Los plazos de pago legales en 2012

Mario Cantalapiedra – Economista

Como a buen seguro ya conoces, la Ley 15/2010, de 5 de julio, establece los plazos de pago que deben cumplir los deudores en las operaciones comerciales, convirtiéndose más que en un conjunto de medidas de lucha contra la morosidad, tal como reza en el encabezamiento que precede a su articulado, en una verdadera ley reguladora de plazos. Para que realmente pudiera considerarse como una normativa válida en la lucha contra la morosidad, debería ir acompañada de un régimen sancionador que penalizara las  infracciones así como de una mayor concreción en algunos de sus apartados.

En concreto, para todos los contratos que se celebren con posterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, el 7 de julio de 2010, las empresas han de pagar sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, con la excepción de los pagos de los productos de alimentación frescos y perecederos que no podrán superar los treinta días. En el caso de las administraciones públicas, éstas deberán pagar a los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o desde la recepción de bienes o prestación de servicios, si no proceden dichas certificaciones.

No obstante, la Ley 15/2010 estableció en su día un período de transición de tres años que contempla un aterrizaje progresivo en los plazos de pago, el cual termina precisamente este año, de ahí que convenga recordarlo. De este modo, durante 2012 las administraciones públicas pueden pagar a cuarenta días, mientras que las empresas “que vinieran pactando plazos de pagos más elevados”, pueden hacerlo a setenta y cinco días. Fuera de esta regla general quedan las empresas constructoras de obra civil que tuvieran contratos vivos con las administraciones públicas en la fecha de entrada en vigor de la Ley 15/2010, las cuales podrán acordar plazos de pago más tarde, hasta un máximo de noventa días en el actual ejercicio, a los proveedores relacionados con dichos contratos pero no al resto y únicamente hasta el 7 de julio de 2012, es decir, con el límite de dos años después de la entrada en vigor de la Ley. El período transitorio tampoco aplica a los productos de alimentación frescos y perecederos cuya obligación de pago a treinta días, en principio, fue inmediata desde la entrada en vigor de la Ley 15/2010.

El análisis de riesgo de impago y los recursos humanos de la empresa

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando una entidad trata de determinar el riesgo de impago de una empresa uno de los puntos básicos que debe analizar son sus recursos humanos. Las personas son la base del éxito de una compañía, un activo que bien gestionado puede proporcionarle una ventaja competitiva sostenible y que, por supuesto, tiene una incidencia muy significativa en la capacidad que tenga para afrontar sus compromisos de pago.

Tratando de cumplir su cometido, el analista estudiará la composición, profesionalidad y preparación del equipo directivo, comprobando su participación en la propiedad de la empresa. En principio, suele ser valorado de forma positiva que los directivos también sean propietarios, lo que ha de repercutir en su mayor compromiso con los objetivos y metas de la organización. No obstante, si se produce esta situación, se deberán investigar de forma especial todo tipo de transacciones realizadas entre los directivos-accionistas y la propia empresa, tales como préstamos que se concedan, bienes que queden afectos al negocio, etcétera.

Un aspecto que resulta fundamental en los momentos de crisis que vivimos y que se relaciona con la esfera de los recursos humanos, es conocer el nivel de conflictividad existente dentro del sector en el que se encuadra la empresa. Para ello el analista puede acudir a las distintas fuentes de información existentes, desde los medios de comunicación a los datos aportados por otras empresas del sector (clientes, proveedores, competidores) que estén dispuestas a facilitar información. Más importante todavía es tener una referencia clara sobre el clima de trabajo que se respira en la propia compañía analizada, algo que se puede comprobar con mayor seguridad al realizar una visita personal a sus instalaciones. A nadie se le escapa que entre las debilidades mayores de cualquier empresa están los conflictos que puedan producirse entre los socios, entre la dirección ejecutiva y la propiedad, entre los directivos y los empleados o incluso entre los propios empleados.

Finalmente se tratará de conocer cuál es la política laboral que sigue la empresa dirigida a aspectos tales como el aumento de la productividad, la reducción del absentismo o el incremento de la motivación de sus trabajadores y los programas o acciones concretas que se articulan relacionados con dichos ámbitos. Además se observará el tamaño de la plantilla y su nivel de cualificación, así como su evolución previsible en el corto plazo. 

Cómo calcular el lote óptimo de compra de materias primas

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre las técnicas que pueden facilitar la gestión financiera de los almacenes existe el denominado Modelo de Wilson, el cual permite calcular el lote óptimo de pedido en unidades físicas a partir del volumen de materias primas que se prevé consumir en un período, los costes fijos de procesar los pedidos y el coste de almacenar las materias primas. Es un modelo útil siempre que en la actividad de la empresa se cumplan una serie de hipótesis.

  • El consumo de materias primas es conocido y regular a lo largo del tiempo, es decir, no se producen variaciones estacionales ni cíclicas.
  • Los costes de procesar un pedido son fijos e independientes del volumen comprado.
  • El coste de almacenamiento de las materias primas, en el que se deberán incluir los gastos financieros correspondientes, se expresa como un porcentaje de la inversión media mantenida en almacén dentro del período considerado.
  • Tanto el consumo previsto como el coste de almacenamiento deberán referirse al mismo período de tiempo.
  • No se tienen en cuenta los costes de las posibles rupturas de almacén, ni la existencia de un almacén de seguridad.

Bajo estas premisas, el modelo plantea la siguiente ecuación para expresar el coste total del almacén:

Tipo Interes de demora

donde:

CT: Coste total del almacén de materias primas.
K: Costes fijos de procesar un pedido
C: Consumo de materias primas previsto en el período expresado en unidades físicas.
Q: Lote óptimo de compra expresado en unidades físicas.
m: coste variable unitario de almacén (incluyendo los costes financieros), expresado en tanto por uno de la inversión media.
p: valor monetario de una unidad de materia prima.

De este modo, el lote óptimo de compra Q se obtiene a partir de la minimización de la expresión anterior, derivándola respecto al valor de Q:

Tipo Interes de demora 

Si por ejemplo, se estima el consumo anual de materias primas en una empresa en 6.000 unidades físicas, el valor unitario de cada una de ellas en 3 euros, los costes fijos por pedido en 250 euros, y el coste de almacenamiento en un 25 por ciento anual de la inversión media,  aplicando la fórmula propuesta se tendría:

Tipo Interes de demora 

Lo cual significa, si suponemos que no hay existencias iniciales de materias primas en almacén, realizar tres pedidos al año de 2.000 unidades cada uno para cumplir con el objetivo de 6.000 unidades de un modo óptimo.

Cómo valorar las existencias de materias primas

Mario Cantalapiedra – Economista

Los bienes y servicios que se comprenden dentro de las existencias de la empresa se valoran desde el punto de vista contable por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. El problema surge cuando no se puede identificar de forma individualizada el precio de adquisición de materias primas que estén almacenadas y tengan una naturaleza y un uso similares. En esta situación, la actual legislación contable acepta la valoración de las existencias a través del método del precio medio ponderado o a través del método FIFO (First In, First Out). Realmente, con estos métodos se llega a fijar el valor de las existencias de materias primas en almacén de forma indirecta, mediante la valoración de las salidas producidas en un período determinado. En el método de precio medio ponderado las salidas de almacén se valoran al precio resultante de aplicar una media aritmética ponderada, según las unidades adquiridas en cada pedido, mientras que en el FIFO las salidas se valoran al precio de la primera unidad comprada, puesto que se interpreta que es la primera en salir del almacén. Con un sencillo ejemplo puede que entiendas mejor la diferencia entre uno y otro método:

Imagina que el movimiento del almacén de materias primas de una empresa en enero ha sido el siguiente:

7-enero: adquisición de 70 unidades de materia prima a un precio de 2 euros (70 x 2 = 140 euros).

10-enero: adquisición de 100 unidades de materia prima a un precio de 3 euros (100 x 3 = 300 euros).

15-enero: salida de almacén de materias primas, para incorporarse al proceso productivo, de 50 unidades.

Se supone además que no hay existencias iniciales a principio de ejercicio ni más movimientos en el mes. A partir de estos datos, es posible calcular la valoración de las 50 unidades que salen del almacén y, por consiguiente, el valor a final de mes de este último, según los dos métodos propuestos:

Método FIFO (las unidades que salen se valoran al primer precio de compra, en este caso 2 euros):

50 unidades x 2 euros/unidad = 100 euros

Valor del almacén de materias primas a 31 de enero = 440 – 100 = 340 euros

Método del precio medio ponderado (las unidades que abandonan el almacén se valoran al precio medio ponderado):

Formula

50 unidades x 2,6 euros/unidad = 130 euros

Valor del almacén de materias primas a 31 de enero = 440 – 130 = 310 euros

Se observa con este sencillo ejemplo cómo el método del precio medio ponderado es más prudente, pues supone una valoración menor de la inversión en materias primas, lo que significa un mayor valor de consumo de materias primas y, por tanto, un resultado final de la empresa más conservador. Se puede decir que también será un método más realista en épocas de crecimiento continuo en el precio de las materias primas.

Hecha la ley… de morosidad, hecha la trampa

Mario Cantalapiedra – Economista

La legislación vigente sobre morosidad en España declara como nulas las cláusulas pactadas entre clientes y proveedores sobre fechas de pago que difieran del plazo legal cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, para lo cual habrá que valorar todas las circunstancias del caso, entre ellas, la naturaleza del producto o servicio comercializado, la prestación por parte del deudor de garantía adicionales y los usos habituales del comercio. Te recuerdo que el plazo legal de pago para 2012 está fijado en un máximo de 40 días naturales para las administraciones públicas y de 75 días naturales para las empresas, a contar desde la recepción de los bienes o servicios adquiridos.

 Para determinar si una cláusula referente al plazo de pago es abusiva, la legislación actual dice que “se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si dicha cláusula sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal, impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas”.

Al final lo que ocurre es que el encargado último de apreciar si una cláusula sobre condiciones de pago es o no abusiva es el juez y es ahí donde aparece la interpretación que distintos servicios jurídicos están haciendo sobre el asunto. Así los bufetes de abogados están considerando que, por ejemplo, no es abusivo el caso de una compañía que sufre el impago generalizado por parte de sus clientes y se ve obligada, por esta circunstancia, a sobrepasar el plazo legal de pago a sus proveedores. Tampoco consideran que se produzca abuso si el acreedor ofrece a sus deudores la alternativa de cobrar dentro del plazo legal si aceptan un pago confirmado de proveedores o confirming, con un coste financiero que esté en precio de mercado, o cobrar un poco más allá del plazo marcado por la ley si no se quiere afrontar el gasto financiero del anticipo. Se argumenta que el proveedor tiene, en este caso, la opción de elegir. Me imagino que aquellos que defiendan esta posibilidad estarán pensando en confirming que se ofrezca bajo la modalidad “sin recurso”, es decir, en el que la empresa proveedora que anticipe el cobro de sus facturas quede liberada de toda responsabilidad en caso de impago.

En cualquier caso, el debate está ahí y estos ejemplos vienen a confirmar aquello que se dice popularmente de que hecha la ley, hecha la trampa.

Tipo legal de interés de demora para 1º semestre 2012

Publicado el tipo legal de interés de demora para el primer semestre de 2012

Tipo Interes de demora

 

Mediante Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, publicada en el BOE de 2 de enero de 2012, se ha establecido que el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el primer semestre natural del año 2012 sea del 8 por 100, con lo que se reduce en veinticinco puntos básicos el anterior tipo.

 

Por tanto y a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tendrá derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.