que se hayan acumulado mercancías en los últimos tiempos de difícil salida, tratar de venderlas ofreciendo promociones o descuentos.

Para mejorar la liquidez a través de los clientes se ha de incidir en la gestión de su riesgo de crédito comercial, procurando seleccionar aquellos que aporten liquidez más temprana a la empresa, es decir, de los que cobremos antes.

Con los proveedores, en cambio, puede mejorarse la liquidez ampliado el plazo de abono de sus facturas, si ello fuese necesario, pero siempre con la garantía de pago final.

 

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