La escasez de liquidez y el precio de la financiación bancaria

Mario Cantalapiedra – Economista

Seguramente compartes conmigo que en la coyuntura actual las empresas tienen grandes dificultades para acceder a la financiación bancaria. Existen problemas tanto para renovar los créditos pasados como para acceder a nueva financiación, ya que los bancos no están muy por la labor de prestar fondos, aunque todos diríamos que ese es su negocio. Por un lado, piensan que las empresas no podrán devolvérselos, por otro, han de atender sus propios problemas de vencimientos.

Para la mayoría de las empresas que se encuentran asfixiadas por la falta de liquidez, la obtención de riesgo crediticio, el acceso al préstamo o al crédito bancario, pasa a ser una prioridad absoluta, más allá de la negociación de su coste, que queda relegado a un segundo plano: “tú dame el crédito que ya veremos cuánto me cuesta”. Y esto ocurre dentro de un contexto financiero en el que se ha pasado de un mercado bancario centrado en la oferta de activo (créditos, préstamos) a otro que lo que realmente demanda es pasivo (depósitos de clientes).

Pero es que además el cambio de las reglas de juego al que estamos asistiendo hace que sea muy difícil determinar, desde el ámbito externo a las entidades financieras, la forma en la que éstas construyen el precio que cobran por prestar los fondos. La lógica económica nos llevaría a pensar que el precio del producto de financiación se construye a partir del coste de los recursos más la aplicación de un margen que permita obtener un beneficio al banco. Hasta hace poco tiempo, este precio era relativamente fácil de calcular. Se tomaba el indicador de mercado que reflejaba una aproximación al coste medio que suponía para el banco la obtención de fondos, es decir, el euríbor y, posteriormente, se le aplicaba un diferencial para ver lo caro que nos salía el tema.

El problema es que la falta de confianza que afecta a los distintos partícipes en los mercados financieros lleva a que las propias entidades financieras no se presten entre sí en un mercado interbancario en el que cuelga desde hace tiempo el cartel de cerrado, por lo que el euríbor pierde fuerza como índice de referencia del coste de los recursos. En un momento donde la escasez de liquidez es la clave, los bancos están formando el precio de su financiación basándose más en el riesgo de liquidez de la operación en cuestión que en la aplicación de un diferencial al euríbor. Esa prima de liquidez es precisamente la que explica, en gran parte, los elevados tipos que ahora hay que pagar por acceder al ansiado crédito bancario.

Particularidades de los préstamos participativos

Mario Cantalapiedra – Economista

La regulación legal básica de los préstamos participativos se recoge en el artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberación de la actividad económica, así como en la posterior disposición adicional segunda de la Ley 10/1996, de 18 de diciembre, de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las empresas. Aparte de lo que ya comenté en el anterior post, me gustaría destacar ahora otra serie de características de este tipo de préstamos, algunas de las cuales creo que cobran especial importancia en la situación económica y financiera actual.

En primer lugar, los préstamos participativos tienen un rango de exigibilidad subordinado a cualquier otro crédito u obligación de la empresa beneficiaria, situándose por detrás de todos los acreedores comunes y solo por delante de sus socios, lo que permite a la compañía mantener su capacidad de endeudamiento y lleva a la entidad que presta los fondos a asumir un riesgo similar al de los propietarios. De este modo, se entiende que la entidad prestamista llegue a requerir en la práctica a la empresa prestataria que posea unos fondos propios superiores al préstamo que le concede, puesto que de este modo se está asegurando no arriesgar en el proyecto más que ella.

Los préstamos participativos se consideran patrimonio neto a efectos de reducción de capital y de liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil, aspecto que cobra especial importancia en caso de situación desfavorable de la compañía ya que permiten retrasar su liquidación ofreciéndole, en principio, más oportunidades de recuperación.

Otra cuestión reseñable es que los préstamos participativos solo se pueden cancelar anticipadamente si se compensan con una ampliación de capital de la empresa, siempre que ésta no provenga de la actualización de activos. Las partes, entidad financiera prestamista y empresa prestataria, pueden acordar y es lo normal que lo hagan, una cláusula penalizadora en caso de amortización anticipada, que suele consistir en un porcentaje sobre la cantidad que quede pendiente de amortizar. Resulta muy importante clarificar este punto cuando se gestione el préstamo.

Por último, los intereses devengados por los préstamos participativos, tanto los de tipo fijo o mínimo como los de carácter variable, a efectos del impuesto sobre sociedades se consideran gasto fiscalmente deducible para la empresa prestataria.

Financiación a largo plazo mediante préstamos participativos

Mario Cantalapiedra- Economista

El préstamo participativo es un instrumento de financiación intermedio entre el capital social y el préstamo a largo plazo que se caracteriza por la participación de la entidad que presta el dinero en la evolución del negocio de la empresa que es financiada. El vencimiento de los préstamos participativos es a largo plazo, por lo que sus fondos se destinan a financiar la inversión a largo de una compañía. Habitualmente tienen un largo período de carencia en la devolución del principal, lo que puede considerarse una de sus principales ventajas.

A la hora de remunerar este tipo de préstamos la entidad prestamista percibe un interés que varía en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria, de ahí que se denominen participativos. Dicha evolución se mide por un criterio determinado como puede ser el beneficio neto, el volumen de negocio o el patrimonio total. Lo normal es que se tome como referencia el beneficio o la cifra de negocios y que se fije un límite máximo a ese interés variable o de tipo participativo. Para asegurarse de que los datos son correctos, por regla general, la entidad prestamista exige información anual auditada de la contabilidad de la empresa. Además del interés variable suele pactarse uno mínimo, que se cobra de modo fijo con independencia de cuál sea la evolución de la actividad.

Las entidades que conceden préstamos participativos suelen seleccionar a las empresas financiadas en base a las bondades de su plan de negocio, evaluando, entre otros aspectos, la calidad y viabilidad de su proyecto, la profesionalidad en su gestión que se suele medir por aspectos tales como la experiencia en el sector, la capacitación técnica o la cobertura de todas las áreas gerenciales de la empresa, las ventajas competitivas del producto o servicio ofertado o que los mercados en los que se compite tengan crecimientos a largo plazo significativos. No suele exigirse ningún tipo de garantías adicionales a las que aporta el propio proyecto empresarial, algo también interesante para las compañías que adolezcan de éstas y necesiten financiación.

Al coste por intereses que ya he comentado, habrá de añadirse la comisión de apertura del préstamo participativo, la cual consistirá en un porcentaje sobre el nominal de la operación, así como el coste extraordinario que representa la auditoría contable para aquellas empresas que legalmente no se hayan obligadas a ella.

Es hora de revisar la eficiencia del gasto público

Mario Cantalapiedra – Economista

En la teoría económica la eficiencia mide la capacidad para lograr el cumplimiento de un objetivo minimizando el empleo de los recursos existentes. Por ejemplo, se dice que una asignación de recursos es eficiente cuando un bien se está produciendo al menor coste posible.

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad es el descontrol generalizado del gasto público, que lleva a recurrir a la deuda constantemente como solución financiera y, por ende, a estrangular a nuestra Economía. En esta cuestión tiene mucho que decir la ausencia de eficiencia registrada en la asignación de los recursos que, en principio, son de todos. A pesar de que una parte de dicha ineficiencia pueda deberse a la maldad o incompetencia de algunos responsables públicos, también existen otra serie de factores que la pueden explicar, como son los siguientes:

  • La ausencia de competencia en la provisión de los bienes y servicios públicos.
  • La dificultad de controlar los comportamientos de las personas responsables de realizar la provisión de los servicios públicos, bien por falta de información, bien por no poder recompensar o castigar sus actuaciones de un modo equivalente al que se hace en el sector privado.
  • La rigidez que caracteriza a las reglas de juego que presiden las actividades públicas.

Estamos en época de elecciones, el 20 de noviembre está a la vuelta de la esquina, y el momento parece el propicio para revisar este tipo de asuntos por parte del nuevo Gobierno que tenga a bien elegir el pueblo español. Además de solucionar los excesos del pasado, se trata de no repetir errores de asignación en el gasto público, para lo cual se me ocurre que se podrían arbitrar distintas recetas:

  • Racionalizar el proceso productivo público, utilizando con mayor profundidad el análisis coste-beneficio y otras técnicas de valoración de proyectos.
  • Trasladar a la esfera pública las reglas del funcionamiento del gasto privado como la concesión de recompensas o castigos o una mayor flexibilidad.
  • Fomentar la competencia, cuanto sea posible, incluso estimulándola entre los distintos organismos de las administraciones públicas entre los cuales puede existir.

No olvidéis que la existencia de ineficiencias en la asignación de los recursos públicos afecta tanto a la equidad del sistema social como a la propia legitimidad del gasto público. No me parece éste un tema baladí, por lo que desde aquí les ruego a los señores políticos que tomen nota, España lo necesita.

¿Puede ser socialmente responsable una empresa morosa?

Mario Cantalapiedra – Economista

Hace años que existe un interés en el mundo empresarial, fundamentalmente en el ámbito de las compañías de mayor tamaño, hacia todo lo que se relaciona con la responsabilidad social corporativa (RSC). Preocupa dar a conocer la medida en la que las actividades de una empresa protegen a la sociedad y la mejoran, más allá de lo requerido por los intereses legales, económicos o técnicos. Se trata, en teoría, de que la empresa cree valor no sólo para sus accionistas sino también para el resto de grupos sociales con los que se relaciona, a los que se han venido a reunir bajo el término anglosajón “stakeholders”, o grupos de interés en la lengua de Cervantes.

Las grandes compañías recogen los objetivos y logros alcanzados en RSC en los balances sociales, los cuales acompañan sus memorias anuales. La verdad es se pueden ver los esfuerzos dedicados, de un modo general, a mejorar en esta materia.

No obstante, revisando los balances sociales y el resto de información relacionada con la RSC, suelo echar en falta más códigos de conducta en las empresas que persigan combatir la morosidad en los pagos. Si se trata de crear valor a los grupos de interés que se relacionan con una empresa, qué mejor cosa que pagar bien a sus proveedores, o es que acaso se puede considerar socialmente responsable una empresa que paga mal (sin cumplir lo legislado) a sus suministradores de bienes y servicios. Creo que no, sinceramente. Una compañía que incumpla plazos no es ya que no sea socialmente responsable sino que ni siquiera cumple la ley ¡a más de uno por ahí le toca ir quitándose medallas!

Un ejemplo de buenas prácticas en este sentido es el que se puede encontrar en el Código de Conducta empresarial de Speedo, compañía australiana líder a nivel mundial en la fabricación de ropa de baño. En dicho Código al referirse a los proveedores y a las condiciones de pago que mantiene con ellos podemos leer lo siguiente:

 “Hacia los proveedores: Nos comprometemos a acordar condiciones de pago transparentes con nuestros proveedores y asegurarnos de que les pagamos dentro de los plazos estipulados en esas mismas condiciones, sin basarnos en pretextos técnicos para hacer lo contrario”.

Necesitamos que las empresas contemplen códigos de conducta de este estilo que eviten la morosidad en los pagos y que los respeten, para que realmente podamos considerarlas socialmente responsables.