Las necesidades de fondos en el presupuesto de capital

Mario Cantalapiedra – Economista

Decidido ya que el presupuesto de capital se compone de dos partes; la primera referente a las necesidades de fondos o presupuesto de inversiones a largo plazo; la segunda que representará las fuentes de fondos o presupuesto de financiaciones, me centraré ahora en analizar qué tipo de elementos se incluirán entre las necesidades de fondos:

1. Inversiones en activo no corriente: Suma de inversiones en inmovilizado intangible, material, inversiones inmobiliarias e inversiones financieras a largo  previstas para cada ejercicio, que deberá recoger:

  • Saldos vivos de proyectos anteriores de inversión, puesto que la planificación no deja de ser un proceso continúo en el tiempo.
  • Inversiones de renovación y modernización de los activos que han quedado obsoletos.
  • Inversiones de expansión que conduzcan a aumentar la capacidad productiva de la empresa y de generación de beneficios, como bien puede ser la compra de nueva maquinaria o la adquisición de nuevas instalaciones. También pueden incluirse en este apartado las inversiones que se realizan para diversificar la oferta de productos en el mercado.
  • Inversiones complementarias motivadas por los proyectos de inversión principales a los que complementan. Por ejemplo, la compra de ordenadores o la adquisición de patentes.
  • Inversiones financieras a largo plazo como las que se puedan realizar en valores de renta fija a largo.

2. Inversiones en fondo de maniobra: Aumento anual del fondo de maniobra, entendido éste como la diferencia entre activo y pasivo corrientes, necesario en la estructura de capital planificada. También puede ser decremento, en cuyo caso tendrá carácter negativo y representará una menor necesidad de fondos o, lo que es lo mismo, una fuente de fondos. Para calcular esta inversión hay dos opciones:

  • Realizar una previsión individualizada de sus distintos componentes (deudores a corto, acreedores a corto, etcétera).
  • Relacionar su evolución con el volumen de ventas previsto, en base a un porcentaje sobre éste, es decir, utilizar lo que se conoce como ratio de fondo de maniobra sobre ventas.

 

3. Vencimiento de fondos ajenos a largo plazo. Por último, se incluirán entre las necesidades de fondos la devolución del principal de los préstamos a largo que la empresa haya solicitado en el pasado, así como los importes correspondientes a los nuevos fondos ajenos a largo que se prevea demandar en el período planificado.

 

En el siguiente post os hablaré de la composición del presupuesto de financiaciones.

 

La reforma de la legislación contra la morosidad a examen

Madrid, 27 de enero de 2011.

El EAE Business School ha realizado un análisis comparativo de las mejoras introducidas por la Reforma de la legislación de lucha contra la morosidad, llevado a cabo por Pere J. Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología.

En España, aproximadamente 2.700.000 empresas se ven afectadas por la morosidad en España y el plazo medio de pago inter-empresarial en nuestro país es de 107 días frente a los 57 de la media europea. Las multinacionales y las grandes empresas son las que presentan peores registros, aunque el record lo tiene el sector público, cuya media de pago se sitúa en 154 días, frente a los 67 días de media de la administración en la UE. La investigación también destaca que una de cada tres quiebras de empresas en nuestro país se debe a la morosidad en el cobro de las facturas.

Estos datos propiciaron que en 2004 se aprobase la ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. Durante este tiempo y según Pere J. Brachfield, “la aplicación de esta ley ha sido residual y por tanto su efectividad casi nula y ya avisamos que se trata de una versión descafeinada de lo que pedía la Directiva europea”, por este motivo, “se han introducido mejoras de la ley más agresivas para reducir de manera más agresiva esta lacra”, explica Pere J. Brachfield, profesor de MBA de EAE y director del Centro de Estudios de Morosología de EAE.

EAE ha elaborado un análisis de las mejoras introducidas por la ley Ley 15/2010 y los beneficios de la reforma. Para Pere J. Brachfield, de las dieciséis mejoras introducidas, las más destacables y efectivas son:

  1. La fijación del plazo de pago en 60 días, sin posibilidad de ampliar el plazo
  2. La posibilidad de contar el plazo de pago desde la fecha en la que se recibe la mercancía o el servicio
  3. Las novedades en torno a los plazos de pago de las administraciones públicas y sociedades estatales.

 

Antigua Ley 3/2004 Contra la Morosidad de 29 de diciembre Mejoras introducidas por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
La Ley permitía en la práctica fijar plazos de pago sin límite e imponer condiciones contractuales abusivas para el proveedor. El plazo de pago será de 60 días a partir de 2013 y no puede ampliarse por acuerdo entre partes.
La Ley  permitía el “pacto en contrario” en los contratos dejando la libre autonomía de la voluntad de las partes para que los compradores pudieran imponer sus condiciones leoninas con aplazamientos de pago desmesurados. Los legisladores han eliminado totalmente la posibilidad de establecer en los contratos la cláusula del “salvo pacto en contrario”, basada en el principio de libertad de acuerdo contractual que permitía la existencia de abusos al alargar los aplazamientos de pago de forma exagerada.
La Ley dicta que en principio los plazos de pago por ley empiezan a computarse desde que el cliente recibe la factura. Los  días se cuentan a partir de la fecha en que el deudor recibe la mercancía.
En caso de comprobación de la conformidad de los bienes los días se contaban desde la fecha en que tiene lugar la verificación. El plazo de pago que debe cumplir el deudor se computará a partir del día de recepción de los bienes o servicios adquiridos y no podrá prolongarse más allá de los sesenta días contados desde la fecha de entrega de la mercancía.
Las facturas de podían agrupar mensualmente y empezar el cómputo a final del mes con lo que se alargaba en promedio 15 días los plazos de pago reales. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 15 días, o que se agrupen en un único documento, siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a la mitad del periodo de la factura y el plazo de pago no supere los 60 días desde esa fecha
El artículo de prácticas abusivas era ambiguo y no se podía aplicar en la práctica empresarial. La Ley dicta la prohibición estricta de plazos de pago abusivos.
Las administraciones públicas tenían que pagar a los 60 días. Las administraciones públicas y todas las empresas estatales tendrán que pagar obligatoriamente a los 30 días en el 2013.
En caso de no cobrar en el plazo legal los contratistas tienen que reclamar a la Administración por la vía administrativa, esperar casi un año para acudir al procedimiento contencioso administrativo, aguardar más de dos años para conseguir sentencia y luego esperar un año más para cobrar. Si transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado a la reclamación del contratista, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda, acción que el tribunal deberá ejecutar de inmediato
Los proveedores que sufren abusos contractuales no se atreven a denunciarlos ante los tribunales o ante los órganos administrativos por miedo a represalias comerciales de sus clientes. Las patronales podrán actuar para denunciar las prácticas abusivas ante los tribunales o ante los órganos administrativos para que no se apliquen las cláusulas abusivas y las denuncias presentadas por estas entidades ante las autoridades tendrán carácter confidencial.
Las patronales ven muy limitada la posibilidad de defender a sus asociados cuando existen prácticas abusivas. Las patronales tienen plena legitimación activa y  podrán asumir el ejercicio de acciones colectivas de cesación y de retractación frente a empresas incumplidoras con carácter habitual de los períodos de pago previstos en esta Ley y defender a sus socios de los abusos.
Las empresas no tienen la obligatoriedad de incluir en sus cuentas anuales datos de sus plazos de pago. Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre sus plazos de pago a proveedores en la Memoria de sus cuentas Anuales.
Los Plazos de pago de Productos agroalimentarios frescos no estaban regulados. Los Aplazamientos de pago de los productos de alimentación frescos y perecederos no excederán en ningún caso de 30 días (2010).
Los productos agroalimentarios que no eran frescos ni perecederos no tenían regulados los aplazamientos de pago. Los plazos de pago de productos agroalimentarios que no sean frescos no excederán en ningún caso de 60 días (2013)  a partir de la fecha de la entrega de las mercancías.
La ley no había previsto medidas no jurídicas para combatir la morosidad. La Ley establece que las Administraciones Públicas promoverán la elaboración de Códigos de buenas prácticas comerciales, así como la adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje, siendo de adscripción voluntaria por parte de los agentes económicos.
La Ley no establecía mecanismos de control y observación permanente de la evolución de la morosidad y de los plazos de pago y la participación directa en un Observatorio de la morosidad de las organizaciones patronales. La Ley determina que se realizará un seguimiento específico de la evolución de la morosidad en las transacciones comerciales así como de la eficacia de la  Ley, con la participación de las asociaciones multisectoriales de ámbito nacional y autonómico así como de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
Los plazos de pago de contratistas a subcontratistas podían ser superiores a 180 días. Las Empresas con contratos vigentes de Obra Pública podrán pagar en un máximo de 120 días hasta el cierre del 2011; a 90 días durante el 2012, y a 60 días generales a partir del 2013.

La reforma de la Directiva Europea de lucha contra la morosidad

Pere J. Brachfield, asesor de la PMCM, y socio director de Morosología

Este mes de enero fue definitivamente promulgada por el Consejo de la UE la reforma de la Directiva 2000/35/CE relativa a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El motivo de la reforma de la Directiva Europea contra la morosidad es que durante los últimos años se han producido en algunos países de la UE un notable deterioro de las prácticas de pago; este problema supone un riesgo importante para las empresas proveedoras de bienes y servicios. La CE y la Eurocámara se percataron que el deterioro de las prácticas de pago no sólo se deben a factores coyunturales, sino que también reflejan una evolución estructural de las relaciones entre empresas. Por lo tanto el fenómeno de la morosidad no se debía imputar únicamente a la evolución de los ciclos económicos, sino que también existen causas estructurales que lo estaban fomentando.

Vale la pena señalar que el título en inglés de la nueva legislación es “Directive of the European Parliament and of the Council on combating late payment in commercial transactions” y que el sintagma “late payment” en inglés tiene un campo semántico extenso; por un lado significa demora en el pago y por otro la imposición de plazos de pago excesivamente largos a los proveedores. La traducción al español de “late payment” por morosidad, puede que no cubra todo el campo semántico de su expresión inglesa.

Hay que hacer notar que a lo largo de 2010 y a instancia de la Comisión Europea, la Eurocámara estuvo modificando la Directiva Europea 2000/35/CE de medidas de lucha contra la morosidad.

Uno de los cambios prioritarios que se han realizado es que los plazos de pago de las administraciones públicas en la UE sean de 30 días y en casos excepcionales de 60. Asimismo debe tenerse presente que en la reforma legislativa, el Parlamento Europeo introdujo en su exposición de motivos el siguiente apartado: “Una de las acciones prioritarias del Plan Europeo de Recuperación Económica consiste en reducir las cargas administrativas y fomentar la iniciativa empresarial, entre otras cosas, asegurándose de que, en principio, las facturas por sus suministros y servicios se paguen a los acreedores, incluidas las pymes, en el plazo de un mes con el fin de aliviar sus problemas de liquidez”. En esta enmienda los Eurodiputados han incluido no sólo a los deudores públicos sino además a los clientes privados.

Hay que destacar que uno de los “considerandos” que introduce la nueva Directiva advierte que es necesario un gran cambio en los comportamientos financieros y que es imperativo adoptar una nueva cultura de pago sin demora. Para conseguir esta revolución cultural e invertir la tendencia de que la morosidad constituya un comportamiento beneficioso para el deudor, es imperativo garantizar que las consecuencias del retraso en el pago sean disuasorias. Este cambio debe incluir el establecimiento de la duración máxima de los plazos de pago, previendo la compensación para los acreedores por los costes en que hayan incurrido, así como la consideración, como condiciones contractuales abusivas y prácticas comerciales abusivas, de la exclusión del derecho a cobrar intereses y del derecho a compensación por costes de cobro.

 Así pues la reforma de la Directiva llevada a cabo por el Parlamento Europeo pretende en primer lugar combatir la morosidad penalizando al deudor con un nuevo interés moratorio más elevado que el actual. El nuevo tipo equivale al tipo de referencia del BCE aumentado en al menos ocho puntos porcentuales. En segundo lugar la Directiva pretende proteger al proveedor del abuso por parte del comprador para que éste no le imponga plazos de pago excesivamente largos. En tercer lugar fijar de forma indirecta un período de pago europeo normalizado de 30 días y establecer como  norma general, que los plazos de pago de los contratos entre empresas no excedan de 60 días. La Directiva Europea reformada establece una norma general de libertad contractual pero estrictamente limitada por la posible declaración de abusividad de las cláusulas contractuales que de modo injustificado difieran del plazo de 30 días. La Directiva relaciona lo que son prácticas contractuales abusivas e insta a los Estados de la UE a tomar medidas para que se eviten. Consecuentemente la nueva Directiva aspira conseguir que las operaciones comerciales en Europa se abonen de forma habitual a los 30 días, salvo cuando existan situaciones excepcionales que justifiquen un mayor aplazamiento. En cuarto lugar la Directiva fija una penalización de 40 euros por factura impagada sin perjuicio de que el acreedor tenga derecho a reclamar una indemnización por todos los gastos de cobro que ha tenido que efectuar. Como novedad dentro de estos gastos que se puedan recuperar se citan expresamente las minutas de abogados y los honorarios de las empresas de recobro.

De forma paralela la Directiva introduce un aspecto muy importante en la práctica empresarial, que consiste en que los Estados deben incluir disposiciones que permitan a las entidades oficialmente reconocidas como representantes de

empresas, el ejercicio de acciones ante los tribunales o los órganos administrativos competentes para que éstos resuelvan si las cláusulas o las prácticas comerciales, incluidas las que se refieran a un contrato individual, resultan abusivas, de forma que los mismos puedan aplicar las medidas adecuadas y efectivas para evitar que se utilicen. Bajo mi punto de vista esta es una medida vital para combatir los abusos contractuales y otorgar legitimación activa a las asociaciones patronales para proteger a sus asociados.

Además los eurodiputados han advertido que dado que la morosidad es un fenómeno con numerosas causas interrelacionadas, no sólo se debe combatir con medidas legales, sino que es necesario implementar medidas complementarias que contribuyan a despertar una buena cultura de pagos. Este abanico de medidas debe ir desde la implantación de la factura electrónica, hasta la publicación de códigos éticos de buen comportamiento en los pagos. Los legisladores europeos también proponen  la creación de listas de buenos pagadores con el fin de favorecer las buenas prácticas de pago. Otra medida que se introducirá en la Directiva es que los Estados llevarán a cabo campañas de sensibilización respecto a la problemática de la morosidad y que contribuyan a desarrollar una cultura de pago entre las empresas. Otro punto que incorporará la Directiva es el fomento del uso de la mediación en caso de surgir impagos.

Asimismo la Directiva establece dos artículos que el Estado Español debería velar por que se cumplan en España puesto que son cruciales para luchar contra los impagos:

Artículo 9

Reserva de dominio

1.  Los Estados miembros dispondrán, de conformidad con la normativa nacional aplicable de conformidad con el Derecho internacional privado, que el vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total del precio, siempre que se haya convenido expresamente una cláusula de reserva de dominio entre comprador y vendedor antes de la entrega de los bienes.

2.  Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en vigor disposiciones que regulen los pagos anticipados efectuados ya por el deudor.

Artículo 10

Procedimientos de cobro de créditos no impugnados

1.  Los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo, incluso a través de un procedimiento acelerado, e independientemente del importe de la deuda, normalmente en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el Tribunal u otra autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento. Los Estados miembros llevarán a cabo esta tarea de conformidad con sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales.

Finalmente la nueva legislación europea no ha de suponer un impedimento para que en España nuestros legisladores haya adoptado (o adopten en el futuro) medidas más estrictas que las que va a introducir la reforma, puesto que la propia Directiva establece que: “Los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que sean más favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir la presente Directiva”.

Para más información sobre el tema se pueden consultar los libros “Gestión del Crédito y Cobro”,  “Cobro de Impagados y negociación con deudores” y “La nueva legislación contra la morosidad descodificada” de Profit Editorial www.profiteditorial.com  o la web www.perebrachfield.com

El presupuesto de capital en un entorno de gran incertidumbre

Mario Cantalapiedra – Economista 

En un momento como el presente donde es difícil vislumbrar con claridad el horizonte económico a largo plazo, la mayoría de las personas que trabajamos con información de las empresas somos “cortoplacistas” a la hora de planificar. El entorno económico no nos permite ir mucho más allá de unos pocos meses en nuestras previsiones. No obstante, si entendemos la planificación como un proceso de cooperación inteligente con lo inevitable, con el cambio que se ha de producir, la necesidad de planificar también a largo plazo, a más de un año vista, sigue estando ahí. Planificar no significa tanto que se cumpla a rajatabla lo previsto como contar con un camino marcado por el que andar, aunque en él, como ocurre actualmente, la incertidumbre sea grande y el replanteamiento de las previsiones iniciales esté a la orden del día.

Desde el punto de vista de la planificación financiera a largo plazo, nos encontramos con el presupuesto de capital, donde el horizonte temporal objeto de planificación se divide en años, sin que se entre a analizar el movimiento de fondos en períodos temporales de menor duración. Lo que se busca es encontrar un equilibrio entre los flujos de inversión y financiación de la empresa a largo, definir la estructura permanente de la misma, para posteriormente estudiar el movimiento detallado de los flujos dentro de la planificación a corto.

Una vez elaborado el presupuesto de capital nos permitirá estimar los balances y cuentas de pérdidas y ganancias previsionales de la empresa, resultado de las políticas de inversión y financiación proyectadas. En realidad el plan financiero a largo de una compañía estará formado por los tres documentos: presupuesto de capital, balance y cuenta de pérdidas y ganancias previsionales.

El presupuesto de capital a su vez se compondrá de dos presupuestos parciales:

a)      Un presupuesto de inversiones en el período contemplado. Dentro del documento que refleje el presupuesto de capital global identificaremos a esta parte como las necesidades de fondos. Antes de incorporar un proyecto de inversión determinado al presupuesto de capital, deberemos realizar un proceso de selección entre distintas alternativas en base a los distintos métodos existentes (VAN, TIR, etcétera).

b)      Un presupuesto de financiaciones que posibiliten la realización de las inversiones planificadas. En este caso, representarán las fuentes de fondos propias o ajenas.

Luego conveniencia, y hasta recomendación, de realizar el presupuesto de capital en la situación de crisis actual sí, aunque condicionado por la incertidumbre que vive nuestra economía y por las dificultades de prever lo que va a ocurrir.

La comisión de disponibilidad en el crédito bancario

Mario Cantalapiedra – Economista

La comisión de disponibilidad asociada a la operación de crédito bancario se cobra a las empresas por solicitar unos fondos y no disponer de ellos, por lo que, en términos más purista y desde la perspectiva del solicitante, podría hablarse de una comisión que se cobra por no disposición de los recursos financieros. El banco la justifica en el sentido de que si esos fondos están disponibles para un cliente, no puede destinarlos a otro distinto, luego lo que viene a compensar es su coste de oportunidad.

La comisión de disponibilidad del crédito obliga, a diferencia de lo que ocurre en el momento de negociar otros productos de financiación a corto plazo alternativos como, por ejemplo, el límite o clasificación del descuento comercial, a planificar con mayor precisión la necesidad de recursos financieros en el período. Está claro que no es sencillo conocer la cantidad exacta de recursos financieros que serán necesarios ni la regularidad en su utilización, más aún en una coyuntura como la actual donde el retraso en los cobros se acentúa por el problema de la morosidad, a pesar de lo cual y en base al presupuesto de tesorería (de nuevo, recuerdo la importancia que adquieren su adecuada confección y gestión) se deberá tratar de estimar los recursos aproximados a cubrir con el crédito, teniendo en cuenta además, y este es un consejo personal que me atrevo a dar, cierto margen de seguridad.

En concepto de comisión de disponibilidad suele pactarse con el banco un porcentaje sobre el saldo medio no dispuesto del crédito en cada período de liquidación contemplado. Hace unos años era relativamente fácil suprimir esta comisión, sobre todo si la relación con la entidad bancaria estaba consolidada, pero ahora se hace realmente complicado evitarla. Al negociarla debe tenerse en cuenta que se cobrará por período de liquidación, del tal modo que si se fija, por ejemplo, una comisión del 0,75 por ciento trimestral, ésta equivaldrá a un 3 por ciento anual.

No obstante, estoy seguro de que muchos de los que leen estas líneas se darán con un canto en los dientes si consiguen la aprobación del crédito bancario, ya sea éste incluyendo o no la comisión de disponibilidad entre sus costes, puesto que el acceso al riesgo crediticio es objetivo principal en un momento en el cual la financiación ajena es un bien tan escaso.

 

Modificado el papel del ICO en la lucha contra la morosidad pública

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la recientemente aprobada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, varía el texto original de la Disposición adicional cuarta de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Os recuerdo que esta Disposición se refiere al papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) como facilitador de financiación a los ayuntamientos con vistas a que éstos pudieran afrontar, a través de una línea de crédito especial, sus deudas a empresas y autónomos. La Disposición era una puerta abierta a la esperanza para muchas pequeñas y medianas empresas de cobrar las facturas que les adeudan los ayuntamientos españoles. Por desgracia, y como muchos de vosotros ya sabréis, tal línea no se ha llegado a instrumentar.

Con la nueva redacción de la Disposición adicional cuarta, el compromiso de intervención del ICO pasa a ser mucho más ambiguo que en la concepción original, y se supedita al respeto del principio de equilibrio financiero, por lo que desde la perspectiva de las empresas acreedoras la noticia no puede ser interpretada de forma muy positiva. Os adjunto las redacciones antigua y vigente de la Disposición mencionada para que podáis comparar:

Disposición adicional cuarta (redacción original otorgada por la Ley 15/2010):

“El Gobierno, en el plazo de 30 días, a través del Instituto de Crédito Oficial, instrumentará una línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010.

La línea de crédito se cancelará y satisfará, caso por caso, siempre que no haya sido amortizada con carácter previo, en un plazo concertado con posterioridad a la entrada en vigor de la futura reforma del sistema de financiación de los Entes Locales y será instrumentada con independencia a los recursos provenientes de la PIE y vinculada a las obligaciones reconocidas a los proveedores del sector privado”.

Disposición adicional cuarta (redacción vigente introducida por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011):

“El ICO, en su función de Agencia Financiera del Estado, continuará atendiendo las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales conforme a los criterios de riesgo económico, financiero y presupuestario propios de su actividad como entidad de crédito, estableciendo las garantías necesarias para la cobertura de las operaciones que pudieran ser financiadas por ICO; todo ello con absoluto respeto al principio de equilibrio financiero establecido en la Disposición Adicional Sexta del RD-L 12/1995, de 28 de diciembre. Asimismo, las relaciones financieras entabladas entre el ICO y las citadas Administraciones Públicas deberán ser coherentes con el proceso de consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo, conforme a los objetivos de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011”.

Global Risks Report 2011 – World Economic Forum

Los principales riesgos globales del 2011 

Ignacio JiménezIberinform 

global risk reports 2011

El Global Risks Report 2011 recoge en su sexta edición la visión de los expertos del Foro Mundial de Riesgos sobre los 37 principales riesgos globales.

La principal conclusión de este informe sobre los riesgos a los que se enfrenta el mundo, presentado como anticipo a la cumbre de Davos, es que la crisis financiera ha agotado nuestra capacidad para hacer frente a nuevas crisis. El Global Risks Report 2011 indica que la frecuencia y gravedad de los riesgos para la estabilidad mundial han aumentado más  que la capacidad de los sistemas de gobierno global para hacer frente a dichos riesgos. El director general del World Economic Forum, Robert Greenhill, punta que es necesario dotarnos de nuevos sistemas para identificar y abordar los riesgos globales antes de que se conviertan en una crisis global generalizada. Como señala:

  

 

Respuestas a los riesgos

 Las cinco estrategias que se pueden emplear para reducir la exposición a un riesgo son:

  1. Evitar el riesgo siempre que sea posible
  2. Mitigar el riesgo directamente para tratar de reducir el impacto o la probabilidad del riesgo desde su origen.
  3. Adaptación al riesgo gestionar el riesgo cuando se produzca
  4. Transferir el riesgo a un tercero
  5. Una adecuada gestión del riesgo reduce su impacto, pero las organizaciones debe  asumir el riesgo residual y estar preparado para hacer frente a las posibles consecuencias.

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