Aumenta el tipo legal de interés de demora

Mario Cantalapiedra – Economista

A efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, mediante Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, se ha establecido que el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2011 sea del 8,25 por 100, con lo cual se rompe a alza, exactamente en 25 puntos básicos, la estabilidad que el índice venía manteniendo en la cota del 8 por ciento desde el segundo semestre de 2009, tal como podemos observar en el cuadro adjunto.

Os recuerdo que éste será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga al vencimiento sin necesidad de aviso ni requerimiento previo y el acreedor tiene derecho a ellos cuando haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

Nueva protección para los deudores hipotecarios ¿Hacia la dación en pago?

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011 aprobó una serie de medidas orientadas a la protección de los deudores hipotecarios.

La primera de estas medidas consiste en que aquellas personas que, tras haber sido subastada su vivienda, tengan que seguir pagando el resto de su deuda al Banco verán aumentado el mínimo inembargable de sus retribuciones. Hasta ahora el mínimo inembargable era de un 10 % sobre el salario mínimo interprofesional (700 €). A partir de esta reforma el mínimo inembargable será del 40% sobre el Salario Mínimo Interprofesional o SMI (961 €), cantidad que se podrá ver incrementada en otro 30% por cada miembro de la unidad familiar que no perciba ingresos.

Otra medida consistirá en reducir el depósito necesario que ha de efectuarse para participar en una subasta, que deja de ser de un 30% sobre el valor de tasación, y que pasa a ser de un 20% de dicho valor. Con ello se pretende que sea más fácil el acceso a la subasta y, por tanto, que se favorezca la puja entre postores que aproxime el valor de adjudicación más a los precios de mercado, en lugar de quedar la subasta desierta, en cuyo caso el acreedor hipotecario se la adjudica por un 50% de su valor o por la totalidad de las cantidades que en ese momento se le adeudasen por todos los conceptos, a su elección, lo que hace que aún quede mucha deuda por pagar a pesar de la venta del inmueble.

La tercera medida consiste en que en el caso de que no concurran licitadores a la subasta, la entidad financiera no podrá adjudicarse la vivienda por un 50% del valor de tasación. A partir de ahora tendrá que ser por un 60% de dicho valor.

No creo que esto sea un paso hacia la tan solicitada dación en pago, ni creo que dicho mecanismo de dación sea justo en sí mismo. Quien firmó una hipoteca era mayor de edad en el momento de hacerlo, firmó unas condiciones ante notario y debe cumplirlas. En caso contrario se produciría un caos bancario que deberíamos subsanar, como siempre, todos los contribuyentes. Sin embargo, yo no recuerdo que cuando esa misma gente compraba una casa y la vendía por 60 o 100 mil euros más sólo unos años después quisiesen compartir sus plusvalías con todos los demás contribuyentes.

Por otro lado, difícilmente nadie concedería un préstamo hipotecario en esas condiciones, la entidad financiera no está interesada en el inmueble en sí, o lo concedería muy por debajo de su valor.

Ahora bien, tampoco considero que sea justo el sistema actual, en el que la entidad financiera se adjudica el inmueble y el precio de dicha adjudicación es el 50% (ahora el 60%) de su valor, y esa es la única cantidad en la que se ve reducida la deuda.

Creo que lo más justo, y hacia donde empiezan a apuntar estas reformas, sería que, como en la actualidad ya hace alguna entidad financiera, en el momento de la venta en pública subasta se lleve a cabo una nueva tasación del bien, se avalúe su valor real de mercado a la fecha de la subasta y este sea el valor de adjudicación, en lugar del 50 (ahora 60) por ciento de su valor de tasación inicial. De este modo, el acreedor tendrá que descontar de nuestra deuda el valor exacto del bien que nos han ejecutado, y no una cantidad muy inferior.

Gonzalo Quiroga Sardi. Abogado

Ley 15/2010 de plazos de pago y represión de morosidad. Nueva línea ICO

 

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El gobierno aprobó ayer la creación de las líneas ICO a los ayuntamientos para el cumplimiento de esta normativa.

Desde la aprobación, ahora hace un año, de la Ley 15/2010 de represión de la morosidad en las operaciones comerciales, las Administraciones públicas han sido las primeras incumplidoras del texto normativo y, simultáneamente, uno de los principales escollos para su cumplimiento, ya que muchas empresas (especialmente PYMES) no pueden cumplir sus plazos de pago si ellas, a su vez, no sólo no reciben en plazo sus cobros de las Administraciones sino que, en muchos casos, ni los reciben, lo que las empuja a graves problemas de tesorería o, las más de las veces, a su desaparición.

 

Dicho texto legal preveía para las Administraciones Públicas unos plazos máximo de pago más cortos que para los demás sujetos intervinientes en operaciones comerciales, un nuevo sistema de control del cumplimiento de estos plazos y, en su Disposición Adicional Cuarta, la creación de una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a favor de los Ayuntamientos que hiciese posible el cumplimiento de los pagos, ya que de otro modo, y como hemos podido comprobar hasta la fecha, sin crédito a las Corporaciones Locales todas estas previsiones se quedarían en papel mojado.

Aunque con mucho retraso, pues la Ley preveía que las líneas I.C.O. se aprobasen dentro de los 30 días siguientes al 07/07/2010, y después de que en septiembre del año pasado el Gobierno rechazara su puesta en marcha, ayer, día 1 de julio de 2011 el Gobierno aprobó la creación de una línea I.C.O. de 3.400 millones de euros orientada a que los Ayuntamientos puedan hacer frente a sus deudas y cumplir sus plazos de pago.

Para garantizar que se favorece a las empresas más perjudicadas por los incumplimientos de las Administraciones, las pequeñas y medianas empresas, se establece una prioridad de cobro a favor de aquellas empresas que tengan menos de 250 trabadores.  El plazo del préstamo al Ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, que constituirán la garantía final del crédito.

Asimismo, para garantizar que estas líneas de crédito se aplican única y exclusivamente al fin para el que fueron creadas, el crédito se hará mediante el descuento directo de facturas, el Ayuntamiento presentará la factura de su proveedor al I.C.O. y éste la abonará directamente al emisor de la factura.

Considero que es una muy buena noticia para muchas pequeñas y medianas empresas que dependen de este tipo de Corporaciones para sobrevivir y, sobre todo, un gran paso adelante en el, hasta ahora lento, proceso de consolidación y cumplimiento de la Ley 15/2010.

Actualización de la información, determinante para minimizar el riesgo de impago o para optimizar las perspectivas de su recobro.

 Una información constantemente actualizada sobre los clientes a los que trabajamos a crédito es sumamente importante tanto a fin de evitar el impago  como para, en el caso de que el adeudo se produzca, optimizar las opciones de recobro, tanto en vía prejudicial como en vía judicial.


 
Así, el primer momento en el que una información actualizada y completa nos resulta de utilidad es en el momento en el que se genera el derecho de crédito a nuestro favor, el momento en  el que decidimos el riesgo-cliente.  
 
No basta con pedir informes de solvencia (informes comerciales) o la situación mercantil de nuestro cliente para determinar si le concedemos o no crédito, es absolutamente indispensable, y más en los tiempos que corren, ir actualizando esta información periódicamente.
 
Hemos de preocupamos de ir recopilando los datos de nuestro cliente para cada nueva operación, de ir reflejando cómo ha ido evolucionando durante el tiempo que llevamos trabajando con él, en definitiva,  debemos ir actualizando la foto de nuestro deudor que, como nosotros mismos, cambia con el paso del tiempo.
 
Esta actualización de la información y perfil de nuestro cliente tiene dos cauces complementarios :
 
1-      Solicitar informes de solvencia, informes investigados, etc. de una forma periódica, detectando así si la sociedad a la que vengo sirviendo desde hace tiempo obtiene mejores o peores resultados que cuando empecé a servirle, si ha habido cambios notables en sus órganos de administración, si presenta cuentas al Registro Mercantil o ha dejado de hacerlo, si tiene anotación en el Rai, si se encuentra en situación pre concursal o si, en definitiva, existen indicios de que su situación ha empeorado.
  
2-      Recabar minuciosamente todos los datos que podamos ir conociendo del cliente en el día a día de nuestra relación comercial.  Nivel de cumplimiento en sus pagos , cambios de domicilio que vayamos conociendo, cuentas bancarias distintas a aquella a la que domiciliamos nuestro recibo o factura y desde la que en algún momento nos hace un ingreso puntual por existir un retraso o  impago y, en general, cualquier dato que, por irrelevante que pueda parecer, ayude a saber dónde está, con quien trabaja, qué bienes y cuentas bancarias tiene. 
 
Todo ello nos ayudará a lo largo de toda la vida del crédito para protegerlo.  Nos permitirá minimizar la posibilidad de que surja el impago e incluso el riesgo de fraude. Si servimos durante años a crédito a un cliente basándonos sólo en el pre – estudio que se elaboró al contratar con él por primera vez y en el hecho de que hasta la fecha ha ido cumpliendo debidamente sus pagos, corremos un riesgo de impago mucho mayor: que la empresa esté desapareciendo, que ya no pertenezca a los mismos propietarios, que se encuentre en fase pre concursal y un sin fin de incidencias que, desgraciadamente, en tiempos de crisis como los que vivimos son el pan nuestro de cada día. Obviamente, nuestro deudor no es el mismo hace cinco años que ahora, por lo que debemos conocer su situación actualizada antes de concederle crédito para cada nueva operación.  Si el impagado llegase a producirse, esa recopilación y actualización de la información también será sumamente útil. 

En la fase de reclamación prejudicial, nos permitirá localizar pronto a nuestro deudor y, a la hora de alcanzar acuerdos de pago mejorando nuestro título, nos permitirá conocer la conveniencia o no de llegar a dichos acuerdos y las garantías necesarias para ello. El hecho de que la mercantil que nos ha impagado  firme un reconocimiento de deuda es papel mojado si se trata de una empresa que está pasando grandes apuros o a punto de desaparecer. Conocer esta situación antes de negociar el impagado nos permite saber que  sólo podremos otorgar el aplazamiento del pago si obtenemos a cambio una garantía adicional como el reconocimiento solidario del adeudo por parte de los administradores societarios, la afectación de un inmueble o similar.
 
Asimismo, aún en caso de llegar a la reclamación judicial del impagado, esta información completa y actualizada es oro molido, un elemento que nos permite aumentar sustancialmente nuestras expectativas de cobro y que nos otorga una ventaja cualitativa muy importante frente a otros acreedores, lo que resulta determinante en el procedimiento de apremio en el que los  primeros que llegan a embargar son los que consiguen recuperar su crédito.

De este modo, la información mercantil y contable actualizada permite trazar una estrategia procesal más rápida atendiendo a las circunstancias. Si ya conozco, por ejemplo, que una mercantil ha cesado su actividad por las vías de hecho y carece de bienes, será más rápido y fructífero dirigirse directamente al Juzgado de lo Mercantil para exigir la responsabilidad personal y solidaria de sus administradores e intentar cobrar del patrimonio de éstos que invertir recursos escasos como el tiempo y el dinero en una reclamación monitoria o declarativa contra una empresa ya inexistente.

Por otro lado, esas pequeñas informaciones  que vamos recabando en el día a día con nuestro cliente nos permiten  ganar tiempo en el procedimiento de reclamación de deuda. El conocer el domicilio exacto donde podemos encontrar al deudor acelera el procedimiento monitorio, ya que siendo el Juzgado competente aquél del lugar donde el deudor pueda ser hallado, dirigirnos a un domicilio donde ya no lo encontraremos supondrá meses de retraso.

Asimismo, un detalle tan pequeño como conocer cuentas bancarias de nuestro cliente nos permite señalar bienes para embargar desde el mismo instante en el que solicitamos la ejecución contra el mismo y, probablemente, se tratará de cuentas bancarias donde hallemos saldos, ya que no son la cuenta principal donde el deudor sabe que se pasan al cobro todas las  facturas de sus proveedores.

En definitiva, con una información actualizada y contrastada del deudor se minimiza el riesgo de impago y, en caso de producirse, se incrementan notablemente las perspectivas de cobro en caso de impago.

Basilea III afecta a nuestros bolsillos

Recientemente he tenido la fortuna de poder participar como ponente en la segunda edición del Financial Congress Digital Meeting.

Mi participación fue sobre Basilea III y el reforzamiento del sistema bancario, es decir sobre las diferentes medidas que por parte de las autoridades nacionales se están tomando para resolver los efectos que la crisis financiera ha tenido y está teniendo sobre el sistema bancario internacional.

La idea básica sería que todo lo que afecta a los bancos, como se ha visto en esta crisis que todavía padecemos, acaba afectando a nuestros bolsillos y por eso es importante conocer qué medidas se están tomando para el reforzamiento de la estructura patrimonial de las entidades bancarias con el fin de poder prever cómo nos afectarán en el presente y en el futuro en nuestro papel como consumidores, empresarios, inversionistas, demandantes de crédito, etc.

Os dejo mi presentación “Basilea III también afecta a nuestros bolsillos”

Y también el VIDEO completo de la presentación

Y además si queréis saber más sobre Basilea III, en este ENLACE tenéis más documentos, noticias, artículos y vídeos.

Espero que os sea de utilidad.

Twitter @davidballester

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