Cómo rellenar el cuadro sobre morosidad en la memoria de 2011

Mario Cantalapiedra – Economista 

En un post anterior hablé de la forma correcta de calcular el plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos, en el contexto de la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales sobre aplazamiento de pago a proveedores. Ahora me gustaría comentar el modo correcto de cumplimentar el cuadro previsto para recoger dicha información en las cuentas correspondientes a 2011, primer ejercicio en el que se ha de suministrar una información completa. 

Utilizaré para ello los datos del referido post, es decir, los de una empresa que ha realizado pagos en 2011 a sus proveedores por 4 millones de euros, de los cuales 250.000 han superado el plazo legal y para la que se obtenía un PMPE de 21 días. Añadiré ahora que esta empresa a final de los ejercicios 2010 y 2011, mantenía saldos pendientes de pago a sus proveedores que sobrepasaban el plazo legal de 75.000 y 58.000 euros, respectivamente. Con esta información, hay dos posibilidades de rellenar el cuadro sobre morosidad que se incluirá como una nota más de la memoria:

Seminario

Anteproyecto de modificación de las tasas judiciales. ¿copago en la Justicia?

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El Ministro de Justicia presentó recientemente ante el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley de reforma sistema de tasas judiciales.

El pago de una tasa judicial para poder ejercitar la potestad jurisdiccional, es decir, para poder promover un procedimiento judicial está vigente en España desde el año 2002 y se encuentra regulado  por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del orden fiscal.

Según su actual regulación, sólo deberán abonar, como requisito previo a promover un proceso, las denominadas tasas judiciales aquellas empresas cuya facturación exceda de los 8 millones de euros anuales.

Tasas judiciales

La reforma propuesta por el Ministerio de Justicia supone una ampliación del espectro de la tasa judicial en dos ámbitos:

a) En cuanto a su cuantía, ya que la tasa a abonar aumentará en las siguientes cuantías.
b) En cuanto a los sujetos obligados.

Según el Anteproyecto, vendrán obligados a pagar las tasas judiciales para poder demandar no sólo las empresas que facturen más de 8 millones de euros anuales, como hasta la fecha, sino también cualquier otra  empresa (incluidas PYMES y autónomos) y cualquier particular que pretenda promover un procedimiento judicial o hacer valer su derecho a recurrir en apelación o casación.

c) En cuanto a las Jurisdicciones a las que resulta aplicable.

Ya que ahora resultarán aplicables también a la jurisdicción social si bien sólo en la segunda instancia.

Desde el Ministerio de Justicia se busca justificación a esta ampliación de cuantías y sujetos obligados en la necesidad de “evitar la litigiosidad artificiosa que satura actualmente los Juzgados”.

Sin embargo, con esta medida y otras adoptadas en el pasado (necesidad de constituir depósito económico para poder recurrir, aumentar a 600.000 euros la cuantía mínima de un procedimiento para que sea susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, etc…) más bien parece que lo que se pretenda sea descolapsar los Juzgados a base de de establecer un precio de acceso a los mismos tan caro que resulte coercitivo, de tal suerte que se corre el peligro de que dejemos de interponer un proceso judicial, es decir, de acceder a la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución nos garantiza simplemente porque resulte demasiado caro o, en algunos casos antieconómico hacerlo. Piénsese en muchas PYMES que tienen que afrontar los gastos de decenas de reclamaciones de cantidad: no les pagan sus clientes y les sale más caro todavía reclamar su adeudo.

Desde el propio Ministerio y desde algunas instituciones, como el propio Consejo General del Poder Judicial, se niega este extremo argumentando que la Constitución reconoce el derecho a una tutela judicial efectiva pero no a que el acceso a dicha tutela sea gratuito. Parecen olvidarse al esgrimir este argumento que el acceso a la tutela judicial efectiva nunca ha sido gratuito y que la Administración de Justicia se sustenta ya con fondos públicos, constituyendo las tasas judiciales un “copago” o mejor dicho “repago” de lo que ya sostenemos con nuestros tributos.

Cinco diferencias entre “forfaiting” y “factoring”

Mario Cantalapiedra – Economista

Forfaiting es un término anglosajón utilizado para referirse a un sistema de financiación de las exportaciones que se ofrece sin recurso. En esta operación financiera la entidad de crédito anticipa al exportador efectos comerciales generados en el comercio internacional a cargo del importador, por regla general, pagarés o letras de cambio, asumiendo el riesgo total de impago. En España también se conoce como descuento sin recurso, para diferenciarlo precisamente del descuento comercial simple, que es una operación siempre con recurso y, por tanto, bastante más barata.

El forfaiting te puede servir para cobrar las operaciones que realices con clientes radicados en países que, bien por su falta de desarrollo, bien por su inestabilidad política o económica, tengan un elevado riesgo. Debido a dicho riesgo, la entidad de crédito que anticipa los efectos te exigirá normalmente que los mismos vayan avalados por el banco del importador u otra entidad financiera.

El forfaiting suele confundirse con el factoring, sobre todo con el que se ofrece en su modalidad de exportación, cuando hay varios elementos que los diferencian en la práctica, como son los siguientes:

1. Ámbito de la operación

El forfaiting está previsto para operaciones de exportación.

El factoring se prevé tanto para ventas nacionales como internacionales (factoring de exportación).

2. Soporte documental

El forfaiting suele soportarse en letras de cambio o pagarés, medios de pago que son aceptados internacionalmente.

El factoring se soporta en facturas de venta.

3. Servicios adicionales

El forfaiting únicamente incluye el anticipo de la venta, es decir, la financiación.

El factoring, aparte de la opción de financiación, ofrece otros servicios adicionales como la investigación comercial de los clientes o la administración y control contable de las facturas cedidas.

4. Plazo

En el forfaiting se pueden anticipar letras o pagarés con un plazo largo de vencimiento, que inclusive puede llegar hasta los cinco años. Los plazos de pago, en cualquier caso, deberán estar en consonancia con la naturaleza del bien o servicio que se exporta, más cortos para bienes de consumo, más largos para bienes de equipo.

El factoring es difícil que se acepte para vencimientos de facturas que superen los seis meses.

5. Cobertura del riesgo de impago

El forfaiting siempre se realiza bajo la modalidad sin recurso, luego el riesgo de impago está cubierto al cien por cien.

El factoring puede realizarse con o sin recurso, pudiendo negociarse en el segundo de los casos coberturas inferiores al cien por cien que abaraten el coste de la operación.

Análisis del Tercer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Se acaba de presentar oficialmente el Tercer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, el cual tiene por objeto informar de la evolución real de la morosidad empresarial, los plazos de pago y la gestión del riesgo de crédito. En esta tercera edición, los resultados se han obtenido en base a 240 entrevistas realizadas entre los meses de febrero y marzo a profesionales relacionados con la gestión del riesgo cliente o credit management en España.

En base a sus datos, la verdad es que no puedo decir que me cause gran sorpresa que las cosas, en materia de morosidad, no solo no mejoren sino que sigan empeorando con respecto a ediciones anteriores del Estudio. De este modo, ahora el 66 por ciento de los encuestados reconoce haber sufrido algún impago significativo en los últimos doce meses, un aumento de 17 puntos sobre el dato anterior, muestra del deterioro al que nos vemos expuestos, el cual afecta ya a dos de cada tres empresas españolas.

Con respecto a los plazos de pagos, el 43 por ciento de las empresas declara haber cobrado en 2011 por encima del plazo fijado por la Ley 15/2010 contra la morosidad, que te recuerdo era de 85 días. Por rizar más el rizo, se ha preguntado también cómo se está cobrando en el presente año, para el que el calendario transitorio de la mencionada Ley fija un plazo de pago de 75 días… pues no puedo darte buenas noticias al respecto: el porcentaje de empresas que declara cobrar por encima de ese límite se eleva al 52 por ciento, es decir, aún peor que el año pasado, parece que el “aterrizaje suave” previsto por el legislador… ni aterriza, ni lo hace suavemente, evidentemente la coyuntura no ayuda.

Así a nadie le puede extrañar que el 76 por ciento de las empresas declare que el efecto de la Ley 15/2010 ha sido poco significativo para ellas. Lo que sigue vigente es la utilización de los informes comerciales como la herramienta de gestión de riesgos preferida, seguida de seguros de crédito, aunque lo que más destaca, en mi opinión, es la tendencia mayor de las empresas a utilizar ratings tanto internos como externos, de lo que se puede desprender una preocupación creciente por el estudio del riesgo.

Por último hay una materia que me gustaría destacar y que representa una novedad en el cuestionario de esta 3ª edición, referente a la necesidad de desarrollar un reglamento sancionador que regule los incumplimientos de la Ley contra la morosidad, a la que se muestra favorable nada menos que el 72 por ciento de las empresas.

Insistencia en el error

La consistencia en el error, dentro de lo malo, tiene un elemento positivo, y es que te permite prever una situación futura, matizándola en ese grado de error. Pero la insistencia en el error es siempre negativa. Y eso es lo que se ha producido con la resolución de 13 de Abril para pago a proveedores de Comunidades Autónomas. Se han vuelto a repetir (de hecho a copiar casi literalmente)los errores del Real Decreto 4/2012 para pagos a entidades locales. Ya al dar nuestra opinión sobre este Real Decreto en el post anterior NUESTRA PEQUEÑA GRECIA hablábamos de que si bien había una indudable entrada de liquidez para las compañías que, por fin, cobrarían sus deudas, había ciertos elementos discordantes. Y al ver la resolución de 13 de Abril vemos que el letrado del Ministerio se ha limitado a hacer un “corta y pega” de la normativa anterior.

Y por resumir las incidencias, serían

1.- Cualquier estudiante de primero de Derecho sabe que una Ley votada por las Cortes tiene más peso jurídico que un Real Decreto y no digamos ya que una Resolución firmada por un Secretario General. Pues en este país, dada la “grave situación económica”, un Real Decreto y una Resolución pasan por delante de Ley de Morosidad (esas leyes que se publicaron en el BOE precedidas del famoso “ A todos los que la presente vieren y entendieren SABED que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar…”).Un Parlamento dice que “los intereses de demora son innegociables….” .Y un gobierno y un secretario dicen que ni intereses, ni gastos de cobro ni gastos judiciales. ¿A eso se llama seguridad jurídica?

2.- Con los tiempos del proceso requerido para saber cuanto debe cada Ayuntamiento o Comunidad Autónoma, nos vamos a plazos de morosidad adicional. No es ya que solo hablemos de deudas vencidas y exigibles hasta 31/12/2011, sino que, con los procedimientos “inventados” de informar, conformar, aceptar y financiar, difícilmente antes de la segunda quincena de mayo se empezaran a cobrar esas facturas. O sea, casi 150 días de atraso. Y la de las Comunidades Autónomas, más aún, pues solo el 13 de Abril han empezado a “ponerse las pilas”. Eso teniendo en cuenta que en el caso de los Ayuntamientos no se fija un plazo cierto para que se apruebe la formalización de las operaciones de crédito pertinente.

3.- El plazo de los acreedores, que llevan algunos años esperando, para poder aceptar las facturas es el más corto de todos. Solo va del 2 de Abril al 22 de Abril. Y esa información de plazos, eminentemente relevante, debe encontrarse en una simple “Nota informativa de la AEAT sobre procedimiento de pago a proveedores”. Tanto Real Decreto y tanta reunión para esconderlo todo en una página WEB. Y el que llegue tarde ¿Qué? Las grandes empresas no perderán comba, pero ¿Y las PYMES?

4.- El famoso “Descuento ofertado”. El Real decreto dice que lo hay, el Ministro dice públicamente que no lo habrá, la resolución sobre Comunidades Autónomas lo vuelve a incluir, y en la WEB de la AEAT para aceptar este proceso de cobro se habla de “descuento acordado”. ¿Acordado con quién? ¿Ofertado por quién? Al acceder a la WEB, el acreedor debe colocar su descuento, como si fuera una subasta, esperando que le guste a quien lo lea después. Y lo mejor: La AEAT no lo incluye como uno de los criterios para la prelación de pagos. Claro que a estas alturas, ya no se sabe que tiene más peso jurídico, si una nota informativa, una resolución, un Ministro, un Real Decreto o el Parlamento

5.- Lo que nadie dice es como tratará la AEAT ese descuento. Al no haber situación jurídicamente relevante (sentencia judicial o similar), y ser una propuesta libremente planteada por el acreedor, ese descuento puede ser perfectamente considerado como una liberalidad. Y por lo tanto no ser considerado su IVA como deducible, ni deducible la pérdida a efectos de IRS o IRPF. ¿Debe de generarse una factura rectificativa ¿ ¿Con qué concepto? Está claro que como descuento por pronto pago no. Y esto no lo explican en ninguna WEB o nota informativa que haya podido localizar

6.- Hay ayuntamientos que teniendo deuda por 10 han pedido ayudas por 6. ¿Y los otros 4? ¿No cobran? ¿Su plan de ajuste explica cómo se pondrán al día? Esperemos que las nuevas normas de transparencia resuelvan esto de alguna manera coherente. Porque doy por supuesto que todas las facturas de enero, febrero y marzo se están pagando a su vencimiento ¿O no?

7.- “Los muertos no se cuentan” .Como en el título de este libro, los caídos por la crisis o por la morosidad de quien ahora recibirá dinero para pagar, no podrán ir a reclamar su deuda. ¿Informarán los ayuntamientos de cuantas facturas no deberán atender porque nadie las reclama? ¿Las publicará el Ministerio, pues tiene la relación, teóricamente exhaustiva, y podrá decir quién no ha ido a cobrar, porque ya no existe? Será una buena terapia para darnos cuenta de las “bestialidades” que a veces se han hecho

8.- Algunas compañías tiene en sus políticas de crédito la norma de no trabajar con clientes que hayan generado pérdida a la compañía. Se suele ser “laxo” con este criterio, porque no se suele incluir el coste de la morosidad o los costes de recobro como pérdida. Pero si hay una quita con una entidad local o comunidad autónoma. ¿Se cambiaran esos criterios de la política de riesgo? Dado que estas normativas están poniendo a la luz el hecho de que las entidades públicas ya no solo tienen riesgo de atraso, sino que tienen incluso riesgo de insolvencia (aunque sea parcial) deberían especificarse los límites y las operativas de aceptación de riesgos con este tipo de entidades a futuro.

Y 3 conclusiones:

Unos 27.000 millones, menos quitas ,que las empresas le tenían prestados a ayuntamientos y comunidades van a volver a las empresas, y de ahí, en gran parte, a los bancos , para cubrir las financiaciones que esas mismas deudas generaron. Es un círculo más  vicioso que virtuoso, porque seguramente su siguiente paso será tapar el agujero de los bancos, y no tanto volver a las empresas. Esta siendo un proceso lento, farragoso, y con demasiadas dudas. Demasiado voluntarista para la preparación que se supone en nuestros gestores públicos

Papa Estado no se puede quejar. De los 27.000 millones (menos quitas) que paga ahora, unos 4.800 millones ya los había cobrado vía IVA de los acreedores que ahora se ponen en cola. Buen momento para recordar aquella promesa de que, en PYMES, el IVA no se pague (ni se deduzca) hasta que la factura se cobre( o se pague). La AEAT ha demostrado que tiene conocimiento, tecnología y capacidad para gestionar este tema. Eso sí que sería una buena inyección de crédito a la economía nacional.

Y final: dicen los manuales que las frustraciones se generan cuando hay  expectativas que no se cumplen. Con este tema hemos ido, poco a poco, reduciendo la expectativa. Al final, lo que llegue será bienvenido. No era lo que pensábamos al principio, pero es liquidez. Y en estos momentos, es lo que más escasea.

El Ayuntamiento me pide el BIC para pagar mis facturas

Mario Cantalapiedra – Economista

Me comenta un amigo empresario que, a efectos de adherirse al plan extraordinario de pagos a proveedores instrumentado por el Gobierno, un ayuntamiento deudor le reclama que facilite en la información que debe aportar el BIC de la cuenta bancaria donde desea le sea transferido el dinero de las facturas pendientes.

Aunque en principio este requisito solo sería necesario para las cuentas internacionales, que no es el caso de la empresa que te comento, voy a tratar de clarificar los tres códigos de identificación de cuenta bancaria que existen y que te pueden pedir, por si acaso:

El primero de ellos es el Código Cuenta Cliente (CCC), sistema numérico utilizado en España para identificar una cuenta bancaria, formado por veinte dígitos, donde los cuatro primeros representan el código de la entidad de crédito, los cuatro siguientes el código de la sucursal, los dos siguientes los dígitos de control y los diez últimos el número de la cuenta.

El segundo, el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN), representa el identificador único de cuentas bancarias a nivel internacional, que facilita el tratamiento automático de cobros y pagos transnacionales. Consta de un máximo de treinta y cuatro caracteres, teniendo en cada país una longitud fija, que en España es de veinticuatro caracteres, donde los dos primeros son de carácter alfabético e identifican al país, en nuestro caso “ES”, los dos siguientes son dígitos de control y los restantes son los veinte dígitos que distinguen al CCC. La relación entre los dos códigos es clara, puesto que ambos sirven para identificar la misma cuenta bancaria, lo que pasa es que mientras el CCC lo realiza a nivel nacional, el IBAN lo hace internacionalmente.

Por último, el Código de Identificación Bancaria (BIC), identifica internacionalmente a las entidades de crédito permitiendo la transmisión de mensajes seguros sobre transacciones financieras de carácter internacional. Normalmente consta de ocho caracteres, donde los cuatro primeros identifican a la entidad internacionalmente, los dos siguientes identifican al país (en el caso de España, de nuevo son las letras “ES”) y los dos últimos identifican a la localidad (por ejemplo, Madrid es “MM”). Opcionalmente puede tener tres caracteres adicionales para identificar a una sucursal concreta. Se utiliza conjuntamente con el IBAN para conseguir una mayor seguridad y rapidez en los pagos y cobros internacionales.

En ocasiones puedes encontrar los tres códigos, por ejemplo, en los talonarios de cheques asociados a tu cuenta, en otras puede faltar el BIC, por lo que te recomiendo lo consultes a tu entidad y que, al menos, el ayuntamiento de turno no se excuse en la falta de este dato para no pagar tus facturas.

La mediación en asuntos civiles o mercantiles ( incluidos los asuntos transfronterizos )

Ignasi Frigola – Abogado

El Gobierno promulgó el pasado 2 de Marzo el Real Decreto-ley 5/2012 de 5 de Marzo de “mediación en asuntos civiles y mercantiles” con el que da cumplimiento a lo contenido en la directiva 2008/52/CE de 21 de Mayo de 2008 incorporándola al derecho interno español.

A continuación se pretende apuntar unas pocas ideas sobre las novedades que esta norma ha supuesto para nuestro derecho.

Ciertamente con la regulación de la institución de la mediación se trata de devolver la capacidad de resolver los propios conflictos a sus protagonistas, desjudicializándolos: simplemente porque son las partes quienes mejor sabrán resolverlos.

Me gusta describir la mediación, como aquel proceso con intervención de tercero con el que se pretende separar y desgajar del conjunto del conflicto existente, el problema jurídico por una parte, del problema personal o sentimental, por otra; dicho de otro modo, separamos el problema del sentimiento.
Según el Real decreto aprobado, la mediación se basa en la voluntariedad y la libre decisión de las partes, Artículo 6, desapareciendo la obligatoriedad de acudir a un proceso mediador en determinados supuestos como habían establecido propuestas legislativas anteriores.

Son principios que inspiran el proceso: la igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores, su neutralidad, y la confidencialidad, protegiéndose esta última, desde un punto de vista legal estableciendo que a quienes participen como mediadores se les “impide declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o arbitraje que se celebre” en un futuro.

El comienzo del proceso mediador suspenderá la prescripción o la caducidad de las acciones. Esta suspensión se prolongará durante el tiempo que medie hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación, o se produzca su terminación según las causas previstas en la ley.

En el artículo 15 se aborda el tema del coste de la mediación, tema de capital importancia, a saber: “1.- El coste de la mediación, haya concluido o no con el resultado de un acuerdo, se dividirá por igual entre las partes, salvo pacto en contrario.”

Me parece interesante apuntar que la norma en absoluto establece plazos de duración del proceso mediador, su artículo 20 dispone:”La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones”.

El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas a la mediación, y las partes intervinientes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras el procedimiento de mediación; el acuerdo de mediación se presentará ante un notario acompañado de copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento. Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación alcanzada después de iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del tribunal su homologación.- Artículo 25.4.

Dos apuntes muy breves para terminar: en primer lugar, la presente regulación se circunscribe al ámbito de las competencias del Estado en materia mercantil, procesal y civil sin perjuicio de las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias. Hay que citar por su modernidad, la ley catalana 15/ 2009 de 22 de Julio de “mediación en el ámbito del derecho privado” que regula para Cataluña el tema estrella de “la mediación familiar”, fundamentalmente.

En este punto pueden surgir problemas derivados de la existencia del Derecho Civil, foral y propio de algunos territorios pero que se tratarán de resolver, muchas veces, alegando la exclusividad competencial del Estado en materia de legislación sobre el proceso civil, siendo la mediación un procedimiento al fin y al cabo, y en otras ocasiones acudiendo a la materia regulada, atribuyendo dicha competencia a la Comunidad Autónoma.

La reforma aborda la facultad de las partes de disponer sobre sus propios asuntos, sometiéndolos a mediación, y será fundamental la actuación de los jueces “invitando” a los litigantes a llegar a acuerdos, informando a los justiciables de las ventajas de acudir a una mediación.
No terminaré sin dejar bien claro que con el desarrollo de esta institución la función del abogado no debe verse amenazada de ninguna manera: habrán temas que deberán ser resueltos por medio de la mediación, y otros asuntos, que precisarán para su solución de una contienda entre partes a través de un proceso judicial.

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