Obligación de informar sobre plazos de pago a proveedores en la memoria

Mario Cantalapiedra – Economista

Desde el ejercicio de 2010 existe la obligación para las sociedades de informar de forma expresa en las cuentas anuales que depositan en el Registro Mercantil, concretamente en un apartado de la memoria, de los plazos de pago a proveedores. Esta obligación, ya prevista en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, fue regulada posteriormente por una resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de 29 de diciembre de 2010. Resolución que es aplicable a todas las empresas españolas en la formulación de sus cuentas anuales individuales y consolidadas. En las primeras cuentas en las que se debió aplicar, las correspondientes a 2010, únicamente fue necesario informar sobre el saldo pendiente de pago a proveedores que a cierre del ejercicio superaba el plazo legal, siendo las cuentas correspondientes a 2011, en las que ahora andarán enfrascados los administradores que tienen el deber de formularlas antes de que finalice el mes de marzo, las primeras en las que habrá que suministrar una información más completa.

Si la compañía presenta en el Registro Mercantil el modelo normal de memoria, la información a incluir será el importe pagado fuera o dentro del plazo legal, el plazo medio ponderado excedido de pagos durante el ejercicio y el saldo pendiente de pago a cierre de ejercicio que acumule un aplazamiento superior al legislado por la Ley 15/2010. Si por el contrario, la empresa puede elaborar la memoria en modo abreviado o aplica el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, no existe obligación de informar sobre el plazo medio ponderado excedido de pagos, es decir, a las pymes españolas se les exime de informar sobre el dato que comporta, a buen seguro, una mayor complejidad en su cálculo. La información solicitada deberá suministrarse como una nota más en la memoria en forma de cuadro y según sea, en cada caso, el modelo de presentación de las cuentas anuales.

El deber de información atañe a las operaciones comerciales de pago que realiza la empresa, es decir, a los acreedores comerciales que se incluyen en el correspondiente epígrafe del pasivo corriente del balance, no afectando a otros proveedores o acreedores como, por ejemplo, los proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento financiero, que pertenecen a distinto epígrafe.

Nuestra Pequeña Grecia

Francisco Marín Cano – Grupo Choice

El pasado sábado, el BOE publicaba el Real Decreto de obligaciones de información para un mecanismo de financiación para pago a proveedores de las entidades locales. Desde el día 21, en que se anunció esta acción legislativa, hemos estado esperando su concreción. Se nos anunciaba que “en semanas” habría una macro inyección de dinero (en algunos periódicos se llegó a hablar de líneas de hasta 50.000 millones). Pero ahora el resultado es agridulce. Más vale algo que nada, pero es bastante amargo de tragar.

Y no porque se hable de las deudas solo de entidades locales (¿y las deudas de las comunidades autónomas, dónde quedan?) sino porque solo de la lectura de la exposición de motivos, se entrevé una manera de gestionar que hace temer por una cierta inseguridad jurídica. ¿Un Decreto Ley pasa por delante de la Ley votada por las Cortes Generales? ¿Un Decreto Ley puede reducir derechos fijados en una Ley 3/2004 y 15/2010, por mucha circunstancia extraordinaria y de urgente necesidad que se quiera argumentar?

No es mi intención sacar de contexto ninguna frase, pero no puedo transcribir toda la norma, que adjuntamos. Y pido a priori excusas si alguien cree ver  alguna manipulación, que no es mi objetivo.

Ya solo en los dos primeros párrafos, hay una comprensión de la situación algo confuso. El primer párrafo dice “…la crisis económica ha generado…una fuerte bajada en la recaudación…” y en el segundo se añade “…siguen manteniéndose restricciones de acceso al crédito lo que unido a los retrasos mencionados dificulta la financiación de las empresas”. Es perverso.  Quien ha escrito esto supone que la dificultad de financiación  de las empresas la genera primero la falta de financiación, y solo después los retrasos. Es decir, casi se apunta a que si siguiera habiendo financiación para las empresas, los retrasos serían un problema menor, e incluso no considerable, pues la crisis todo lo justifica.

En los siguientes párrafos se apunta. “Se instrumentaron operaciones especiales de endeudamiento y una línea de avales del ICO … y una línea de crédito para la cancelación de deudas…” “la escasa eficacia de aquellas medidas….”. O sea, que se dio la herramienta para solventar los atrasos, y no se utilizaron. Ya lo recordamos. Los Municipios y Comunidades dijeron que “eran caros”. Como si a las empresas les resulte gratis o barato financiar la deuda pendiente de cobro.

Pero sigue el tema  “…el buen funcionamiento del mecanismo requiere de una información financiera fiable… que permitirá identificar el volumen real de deuda con sus proveedores”. Cuando las empresas, a día de hoy, ya han cerrado sus declaraciones de IVA del año 2011 (y ¡Ay de quien no lo haya hecho!) resulta que los entes locales hay que darles 20 días para que sepan qué deben. Teniendo en cuenta que la AEAT, cuando envía un escrito, da 10 días para cualquier tipo de aclaración, darles 20 días a los entes locales parece un trato de favor.

Tras estas ideas, la “exposición de motivos” entra ya en una relación de la estructura del articulado, del que cabe destacar cuatro  temas

1.- Solo se habla de  facturas entradas en Registro antes del 1 de enero de 2012. O sea, los gastos de las carrozas de  Reyes, o las luces de las fiestas de Navidad seguro que ya no entran. Hablamos solo de toda la deuda generada antes de esa fecha. A partir de ahí, se confía en la buena voluntad de la Entidad local.

2.- El timing que se deriva de la norma es bastante duro. El 15 de Marzo ha de presentarse las relaciones de deuda. El 31 de Marzo han de presentarse los planes de ajuste. En un plazo máximo de 30 días (ya es 30 de Abril) el Ministerio de Hacienda los valorará  (¿Cuántos entes locales hay en España? ¿En 30 días se pueden valorar todos los planes de ajuste? ).

Si no hay comunicación en ese plazo, se considerará como informe desfavorable y habrá que hacer un nuevo Plan. Y si es favorable, se entenderá autorizada la operación de endeudamiento, que podrá hacerse en fases sucesivas y hasta final de 2012. O sea que, como mínimo, hasta mediados de Mayo (135 días para las facturas de 31/12/11) no se estarán cobrando facturas de 2011 o anteriores no liquidadas por los entes locales. Pero es que ahora toca encontrar qué entidades se van a quedar con las facturas y van a abonar el dinero. Se habla de una “operación de endeudamiento a largo plazo según acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno”, pero los detalles no aparecen. Suena a “tengo la idea, pero aún no tengo el dinero”. Y aquí solo se habla de los documentos previos necesarios, de hecho como el título indica.

3.- El Plan de ajuste que pide el art 7 es sin duda necesario, pero supone de hecho hacer un Plan estratégico, a medio plazo, de las finanzas de los ayuntamientos. Exige prever ingresos plurianuales, definir nuevas tasas, reorganizar la estructura de la organización,… Y eso hay que hacerlo en 40 días. Para cualquier organización privada eso es imprescindible, se está acostumbrado a hacerlo porque si no, la organización muere. Pero muchos Ayuntamientos no tienen ni el hábito, ni el músculo intelectual (conocimientos y formación de sus miembros) para reinventarse, que es lo que se pide. Y en solo 40 días. Pero visto lo anterior, se puede llenar un papel, que no se autorice (o que nadie se lo mire porque no hay tiempo en 30 días) y seguir trabajando.

4.-El artículo 8 es para mí el más irritante. Los entes locales son tratados como  Grecia. Como no saben lo que deben, se les obliga a hacer un plan financiero, al que se llama plan de ajuste, como si solo se tuviera que planificar en situaciones difíciles y no de forma habitual, y se propone una QUITA, a la que se llama “criterios para prioridad de pago” que es mucho más elegante. Llega a plantearse un “descuento mínimo a ofertar”, y teniendo en cuenta que solo hablamos del principal de la obligación. En los periódicos aparecen declaraciones de fuentes empresariales del tipo: “que nos paguen el principal y luego hablaremos de los intereses”. Pues no, no hablaremos de nada, porque el art 9.3 dice claramente que el abono conlleva “la extinción de la deuda contraída… por el principal, los intereses, costas judiciales y cualquier otro gasto accesorio”. Adiós a cualquier atisbo de aplicar la Ley de Morosidad (Ley 15/2010 ), de los plazos acordados, de la imposibilidad de pacto entre partes o de los intereses de demora. Es casi un concurso de acreedores, con quita legalmente refrendada.

¿Hay una parte de culpa en los empresarios por haber llegado a esta situación? En parte, sí. El pasado sábado, en TVE, se informaba de esta noticia, y aparecía una empresaria que decía que tenía facturas pendientes de pago de su ayuntamiento de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Y yo me pregunto ¿por qué le siguió vendiendo?. ¿Porque era un cliente marginal? ¿Porque el margen era de tal nivel que compensaba el atraso? ¿Por buena fe? ¿Porque no había otro mercado?

Hace casi un año publicamos dos articulos (muy criticados, por cierto) donde decíamos que la Ley de Morosidad era un “brindis al sol” de los legisladores. Ahora tenemos el refrendo legal de nuestra afirmación.

Y por eso la sensación que me queda es agridulce. Algunas situaciones se van a resolver, y va a llegar algo de liquidez. Pero dejándonos en el camino dineros y derechos. Y me preocupan más los segundos que los primeros.

 

Comparativa del préstamo participativo con otras fórmulas de financiación

Mario Cantalapiedra – Economista

El préstamo participativo, como ya he comentado en este blog, es un instrumento financiero que se encuentra a caballo entre el capital social y el préstamo a largo plazo, caracterizado por la participación de la entidad financiera prestamista en la evolución del negocio de la empresa prestataria y que se podría decir es relativamente poco conocido. Se me ocurre que puede resultar interesante estudiarlo mediante su comparación con otras fórmulas financieras alternativas que pueden sonarte más como el préstamo tradicional o el capital riesgo.

En primer lugar, frente al préstamo tradicional que puede conceder por ejemplo un banco, el participativo se diferencia en respetar más el ciclo económico de la empresa, ajustando el pago de intereses a sus resultados. Te recuerdo que en este tipo de préstamo una parte de los intereses varía en función de la actividad de la compañía prestataria, normalmente medida por el beneficio que sea ésta capaz de generar. En el resto de préstamos, la empresa que ha recibido el dinero tendrá que pagar los mismos intereses tenga beneficios o pérdidas. También se diferencia del préstamo bancario en que la única garantía que suele exigirse para conceder los fondos es la solvencia del proyecto empresarial, así como del equipo al frente de su gestión, eso sí, ambas serán analizadas con el máximo detalle. Además a los efectos de valorar la solvencia financiera de la empresa, el préstamo participativo, debido a su rango de exigibilidad subordinado a cualquier otro préstamo u obligación que se tenga, es asimilable a sus recursos propios, algo que evidentemente no pasa con el préstamo que concede un banco.

En segundo término, frente al capital riesgo presenta la diferencia fundamental de que la entidad prestamista no pretender la toma de participaciones en la compañía que financia, le interesa que su actividad evolucione positivamente para así cobrar más intereses, pero no persigue participar en su capital. De igual modo, podría decirse que el préstamo participativo elimina el proceso de valoración de la empresa a través de la due dilligence, por la que de un modo exhaustivo se comprueba la veracidad de la información contenida en el plan de negocio, así como el posterior proceso de desinversión de las participaciones. No obstante, es posible que se exija auditoría de cuentas en función de cuál sea el importe del préstamo participativo solicitado y a pesar de que legalmente la empresa prestataria no esté obligada a ella.

Cliente moroso ¿un Oximoron?

Francisco Marín Cano – Grupo Choice

Durante los últimos días, uno de los periódicos de mayor difusión del país ha estado publicando una serie de artículos sobre la morosidad y la actuación de ciertas empresas de recobro. Particularmente, considero que ha dado una imagen sesgada de la actuación de este tipo de compañías, confundiendo una parte pequeña con el todo y no explicando con detalle aquel que se autosometen a unas ciertas normas éticas y de funcionamiento.

Pero a tenor de lo anterior, me ha sorprendido el reiterado uso de la expresión “cliente moroso”.

Yo opino que esa expresión es un oxímoron: cuando dos palabras opuestas entre sí se unen, dando lugar a un significado diferente. Pues sí, para mí “cliente” y “moroso” son dos palabras incompatibles entre sí.

Un cliente, si lo miramos desde el punto de vista de la Real Academia Española, o incluso desde la interpretación del Plan General Contable, es alguien con quien mantenemos relaciones de tráfico. Es decir, alguien al que vendemos, y sobre todo queremos seguir vendiéndole, nuestros productos o servicios. De ese cliente, tras la entrega del bien o la prestación de un servicio, recibiremos un cobro que, si no es al contado, nos generará una situación de “riesgo” hasta el momento del cobro. Y ese “riesgo de cobro” será percibido como menor o mayor, según la expectativa que tengamos sobre que al vencimiento nos pagará o no, expectativa que vendrá derivada de nuestra evaluación de experiencias anteriores con ese cliente, de su situación patrimonial, de su “moralidad” operando en el mercado, de la coyuntura del sector en que opera,…

Pero el concepto relevante que define a cliente es: “opero con él y quiero seguir operando”.

Cuando utilizamos la palabra “moroso” nos referimos a quien paga más allá del vencimiento, o no llega a pagar, y que puede ser tanto un cliente, que nos debe dinero por una operación de tráfico habitual, como un deudor cuya deuda se basa en otro tipo de operaciones. Una visión muy amplia para una sola palabra. Así que, analicemos un poco.

Hay “morosidad de baja intensidad”. El cliente por diferentes motivos, llegado el momento del vencimiento, no paga. Y esto puede deberse a múltiples motivos, que a veces tendrán su origen en el cliente, y otras en nosotros mismos. Habrá cruce de llamadas, cartas, pedidos retenidos, incluso visitas, y al final se obtendrá el cobro. Y, básico, SE SEGUIRÁ OPERANDO CON EL, es decir, seguirá siendo cliente.

Todas estas actuaciones, enmarcadas en la gestión de la” morosidad de baja intensidad”, son las que conforman dentro de las políticas de gestión del riesgo de cliente las políticas de recobro. Será normalmente el credit manager, gestor de la política de riesgo global, el que la ejecute directamente, o decida delegarla en otro departamento (básicamente, en comercial). Pero el hecho básico, mientras se realiza este recobro, es que seguimos operando con el cliente, quizás con una actividad ralentizada, pero sigue siendo cliente. De este tipo de cliente , y del perjuicio que genera en el vendedor, es de lo que pretende defendernos la actual “ley de morosidad”, previendo la posibilidad de realizar cargos, de carácter financiero, por el plazo adicional que el cliente se ha tomado, siempre que sea por causa suya.

Otra cosa es la “morosidad de alta intensidad”. Tras llamadas, reclamaciones, visitas y  cortes de suministro no se logra recuperar la deuda. Y decidimos entonces romper las relaciones con ese deudor. Ya no queremos seguir operando con él. No le urgemos vender más. Queremos solo cobrar y olvidarnos de él. Renunciamos al principio “Cuesta más conseguir un cliente que mantenerlo”. Ya no es cliente. Y entonces se han de poner en marcha las “políticas de morosidad”, la parte de las políticas de gestión del riesgo de cliente que marcan los procedimientos a seguir en aquellos terceros que tienen una deuda con la compañía no atendida y no tienen intención de pagar. Entran en funcionamiento temas como las posibles acciones judiciales. Si la negociación no ha sido posible, que actúe la Justicia. ¿Quién hará esta labor? Quizás el credit manager, si tiene la titulación y una sólida formación jurídica, normalmente el departamento jurídico de la empresa, o quizás un tercero al que le encarguemos el cobro, una empresa especializada de recobro (si es así, por favor que no sea de las que salían en el referido periódico, por el bien de la ética empresarial).

Este último tipo de deudor si es el MOROSO. Pero ya no es cliente. Es un ”deudor” , con quien no quiero hacer más operaciones de “tráfico habitual”, o sea , ventas convencionales.

Por ello, hablar de “cliente moroso” es meter en el mismo saco a figuras muy distintas, y para mí, algo incompatible.

¿Cuál sería la palabra indicada para este tipo de “cliente renuente en el pago”. No lo sé. Cualquier sugerencia será bienvenida.

P.S. : En referencia a las compañías de recobro que comentaba en el primer párrafo: No he visto a nadie de smoking o monje persiguiendo a un alcalde, a un concejal o a un consejero de un gobierno autónomo o a las puertas de un Ministerio. Será porque respetan mucho la democracia y  los poderes públicos democráticamente elegidos

La gestión del crédito comercial mediante el “factoring” de exportación

Mario Cantalapiedra – Economista

Son muchas las empresas españolas que están intentando superar la crisis económica a través del incremento de su actividad de venta en el exterior, de tal modo que si aquí no hay negocio debido al letargo de la demanda interna habrá que tratar de buscarlo allende nuestras fronteras. Este aumento de la actividad exportadora ha hecho que también se incremente la utilización de los instrumentos de gestión del crédito comercial que se asocian a la misma, como es el caso del factoring de exportación. En concreto, durante el pasado ejercicio de 2011 esta modalidad de factoring creció en España más de un 18 por ciento, con un volumen de cesión de créditos total que alcanzó los 11.680 millones de euros, según los datos recientemente aportados por la Asociación Española de Factoring (AEF).

Te recuerdo que mediante la operación de factoring una empresa cede las facturas generadas por sus ventas a una compañía especializada para que se ocupe de su gestión de cobro, pudiendo además solicitar un conjunto de servicios de carácter financiero, administrativo y comercial, entre los que se encuentra el pago anticipado de las facturas. El hecho de que pueda plantearse no solo para las ventas realizadas en el interior sino también para aquellas que se efectúen a deudores extranjeros, resulta fundamental para las pequeñas y medianas empresas exportadoras que carezcan de una gran infraestructura y encuentren mayores obstáculos para operar en los mercados exteriores, tales como legislaciones distintas a las nacionales o gestiones administrativas complejas en las que influyen aspectos culturales y hasta lingüísticos, los cuales pueden variar  además de un país a otro. Mediante la cesión de las facturas a una compañía especializada que ofrezca factoring de exportación se puede lograr que la exportación se convierta prácticamente en una venta nacional.

El factoring de exportación, por tanto, proporciona seguridad en el cobro de las facturas a clientes extranjeros, elimina los mismos riesgos y proporciona las mismas ventajas que en el caso del mercado interior, pero que son más difíciles de gestionar en el exterior. No obstante, debes saber que al igual que el factoring nacional no suele estar disponible para productos perecederos y para ventas que se realicen a largo plazo. También se ha de valorar la injerencia en la relación comercial entre cliente extranjero y proveedor nacional de un externo, la compañía de factoring, así como el coste del producto, relativamente alto si lo comparamos con otras opciones que existen en el mercado.

Pólizas de crédito: de aquellos barros vienen estos lodos

Mario Cantalapiedra – Economista

A la virulencia con la que nos está golpeando la crisis económica y financiera, se une el hecho de que el entorno desfavorable ha coincido en el tiempo con la ausencia de capital humano experto tanto en las empresas españolas como en las entidades bancarias que les financian, o mejor dicho, les financiaban.

Los años de fuerte crecimiento del pasado reciente moldearon unos empresarios que a base de bonanza se relajaron en su negocio, el cual ya no hacía falta conocer en profundidad ya que todo se vendía relativamente solo. Por el lado de la banca, como su negocio también crecía de forma exponencial, ya no era necesario contar con tantas personas expertas que analizaran concienzudamente las operaciones de riesgo, bastaba con una fuerza comercial más o menos joven que consiguiera colocar los productos en un mercado muy competitivo, que debía acudir a las empresas en busca del negocio para quitárselo a su competidor aunque fuera a costa de relajar el estudio de la operación. A los mayores dentro de las entidades financieras que sabían algo de eso antiguo que llamaban crisis y que, a lo mejor, preferían tomar más precauciones, se les podía ofrecer una honrosa prejubilación.

Esta trayectoria se ha podido advertir hasta en la concesión y uso de los productos de financiación bancaria más habituales como las pólizas de crédito, muy ligadas a las pequeñas y medianas empresas. Un producto financiero pensado en origen como colchón de tesorería, para salvar el tiempo que transcurre desde que una empresa paga a sus proveedores y demás acreedores hasta que cobra de sus clientes, que al final ha sido utilizado para todo lo que hiciera falta, para qué os voy a engañar. Desde el punto de vista bancario, no era plan ser muy quisquillosos con el análisis del destino de los fondos no fuera que la competencia “levantara” el producto y los objetivos de negocio no se cumplieran. Desde la perspectiva de la empresa, tampoco hacía falta realizar un control presupuestario muy exhaustivo, al fin y al cabo se estaba creciendo y todo iba “viento en popa”. Que había que comprar una nueva máquina, se tiraba de la póliza, que se querían renovar las instalaciones, ahí estaba el crédito, total el banco lo concedía y luego solo había que ir renovándolo año a año, hasta que ya no lo renovó y vinieron los problemas.

Ahora los bancos se esfuerzan en recuperar a los prejubilados que sabían algo de eso que se llamaba crisis, ahora las empresas no consiguen las pólizas de crédito ni aunque demuestren que las van a destinar a cubrir desfases entre cobros y pagos… ¡qué malos se me antojan los extremos en la vida!

Pago fuera de plazo de los seguros sociales

Mario Cantalapiedra – Economista

Las cuotas del régimen general de la Seguridad Social se devengan por meses vencidos y se ingresan dentro del mes natural siguiente al de su devengo, salvo en el caso de los trabajadores autónomos que las pagan en el mismo mes que se devengan. Muchas empresas debido a los problemas de liquidez que atraviesan están teniendo serias dificultades para ingresar las cuotas dentro de los plazos reglamentarios, por lo que conviene repasar los recargos que la legislación de la Seguridad Social establece en caso de incumplimiento, para que a nadie le pille por sorpresa:

  • Si a pesar de no liquidar las cuotas, los documentos de cotización son presentados dentro del plazo reglamentario:
    • 3% de recargo sobre la deuda, si las cuotas se abonan dentro del primer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.
    • 5% por ciento de recargo sobre la deuda, si las cuotas se abonan dentro del segundo mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.
    • 10% de recargo sobre la deuda, si las cuotas se abonan dentro del tercer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.
    • 20% de recargo sobre la deuda, si las cuotas se abonan a partir del tercer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.
  • Si los documentos de cotización no se presentan dentro del plazo reglamentario:
    • 20% de recargo sobre la deuda, si las cuotas se abonan antes de la terminación del plazo de ingreso establecido en la reclamación de deuda que se envía con carácter previo a la providencia de apremio.
    • 35% de recargo sobre la deuda, si el ingreso se produce a partir de la terminación de dicho plazo.

En cualquier caso, e independientemente de la presentación o no de los documentos de cotización, si a la empresa se le notifica una providencia de apremio por parte de la Seguridad Social, por la que si no realiza el pago, se produce el embargo, y sigue sin abonar la deuda una vez transcurridos quince días desde dicha notificación, además del recargo correspondiente, será penalizada con un interés de demora aplicable tanto al principal de la deuda como al propio recargo.

Desde luego el coste de no pagar las cuotas sociales es extremadamente elevado. Solo teniendo en cuenta el recargo del 3% y si la empresa ingresa las cuotas dentro del mes posterior al vencimiento del plazo reglamentario, estaríamos hablando de un coste efectivo anual superior al 40%, por lo que ante problemas de tesorería que se presenten no se me antoja una de las soluciones más recomendables.

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