El timbre en los documentos mercantiles emitidos “a la orden” y “no a la orden”

Mario Cantalapiedra – Economista

Existe una serie de documentos mercantiles negociables en las entidades financieras sujetos al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD), a través de los que conocemos como timbres. En concreto, los timbres gravan a las letras de cambio y a otros documentos que las suplen o que realizan una función de giro, es decir, acreditan la remisión de fondos de un lugar a otro, implican una orden de pago o en ellos figura escrita la cláusula “a la orden”.

Cuando vas a un estanco y compras una letra, aunque mejor debería decir cuando ibas, puesto que este medio de pago se encuentra en claro desuso, debes adquirir aquella que lleve impresa el timbre correspondiente al nominal por el que deseas librarla, de tal modo que si la extiendes en un efecto timbrado de cuantía inferior, queda privada de la eficacia ejecutiva que le atribuyen las leyes, es decir, de la mayor facilidad judicial para recuperar el dinero en caso de que se produzca un impago. La escala progresiva del impuesto hace que a mayor importe del nominal, mayor tributación se realice. Por ejemplo, si la letra se libra por un nominal comprendido entre 1.502,54 y 3.005,06 euros, el timbre a pagar será de 8,41 euros, mientras que si el nominal se comprende entre 3.005,07 y 6.010,12 euros, entonces se pagarán 16,83 euros y así sucesivamente.

En el caso de los documentos que suplen a las letras de cambio, por ejemplo, un pagaré o un recibo normalizado, antiguamente se liquidaba el IAJD mediante “timbres móviles”, es decir, a través de unos sellos que se pegaban a los documentos en la cuantía necesaria y que también se adquirían y se adquieren en los estancos. Hoy en día lo normal es utilizar el denominado “pago a metálico” o más coloquialmente “timbres a metálico”, por los que la entidad financiera elegida para negociar el documento se encarga de pagar el IAJD de forma delegada, adeudando el importe correspondiente en cuenta. Es necesario que al revisar la liquidación remitida por el banco se compruebe que el banco solo ha adeudado el importe correspondiente al timbre, según la escala del impuesto. Cualquier importe por encima habrá de considerarse como una comisión que cobra la entidad financiera, algo que también puede ocurrir. Por otro lado, es importante recordar que los documentos en los que aparece la cláusula “no a la orden” no están sujetos al IAJD, por lo que no devengan timbres cuando se negocian.

Aplicar el sentido común a la actividad bancaria

Mario Cantalapiedra – Economista

Muchos piensan que las soluciones a la crisis pasan por aplicar modelos complejos y novedosos, recetas que solo mentes privilegiadas pueden diseñar y ejecutar, pero yo creo que en muchos ámbitos de lo que se trata es de aplicar soluciones simples, de utilizar el sentido común y volver a las bases que siempre han definido la actividad de la Economía en su conjunto y de los agentes que forman parte de la misma. Por ejemplo, en el entorno de la banca, tan convulsionado en nuestros días, se trata de volver a aquello que desde siempre ha sido su impronta, a la actividad que básicamente consiste en captar fondos ajenos con los que conceder préstamos y créditos a los que los demandan, es decir, a lo que históricamente se ha conocido como banca comercial.

Con el término comercial se ha diferenciado a un tipo de banca dedicada a financiar a particulares y empresas, sin participar en el capital de estas últimas. La banca comercial basa su actividad en la captación de fondos del público exigibles a la vista y a corto plazo, con el objeto de conceder créditos y préstamos, en su mayoría también con una perspectiva de corto plazo. Con esta función posibilita que, por un lado, se estimule el ahorro en el conjunto de la economía y que, por otro, se incentive la inversión de los empresarios que pueden acceder a los recursos que financien sus proyectos, vamos, lo que nos está faltando en la actualidad. La diferencia entre los ingresos que logra un banco comercial por ceder los fondos y los costes que ha de afronta por captarlos es la base de su resultado, el margen de intermediación o financiero, es decir, el negocio bancario puro.

Claro, lo que pasa es que captando el dinero del público y prestándoselo a alguien solvente que pueda devolverlo con la obtención de un margen por la intermediación, las posibilidades de crecimiento del negocio son relativamente modestas, sobre todo, si se comparan con los beneficios que pueden proporcionar otros negocios paralelos como, por ejemplo, la especulación en los mercados financieros. La tentación de desviarse de la esencia, por lo que se está viendo, ha sido grande y los perjuicios los estamos padeciendo todos. Ha llegado el momento de volver al negocio bancario de base, eso no parece muy complicado aunque a alguno le pueda parecer hasta aburrido y no colme su codicia.

La comunicación al cliente de la cesión del crédito en la operación de “factoring”

Mario Cantalapiedra

Uno de los principales problemas asociados a la operación de factoring, es el de la injerencia que se produce en la relación comercial entre cliente y proveedor de un externo, el factor, el cual mediante la firma del contrato pasa a ser el encargado de gestionar el cobro de las facturas de venta. En muchas ocasiones, los clientes obligados al pago no ven con buenos ojos la cesión a un tercero, ajeno a la relación comercial con su proveedor, del derecho a cobro. Inclusive si la comunicación de la operación no se hace de un modo correcto, pueden llegar a pensar que su proveedor tiene problemas financieros, se encuentra intervenido por una entidad financiera y por eso hay que pagarle directamente a ella las facturas.

Por tanto, una vez que se firma la operación, se ha de comunicar la nueva situación al deudor, para lo cual la compañía de factoring suele facilitar un modelo de carta que permite informar de la celebración del contrato y de que, a partir de la fecha, ostenta el derecho de cobro. Carta que el proveedor deberá hacer llegar a su cliente con regreso de copia aceptada, con el fin de evitar problemas posteriores. Cada entidad utiliza su  propio modelo, no obstante, una referencia válida puede ser el siguiente:

(CARTA CON MEMBRETE DEL PROVEEDOR)

(NOMBRE, DIRECCION Y NIF DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

Por la presente, nos es grato participarles que hemos establecido a fecha de hoy un contrato de cesión de crédito (factoring) con (COMPAÑÍA DE FACTORING), por lo que, en lo sucesivo, todas las facturas emitidas a cargo de ustedes, deberán ser abonadas a (COMPAÑÍA DE FACTORING). Les rogamos que en lo sucesivo sus pagos mediante transferencia bancaria los efectúen de acuerdo con los siguientes datos, indicando siempre en el apartado de observaciones, nuestro NIF y el detalle de las facturas que se están abonando:

Beneficiario: (COMPAÑÍA DE FACTORING)

Entidad: _____

Sucursal: _____

Nº de cuenta: __________________

Estas instrucciones únicamente podrán ser revocadas mediando conformidad expresa y por escrito de (COMPAÑÍA DE FACTORING). Les rogamos que nos remitan la copia del presente escrito, debidamente firmada, como prueba de su conformidad hacia el mismo.

Agradeciendo su colaboración, aprovechamos para saludarles muy cordialmente,

(NOMBRE PROVEEDOR, firma y sello)   (NOMBRE CLIENTE, firma y sello)

(LOCALIDAD), a _____ de _____ de _____

Reclamación a deudores europeos.

Ignacio Frigola-Abogado

El proceso Monitorio Europeo desde el punto de vista del empresario vendedor español.

Se trata de un procedimiento simplificado establecido para hacer realidad la libre circulación de personas y mercancías en el seno de la Unión Europea.

A través del proceso monitorio europeo se obtiene un título ejecutivo que es directamente ejecutable tanto en el estado origen de la resolución como en cualquier otro estado miembro – excepto Dinamarca. Y ello sin necesidad de solicitar el procedimiento de exequátur ni certificación alguna.

Es un procedimiento concurrente con los existentes en el derecho procesal interno de cada estado, sin que exista límite en cuanto a importe a reclamar, y procede en presencia de un elemento transfronterizo.

Elemento transfronterizo.

El carácter internacional se dará siempre que al menos una de las partes tenga su domicilio en un estado distinto a aquel en que se encuentra el órgano jurisdiccional que conoce del asunto.

El monitorio europeo y la empresa española.

Concretamente, este trabajo se hace en base al supuesto de que una empresa española, individual o persona jurídica, venda mercancías a un cliente domiciliado en otro estado de la Unión y se interponga la reclamación en base al monitorio europeo ante los tribunales españoles.

Competencia judicial internacional

El primer problema que nos encontramos es el relativo a la competencia de los tribunales españoles para conocer asuntos en los que intervenga un elemento transfronterizo, esto es, en nuestro caso que el comprador está domiciliado en un país europeo distinto de España y Dinamarca puesto que hemos partido de la hipótesis del empresario demandante con domicilio en España.

El Artículo 6 del Reglamento establece que será competente, con carácter general para entender de un proceso monitorio europeo el Estado miembro que lo sea de acuerdo con las normas del Derecho Comunitario aplicables en la materia (Capítulo II del Reglamento 44/2001), esto es, con carácter general es aplicable el fuero general del domicilio del demandado.

Pero se regulan además algunos fueros especiales, entre los cuales, tenemos el relativo a las obligaciones contractuales  según el cual es competente el Tribunal del lugar de cumplimiento del contrato.

El artículo 5 del Reglamento, que forma parte de la sección 2 del capítulo II, titulada «Competencias especiales», establece:

«Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro:

1) a) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda;

b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:

– cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías“

Lo primero es saber la comprensión que hacen de esta norma los tribunales españoles, quienes definirán que ha de entenderse por “lugar de cumplimiento de la obligación”; ciertamente es el lugar en el que las mercancías vendidas hubieren sido o debieren ser entregadas según los contratos suscritos. Se considera que, incluso en lo que atañe a las ventas por correspondencia, tal lugar de cumplimiento se refiere al lugar en el que el comprador adquiere o hubiera debido adquirir el poder de disposición efectivo sobre la cosa entregada según los contratos.

Si se trata de una compraventa de mercaderías, la pregunta que nos hacemos es cuál es el lugar en el que, según el contrato, se han entregado o deberían haberse entregado las mercancías.

Nos inclinamos por el lugar de la entrega material al comprador en el caso de que no conste en el contrato expresamente.

De entrada, procede subrayar que, en virtud del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento, las partes en un contrato disponen de autonomía de voluntad para determinar el lugar de entrega de las mercancías: la expresión «salvo pacto en contrario», que figura en dicho artículo del Reglamento, indica que las partes podrán pactarlo.

Se permite que las partes pacten una prórroga de jurisdicción, Artículo 6,1. Este pacto se ha de referir a los posibles monitorios que en el futuro se planteen estableciéndose en sus cláusulas contractuales. En este mismo sentido el artículo 23 que llama a la cláusula de sumisión expresa “acuerdo atributivo” de competencia, no obstante, advierte que no podrá afectar a las siguientes materias: seguros, consumidores, contratos de trabajo ni tampoco a las competencias exclusivas del Artículo 22.

La ley obliga a los tribunales que conozcan a declararse incompetentes cuando el fundamento de la competencia del citado órgano se funde en la sumisión tácita.

Procede declarar, de entrada, que la autonomía de los criterios de conexión previstos en el artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento que ahora analizamos, excluye que se recurra a las normas de Derecho internacional privado del Estado del foro, así como al Derecho material que resultaría aplicable en virtud de aquel Derecho.

INCOTERMS

Son cláusulas definidas para el comercio internacional por la Cámara Internacional de Comercio con el objeto de establecer un marco jurídico establece y conocido por todos: comprador, vendedor y transportista.

Las INCOTERMS desde el momento en que definen hasta donde llegan las obligaciones del vendedor en una transacción internacional, están definiendo el lugar del cumplimiento de la prestación principal del contrato, estableciendo directamente el lugar de cumplimiento de la obligación: es decir, la competencia del juzgado correspondiendo al órgano en cuya jurisdicción se ha puesto a disposición del comprador la cosa comprada.

Por ende, será el letrado de la empresa, el que vigile por la correcta inclusión en el contrato internacional de venta la inclusión de las cláusulas que sean convenientes según lo expuesto.

EXPEDICION DEL REQUERIMIENTO DE PAGO.

Una vez expedido por el tribunal el requerimiento de pago europeo, éste deberá de comunicarse al deudor para que pague en el plazo de 30 días: la forma de este requerimiento será la que establezca el derecho interno del estado en el que se materializa la notificación.

La propia norma comunitaria establece una casuística en cuanto a las posibles comunicaciones: sus medios y efectos.

Préstamo sindicado para el pago a proveedores de ayuntamientos y comunidades autónomas

Mario Cantalapiedra – Economista

El Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), creado por el Gobierno español para tratar de paliar el problema de la morosidad de comunidades autónomas y ayuntamientos con sus proveedores, suscribió ayer, 16 de mayo, un préstamo sindicado por valor de 30.000 millones de euros, ampliables a 35.000 millones, con 26 entidades de crédito. En principio, este préstamo es el último paso para que las corporaciones locales y las comunidades autónomas puedan refinanciar sus deudas y los proveedores empiecen a cobrar las facturas que les adeudan dichos entes públicos.

Según las previsiones, los pagos de los ayuntamientos podrán realizarse a partir del próximo 31 de mayo, mientras que para las comunidades autónomas, la fecha de cobro prevista comienza, un mes después, el 30 de junio. Las facturas se abonarán a los proveedores a través de los intermediarios financieros, por lo que el cobro les ha de llegar directamente y el crédito cuenta con el aval del Tesoro Público que, a su vez, tiene detrás la garantía de la participación en los ingresos del Estado de ayuntamientos y comunidades.

El préstamo sindicado ha sido liderado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Bankia, Caixabank  e Instituto de Crédito Oficial (ICO) como entidades directoras coordinadoras. Como entidad codirectora aparece el Banco Popular, mientras que Banesto, Banco de Sabadell, Bankinter, Banco CAM, y CECA figuran como codirectoras de la operación financiera. Otras entidades de crédito hasta un total de 26 participan en el préstamo. Para acceder al mismo, las entidades públicas beneficiarias han debido presentar un plan de viabilidad que garantice su solvencia y capacidad de pago futura.

En cuanto a datos que vamos conociendo sobre el ambicioso Plan de pago a proveedores, el Gobierno informa que los ayuntamientos han presentado 1.967.000 facturas, por importe total de 9.750 millones de euros. De esta cifra, los proveedores han solicitado el pago de 1.717.000 facturas, por 9.312 millones de euros. En el caso de las comunidades autónomas, hasta el momento se han presentado 3.960.000 facturas por un valor de 17.700 millones de euros, cifra que puede ampliarse puesto que el plazo para la presentación de facturas expira el próximo 22 de mayo. De momento ya se puede observar, como aventurábamos algunos, que el problema de morosidad pública parece  concentrarse más en las comunidades autónomas que en los ayuntamientos.

Desaparece la obligación de registrar las tarifas máximas por comisiones bancarias

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 29 de abril entró en vigor parte de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios (BOE de 29 de octubre), por la que desaparece una obligación histórica que, en materia de comisiones, tenían las entidades de crédito que operan en España. En concreto, hasta la fecha, venían obligadas a elaborar un folleto de tarifas de comisiones cobradas por los servicios que prestan, el cual era registrado en el Banco de España y podía ser consultado libremente a través de su web por cualquier interesado, que podía comparar los costes repercutidos por cada entidad.

En este folleto de tarifas lo que se comunicaban eran las cantidades máximas por comisiones a cobrar, las cuales no podían ser sobrepasadas por las entidades bancarias, a excepción de aquellos casos donde las comisiones se registraban de un modo orientativo al depender su importe real de las características finales de la operación contratada, como, por ejemplo, las correspondientes a garantías crediticias tipo aval o las que las entidades financieras repercuten por el factoring en su modalidad sin recurso. En opinión del Banco de España “puede” que las entidades financieras de forma libre mantengan el registro de dichos folletos, pero en este caso ya no tendrán la obligación de darles un carácter de máximas y podrán registrarlas a efectos meramente informativos.

La nueva Orden referida al principio del post, únicamente establece la obligación de que las entidades de crédito pongan a disposición de sus clientes no empresariales, es decir, consumidores, los tipos de interés y comisiones que habitualmente apliquen a los servicios que presten con una mayor frecuencia. Por tanto, a partir de ahora no existirá ninguna limitación al importe que pueda cobrar un banco en concepto de comisión, salvo que de forma particular y expresa se introduzca por alguna disposición legal. No sé a ti, pero a mi me parece que los clientes de las entidades de crédito con esta nueva norma perdemos parte de nuestros derechos ante ellas y más en el contexto en el que nos estamos moviendo en la actualidad. No parece muy lógico que se establezca una legislación por la que se limitan las operaciones en efectivo, lo que al final llevará a que se “trabaje” más con los bancos, no nos engañemos y, por otro lado, se elimine la exigencia de comunicar unos precios máximos para las comisiones bancarias.

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