La línea ICO contra la morosidad de los ayuntamientos… ¿esta vez sí?

Mario Cantalapiedra – Economista

La línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que los ayuntamientos españoles abonen las facturas pendientes de pago a sus proveedores aparece y desaparece cual río Guadiana. Primero fue prevista en la Ley 15/2010, para ser olvidada poco después, a pesar de la insistencia con la que es solicitada desde diversos ámbitos. Sin ir más lejos las asociaciones de alcaldes de los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, han instado a la sede central de los mismos la apertura de esta línea. Quizás debido a este hecho ayer en la respuesta del presidente del Gobierno al portavoz de CiU, Duran i Lleida, durante el Debate del estado de la Nación le tocó de nuevo aparecer. En este caso, el presidente del Gobierno comentó textualmente al respecto: “vamos a hacer un nuevo esfuerzo a ver si esta vía puede funcionar”… bienvenido sea dicho esfuerzo.

 Zapatero concretó que se abrirá una nueva línea de financiación del ICO a las entidades locales para poder satisfacer el pago directo a proveedores, fundamentalmente pymes y autónomos, de facturas pendientes de pago a… “31 de abril de 2011” (entiendo que nuestro presidente se refería al 30 de abril). Por cierto, no he observado ningún medio de comunicación que se haya hecho eco de la noticia y haya reparado en este pequeño desliz, cuando menos curioso. Esperemos que no sea esta pequeña anécdota un síntoma de que la propuesta que se nos anuncia está cogida con pinzas.

En principio el plazo del préstamo del ICO a las entidades locales que se habilitará no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo podrá ser superior al equivalente al 25 por ciento de la participación del ayuntamiento en los tributos del Estado, dado que ésta será finalmente la garantía última de los fondos prestados. El presidente ha dado la orden a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para que ponga en marcha esta línea de financiación del ICO, a ver si esta vez es la buena y la vemos convertida en una realidad lo más pronto posible, muchos autónomos y pymes que están ahogados por la morosidad de los ayuntamientos lo agradecerán.

Cuándo, dónde, cómo y por qué presentar las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

Borme registro mercantil

Se aproxima el mes de julio y para muchos de los que leéis estas líneas llega el período de depositar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2010 en el Registro Mercantil. En condiciones normales, cierre de ejercicio 31 de diciembre y celebración de la junta a más tardar el 30 de junio, tendréis hasta el 30 de julio para depositarlas (que nadie me presente las cuentas el día 31, puesto que estaría ya fuera de plazo).

En cuanto al lugar de presentación, las cuentas anuales se pueden depositar personalmente en las oficinas del Registro Mercantil correspondiente al domicilio social de vuestra empresa o por correo (certificado o administrativo) dirigido al propio Registro. En este segundo caso se tomará como fecha de presentación la que conste del servicio oficial de correo, aspecto muy a tener en cuenta si vamos con las fechas algo apretadas. Por lo que se refiere a la forma de presentación, actualmente las cuentas se pueden depositar de los siguientes modos:

a)      Utilizando el programa de ayuda y confección de archivos disponible en la dirección de Internet: www.registradores.org, con el que se generará el correspondiente soporte físico (CD o DVD).

b)      Cumplimentando los impresos y modelos normalizados disponibles en el Registro Mercantil.

c)      Telemáticamente desde www.registradores.org utilizando la correspondiente firma digital.

Y por si a alguien le sobreviene la tentación de no presentar las cuentas, os recuerdo que no podréis inscribir en el Registro Mercantil ningún documento de la empresa mientras este incumplimiento persista. De esta restricción general se exceptúan la publicación del cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, la revocación o renuncia de poderes, así como la disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores y los asientos que ordene la autoridad judicial o administrativa.

Además el incumplimiento del depósito puede motivaros la imposición de una multa por importe de entre 1.200 a 60.000 euros por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), previa instrucción del correspondiente expediente y tal como se regula en el artículo 283 de la vigente Ley de Sociedades de Capital. El límite superior de la multa se eleva hasta los 300.000 euros cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6 millones de euros. La sanción que pueda imponer el ICAC se determinará atendiendo a la dimensión de la sociedad, en función del importe total de las partidas del activo y de su cifra de ventas, referidos ambos datos al último ejercicio que se haya declarado a la Administración tributaria. En el supuesto de no disponer de estos datos, la cuantía de la sanción se fijará de acuerdo con la cifra de capital social, que será solicitada al Registro Mercantil correspondiente. Si las cuentas se depositen con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, aunque sea fuera de plazo, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento

¿Es el crédito comercial siempre gratuito?

Mario Cantalapiedra – Economista

El crédito comercial o de proveedores es una fuente de financiación automática, pero ¡ojo! no siempre es gratuita, ya que puede aparejar un coste de oportunidad siempre que el proveedor ofrezca un descuento por pronto pago y se renuncie al mismo. Es decir, hemos de plantear esta situación en términos relativos y considerar el descuento por pronto pago como una penalización que el proveedor imputa al no abonar su mercancía por adelantado. Veamos a través de un ejemplo a que me refiero:

Supongamos una empresa que tiene pactado inicialmente con uno de sus proveedores un pago aplazado a 70 días desde la fecha de recepción de las mercancías, y acuerda con él un descuento del 2 por ciento del importe de la compra, si se adelanta el pago a los 10 días desde la fecha de recepción. En concreto, al adelantar el pago a los 10 días, por cada 100 euros de compra se pagarían 98. Por tanto, el hecho de renunciar al descuento por pronto pago y abonar el pedido a 70 días supondrá que el proveedor cargará 2 euros por cada 98, pudiendo pensarse que el coste de oportunidad de la renuncia al descuento sería el siguiente:

Sin embargo, éste es el coste de financiarse únicamente durante 60 días, el plazo que transcurre desde los 10 días bonificados hasta los 70 pactados en origen. Si se supone que la financiación del proveedor se produce durante todo el año, lo que interesa es averiguar el coste anual efectivo de dicha financiación, a partir de la siguiente expresión. Nos hace falta una pizca de matemática financiera, pero creo que entenderéis bien la fórmula que utilizo. Simplemente se trata de aplicar la regla del interés compuesto por el efecto acumulativo de los intereses a lo largo del año:

donde:

ie: coste anual efectivo del descuento.

d: descuento por pronto pago al que se renuncia en porcentaje (en el ejemplo planteado es un 2 por ciento).

p: aplazamiento en el pago (que en el ejemplo es de 60 días).

Por tanto, el coste anual efectivo sería:

El no acudir al descuento por pronto pago del 2 por ciento, significa que la financiación a través del proveedor cuesta un 12,88 por ciento anual a la empresa, el cual no se puede decir que sea un tipo bajo precisamente. Si la empresa puede conseguir fondos a un menor coste, por ejemplo a través de una póliza de crédito bancario, le interesará financiarse con ellos para afrontar el pronto pago al proveedor.

Infografia 1er Estudio de la Gestión del riesgo de crédito en España

El Primer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España ha sido realizado por Iberinform y Crédito y Caución en el marco de la Cátedra de Cash Management del Instituto de empresa. 

Gestión del riesgo de crédito

 

 

Ver el estudio completo

Gestión óptima del riesgo comercial y financiero

Descargar programa FORO Gestion de riesgos Vigo 

El próximo 22 de junio, se celebrará, en el Salón de actos del Circulo de Empresarios de Vigo, la jornada sobre morosidad “Gestión óptima del riesgo comercial y financiero”. La jornada tendrá lugar entre 9.00h a 12.00h. tras la cual comenzarán sesiones de Networking entre asistentes y ponentes.

 Durante la jornada se abordarán temas relativos a la “Gestión Financiera de la Pyme, claves para sobrevivir y ser competitivos “, entre los que encontraremos:

  • Mejora de procesos y ahorro de costes: necesidad para ser una empresa competitiva.
  • Financiación y gestión de la liquidez.
  • Prevención y gestión de los riesgos de impago en las Pymes.

FICHA TÉCNICA

Jornada sobre morosidad “Gestión óptima del riesgo comercial y financiero”
Miércoles 22 de mayo de 9.00h. a 12.00h.
Salón de actos del Círculo de Empresarios de Galicia-CFV C /García Barbón, 62 Vigo

Más información e invitaciones para clientes de Iberinform, llame al 902 101 877

Cuatro características del crédito comercial

Mario Cantalapiedra – Economista

Si el crédito bancario es escaso, hasta cierto punto parece lógico que las empresas se apoyen más en el crédito comercial para financiar su actividad. Para muchas empresas este tipo de crédito adquiere un significado especial, sobre todo para aquellas que, bien de forma provisional, bien de forma permanente, muestran dificultades para obtener fondos por otras vías alternativas. El crédito comercial o de proveedores es una fuente de financiación a corto plazo que surge automáticamente al aplazar el pago de facturas a los suministradores de bienes y servicios de la empresa y que se caracteriza, entre otros, por los siguientes cuatro aspectos:

  • Aparece con la compra de mercancías, por regla general, realizadas de forma regular a los proveedores de la empresa.
  • Es relativamente fácil de obtener. Se logra de forma automática, sin que sea necesaria una negociación compleja, aunque la obtención del aplazamiento dependerá de una serie de factores tales como la práctica del sector, la posición de fuerza relativa ejercida por proveedor y cliente, etcétera.
  • Es una financiación a corto plazo, por lo que en principio no debería ser utilizada para financiar activo no corriente de la empresa que la obtiene. Debido a su facilidad de obtención, algunas empresas se apoyan en el crédito de proveedores para financiar la compra de inmovilizado, lo que puede llegar a suponerles dependiendo de sus características propias un desequilibrio patrimonial. No obstante, entiendo perfectamente que ahora mismo una empresa se financie cómo pueda, pero siempre de hacerlo sin perder de perspectiva las consecuencias que una decisión u otra le puede acarrear.
  • Es posible demorar los pagos sin que surjan los problemas que aparecerían en otras fórmulas de financiación, por ejemplo, en la devolución de cuotas de un préstamo concedido por una entidad financiera. En este sentido, es fundamental que la empresa tenga la iniciativa en la emisión del documento de pago y también la posición de fuerza relativa que ocupe frente a su proveedor, aunque ahora muchas empresas aceptan pequeños retrasos siempre que sepan que el cobro será finalmente bueno, necesidad obliga. Ni que decir tiene que si tenéis que acudir a esta práctica lo hagáis siempre respetando los plazos de pago legislados por la Ley 15/2010, que os recuerdo que para este ejercicio de 2011 son de un máximo de 85 días de aplazamiento de modo general. Más allá no se debe ir. 

Gestión del riesgo comercial y financiero

Gestión del riesgo comercial y financiero en Vigo – 22 junio 2011

El Club Financiero de Vigo organiza el próximo 22 de junio una Jornada sobre Morosidad titulada “Gestión del riesgo comercial y financiero”, dirigida a todos aquellos profesionales de la empresa interesados en la gestión del crédito e impagos comerciales. Para más información sobre la Jornada siga el siguente enlace:  http://bit.ly/mKfxTk

  • Dónde: Salón de actos del Círculo de Empresarios de Galicia
  • Dirección: c/ García Barbón, 62. Vigo (Galicia)
  • Fecha: 22 de Junio de 2011, de 9:00 a 13:00 horas
  • Acceso: asistencia gratuita mediante invitación. Plazas limitadas (se seguirá un orden por fecha de reserva).

Confirmar asistencia a foroscfv@clubfinancierovigo.com o por fax: 986 449 886

Los aspectos clave de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo (segunda parte)

 Pere J. Brachfield, profesor de Credit Management de EAE Business School y socio director de Morosología.

La Directiva y los plazos de pago de las AAPP

Cuando las operaciones sean entre empresas y poderes públicos, la Directiva establece que los Estados miembros de la UE se asegurarán de que, en las operaciones comerciales en las que el deudor sea un poder público, el acreedor tenga derecho a cobrar a un plazo que no supere los 30 días naturales después de la fecha en que la Administración Pública deudora haya recibido la factura. En caso de incumplimiento del plazo de pago el contratista tendrá derecho a percibir intereses legales de demora, sin necesidad de aviso de vencimiento. En caso de que la fecha de recibo de la factura resulte dudosa, el plazo de pago será de 30 días naturales después de la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. Los Estados miembros podrán ampliar los plazos de pago de 30 días, hasta un máximo de 60 días naturales cuando se trate de situaciones especiales, por ejemplo cuando se trate de entidades públicas que presten servicios de asistencia sanitaria. No obstante los Estados miembros se asegurarán de que en los contratos no se fijen plazos de pago más largos de 30 días, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que ello esté objetivamente justificado por la naturaleza o las características particulares del contrato y que, en ningún caso, excedan de 60 días naturales.

La legitimación de las patronales para actuar contra la morosidad

De forma paralela la Directiva introduce un aspecto muy importante en la práctica empresarial, que consiste en que los Estados deben incluir disposiciones que permitan a las entidades oficialmente reconocidas como representantes de empresas, el ejercicio de acciones ante los tribunales o los órganos administrativos competentes para que éstos resuelvan si las cláusulas o las prácticas comerciales, incluidas las que se refieran a un contrato individual, resultan abusivas, de forma que los mismos puedan aplicar las medidas adecuadas y efectivas para evitar que se utilicen. Bajo mi punto de vista esta es una medida vital para combatir los abusos contractuales y otorgar legitimación activa a las asociaciones patronales para proteger a sus asociados.

Las medidas no jurídicas de lucha contra los plazos de pago abusivos

Además la Directiva advierte que dado que la morosidad es un fenómeno con numerosas causas interrelacionadas, no sólo se debe combatir con medidas legales, sino que es necesario que los Estados de la UE implementen medidas complementarias que contribuyan a despertar una buena cultura de pagos. Este abanico de medidas incluye promover publicaciones profesionales, campañas de promoción o de cualquier otro tipo de medios funcionales para incrementar la sensibilización respecto a la problemática de la morosidad. Otra instrucción que introduce la Directiva es que los Estados llevarán a cabo acciones que contribuyan a desarrollar una cultura de pago entre las empresas. También los Estados deberán velar por el establecimiento de códigos éticos de buen comportamiento en los pagos. Otro punto que incorpora la Directiva es el fomento del uso de la mediación en caso de surgir impagos.

Las medidas de la Directiva no implementadas todavía en España

La Directiva vuelve a insistir en la importancia de la “Reserva de dominio” estableciendo que los Estados miembros dispondrán, de conformidad con la normativa nacional aplicable con arreglo al Derecho internacional privado, que el vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total del precio, siempre que se haya convenido expresamente una cláusula de reserva de dominio entre comprador y vendedor antes de la entrega de los bienes.

Asimismo la Directiva 2011/7/UE recalca la necesidad de que en los Estados de la UE existan procedimientos de cobro de créditos no impugnados, dictando textualmente lo siguiente: “Los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo, incluso a través de un procedimiento acelerado, e independientemente del importe de la deuda, normalmente en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el tribunal u otra autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento. Los Estados miembros llevarán a cabo esta tarea de conformidad con sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales”.

La transposición de la Directiva y sus consecuencias

La Directiva 2011/7/UE indica el plazo para la transposición obligatoria del contenido jurídico de sus normas a las distintas legislaciones comunitarias, señalando que los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos de la Directiva a más tardar el 16 de marzo de 2013.

Finalmente la nueva legislación europea no ha de suponer un impedimento para que en España nuestro legislador haya adoptado (o adopte en el futuro) medidas más estrictas que las que va a introducir la Directiva 2011/7/UE, puesto que la propia Directiva establece en el apartado 3 del artículo 12 que: “Los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que sean más favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir la presente Directiva”. En este sentido se ha pronunciado el Sr Antonio Tajani, comisario europeo de Industria y Emprendimiento de la Comisión Europea en respuesta a una consulta de eurodiputados españoles. El comisario Tajani en su respuesta del 17 de marzo de 2011 dice literalmente lo siguiente: “La nueva Directiva aclara que los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que sean más favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir dicha Directiva. Por lo tanto, nada impide a los Estados miembros armonizar el plazo de pago en las operaciones comerciales entre empresas a nivel nacional. Es el caso de España, que adoptó una nueva ley en julio de 2010, con arreglo a la cual los deudores tendrán que pagar en el plazo de sesenta días”.

Para más información sobre el tema se pueden consultar los libros “Gestión del Crédito y Cobro”,  “Cobro de Impagados y negociación con deudores” y “La nueva legislación contra la morosidad descodificada” de Profit Editorial www.profiteditorial.com  o la web www.morosologia.com

Leer artículos anteriores: 1 2 Pág. Siguiente