Más dificultades impuestas por el Legislador para la reclamación de deudas de escasa cuantía

Gonzalo Quiroga Sardi

Más dificultades impuestas por el Legislador para la reclamación de deudas de escasa cuantía. Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

Con la Ley 4/2011 se impuso que aquellas empresas que viniesen obligadas a liquidar la tasa judicial deberían hacerlo también al interponer reclamaciones monitorias, hasta ese momento exentas.

De ese modo, se inteponía una primera traba a la reclamación de deudas de escasa cuantía ya que, para reclamar pequeños importes (pensemos, por ejemplo, en facturas de telefonía, luz, gas…), la demandante se ve obligada a desembolsar el importe de la tasa, gasto que, además, no puede repercutir al demandado ni como gasto necesario para el recobro, ex artículo 8 Ley 3/2004 (modificada por Ley 15/2010), ni como parte de las costas en caso de que sean impuestas al contrario.

Con el Proyecto de Ley de Agilización Procesal, aún en proceso de aprobación, parece que el Legislador rectificaba el obstáculo previamente impuesto a la reclamación de estos pequeños importes, ya que en dicho texto se prevé que no haya que abonar tasa judicial para monitorios de reclamación inferior a 3.000 euros y que en caso de tener que abonar tasa por la reclamación monitoria, por encima de dicha cuantía, esta fuese una tasa fija de 50 euros. Prevé, también,  este Proyecto de Ley que el pago de la tasa pase a ser repercutible como parte de las costas procesales, lo cual también palía el coste en que hace incurrir al acreedor para reclamar su crédito.

Pues bien, dentro de la sangría legislativa que se está produciendo en la materia, el Legislador vuelve a contradecir sus intenciones y, a la par que se discute en el Senado el Proyecto de Ley de Agilización Procesal que paliaría el problema de la tasa, se evacúa el trámite parlamentario para la aprobación del Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

Dicho Proyecto de Ley, sin perjuicio de entrar en valoraciones sobre su bondad en otros aspectos, supone una dificultad añadida para reclamar deudas de escasa cuantía, toda vez que para interponer demandas de reclamación de cantidad con una cuantía inferior a 6.000 euros será requisito imprescindible acreditar que  se ha acudido previamente a la figura del mediador para intentar alcanzar un acuerdo.

Esto, en la práctica, supondrá que para interponer una demanda de monitorio de una cuantía inferior a 6.000 euros, el acreedor deberá:

  •  Localizar al deudor, con la pérdida de tiempo que ello supone, y citarle a la mediación.
  • Incurrir en el coste de pagar a un mediador.
  • Dejar, en la mayoría de los casos, transcurrir dos meses para que pueda considerarse que no existe acuerdo en la mediación por no haber comparecido el moroso ante el órgano de mediación.

 En definitiva, si este Proyecto de Ley sale adelante, en mi opinión, supondrá un lastre para la reclamación de cantidad puesto que, por un lado, dejará sin sentido la reclamación monitoria, dado que con el plazo de espera de dos meses al que habría que sumar después el concedido en el requerimiento de pago resultaría antieconómico temporalmente hablando, y, por otro lado, supone un desembolso adicional a efectuar por el acreedor para poder exigir el pago de cuanto se le adeuda

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

 

Ratios de endeudamiento y calidad de la deuda

Mario Cantalapiedra – Economista

Mediante el ratio de endeudamiento se puede analizar cuál es la composición relativa de las fuentes de financiación en una empresa. Para calcular este ratio podemos comparar la proporción que representan las deudas (financiación ajena) sobre el total de fuentes financieras (financiación ajena más propia) del siguiente modo:

Un ratio de endeudamiento que arroje un resultado elevado supone una fuerte dependencia de la financiación ajena, del tal modo que cuanto menor sea el ratio, mayor independencia financiera tendrá la compañía. Tradicionalmente se ha situado el ideal de este ratio entre el 50 por ciento (fondos propios y fondos ajenos en igual proporción) y el 60 por ciento (cierto mayor peso relativo de los fondos ajenos). A partir de que la proporción de financiación ajena vaya elevándose, los suministradores de fondos ajenos serán cada vez más caros y exigirán unas mayores garantías a la empresa, en el supuesto de que accedan finalmente a concederle más financiación. Ni que decir tiene que en la economía española hemos vivido en los últimos tiempos un alejamiento del mencionado ideal, especialmente en sectores concretos de la actividad como el sector inmobiliario. Creo que a nadie se le escapa que los problemas económicos de nuestro país vienen explicados en gran parte por un exceso de endeudamiento, y no sólo del conjunto de las administraciones públicas sino también de empresas y familias. El crédito se ha concedido con demasiada facilidad y ahora toca pagarlo, como oí el otro día por ahí: “la fiesta se ha acabado”.

En el mundo empresarial es recomendable además profundizar en el análisis del endeudamiento y conocer la composición interna del mismo, para lo que puede utilizarse el que se denomina ratio de calidad de la deuda: 

Este coeficiente determina la proporción que representa la deuda a corto plazo (pasivo corriente) sobre el total de deuda (pasivo corriente más pasivo no corriente), interesando que sea lo menor posible, puesto que reflejará una mayor facilidad para devolver los fondos ajenos al dilatarse los vencimientos de éstos en el tiempo. Ya que debemos dinero, por lo menos que lo debamos tarde… aunque no sé yo si será el caso de muchos de los que leéis estas líneas.

El efecto financiero de las ampliaciones de capital

Mario Cantalapiedra – Economista

Las aportaciones de los propietarios suelen ser los primeros recursos financieros con los que cuenta una compañía, la cual, si reviste forma societaria, verá como dichas aportaciones son recogidas en la cifra de capital social. Según se desarrolle la actividad, la empresa puede aumentar su cifra de capital social inicial creando nuevas participaciones (sociedad limitada) o emitiendo nuevas acciones (sociedad anónima) o elevando el valor nominal de las participaciones o acciones ya existentes. En función de la clase de contravalor se pueden distinguir los siguientes tipos de ampliación de capital.

  • Por aportaciones dinerarias. La ampliación se realiza aportando cantidades monetarias. En las sociedades anónimas será requisito previo, salvo para las entidades aseguradoras, que las acciones anteriormente emitidas se encuentren totalmente desembolsadas o, en su caso, la cantidad pendiente de desembolso no supere el tres por ciento del capital social.
  • Por aportaciones no dinerarias. La ampliación consiste en la aportación de bienes o derechos, que deberá acompañarse por lo general de un informe elaborado por expertos independientes con la descripción de la aportación, sus datos registrales, si los tuviera, y su valoración.
  • Por compensación de créditos contra la sociedad (capitalización de fondos ajenos). La empresa compensa los créditos exigibles de sus acreedores con la entrega a éstos de acciones o participaciones representativas de su capital social. En el caso de sociedades limitadas los créditos habrán de ser totalmente líquidos y exigibles, mientras que para las anónimas, al menos un veinticinco por ciento de los créditos a compensar deberán ser líquidos, estar vencidos y ser exigibles, y el vencimiento de los restantes no podrá ser superior a cinco años.
  • Por transformación de reservas o beneficios (capitalización de reservas).

No obstante, el incremento de la cifra de capital social no significa necesariamente que la empresa cuente con un mayor volumen de recursos financieros. Realmente sólo en los casos de nuevas aportaciones, ya sean éstas dinerarias o no dinerarias, existe una entrada neta de financiación en la empresa. En el caso de compensación de créditos, se produce una extinción de deuda reconvertida en fondos propios, un ratio menor de endeudamiento (los fondos ajenos representarán una proporción menor sobre el total del patrimonio neto y pasivo), pero no un aumento real de recursos financieros. Tampoco se produce aumento en el supuesto de capitalización de reservas, ya que lo que se realiza es un traspaso desde un componente de los fondos propios de la empresa a otro (así, el registro contable de la operación, nos llevará a efectuar un cargo en la cuenta de reservas con abono a la de capital social).

Plazo de cobro a clientes frente a plazo de pago a proveedores

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre las referencias sobre el estado de la liquidez en una empresa está la que relaciona el plazo medio de cobro a clientes con el plazo medio de pago a proveedores. Lo ideal sería que el de cobro a clientes fuese inferior al de pago a proveedores, pero esto es algo muy difícil de conseguir para las pequeñas y medianas empresas, lo normal es que en este tipo de empresas sea justo al revés.

Para obtener el plazo medio de cobro a clientes, expresado en días, podemos partir de la rotación de clientes, indicador de las veces que se renueva el saldo de éstos a lo largo de un ejercicio. Para el cálculo de dicha rotación podremos relacionar las ventas netas del período con el saldo medio de clientes y efectos comerciales a cobrar del siguiente modo:

Para transformar la expresión anterior en días, que es lo que nos pretendemos calcular, procederíamos de la siguiente forma:

A una empresa lo que le interesa es que el plazo medio de cobro a clientes sea lo más reducido posible, de tal modo que si la empresa consiguiera vender todos sus productos al contado sería nulo. De una forma similar se procedería para calcular el plazo medio de pago a proveedores. Ahora la rotación de proveedores, que medirá las veces que es renovado el saldo de éstos durante el período, se obtendrá relacionando las compras netas de materias primas del período con el saldo medio de proveedores y efectos comerciales a pagar:

Y la transformación de la rotación, medida en veces, a días:

En este caso, será bueno que el plazo de pago a proveedores se alargue lo máximo posible, siempre dentro del cumplimiento de la legislación contra la morosidad, y también siempre que ello obedezca a una mayor fuerza relativa de la empresa ante sus proveedores a la hora de fijar las condiciones de pago, y no a la existencia de problemas de liquidez en su seno. Mientras dure este período, los proveedores estarán financiando los activos corrientes de la empresa.

El destino de los fondos provenientes del proceso de amortización

Mario Cantalapiedra – Economista

La amortización ya sabemos que puede considerarse una acumulación de fondos que financia a elementos del activo de la empresa de mayor o menor liquidez hasta que se produce la renovación de los elementos de inmovilizado correspondientes. Sin embargo, el destino de los fondos que se obtienen a partir del proceso de amortización y su importancia a efectos de financiación variará en función del contexto en el que se encuentre la compañía, distinguiéndose los tres estados siguientes: expansión, estabilidad o recesión.

En empresas en situación de expansión, donde se demandan cada vez más bienes de equipo, los fondos procedentes de la amortización financiarán la inversión en esos nuevos elementos de inmovilizado, los cuales lleven a aumentar la dimensión de la organización y su nivel de actividad.

En empresas en estabilidad, donde la compañía lo que persigue es mantener su nivel de actividad con igual dimensión, los recursos procedentes del proceso de amortización deberán cumplir principalmente su función financiera básica de afrontar las renovaciones de los bienes de equipo. A pesar de ello y aunque el nivel de activo inmovilizado permanezca invariado, puede ocurrir que el volumen necesario de activo corriente a lo largo del ejercicio oscile en función de variaciones coyunturales de la demanda de mercado, por ejemplo de carácter cíclico o estacional, pudiendo destinarse los fondos procedentes de la amortización a financiar dichas fluctuaciones hasta que se necesiten para renovar los bienes de equipo.

Por último, en empresas que se encuentren un escenario de recesión, donde lo que se busca es disminuir la dimensión para ajustarse a las nuevas condiciones de mercado, algo que está ocurriendo actualmente con muchas empresas y en muchos de los sectores de nuestra economía, los fondos procedentes de la amortización deberán subdividirse entre aquellos necesarios para la renovación de los bienes de equipo, y aquellos otros que no lo serán por no renovarse los elementos correspondientes. Este exceso podrá ser utilizado para devolver fondos a los propietarios de la empresa, o para cancelar deuda con terceros, equilibrando la relación entre los fondos propios y los fondos ajenos en la misma.

Realmente es dentro de un contexto de expansión donde la amortización desempeña un rol importante a efectos financieros, reduciéndose su incidencia en empresas que se hallen en las otras dos situaciones descritas, es decir, en un contexto de estabilidad o en un entorno de recesión. 

La financiación mediante cuotas de amortización

Mario Cantalapiedra – Economista

Una parte de los fondos generados por la empresa en el desarrollo de su actividad quedan libres y a su disposición, bajo ciertas restricciones, constituyendo unos recursos financieros que se invierten de forma espontánea, es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los fondos provenientes de la amortización del inmovilizado.

Desde un punto de vista económico-contable, la amortización representa la pérdida de valor o depreciación que sufren los activos no corrientes, fundamentalmente por su aplicación al proceso productivo de la empresa, por lo cual contribuye a mantener el valor real de la misma. No obstante, también puede considerarse como una acumulación de fondos que financia a elementos del activo de mayor o menor liquidez, ya que los fondos que se obtienen a partir de la incorporación de los bienes del inmovilizado (amortizables) en el proceso productivo se materializan en el activo de la empresa, acumulándose a lo largo de los ejercicios, hasta que se produce la renovación de los elementos correspondientes.

En principio podría pensarse que los recursos procedentes de la amortización sólo tienen función financiera con carácter provisional hasta que son necesarios para afrontar la renovación de los elementos de activo no corriente, es lo normal. A pesar de ello, en determinadas ocasiones y siempre que cumplan una serie de condiciones pueden llegar a tener un carácter permanente. Estas condiciones se refieren a que los equipos se sustituyan al finalizar su vida útil (período durante el cual el bien puede ser utilizado por la empresa) por elementos de iguales características, a que las renovaciones de los mismos se realicen de forma continuada y a que el sistema de amortización utilizado por la empresa sea lineal con un porcentaje aplicado constante en el tiempo. Sólo bajo las condiciones comentadas, una proporción de los fondos provenientes de las dotaciones a la amortización tendrá la consideración de fuente financiera permanente.

Por otro lado, en una empresa que está generando pérdidas, que espero no sea vuestro caso aunque la cosa no está para tirar cohetes, desde la perspectiva contable se amortizará igual que si estuviera generando beneficios, puesto que también se habrá producido la depreciación de los bienes, pero financieramente se habrán dejado de recuperar los recursos equivalentes a esas pérdidas ante la prioridad de atender otros costes más inmediatos. En este contexto, no será posible valerse de los recursos procedentes de la amortización para obtener financiación.

Proyecto de ley de agilización procesal. Su aprobación supondrá importantes reformas en la reclamación monitoria

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó el pasado 28 de junio el texto de la Ley de Agilización Procesal, que ahora se está debatiendo en el Senado.

Desde el punto de vista de la reclamación de cantidad, la aprobación de este texto supondría, a mi entender, importantes y ventajosas novedades, especialmente en el procedimiento monitorio que es el más recurrente a la hora de exigir el pago de deudas comerciales.

En primer lugar, mediante la Ley 4/2011 se estableció la obligación de abonar tasas judiciales por la interposición del procedimiento monitorio. Esto supuso una limitación importante para la reclamación de impagados de escasa cuantía, ya que la interposición de la demanda supone el pago previo de una tasa judicial que no es susceptible de ser repercutida posteriormente al moroso.

Pues bien, en esta línea, la reforma contiene dos importantes previsiones:

  • Que la tasa judicial a abonar para interponer una demanda de reclamación monitoria sea de un importe fijo de 50  € para el caso de reclamaciones superiores a 3.000 €, cualquiera que sea su cuantía, no siendo necesario abonar tasa alguna cuando lo que se reclama sea inferior a dicha cantidad. 
  • Que la tasa judicial pase a ser considerada, mediante la modificación del artículo 241.1 L.E.C., como gasto procesale, lo que permitiría su repercusión al contrario. 

Otra importante modificación, en lo que al monitorio se refiere, consiste en la previsión de que deje de existir límite cuantitativo para poder reclamar una deuda por la vía del monitorio, de tal forma que si, en un principio, se podían reclamar deudas de hasta 30.000 euros y después pasaron a ser deudas de hasta 250.000 (con la Ley 13/2009), ahora se podría reclamar cualquier deuda que cumpla los requisitos establecidos por el artículo 812 L.E.C. independientemente de cuál fuese su cuantía.

En mi opinión, la aprobación de estas medidas supondría un paso hacia delante en cuanto a la reclamación de deuda comercial, ya que dejaría de ser antieconómica su reclamación en algunos casos, como ocurre en la actualidad debido al pago de la tasa, y se abriría el abanico de deuda reclamable por esta vía, más rápida sin duda que el proceidmiento declarativo.

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