Las pymes españolas recurren al crédito comercial para financiarse

Mario Cantalapiedra – Economista

El VIII Informe “La financiación de la pyme en España” elaborado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), confirma que el crédito de los proveedores (crédito comercial) es el instrumento financiero más utilizado por las pymes españolas. Hasta el 37,6 por ciento de las empresas encuestadas por CESGAR declaran haberlo utilizarlo durante 2018. A estos efectos, este Informe de CESGAR, la asociación que asume las funciones de coordinación, cooperación, defensa y representación de los intereses de las 18 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que existen en España, presenta los principales resultados de la “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena” referidos al conjunto de 2018 y recabados en febrero de 2019.

El crédito comercial es una fuente de financiación a corto plazo que surge automáticamente y de forma relativamente sencilla al aplazar el pago de las facturas a los proveedores. Precisamente que sea una financiación fácil de obtener, sin que sea necesaria la negociación compleja que caracteriza a otros instrumentos financieros, sobre todo si el deudor se encuadra en un sector donde es habitual el pago aplazado, puede explicar en parte su uso masivo. También ayuda a explicarlo el hecho de que con el crédito comercial se pueden demorar los pagos a proveedores sin que surjan los problemas que aparecen al dejar de pagar una cuota bancaria.

Los instrumentos financiero más utilizados por las pymes tras el crédito comercial, son las líneas de crédito bancario/descuento bancario (28,2 por ciento), seguidos por los préstamos bancarios (20,6), el leasing (14,1), y el confirming (8,6). El Informe de CESGAR incluye a continuación a los avales y otras garantías de las SGR (8,1), aunque más que fuentes financieras son instrumentos que “ayudan” a las pymes a conseguir financiación ajena. Cerrando el listado de instrumentos se encuentran los créditos del ICO (4,6), el factoring (1,4) y las nuevas fórmulas del crowdfunding/crowdlending cuya participación todavía parece ser bastante testimonial (0,2), aunque soy de los que piensan que poco a poco irá ganando terreno, sobre todo en lo que hace referencia al crowdlending o financiación participativa a las empresas basada en préstamos.

Nivel de utilización de los distintos instrumentos financieros. Año 2018Imagen1Fuente: VIII Informe “La financiación de la pyme en España”. CESGAR.

Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2019

Mario Cantalapiedra – Economista

Mediante Resolución de 26 de junio de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, se ha establecido que el tipo legal de interés de demora a aplicar en las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2019 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

En este caso, la última operación principal de financiación del BCE en el primer semestre de 2019 ha tenido lugar el 26 de junio a un tipo de interés del 0 por 100. Por tanto, y a los efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas en España, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Recuerdo que los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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Facebook y sus socios quieren reinventar el dinero

Mario Cantalapiedra – Economista

Facebook y otras 27 compañías acaban de presentar Libra, la criptomoneda que tienen pensado lanzar al mercado a partir de 2020 y que, en su opinión, permitirá a los usuarios, especialmente a los que no disponen de cuenta bancaria, pero sí de cuenta en Facebook o acceso a WhatsApp, realizar transacciones financieras. Desde un país como España, donde la mayoría de la población adulta tiene cuenta bancaria, nos pueda resultar extraño que a nivel global, y según los datos del Banco Mundial, existan 1.700 millones de adultos sin acceso a servicios bancarios, a pesar de que dos tercios de ellos (alrededor de 1.100 millones) posean teléfono móvil, y casi 500 millones dispongan de acceso a internet. Por lo que parece, Facebook y sus socios han detectado en esta población un importante nicho de mercado al que acceder reinventando el dinero a través de Libra.

Una criptomoneda es un tipo de moneda virtual que, según el Banco Central Europeo (BCE), es una unidad de valor digital que puede ser intercambiada electrónicamente, pero que no tiene existencia física. Como el resto de criptomonedas, Libra está basada en la tecnología blockchain (cadena de bloques), una red descentralizada de equipos informáticos en las que operaciones se validan por el consentimiento de la mayoría. El BCE considera que las criptomonedas en general y el bitcoin en particular (la más famosas de ellas hasta la fecha) son activos especulativos, es decir, apuestas para obtener un beneficio en el que existe el riesgo de perder lo invertido, pero no las considera monedas y para ello utiliza los cuatro argumentos siguientes, a los que deberá hacer frente Libra:

No cuentan con respaldo público

Las criptomonedas no son emitidas por una autoridad pública central. El BCE te garantiza que el billete de cinco euros que llevas en el bolsillo te da derecho a pagar con él en cualquier lugar de la zona euro, pero Libra no tendrá ese respaldo público detrás, y sí en cambio el de compañías privadas con ánimo de lucro. Hoy por hoy, este argumento parece difícil de superar.

No son medios de pago generalmente aceptados

El BCE considera que si las criptomonedas fueran monedas podrían utilizarse en cualquier parte, no solo en internet o en las redes sociales. En cualquier caso, una moneda se basa en la confianza que le otorgan aquellos que la intercambian, ¿y quién dice que no hay gente, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, dispuesta a confíar más en Facebook y su Libra que en las monedas “tradicionales”?

Los usuarios no están protegidos

Si piratas informáticos robaran las Libras que tuvieras en tu ordenador, no existiría una protección legal detrás. Quizás este argumento se pueda vencer con algún tipo de cobertura del riesgo.

Su volatilidad es muy elevada

En principio una moneda, más allá de situaciones puntuales como la del bolívar venezolano, debe ser un depósito de valor fiable que oscile dentro de unos parámetros razonables. Las criptomonedas, por ejemplo el bitcoin, suelen sufrir variaciones hacia arriba o hacia abajo muy importantes en pocos días. En este sentido, y por lo que se sabe hasta ahora, Libra estará respaldada por una reserva de activos financieros de baja volatilidad que incluirá depósitos bancarios y títulos de deuda pública en monedas de bancos centrales estables y de buena reputación. Esto es una diferencia importante con respecto a la mayoría de las criptomonedas, bitcoin incluido, que existen en la actualidad.

Como puedes ves los interrogantes son todavía muchos, pero solamente comprobar las compañías que además de Facebook están en este proyecto (Mastercard, VISA, Paypal, Uber, eBay, Spotify, Vodafone, etcétera), confirma que algo importante se está moviendo en el mundo financiero con Libra y que deberemos estar muy atentos.

¿Cómo puede afectar el aumento de la morosidad al crédito al consumo?

Mario Cantalapiedra – Economista

Durante el acto de apertura en Santander del curso “Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía”, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, ha alertado del significativo incremento de la morosidad que se está observando en los créditos al consumo que conceden las entidades de crédito, por lo que desde el BdE se les invita a reforzar sus criterios de concesión.

El crédito al consumo es una categoría de préstamo personal que cuenta con una regulación específica (Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo) que ofrece a los consumidores una protección especial. Es el típico préstamo que solicita un consumidor para comprar un automóvil o un electrodoméstico, y que suele llevar aparejada la garantía personal del solicitante. Entre sus rasgos principales, según lo que establece la Ley 16/2011, destacan los siguientes:

  • El prestatario es una persona física que actúa con el propósito de satisfacer una necesidad de consumo.
  • El importe financiado oscila entre 200 y 75.000 euros.
  • El reembolso del importe financiado es aplazado (están excluidos de la Ley los contratos de crédito al consumo en los que el reembolso único del capital deba realizarse en un plazo máximo de 3 meses, siempre que hayan sido concedidos libres de intereses y gastos, o con gastos que no excedan en su conjunto del 1 por ciento del importe total del crédito).
  • El crédito es oneroso (conlleva un coste para el prestatario).
  • El prestamista puede ser cualquier persona física o jurídica que concede crédito en el ejercicio de su actividad, lo que incluye a las entidades de crédito, pero también a otro tipo de prestamistas.

Precisamente me gustaría detenerme en el último de los rasgos anteriores, puesto que tras la recomendación del BdE es muy posible que el volumen de créditos al consumo concedido por la banca se resienta (de hecho, en abril ya se registró una caída en el importe de nuevas operaciones en términos interanuales, la primera que se registra en los dos últimos años), por lo que los consumidores pueden buscar este dinero en otros lugares más allá de las entidades de crédito. La recomendación aquí es clara, se trata de solicitar el dinero de forma responsable, leyendo muy bien las condiciones de los préstamos ofertados y entendiendo los costes (tasa anual equivalente) que hay detrás. Solo así se evitarán sorpresas desagradables.

Al Banco de España le preocupan las medidas proteccionistas, el “Brexit” y China

Mario Cantalapiedra – Economista

El PIB de España seguirá creciendo en los próximos años, aunque cada vez lo irá haciendo a un menor ritmo, según las últimas proyecciones macroeconómicas de la economía española elaboradas por la Dirección General de Economía y Estadística (DGEE) del Banco de España (BdE). De este modo, tras crecer el 2,6 por ciento en 2018, se prevé que en 2019 el avance sea del 2,4 por ciento, en 2020 del 1,9 por ciento y en 2021 del 1,7 por ciento. La buena noticia es que con respecto a las previsiones anteriores que el BdE efectuó en el mes de marzo, se ha producido una revisión al alza del PIB para 2019 gracias a una mayor fortaleza de la actividad registrada en el primer semestre del año.

La expansión del producto interior seguirá apoyándose en la demanda nacional, aunque su aportación positiva al avance se moderará en los próximos tiempos, siendo próxima a cero la contribución que el BdE prevé para la demanda externa. En el caso de la demanda nacional, me gustaría destacar cómo el organismo supervisor prevé que se incremente moderadamente la tasa de ahorro de las familias (que recuerdo que actualmente se encuentra en mínimos históricos, siendo de las más bajas de la eurozona), lo que se traducirá en una desaceleración del consumo privado.

En cuanto a la tasa de paro, la previsión del BdE es que se reduzca, pero con un freno en los elevados ritmos de crecimiento del empleo que hemos visto en los últimos años, en consonancia con la desaceleración prevista del PIB. Su pronóstico es que la tasa de paro en España disminuya hasta el 11,8 por ciento de la población activa a finales de 2021.

En lo que se refiere a los riesgos que amenazan al crecimiento del PIB español, los principales para el BdE provienen del ámbito exterior. En concreto, de la posible adopción de nuevas medidas proteccionistas a nivel global, de la incertidumbre relativa al desenlace del “Brexit” y de las dudas acerca de la efectividad de las medidas de estimulo en China y de su impacto sobre los desequilibrios del país. En el ámbito nacional, preocupa la incertidumbre acerca de la orientación futura de las políticas económica en un contexto presidido por un Parlamento español muy fragmentado.

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Pérdidas por insolvencias deducibles para empresas de reducida dimensión

Mario Cantalapiedra – Economista

En el momento en el que muchas empresas están preparando los últimos ajustes antes de presentar su Impuesto sobre Sociedades en el mes de julio, conviene repasar algunos elementos que pueden llegar a rebajar la factura fiscal y que en ocasiones las empresas dejan de aplicar por desconocimiento. Entre ellos, me gustaría destacar la posibilidad que tienen las empresas de reducida dimensión (ERD) de deducir un porcentaje global de sus deudores a final de ejercicio por posibles insolvencias.

Recuerdo que para la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), una ERD es aquella que factura menos de 10 millones de euros en el periodo impositivo anterior. Luego son muchas las empresas en este país que pueden aplicar esta ventaja fiscal. En este sentido, la LIS permite a las ERD la deducción “global” por insolvencias hasta el 1 por ciento del saldo de deudores existente al final del período impositivo, del que habrá que excluir los créditos que motivan deducciones individualizadas y aquellos otros cuyas dotaciones no sean deducibles. Entre los primeros están los que han pasado seis meses desde su vencimiento, los que corresponden a deudores declarados en situación de concurso o procesados por un delito de alzamiento de bienes, así como los que han sido reclamados judicialmente o son objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. Entre los créditos no deducibles están los adeudados por entidades de derecho público (excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía) y los adeudados por personas o entidades vinculadas (salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez).

Veamos un ejemplo al respecto:

ERD que cuenta al final del ejercicio con un saldo de clientes de 50.000 euros de los que se sabe que:

  • 5.000 euros corresponden a la deuda de un ayuntamiento.
  • 3.500 euros corresponden a facturas adeudadas por una empresa vinculada.
  • 1.500 euros corresponden a una factura de un cliente reclamada judicialmente.

En este caso, el saldo a considerar para la dotación global será = 50.000 – 5.000 – 3.500 – 1.500 = 40.000 euros, por lo que la deducción podrá ser hasta de 400 euros (1 % sobre 40.000).

Por tanto, la ERD podrá deducir en concepto de pérdidas por deterioro de los créditos un máximo de 1.900 euros (1.500 euros de la dotación individual por la factura reclamada judicialmente más 400 euros correspondientes a la dotación global). Por su parte, los importes adeudados por el ayuntamiento y la empresa vinculada no serán deducibles.

Disponibles los nuevos modelos oficiales para presentar las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

Los nuevos modelos oficiales para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil ya se encuentran disponibles en la web de Ministerio de Justicia. Estos modelos responden a la Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los Anexos I, II y III de la Orden JUS/ 319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, así como a la Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación, las cuales fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado viernes 24 de mayo.

A lo largo de 2018 no se han producido cambios normativos contables que afecten al depósito tanto de las cuentas individuales como de las consolidadas, siendo la novedad más importante la incorporación de una mejora informativa en las páginas de presentación en el Registro (ver imagen adjunta) para aquellas empresas y grupos que estén obligados a presentar el nuevo “estado de información no financiera” (EINF). Este estado, introducido por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, incluye información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la sociedad o del grupo de sociedades y el impacto de su actividad respecto a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.

Actualmente la obligación de presentar el EINF afecta a las sociedades de capital (anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones), y sociedades que formulen cuentas consolidadas (grupos), cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea mayor a 500 y que además, o bien tengan la consideración de entidades de interés público, o bien durante dos ejercicios consecutivos reúnan dos de las tres circunstancias siguientes: activo superior a 20 millones de euros, facturación superior a 40 millones de euros, o número medio de empleados superior a 250.

El EINF puede presentarse incluyéndolo dentro del informe de gestión o en un estado independiente.

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Aumentan los concursos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Según los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los deudores concursados en España en el primer trimestre de 2019 ascendieron a 1.648, lo que supone un aumento del 1,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Es el peor dato registrado desde el cuarto trimestre de 2014 cuando se alcanzaron los 1.746 concursos.

El concurso es un procedimiento de tipo judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente, con el que se pretende lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa o, en su caso, la recuperación de la persona física.

Del total de concursos registrados en el primer trimestre, 1.147 correspondieron a empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas), lo que equivale al 69,6 por ciento del total, mientas que 501 correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone 30,4 por ciento restante.

En función del tipo de concurso, la mayor parte (1.558) de los registrados en el primer trimestre de 2019 fueron voluntarios, es decir, solicitados por las propias personas físicas o jurídicas, mientras que solamente 90 concursos fueron necesarios o, lo que es lo mismo, solicitados por los acreedores.

Por comunidades autónomas, el 32,6 por ciento de los concursos (538) correspondieron a Cataluña, seguida por la Comunidad de Madrid, con el 14,5 por ciento (239). Prácticamente uno de cada dos concursos que se producen en España se hace en una de estas dos comunidades. Según informa el INE, Extremadura presenta el mayor descenso anual de concursos en el primer trimestre (- 42,1 por ciento), mientras que Illes Balears sufre el mayor aumento (92,6 por ciento).

En cuanto a la actividad económica se refiere, el 26,1 por ciento de las empresas concursadas tienen como actividad principal el comercio, siendo el sector de resto de servicios el segundo en importancia con el 14,1 por ciento de los concursos.

Por tramos de facturación, la mayor parte de las empresas concursadas (el 32,9 por ciento) se encuentran en el tramo más bajo de volumen de negocio de los que distingue el INE, en concreto, en el que se encuentran las empresas que facturan hasta 250.000 euros. La mayor parte de estas empresas concursadas de baja facturación son sociedades de responsabilidad limitada.

Evolución del número de deudores concursados en España

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Fuente: INE (datos definitivos hasta 2.º trimestre de 2018).

¿Son fáciles de regular los modelos de negocio “fintech”?

Mario Cantalapiedra – Economista

Los avances tecnológicos han posibilitado la aparición de empresas fintech que ofrecen nuevos servicios financieros o satisfacen las necesidades financieras de sus clientes de forma diferente a las entidades financieras que podríamos denominar “tradicionales”. Desde el seno de estas empresas se suele acusar a los reguladores de no entender su negocio y de no saberlo regular. ¿Pero realmente las fintech son fáciles de regular? Yo creo que no.

Si de intentos internacionales de regulación hablamos, la posición de la Comisión Europea sobre fintech se basa en los principios de neutralidad tecnológica, por el que actividades similares han de estar sujetas a las mismas reglas independientemente de quién sea su proveedor; de proporcionalidad, por el que se han de tener en cuenta modelo de negocio, tamaño, importancia sistémica, complejidad y actividad transfronteriza de las entidades proveedoras, y de integridad del mercado, por el que la aplicación de tecnologías a los servicios financieros debe promover una mayor transparencia del mercado en beneficio de los consumidores  y empresas, sin crear riesgos injustificados (cibernéticos, de abuso de mercado, etc.). Tener en cuenta estos tres principios parece tener sentido si se quiere regular “bien” este fenómeno.

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Con respecto al principio de neutralidad, para el regulador financiero no resulta sencillo ni definir el propio ámbito de aplicación de la norma. La innovación financiera ha permitido la aparición de nuevos modelos de negocio que descomponen la cadena de valor bancaria tradicional y se especializan en aquello donde consideran que pueden ser más eficientes (pagos, préstamos, etc.), segmentando la cadena tradicional, pero inclusive está permitiendo la aparición de nuevas cadenas de valor donde los proveedores no solamente prestan servicios financieros. En este contexto, se hace muy difícil definir una norma que cubra todas las posibilidades.

De igual modo, para el regulador no es fácil abordar el principio de proporcionalidad en un entorno en el que gracias a la tecnología se difuminan los ámbitos geográficos en los que las fintech prestan sus servicios.

Por último, los riesgos que pueden traer estos negocios han de ser afrontados desde una perspectiva global y de cooperación entre organismos reguladores a nivel internacional, teniendo en cuenta aspectos tales como la privacidad de la información, la defensa de la competencia o la seguridad frente a las amenazas cibernéticas.

Si la consolidación del modelo de negocio de las fintech pasa en gran parte por el método de prueba y error, parece que el regulador también necesita de entornos de pruebas controlados (sandbox) para conocer mejor el fenómeno antes de regularlo. Eso sí, mientras si se decide o no a lanzar el sandbox, la innovación en un mundo globalizado no espera

Foto: fancycrave1

 

 

El sector primario es el único que aumenta su volumen de crédito bancario

Mario Cantalapiedra – Economista

Un año más, y como viene sucediendo desde 2011, el volumen de crédito concedido por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito para financiar actividades productivas en España, cerró 2018 con un descenso frente al ejercicio anterior, según los datos que acaba de presentar el Banco de España.

El total de crédito alcanzó al cierre de 2018 la cifra de 548.316 millones de euros (un 7,3 por ciento menos que en 2017 y casi la mitad del volumen de crédito concedido por las entidades financieras a finales de 2010), que se distribuyeron por sectores de la siguiente manera:

  • Primario (agricultura, ganadería y pesca): 21.363 millones de euros.
  • Industria: 106.286 millones de euros.
  • Construcción: 29.462 millones de euros.
  • Servicios: 391.204 millones de euros.

El único sector que vio aumentado su crédito bancario a cierre de 2018 fue el primario, mientras que industria, construcción y servicios tuvieron un volumen menor que el año anterior.

En cuanto al peso relativo de cada sector sobre el total de la financiación, lo encabeza el sector servicios (71,3 por ciento), seguido por la industria (19,4 por ciento), la construcción (5,4 por ciento) y finalmente el sector primario (3,9 por ciento). Como dato positivo se puede observar como se mantiene la tendencia al alza, observada en los ejercicios anteriores, del peso relativo de la industria sobre el total de crédito concedido.

Evolución crédito actividades productivas en España (saldo en millones de euros)

1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

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