Aprobada la Ley de Medidas de Agilización Procesal: ¿Cómo afectará esta norma a los procedimientos para reclamación de deuda?

El pasado 22 de septiembre DE 2011 el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley de Medidas de Agilización Procesal.

Este nuevo texto normativo tendrá importantes y, a mi juicio, favorables consecuencias en los procedimientos de reclamación de cantidad.

Junto a otras muchas reformas, la nueva Ley opera cambios determinantes para este tipo de procedimientos.

En primer lugar, la Ley 4/2011 había introducido la necesidad de que las empresas que venían obligadas a abonar tasas judiciales para poder interponer demandas lo hubiesen de hacer también al interponer reclamaciones monitorias, hasta ese momento exentas del pago de la tasa.

Esto supuso una dificultad añadida para la reclamación de deudas, especialmente para la reclamación de débitos de escasa cuantía (piénsese en empresas de gran distribución que han de reclamar pequeños recibos, como energéticas, telefónicas, etc…), ya que el pago de la tasa suponía un gasto desproporcionado en relación con la cuantía a reclamar y que, además, no era susceptible de ser repercutido al deudor por la vía de la imposición de costas procesales.

Pues bien, la nueva Ley establece que aquellos sujetos obligados al pago de la tasa judicial no deberán liquidarla cuando interpongan reclamaciones monitorias de una cuantía inferior a 3.000 euros.
Cuando lo que reclamen a través del procedimiento monitorio sea superior a 3.000 euros sólo deberán abonar una tasa de 50 euros.

Por otro lado, el importe de la tasa podrá incluirse en la tasación de costas para, de este modo, repercutir su importe al deudor, ya que pasa a ser considerado como un gasto necesario para interponer la demanda.

Otro cambio favorable a la reclamación de la deuda a través del procedimiento monitorio, más rápido y económico que el procedimiento declarativo, viene dado porque la nueva norma elimina el límite cuantitativo para interponer este tipo de demandas.

Así, en un principio sólo podían interponerse demandas monitorias para reclamar deudas cuyo importe no superase los 30.000 euros. Este mismo año se elevó dicha cuantía hasta los 250.000 euros.

Pues bien, la nueva Ley elimina el límite de deuda a reclamar, de tal forma que podrá reclamarse a través del procedimiento monitorio cualquier deuda que cumpla con los requisitos establecidos por los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, independientemente del monto reclamado.

Un último cambio introducido en los procedimientos de reclamación de deuda consiste en que se otorgan a los contratos de leasing las mismas protecciones y garantías que a los contratos de renting, incluyendo la afectación del bien arrendado.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

¿Qué es una pyme para el Registro Mercantil?

Mario Cantalapiedra – Economista

La inscripción en el Registro Mercantil es obligatoria para las sociedades mercantiles y potestativa para el empresario individual, salvo en el caso del empresario naviero que está obligado a inscribirse. Si una empresa está obligada a inscribirse en el Registro Mercantil deberá depositar periódicamente en él sus cuentas anuales. A estos efectos existe un modelo específico de presentación de cuentas anuales para las pymes, el cual presenta unas menores exigencias de información que en el caso de empresas mayores. Para poder utilizar este Modelo pymes de cuentas anuales se atiende, de nuevo, a las características de activo, cifra de negocios y número de empleados que presenten las empresas, de tal modo que podrán utilizarlo aquellas que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

  • Que el total de sus partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros.
  • Que su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil euros.
  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

Las cuentas anuales a presentar en el Registro Mercantil bajo el Modelo pymes son el Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria. De este modo, las pequeñas y medianas empresas no tienen que presentar el Estado de flujos de efectivo destinado a compañías de mayor dimensión. Dentro de este Modelo pymes de presentación también se encuentran las microempresas, para las que la legislación contable articula unos criterios específicos de contabilización en las operaciones de arrendamiento financiero y en el gasto del impuesto sobre beneficios. Son microempresas las compañías que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

  • Que el total de las partidas del activo no supere el millón de euros.
  • Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los dos millones de euros.
  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a diez.

que es una pyme para el registro mercantil

¿Qué es una pyme para la Unión Europea?

Mario Cantalapiedra – Economista

El concepto de pyme que se utiliza a nivel de la Unión Europea lo podemos encontrar en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. La Recomendación lo que persigue fundamentalmente es fijar el marco adecuado para coordinar las ayudas comunitarias y estatales a este colectivo de empresas. Se trata de evitar que compañías cuyo poder económico sea superior al de una verdadera pyme puedan aprovecharse de los mecanismos de apoyo destinados específicamente a éstas. De este modo, se exigirá el cumplimiento de los requisitos a los que me referiré a continuación para poder optar a subvenciones y ayudas públicas destinadas a pymes dentro de la Unión Europea.

Según la Recomendación 2003/361/CE una mediana empresas es aquella que tiene menos de 250 trabajadores y una cifra de negocio anual no superior a 50 millones de euros, o bien un balance general anual no superior a 43 millones de euros. Es decir, se ha de cumplir el criterio del número de trabajadores y uno de los otros dos, ya sea el de facturación o el de balance, indistintamente. Por su parte, una pequeña empresa es aquella que tiene menos de 50 empleados y una cifra de negocio anual o un balance general anual no superior a 10 millones de euros. Por último, se considera microempresa a la compañía con menos de 10 empleados y que tiene una cifra de negocio anual o un balance general anual no superior a los 2 millones de euros.

Esta definición de microempresas, medianas y pequeñas empresas, que se utiliza desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2005, sólo es vinculante para determinadas materias, como las ayudas estatales y la aplicación de los fondos estructurales o de los programas comunitarios. No obstante, la Comisión Europea recomienda encarecidamente a los países miembros, al Banco Europeo de Inversiones y al Fondo Europeo de Inversiones que la utilicen como referencia.

pyme union europea

¿Qué es una pyme para Hacienda?

Mario Cantalapiedra – Economista

En muchas ocasiones hablamos de pequeñas y medianas empresas sin tener claro a qué tipo de compañías nos estamos refiriendo realmente. El problema es que sobre este colectivo no existe un régimen jurídico general ni un tratamiento unitario, por lo que según el criterio que se utilice para definirlo se podrá incluir en él a un mayor o menor número de organizaciones empresariales. Las pautas de clasificación más utilizadas en la definición de la pyme hablan del número de empleados, la facturación anual o el importe del balance a cierre de un ejercicio.

Por ejemplo, para la Administración Tributaria española el concepto de pyme se basa en la facturación anual que haya tenido la empresa. De tal modo que para entender lo que se considera pyme desde un punto de vista fiscal y siempre que pensemos en empresas que adopten una forma jurídica de carácter societario, debemos acudir al Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el cual contempla un régimen fiscal especial para las que denomina empresas de reducida dimensión, consistente en la aplicación de distintos incentivos que tienen por nota común la reducción de la carga fiscal mediante el diferimiento de impuestos. Entre estas ventajas destaca la tributación a un tipo inferior al general, en concreto al 25 por ciento, para la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros.

Actualmente y según el artículo 108 del Real Decreto Legislativo 4/2004, se entiende por empresa de reducida dimensión “aquella cuyo importe neto de cifra de negocios en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 10 millones de euros”. Este límite de facturación, como puedes ver en el cuadro que acompaña estas líneas, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo elevándose paulatinamente y de manera considerable hasta la cifra comentada, la cual se encuentra en vigor para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2011.

El nuevo IVA de los pagos a cuenta en la compra de una vivienda

 

Con la publicación del Real Decreto Ley 9-2011, que ha aprobado la aplicación del tipo del 4% a las entregas de vivienda hasta el 31 de diciembre de este año, se ha suscitado la cuestión sobre cuál es el tipo impositivo aplicable a los pagos anticipados que se originan con anterioridad a las entregas de las viviendas.

En el documento que viene a continuación, comparto con vosotros el análisis de la cuestión, su argumentación y finalmente la respuesta a dicho asunto que coincide con la que finalmente ha emitido la AEAT.

ENLACE AL DOCUMENTO

 

David Ballester

Cinco tareas a realizar en el cobro de facturas

Mario Cantalapiedra – Economista

La gestión de cobro de las facturas implica una serie de funciones administrativas que es preciso realizar eficaz y puntualmente para no dar lugar a ningún motivo que retrase el pago final de un cliente, al menos desde la órbita del vendedor. Dichas funciones pueden seguir un proceso similar al definido por las cinco tareas o grupo de tareas siguientes:

  1. Obtención, tramitación y aceptación del pedido. En esta labor participan principalmente los responsables comerciales y de producción de la empresa. Con carácter previo, y como siempre recomiendo, se deberá haber estudiado la conveniencia de conceder crédito comercial al cliente a partir de un análisis del mismo.
  2. Entrega del bien con firma por parte del cliente del albarán, o acuse de recibo, donde muestre su conformidad. Ya comenté en un anterior post la importancia que otorgo a que el albarán sea lo más explícito posible, de tal modo que no existan dudas sobre el bien que ha sido entregado, ya que este documento acredita la obligación del cliente al pago.
  3. Emisión de la factura, a partir del albarán de entrega, y envío de la misma al cliente tratando de evitar las demoras. Te recuerdo que en la vigente legislación contra la morosidad se señala como los proveedores deberán hacer llegar la factura al cliente antes de que se cumplan los treinta días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o, en su caso, prestación de los servicios.
  4. Registro de la factura en un listado o base de datos que permita controlar tanto la fecha de emisión como la de vencimiento, estableciendo, en su caso, plazos de reclamo de los documentos en los que se instrumente el pago, ya sean éstos efectos comerciales, cheques, transferencias, etcétera. A estos efectos siempre es importante tratar de identificar a la persona o personas de contacto en la empresa cliente que habrán de informar sobre el estado del pago de la factura.
  5. Recepción, tramitación y valoración del cobro. El instrumento utilizado para el cobro dependerá tanto de la costumbre que impere en el sector como del poder negociador que tenga la empresa. Siempre que sea posible elegir interesará decantarse por aquel medio que menos retrase el cobro de la factura y cuya emisión dependa de la propia empresa que desea cobrar su deuda.

Llegados a este punto final terminaría el proceso que podríamos denominar normal de gestión en el cobro de facturas de clientes.

¿Cuál está siendo la evolución de la línea ICO contra la morosidad de los ayuntamientos?

Mario Cantalapiedra – Economista

Han pasado poco más de dos meses desde que el Gobierno español anunciara la apertura de una línea de financiación especial del ICO para dotar de liquidez a las entidades locales, con la finalidad de satisfacer el pago de facturas de pymes y autónomos emitidas hasta el 30 de abril de 2011. Creo que te interesará, al igual que a mi me pasa, conocer cuál está siendo su evolución durante el periodo de tiempo transcurrido.

En una nota de prensa publicada por el Ministerio de Economía y Hacienda con fecha 31 de agosto, se señala como el ICO ha aprobado las primeras 19 operaciones de préstamos con cargo a la que finalmente se ha denominado Línea de Financiación ICO-Entidades Locales 2011, que permitirá el pago de 4.319 facturas de las empresas. Dichas facturas corresponden a suministros, obras y servicios prestados a 17 entidades locales por parte de un total de 1.180 proveedores. La cuantía total de la deuda a cancelar con el pago de estas facturas asciende a 9,5 millones de euros. El importe medio de las facturas presentadas es de 2.199 euros, lo que en palabras del Ministerio “pone de manifiesto el compromiso de los ayuntamientos de dar prioridad al pago de deudas contraídas con autónomos y pequeñas y medianas empresas”.

La verdad es que dos meses puede considerarse un plazo de tiempo relativamente corto para valorar por completo los efectos de esta línea de financiación (que, en principio, deber permanecer abierta hasta el próximo 30 de noviembre). Hay que tener en cuenta las turbulencias financieras que estamos viviendo y la escasez crediticia allá donde fijemos nuestra mirada; no obstante, solucionar el problema de únicamente 17 entidades locales parece un dato muy escaso a la vista de los graves problemas de cobro que tienen muchas pequeñas y medianas empresas con los ayuntamientos españoles. Piensa que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España a 1 de enero de 2011 existen 8.116 municipios, no digo yo que todos tengan problemas de pago con sus proveedores pero a lo mejor los que están al corriente de pago se cuentan con los dedos de las manos. Espero, por tanto, que las cifras que acompañen la evolución de la Línea de Financiación ICO-Entidades Locales 2011 sean mucho más significativas en los próximos meses y que la necesaria liquidez llegue a nuestras pymes… estaremos atentos.

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