Entrevista al secretario general de Pimec, la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa que ha impulsado la reforma de la ley contra la morosidad.

Es una decisión histórica. El sector público tendría que reducir los plazos de pago de sus facturas hasta situarse en un plazo máximo de 30 días a partir de 2013. Y las empresas harían lo propio hasta llegar a los 60 días. Estos son los dos grandes titulares que nos deja el nuevo Proyecto de Ley Contra la Morosidad.

El nuevo proyecto de Ley aprobado en el Congreso nace con la vocación de cambio. Y las compañías que no lo respeten tendrán que hacer frente a denuncias sectoriales y a elevados intereses de demora. Detrás de esta ley está la Patronal de las Pequeñas y Medianas Empresas de Cataluña [Pimec], que ha sido capaz de liderar, a través de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, a cerca de 1.100.000 compañías en pos de este nuevo escenario. Su secretario general, Antoni Cañete [Barcelona, 1963], viaja por la topografía de una reforma trascendental.

¿La morosidad es un problema que solo afecta a pequeñas y medianas empresas o también a las grandes? ¿Qué diferencia a la morosidad que sufren unas y otras?

La morosidad es un problema que afecta a todo el sector empresarial y en especial a las pymes y a los autónomos. Estamos frente a un desafío global pero que repercute de forma muy dura sobre las firmas de pequeño tamaño. ¿Por qué? Un 61% de las microempresas, por debajo de diez trabajadores, cumple con sus compromisos de pago mientras que este porcentaje en las firmas de gran tamaño es solo del 13%. ¿Moraleja? Cuanto mayor es la empresa menos se respetan los plazos.
¿De qué forma afecta la morosidad al tejido productivo español? ¿Hay alguna forma de cuantificar este efecto? ¿Qué consecuencias se pueden extraer de ello?

La morosidad repercute en el tejido productivo, pues genera problemas de solvencia lo cual pone en riesgo la viabilidad de la empresa y que esta sea menos competitiva. A lo que se suman los problemas de acceso al crédito, ya que la financiación bancaria a día de hoy es difícil. Y es que no hay que olvidar que España es, después de Grecia, el país de la Unión Europea que más tarda en pagar. Respecto al tiempo, en PIMEC hemos elaborado un estudio en el que revelamos que si los tiempos de pago pasaran de 98 días de media a 60 poniendo como ejemplo los plazos con los que trabajan las pymes en Cataluña se inyectarían al sistema 1.100 millones de euros. Si lo extrapolamos a nivel nacional, esta reducción supondría generar 300.000 puestos de trabajo e inyectar 10.000 millones de euros solo en el ámbito privado. Cifras de vértigo.

¿De qué manera resumiría las principales reivindicaciones de la PMCM destinadas a resolver este problema?

El resumen sería elaborar una ley que deje hacer a las empresas aquello para lo que están concebidas: desarrollar productos, comercializarlos, recibir un dinero por ello y prestar servicios. Por eso urge el cambio de la ley en vigor. La nueva normativa ha sacado del texto la cláusula salvo pacto en contrario, que permitía la posibilidad de acuerdo entre las partes para alargar los plazos de pago. El máximo inamovible son 60 días para las empresas. Además, los plazos comenzarán a computar desde la entrega de los bienes o la prestación del servicio, sin tener en cuenta la fecha de emisión de la factura.

Es muy posible que la Administración haga suyas algunas de las iniciativas que ha planteado la Plataforma. ¿Cómo lo valoran? ¿Están satisfechos de la sensibilidad mostrada por los partidos políticos en este tema?

La Administración va a tener la obligación de asumir estas medidas. Tendrá que pagar a 30 días en vez de a 157 días de media, como ha estado sucediendo. En Europa, por hacer una comparación, este periodo medio es de 63 días. En cuanto a los apoyos, estamos muy satisfechos de la sensibilidad mostrada por todas las fuerzas políticas, gracias a ello se ha podido tomar una decisión histórica.
No es la primera vez que se desarrolla una legislación para tratar de acortar los plazos de pago en España. Ahí están los precedentes de la Ley de Comercio Minorista o la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, las cuales no produjeron cambios de calado.

¿Será diferente esta vez?
Lo será porque como país necesitamos esta ley. Nos hacen falta reformas estructurales. Posiblemente sea una de las medidas más importantes que podemos tomar para que no se cierren empresas y no se despidan trabajadores.

Los países del norte de Europa tienen plazos más cortos frente a los de, por ejemplo, la cuenca mediterránea. ¿A qué se debe esta diferencia?
Básicamente a la existencia de una cultura sobre el pago mucho más sólida. En Noruega, Dinamarca o Finlandia, por ejemplo, los plazos de abono están por debajo de 30 días.

En estos momentos, la Europa de los Veintisiete está revisando la Directiva de Lucha Contra la Morosidad. ¿Qué esperan de esta revisión? ¿De qué forma influirá en la normativa española?

La directiva europea de 2000 introduce elementos de competitividad y de ayuda a los cobros en los pagos comerciales, tal y como dice la Small Business Act. Esta última es una iniciativa europea a favor de las pymes cuyo lema es pensar primero a pequeña escala y que se enmarca dentro de la estrategia de Lisboa para conseguir una Europa más competitiva. De hecho, gracias a la Small Business Act se van a generar nueva leyes en Europa y por ende en España para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.
En sus actos públicos, la Plataforma ha destacado el precedente legislativo en Francia. ¿Cómo está nuestra legislación frente al país galo? ¿Y en comparación con otros países europeos?
El 4 de agosto de 2008 Francia redactó la Ley de Modernización de la Economía, que establece que todas las empresas deben pagar en menos de 60 días. Hoy, en el país vecino, el tiempo medio es de 54 días. Creo que estas cifras contestan por sí solas.
La reducción de los tiempos de pago provocará, sin duda, una mejora en las necesidades de financiación de las empresas españolas. Sin embargo, pensando en el comercio internacional, ofertar unos plazos de cobro amplios supone una ventaja competitiva. ¿Cómo se puede conseguir el equilibrio entre estas dos circunstancias?
Son cosas diferentes. Cuando vas a un país tienes que adaptarte a sus tiempos de abono.

Pero utilizar los tiempos de pago o, mejor dicho, la diferencia en los tiempos de pago como si fuera un instrumento financiero es confundir lo que es una empresa con un banco.
¿Qué instrumentos tienen las empresas para luchar contra los riesgos de impago derivados de sus tiempos de pago?

Muy pocos. Con la ley anterior a la reforma, judicialmente era muy difícil demostrar el impago por lo que esta vía apenas se utilizaba. De hecho, el 81% de las empresas buscaban salidas amistosas y no judiciales.
¿Hasta qué punto el riesgo de impago condiciona en nuestros días el futuro de las empresas?
Lo hace de una forma directa. Si tienes problemas a la hora de acceder al crédito es difícil no solo crecer sino subsistir. El problema es que el impago pone en riesgo de supervivencia de una forma directa a la empresa.

¿Qué valoración hace del seguro de crédito como herramienta de lucha contra la morosidad?
Siempre he sido un gran prescriptor del seguro de crédito. En mi opinión, el valor no está tanto en la indemnización como en la información que estos seguros te aportan de tus clientes.

Una reflexión mirando a los días venideros: ¿cuándo y cómo saldremos de la crisis?

Es la pregunta del millón. Pero la única forma es siendo valientes. Hay que tomar decisiones y emprender las reformas estructurales que el país necesita: educativas, laborales, industriales Si lo hacemos saldremos reforzados de la crisis; si no, tendremos un futuro incierto como nación, que es lo peor que nos puede pasar.

Por último, de toda esta lucha por los derechos de los más débiles, en este caso, las pymes, ¿qué ha aprendido?
El enorme valor que tiene la unión y la sociedad civil como medio para cambiar las cosas. Al fin y al cabo, así es como nace la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

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Cambios recientes en los modelos de cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

Nos estamos acercando al período en que los empresarios que revisten la forma jurídica de sociedad, además de seguir lidiando con sus problemas de liquidez y de viabilidad de negocio, ¡qué remedio les queda!, tienen que estar pendientes del depósito de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el año anterior, en el Registro Mercantil. Por tanto, creo que es interesante repasar algunos aspectos novedosos que afectan al depósito de cuentas de este año.

Conviene saber que los modelos de cuentas anuales vigentes anteriormente, se han visto modificados recientemente por la Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que ha sido publicada en el BOE de 7 de abril de 2010. La novedad está fundamentada en consultas efectuadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), que recordemos actúa como organismo regulador contable, sobre la capitalización de los gastos financieros en el precio de adquisición y sobre el tratamiento contable de la aprobación de un convenio de acreedores. En base a las respuestas del ICAC a los dos temas referidos, se ha creado una nueva partida en la cuenta de pérdidas y ganancias, la cual forma parte del resultado financiero de la empresa, en los tres modelos de presentación previstos (normal, abreviado y pyme). La estructura del cambio en cada caso es la siguiente:

1. Modelos normal y abreviado (se crea una nueva partida en la cuenta de pérdidas y ganancias):

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero. 

a) Incorporación al activo de gastos financieros.

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.

c) Resto de ingresos y gastos.

2. Modelo pymes (de modo similar se crea una nueva partida en la cuenta de pérdidas y ganancias):

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.

 

a) Incorporación al activo de gastos financieros.

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.

c) Resto de ingresos y gastos.

Además se modifica el contenido de la memoria para las empresas que tengan partidas de naturaleza medioambiental, la cual deberá incluir un nuevo apartado, también en los tres modelos de presentación previstos, en el que se habrá de informar, en su caso, sobre los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.  

Esperemos que estos cambios, en una época donde ya estamos sufriendo demasiadas modificaciones de todo tipo, sirvan, además de para aumentar la carga de trabajo de las empresas, para mostrar la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera y resultados.

 

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IVA que cobro, IVA que pago

Mario Cantalapiedra – Economista

A la espera de que se apruebe finalmente la medida que permita a Pymes y autónomos no tributar por el IVA repercutido de las facturas que no hayan cobrado, todavía en el aire, de momento tenemos que conformarnos con la posibilidad de recuperar el IVA repercutido a un cliente moroso en dos supuestos, el de concurso de acreedores y el de créditos incobrables, con los requisitos y limitaciones que se establecen en el artículo 80 de la Ley del IVA y que al final lo que hacen, dicho sea de paso, es complicar bastante las cosas a la empresa que intenta recuperar parte de su crédito impagado.

En el primer caso, la base imponible puede reducirse cuando el cliente no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas de IVA siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte contra él auto de declaración de concurso. La reducción deberá hacerse únicamente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, del mencionado auto de declaración de concurso (plazo previsto para que los acreedores pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos). La justificación de este plazo tan corto viene dada porque si se supera el mismo, la Hacienda pública no podría hacer valer el crédito surgido como consecuencia de la modificación de base imponible frente al cliente en situación de concurso.

En el segundo caso, la Ley del IVA considera el crédito de una empresa total o parcialmente incobrable, permitiendo la reducción de la base imponible, cuando reúne las siguientes condiciones:

  • Ha transcurrido un año desde el devengo del IVA repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del IVA repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año. Este plazo se puede reducir a seis meses si el cliente moroso es un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones no ha superado, durante el año natural inmediato anterior, los 6.010.121,04 euros.
  • La factura impagada, o documento sustitutivo, está registrada en el libro registro de facturas exigido a efectos de este impuesto.
  • El destinatario de la operación es empresario o profesional, o, en otro caso, la base imponible de la operación, excluido el IVA, supera los 300 euros.
  • La empresa ha instado el cobro del crédito mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo.

Una vez transcurrido el año, o los 6 meses, en su caso, desde el devengo del IVA repercutido sin cobro, la empresa dispondrá de tres meses, a contar desde dicho vencimiento, para reducir la base imponible impagada.

Tanto para el caso de concurso de acreedores como para el de crédito incobrable, no se podrá modificar la base imponible de los siguientes créditos y operaciones:

  • Créditos que disfruten de garantía real (bienes tangibles), en la parte garantizada.
  • Créditos afianzados por entidades de créditos o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada.
  • Créditos entre personas o entidades vinculadas.
  • Créditos adeudados o afianzados por entes públicos.
  • Operaciones cuyos destinatarios no estén establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

Desde luego vemos que la legislación aplicable en la actualidad abusa de las excepciones y los plazos dilatados para solucionar un problema que está afectando a la liquidez de muchas empresas, sobre todo, de pequeña dimensión, y que sería deseable, si lo que se desea de verdad es ayudar a recuperar el tejido empresarial español, aplicar cuanto antes y a imagen de lo que se hace en otros países de nuestro entorno, el criterio de caja en la gestión de este impuesto, es decir, IVA que cobra el empresario, IVA que paga a la Administración.

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¿Compartir comisiones bancarias?

Mario Cantalapiedra – Economista

Estoy observando que muchos de los asistentes a las últimas charlas que imparto sobre técnicas de negociación bancaria, todavía desconocen algunas de las importantes modificaciones introducidas por la Ley 16/2009 de servicios de pago, aprobada el pasado ejercicio. Además de lo ya comentado al respecto por Carlos Muniesa en este mismo blog en su post del pasado día 13, cuya lectura os recomiendo encarecidamente, me gustaría recordar otros aspectos que modifica la mencionada Ley.

Una de las principales novedades que incorpora es la opción de precios o gastos compartidos, lo que al final significa que un banco que realice un pago por deseo del ordenante, por ejemplo, emitiendo una transferencia, cargará a éste los gastos que correspondan, hasta aquí nada cambia con respecto a la situación anterior, pero además, y aquí aparece la principal novedad, el banco que recibe el abono también puede, aunque suene “extraño”, cargarnos gastos por recibir los fondos. Este aspecto parece complicado de digerir por parte de unos clientes bancarios como los españoles acostumbrados ya a sufrir comisiones bancarias elevadas, por lo cual creo que muchas entidades bancarias aún, y recalco lo de “aún”, no lo estén aplicando, porque poder, lo que se dice poder, pueden. Aunque solemos ser un país caracterizado por nuestra solidaridad en muchos ámbitos, esto de ser solidario a la hora de compartir comisiones bancarias entre ordenante y beneficiario, como que no lo veo y creo que muchos bancos, de momento, tampoco.

Algún otro aspecto que se ha cambiado con la Ley 16/2009 ha sido, por ejemplo, lo referente a fechas de valoración de las transferencias recibidas, que ahora deberá coincidir con la fecha en la que la entidad de crédito recibe los fondos de la entidad del ordenante, lo cual reduce algo (un día) los períodos de compensación bancaria. En esta línea también se modifica el tratamiento de los ingresos en efectivo en la entidad bancaria, ahora fecha de valor y día de recepción del efectivo deben coincidir, eliminándose la diferencia que existía si el ingreso se hacia antes (valor del día) o después (valor del día siguiente) de las once de la mañana. En cambio, sobre las fechas de valoración de los cheques no se ha introducido ninguna modificación sobre lo regulado por la Circular 8/1990 del Banco de España.

Además me gustaría destacar un elemento muy importante que se recoge en el artículo 32 de esta nueva Ley, y que a lo mejor ha pasado un poco por alto, el cual incide en la seguridad para todos los que somos usuarios de los servicios de pago, como es el establecimiento del límite de responsabilidad por las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas, resultantes de la utilización de un instrumento de pago extraviado o sustraído, el cual queda fijado en 150 euros. Bueno, esto nos proporcionará algo más de tranquilidad si en algún momento nos llegan a sustraer una tarjeta, aunque, tal como están las cosas, igual nos tranquiliza más el hecho de que a ésta puede que ya no le quede crédito alguno.

 

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Estadística de Efectos de Comercio Impagados – INE

Marzo 2010. Datos provisionales
El número de efectos de comercio impagados disminuye un 35,4% en marzo respecto al mismo mes de 2009

Un 4,1% del total de efectos vencidos resultan impagados
El número de efectos de comercio devueltos por impago asciende a 370.514 en el mes de marzo, lo que supone un 35,4% menos que en el mismo mes del año anterior.

El importe de estos efectos impagados alcanza los 686 millones de euros, con una disminución del 60,3% respecto a marzo de 2009.

Circular 22-2010 Efectos Impagados

Circular 23-2010 Sociedades mercantiles

Circular 25-2010 IPC Marzo 2010

Recomendaciones para adaptarse a la LEY 16/2009 DE SERVICIOS DE PAGO

Carlos Muniesa – Director – Strategy & Procedures at Crédito y Caución 

La Ley de Servicios de pago aprobada a finales del año pasado ha introducido cambios muy importantes que obligan a las empresas a revisar, modificar y adecuar sus políticas y estrategias de gestión de cobros a la nueva legislación para protegerse de posibles prácticas que se excedan a los límites expuestos en la Ley.

Desde Crédito y Caución pensamos que la Ley de servicios de pago tiene un largo recorrido y su potencial para  modificar nuestros hábitos de pago es enorme, aunque todavía es pronto para saber el alcance real de sus impactos.

Al margen de informar a nuestros asegurados sobre cómo afecta la Ley de servicios de pago a sus pólizas (que no es necesario modificar, afortunadamente), así como por extensión a todas las empresas, nuestras recomendaciones básicas son que:

  • Centren su atención en las operaciones con cargo directo en cuenta (giros, recibos, e incluso letras sin aceptar), dado que otros medios de pago con los que se opere no se ven afectados.
  • Se aseguren de tener la autorización de todos los clientes con los que operan mediante este sistema, por supuesto para los nuevos clientes pero también para los que ya tienen en cartera. Esta autorización (lo que siempre hemos llamado una orden de domiciliación) no caduca. Por cierto, pedir autorizaciones individuales para cada giro, como en ocasiones se ha sugerido, garantizaría una excelente protección no sólo contra una devolución a 13 meses, sino incluso contra la de 8 semanas. Sin embargo, no la estamos recomendando de forma activa esencialmente por motivos de complejidad de administración y fluidez de la relación comercial.
  • Se recuerde al cliente que debe enviar la autorización al banco, e incluso que sea el propio vendedor quien se la haga llegar. De nuevo, estas actuaciones son recomendables pero deben ser analizadas siempre a la luz de la eficiencia y coste de los procesos internos de cada empresa.
  • Por último, queda el caso del cliente para el que no disponemos de autorización y además se niega a dárnosla o demora su envío. En estos casos, nuestra recomendación es tajante en el sentido de modificar inmediatamente la forma de pago por otras que ofrezcan menos incertidumbre.

 Creemos que el riesgo de operar sin autorización y poder recibir una devolución al cabo de trece meses es demasiado grave, y que el que alguien se niegue a dar su autorización debe ponernos en guardia contra ese posible comportamiento.

 

Visibilidad de solvencia

Mario Cantalapiedra – Economista

Uno de los ratios fundamentales que tienen en cuenta las entidades financieras a la hora de analizar las operaciones de financiación solicitadas por las empresas, es el conocido como ratio de solvencia. Recordemos que un ratio lo que expresa es la relación entre dos variables, de tal modo que su resultado es más significativo que el de cada variable tomado de forma aislada. Con los ratios conseguimos explicar los estados contables, dar un diagnóstico aproximado de la situación de la empresa y predecir hasta cierto punto su evolución futura.

En el caso concreto del ratio de solvencia, cuando decimos que las empresas debemos mostrar ante nuestros proveedores de dinero “visibilidad de solvencia”, una de las cosas que queremos expresar es que este ratio debe ser lo más elevado posible. Pensemos que en la actualidad uno de los problemas por los que los bancos no están concediendo créditos a las empresas es porque piensan que éstas no van a poder devolvérselos, de ahí que un ratio de solvencia elevado puede ayudarnos a disiparles parte de sus dudas.

Ratio de Solvencia = Activo total/Pasivo total 

El ratio de solvencia da información sobre la estructura patrimonial de la empresa y lo que mide es la capacidad de la empresa para atender los pagos comprometidos con terceros (la capacidad de hacer frente a todas sus deudas con la realización de todos sus activos), debiendo mostrar un resultado superior a la unidad. En caso de ser menor, significa que la empresa objeto de análisis no puede hacer frente a sus compromisos de pago, de ahí que también se conozca como ratio de “distancia a la quiebra”. Desde luego, según presente un resultado positivo más elevado, mayor será el grado de seguridad que disfruten los acreedores de la compañía. Algunas referencias hablan de que una medida adecuada de este ratio se da cuando alcanza un valor entre 1,5 y 2, pero evidentemente siempre que fijemos “ideales” para nuestros ratios deberemos valorar los diversos factores que inciden sobre ellos. En primer lugar, la fase de desarrollo en la que se encuentre la empresa, de tal modo que, no se debe interpretar igual el ratio de solvencia que presente una empresa de reciente creación que el de una compañía que esté en fase de maduración. También se tienen que tener en cuenta tanto el sector en el que se encuentre la compañía como los ratios de los competidores inmediatos, para lo cual podemos acudir, como fuente de información, a las empresas que realizan informes comerciales, las cuales están especializadas en suministrar este tipo de datos.

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