Análisis por CCAA del Ranking de las 5000 Mayores Empresas de España – Edición 2010

El porcentaje total de empresas en las Comunidades Autónomas con mayor facturación (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía) ha disminuido 5 puntos desde 2006 según el análisis de la edición 2010 del Ranking de las 5.000 mayores empresas.

El número de empresas ha retrocedido en las CCAA con más facturación dentro del Ranking de las 5.000 Mayores Empresas elaborado por Iberinform para Actualidad Económica. Así, el porcentaje total de empresas situadas en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía ha pasado de 72% en 2006 a un 68% en 2010.

El porcentaje de ingresos de las empresas presentes en estas CCAA ha descendido igualmente del 79% al 77%.

  • La Comunidad de Madrid tiene 1.473 empresas en el Ranking (un 29% sobre el total) y una cifra total de ingresos de 453.142 millones de euros (48,5% sobre el total).
  • Cataluña le sigue, con 1176 empresas (un 23% del total) y una cifra total de ingresos de 172.886 millones de euros (18´5% sobre el total.)
  • La Comunidad Valenciana es la tercera comunidad que más presencia tiene en el ranking de las 5.000 mayores empresas de 2010, con 402 empresas (un 7,4% del total) y una cifra total de ingresos de 53.190  millones de euros (un 5,7% sobre el total)
  • Andalucía es la siguiente comunidad que gana en presencia en el ranking 5.000 mayores empresas, con 343 empresas (un 6,9% sobre el total) y una cifra total de ingresos de 38.470 millones de euros (un 4,1% sobre el total).

En el gráfico se puede observar el % de variación que ha habido respecto al año 2006, tanto en Nº de empresas cómo en el total de las ventas, de las CCAA con más presencia en el Ranking de las 5.000 mayores empresas.

El mayor fichero de morosos de España

Mario Cantalapiedra – Economista

El fichero de morosos y operaciones impagadas más importante de España es gestionado por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), organización empresarial que sirve de enlace entre las entidades de crédito especializadas en financiación al consumo y las distintas administraciones públicas, otras asociaciones profesionales españolas y europeas y los consumidores o usuarios finales de productos financieros.

Forman parte de ASNEF casi todas las entidades de crédito especializadas, así como un gran número de empresas pertenecientes a otros sectores de actividad como, por ejemplo, las compañías de telecomunicaciones, las empresas de servicios energéticos (electricidad, agua, gas) o las empresas aseguradoras. Luego ya podemos hacernos una primera idea de que tipo de empresas pueden incluirnos en este listado “maldito” si no pagamos uno de sus recibos.

En el fichero de impagos gestionado por ASNEF se puede encontrar información referente a los incumplimientos en el pago realizados por personas físicas y también jurídicas, es decir, empresas, estando el acceso a la información restringido a las entidades que aportan información, en concreto, a los asociados a ASNEF y adheridos que no estén asociados. En el fichero de ASNEF se puede encontrar la siguiente información:

  • Datos identificativos de la persona consultada.
  • Relación de nombres y domicilios distintos con los que consta en el fichero.
  • Resumen de la situación actual de operaciones morosas, con datos como el saldo total impagado o el número de operaciones.
  • Detalle de cada una de las operaciones morosas, especificando su importe, el número de cuotas, el tipo de entidad acreedora, etcétera.
  • Evolución mensual, durante los últimos veinticuatro meses, tanto de la información resumida como detallada por operación impagada.

El tratamiento del fichero está encargado a la compañía Equifax Ibérica, S.L. con la que ASNEF mantiene un acuerdo de colaboración. A esta compañía debemos dirigirnos si deseamos ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a los datos que puedan existir en nuestra contra. En principio las únicas formas de salir del fichero ASNEF es saldando la deuda con la compañía correspondiente, demostrando la inexistencia de dicha deuda, o una vez que se cumple el tiempo máximo de permanencia fijado legalmente, el cual es nada menos que de seis años. Los derechos de acceso y demás que acabo de comentar pueden ejercitarse a través de los siguientes medios:

Las compañías que pueden acceder a la información del fichero de ASNEF lo consultan para conocer la solvencia o capacidad de pago de sus clientes antes de concederles crédito.

La Nueva Legislacion Contra la Morosidad Descodificada Escrito por Pere J. Brachfield

La Nueva Legislacion Contra la Morosidad Descodificada Escrito por Pere J. Brachfield

En estos momentos la morosidad en el cobro de facturas es la causa de una de cada tres quiebras en España, sobre todo entre las pymes, que representan el 99,90 % del tejido empresarial, suponen el 68 % del PIB y mantienen el 79 % del empleo.

Pero la morosidad en España no sólo es imputable a causas coyunturales, sino que además se deben considerar causas estructurales, como pueden ser la actitud de algunos actores económicos –grandes empresas industriales, el sector de la distribución y las administraciones públicas– de prolongar deliberadamente los plazos de pago para aprovechar su posición dominante en perjuicio de las empresas más pequeñas. Otra causa estructural es la cultura de la morosidad que se ha desarrollado en los últimos tiempos en muchos sectores, hasta el punto de que pagar tarde se ha convertido en un comportamiento económico generalizado.

En los últimos años, se ha extendido el abuso de grandes empresas dominantes en algunos sectores con sus proveedores. Estas empresas pasan pedidos importantes a empresas auxiliares, que dependen en gran medida de los pedidos que les proporcionan estas grandes compañías, pero en contrapartida aprovechan su elevado poder de negociación de las condiciones de pago y exigen pagar con plazos muy dilatados.

De este modo, las pymes proveedoras de bienes y servicios conceden a sus compradores un auténtico crédito financiero y no un mero crédito comercial. Las pymes afectadas por esta situación deben endeudarse con las entidades bancarias no sólo para financiar sus compras sino también para poder refinanciar a sus clientes, por tanto sufren en sus cuentas de resultados el impacto de los cuantiosos gastos financieros que ocasiona el endeudamiento bancario.

Si a ello además añadimos la falta de dinero existente en este momento en el circuito financiero, nos encontramos con que cerca de 300.000 empresas se encuentran en peligro de desaparición.

Para tratar de constreñir las malas prácticas de pago y combatir la morosidad de las empresas y administraciones, se creó la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Sin embargo, cinco años después de su entrada en vigor esta legislación sólo es aplicada por un pequeño porcentaje de las empresas españolas, y aquellas que aplican la ley a sus clientes (principalmente el cobro de los intereses de demora y de los gastos de gestión de cobro) suelen ser sociedades mercantiles de gran tamaño. Es por ello que numerosas patronales decidieron luchar para conseguir una serie de modificaciones de la Ley que permitiese a los más pequeños luchar por sus derechos. Y finalmente lo consiguieron en junio de este año con Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

  

Este nuevo libro del mayor experto en lucha contra la morosidad en España, Pere J. Brachfield, explica de forma minuciosa pero no por ello complicada, todos los entresijos de esta legislación que trata de ayudar a la subsistencia de tantas pequeñas y medianas empresas. Brachfield, con su habitual lenguaje directo y sencillo descifra los argumentos jurídicos que habitualmente acompañan a las leyes para que cualquier empresario sea capaz de entender cuáles son sus derechos y los diferentes instrumentos que la Ley pone a su disposición.

El objetivo del libro es que los acreedores, autónomos, emprendedores y personas que, sin ser licenciadas en derecho, se dedican profesionalmente a la reclamación de impagados, adquieran los  conocimientos suficientes para hacer una aplicación práctica de la nueva normativa antimorosidad.

El libro “La Nueva Legislacion Contra la Morosidad Descodificada”, explica cómo usar eficazmente las nuevas herramientas jurídicas introducidas en 2010 para luchar contra los impagados. También habla de las normas ya existentes antes de las reformas legales y que hay que conocer para realizar más eficazmente la gestión recuperatoria de deudas. Y por último, analiza la reforma incorporada durante este año para flexibilizar las condiciones de recuperación de las cuotas del IVA repercutido en facturas incobrables.

Gracias a este libro, el lector podrá adquirir conocimientos extremadamente útiles para obligar al deudor a cumplir con sus obligaciones o por lo menos para paliar las consecuencias económicas de los incobrables.

Descubra todo sobre la  Ley 15/2010 de mano del mayor experto sobre impagos y morosos de España, Pere J. Brachfield

Bienes que pueden ser objeto de prenda con desplazamiento de la posesión

Mario Cantalapiedra – Economista

En la prenda con desplazamiento de la posesión el bien que garantiza el riesgo concedido por una entidad bancaria se cede a ésta o a un tercero de común acuerdo entre empresa y banco. Entre los bienes que pueden ser objeto de prenda con desplazamiento de la posesión encontraremos habitualmente los siguientes:

  • Depósitos a plazo y saldos en cuenta corriente

Se afecta al buen fin de la operación crediticia contratada por la empresa un depósito a plazo fijo, o el saldo en una cuenta corriente, el cual queda bloqueado y sin movimiento durante el período de garantía. Por su liquidez y seguridad este tipo de prenda es la preferida por las entidades bancarias.

  • Efectos comerciales

Pueden cederse en prenda los efectos comerciales que tenga la empresa, el famoso “papel”, de tal modo que si no se reintegran los fondos, la entidad financiera tiene libertad para cobrar, descontar, ceder o endosar dichos efectos, y recuperar así el importe de la deuda. Para que los efectos comerciales puedan ser objeto de prenda han de reunir los requisitos que posibilitan su endoso, es decir, ser emitidos a la orden, llevar el timbre correspondiente, estar aceptados por el librado, etcétera. Por tanto, si en nuestro cajón sólo abundan pagarés “no a la orden”, que no sería extraño tal como se ha generalizado su uso en los últimos tiempos, mejor olvidarnos de cederlos en prenda.

  • Certificaciones de obra

También pueden ser objeto de prenda, las liquidaciones parciales y provisionales de las contratas que realiza las distintas administraciones públicas basándose en la continuación de las obras, aunque no parece ser el momento más oportuno para que garanticen nada debido a los problemas de morosidad que hoy sufren la mayoría de los entes públicos. En caso de que las certificaciones se aceptaran como garantía, había de comunicarse a la entidad pública pagadora correspondiente el cambio de beneficiario del pago. Este trámite se realiza mediante endoso aceptado por el banco y toma de razón del mismo por parte del organismo público correspondiente.

  • Valores cotizables en mercados organizados

La valoración de este tipo de garantía se realizará en función de la cotización oficial de los valores en el mercado, ya sean éstos de renta fija o de renta variable, siendo mayor para los títulos de renta fija. Si la empresa no reembolsa la deuda en el plazo convenido, la entidad bancaria podrá vender los valores en el mercado, salvo pacto en contrario.

La recuperación del IVA de incobrables después del RD 6/2010

Por Pere J. Brachfield, asesor de la PMCM, Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad y socio director de www.morosologia.com

 El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril que modifica las posibilidades de recuperar el IVA de las facturas impagadas

En abril de 2010 se  aprobó una reforma para flexibilizar las condiciones de recuperación de las cuotas del IVA repercutido en facturas incobrables. Sin embargo considero que los cambios introducidos no son suficientes y que se debe modificar urgentemente  la legislación del IVA para permitir que las empresas, y en particular los pequeños negocios, puedan aplazar el pago del IVA hasta el cobro real de las facturas en las que se devengue el impuesto (y no como sucede en la actualidad en España, que el proveedor que emite la factura debe liquidar el impuesto a Hacienda, con independencia de haber cobrado o no la suma facturada con el IVA repercutido).

Las modificaciones introducidas en el 2010 en la reforma del artículo 80 de la Ley del IVA, son todavía insuficientes para dar una solución definitiva a la problemática. Las dos posibilidades son por un lado el concurso de acreedores, en este caso la base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto (cliente moroso concursado) no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo máximo de un mes desde la publicación en el boletín oficial del auto que admite el concurso.

Por otro lado el proveedor puede interponer demanda judicial o reclamación notarial contra el deudor y esperar seis meses pero sólo cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros. En caso de que la facturación del acreedor sea superior a este importe de 6.010.121,04 euros, el acreedor deberá esperar un año para conseguir la reducción de la base imponible y poder recuperar el IVA de las facturas incobrables. Asimismo el procedimiento administrativo para la reducción de la base imponible es largo, costoso y complejo para las pymes.

Este punto se considera primordial, ya que en la actualidad en caso de impago de una factura, además del perjuicio económico y financiero, el proveedor debe liquidar igualmente el IVA repercutido, soportando un tributo de forma injusta. En los actuales momentos de asfixia financiera la liquidación del IVA no cobrado es un desembolso muy duro para las empresas que no sólo han de soportar la factura impagada sino que además se ven penalizadas con el pago de un IVA. No considero suficiente las reformas realizadas hasta la fecha. La única solución aceptable es poder aplicar el principio de caja a la liquidación de los IVAs repercutidos en las facturas y abandonar el principio de devengo, tal y como faculta la normativa comunitaria sobre el IVA de los Estados Miembros y como han adoptado muchos países como es el caso de Francia, donde no existe un plazo fijo de espera, y en el que la recuperación del IVA se condiciona solamente a que el acreedor pueda demostrar que la factura es definitivamente incobrable.

Vale la pena decir que la propuesta de que el IVA se liquide a Hacienda únicamente cuando el emisor de la factura haya cobrado el importe de la misma, ya apareció en la Recomendación del 12 de Mayo de 1995 por parte de la CE en la que exhortaba a los Estados Miembros de la UE a adoptar medidas de tipo jurídico y administrativo y a cumplir una serie de objetivos, con el fin de reducir los problemas de cobro y morosidad, propuesta que fue totalmente apoyada por el Parlamento Europeo en su Resolución sobre la Recomendación de la Comisión del 4 de julio de 1996.

Asimismo en marzo de 2009 la comisión de Economía y Hacienda del Congreso aprobó un proyecto no de ley para mejorar la liquidez de pymes y autónomos. Este proyecto eximía a las empresas de pagar el IVA que generen las facturas de los ejercicios del 2009 y el 2010 hasta que el cliente no las haya abonado. Salta a la vista que el Gobierno no ha implementado esta medida.

Asimismo dentro del ámbito tributario, considero que hay que modificar el art. 12.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que obliga a esperar 6 meses desde el fallido para admitir como gasto deducible en el impuesto sobre sociedades la dotación de la correspondiente provisión por insolvencias, o en caso de ser un incobrable de menos de 6 meses, si el deudor no se ha declarado en concurso de acreedores, se obliga a que el acreedor interponga una demanda judicial contra el moroso. El cambio legislativo debe permitir la deductibilidad de cualquier factura que el acreedor declare incobrable dentro del mismo ejercicio, sin exigir una demanda judicial o procedimiento concursal.

Para más información sobre el tema se pueden consultar los libros “Gestión del Crédito y Cobro”,  “Cobro de Impagados y negociación con deudores” y “La nueva legislación contra la morosidad descodificada” de Profit Editorial www.profiteditorial.com  o la web www.perebrachfield.com

 

 

 

 

La morosidad bancaria en España crece hasta el 5,5%

La morosidad en los bancos y cajas

Ignacio JiménezIberinform 

La morosidad en los bancos y cajas ha bajado en septiembre tras tres meses consecutivos de subida.  Según un informe publicado hoy por el Banco de España, las entidades financieras han cerrado el mes de septiembre con 101.263 millones en créditos dudosos  (acumulan tres o más cuotas impagadas), frente a un volumen total de 1.843.383 millones prestados, con lo que tasa de morosidad pasa del 5,62% al 5,49% (5,6%, en agosto).

El informe  también destaca que la tasa de morosidad de los bancos en España ha vuelto a superar a la de las cajas. En concreto, los bancos han cerrado septiembre con una tasa del 5,58% con 46.669 millones frente al 5,33% de las cajas, lo que equivale a 45.401 millones.

 

Datos provisionales del último Boletín Estadístico que mensualmente publica el Banco de España.

*Los datos del último mes de la serie son provisionales.

Este volumen de créditos dudosos situó la tasa de morosidad bancaria en el 5,5% del total del crédito concedido, frente al 4,9% del mismo mes en 2009.

No obstante, según recoge una nota posterior de la Asociación Española de Banca, el aumento en las cifras de dudoso cobro se debe a que se ha pasado la morosidad del Banco Castilla La Mancha, antes Caja Castilla La Mancha (CCM), al sector de bancos. Según explica la nota, “este traspaso origina un inusual crecimiento en la cifra de activos dudosos de los bancos españoles y una equivalente reducción, por el mismo importe, del agregado de las cajas”.

El aval del riesgo mediante un bien mueble

Mario Cantalapiedra – Economista  

En el post anterior os hablaba sobre la garantía de tipo personal por la que se asegura la deuda bancaria con el patrimonio global de la empresa o de un tercero vinculado a ella, pero también existe la posibilidad de garantizar la deuda, no ya a través de un patrimonio global, sino mediante un bien mueble o inmueble concreto, el cual puede llegar a ser vendido a favor del la entidad financiera acreedora si la empresa no reintegra los fondos que le han sido prestados. 

Concretamente si es un bien mueble el que cede la empresa para garantizar el riesgo bancario, estaremos ante lo que se conoce como prenda. El bien cedido, propiedad de la empresa o de un tercero que consiente su entrega, deberá entonces estar libre de cargas y gravámenes, y su cesión al banco habrá de constar en documento público intervenido por fedatario, denominándose la operación que se constituye pignoración.

Encontraremos dos tipos de prenda distinta en función de que la empresa conserve o no el bien cedido a la entidad bancaria. En el primer caso, el de prenda con desplazamiento de la posesión, el bien objeto de prenda se cede al banco o a un tercero de común acuerdo entre empresa y banco. Por su parte, en la segunda opción, la de prenda sin desplazamiento de la posesión, la empresa conserva el bien mueble en su poder, aunque el mismo queda comprometido a la devolución de la deuda. Es la fórmula que se utiliza cuando la compañía necesita el bien para ejercer su actividad económica, por ejemplo, en el caso de un vehículo que necesita una empresa de transportes para realizar su función. En esta situación la entidad bancaria tiene derecho a comprobar que el bien mueble existe (siendo importante que pueda ser claramente identificado por marca, número de serie, etcétera), que su precio está totalmente satisfecho, que se encuentra en buen estado de conservación y que se hace un uso correcto del mismo. En función de sus propiedades y del estado de conservación que tenga, la entidad financiera dará una u otra valoración al bien, el cual no podrá ser enajenado por la empresa sin la autorización expresa de la entidad bancaria. Esta modalidad, la de prenda sin desplazamiento de la posesión, exige la inscripción del contrato correspondiente en un registro público, en concreto, en el Registro de Bienes Muebles, para que el derecho de prenda tenga validez ante terceros de buena fe.

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