Los objetivos principales de la contabilidad de costes

Mario Cantalapiedra – Economista

Todo lo que se relaciona con el control y reducción de costes se ha vuelto prioritario para muchas empresas, las cuales cuentan con la contabilidad analítica, interna o de costes como una de las principales herramientas para mejorar su eficiencia. Si en el ámbito de la contabilidad financiera o externa no se explica cómo se llega al resultado final de la empresa, con la contabilidad de costes se trata de conocer cuál es el coste de cada área del proceso productivo, entendido éste como el conjunto de operaciones ordenadas que permiten transformar los inputs, entradas o factores en outputs, salidas o productos, así como el coste de cada producto considerado de un modo particular.

La contabilidad de costes se utiliza para calcular correctamente los distintos márgenes y resultados, tratando de explicar dónde se ha generado cada porción del resultado final y en qué cuantía. A pesar de que formalmente, la contabilidad financiera y la de costes se confeccionan de forma separada, puesto que poseen objetivos y características diferentes, siempre habrán de intercambiarse información. De este modo, la contabilidad de costes necesitará informaciones suministradas por la financiera para su desarrollo, mientras que la financiera precisará de los datos obtenidos por la interna para valorar correctamente los inventarios en almacén de la compañía.

En el caso de la contabilidad de costes no existe una normativa de referencia como ocurre con el Plan General de Contabilidad que regula la financiera, por lo que se habrá de diseñar un sistema de costes adecuado a la realidad empresarial, tratando de alejarse de ejercicios teóricos que no sirvan para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión. Si algo caracteriza a la contabilidad analítica es que ha de ser práctica. Los principales objetivos de esta modalidad de contabilidad se pueden resumir en los tres siguientes:

  1. Proporcionar información para la planificación y el control interno. Los datos de la contabilidad interna permiten realizar presupuestos de costes en la empresa y analizar posteriormente las desviaciones producidas.
  2. Valorar los almacenes de la empresa correctamente, principalmente los de existencias finales o “a cierre de ejercicio”.
  3. Ayudar a la toma de decisiones en la gestión de la empresa, como pueden ser fijar los precios de los productos que se comercializan o abandonar una determinada línea de producción que no sea rentable para la empresa.

El Mapa Global de Riesgos 2012 (Global Risks Map) del Foro Económico Mundial

Economic Risk 2012

Economic Risk 2012

Ignacio Jiménez

El Mapa Global de Riesgos 2012 (Global Risks Map) del Foro Económico Mundial revela que hay cuatro grandes grupos de riesgo que juegan un papel importante y tienen fuertes conexiones entre ellos:

  • La fuerte disparidad de ingresos (económico)
  • Riesgo financiero sistémico (económica)
  • Imprevistas consecuencias negativas de la regulación (económica)
  • La extrema volatilidad en los precios de la energía y la agricultura (económico)

Las líneas más claras identifican aquellos los riesgos que tienen menos fuerza en las conexiones por parte de los encuestados. Las señales débiles son:

  • La vulnerabilidad a las tormentas geomagnéticas (medio ambiente)
  • La proliferación de los desechos orbitales (tecnológica)
  • Las consecuencias no intencionales de la nanotecnología (tecnología)
  • Las políticas antidrogas ineficaces (la sociedad)
  • La militarización del espacio (geopolítica)

Los riesgos que los encuestados identifican como de bajo impacto y la baja probabilidad muestran una significativa variación, sobre todo entre las distintas regiones.

Ver Informe de Riesgos Globales 2012 completo en www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2012.pdf

Economic Risk 2012

Economic Risk 2012

Cinco diferencias entre sociedades anónimas y de responsabilidad limitada

Mario Cantalapiedra. Economista

Una de las principales dudas a la hora de montar una empresa es elegir adecuadamente la forma jurídica de la misma. En el caso de querer constituir una sociedad, resulta importante conocer las diferencias que existen entre opciones similares como las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada. Ambos tipos de sociedad, a pesar de compartir su carácter mercantil, la responsabilidad de los socios limitada al capital aportado o su constitución mediante escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, también observan importantes diferencias entre las que se encuentran las siguientes:

1. Capital social mínimo

El capital social mínimo de una anónima que marca la ley es de sesenta mil euros.

Por su parte, el capital mínimo de una limitada es de tres mil euros. Esta probablemente es la razón fundamental que lleva a que se constituyan muchas más sociedades de responsabilidad limitada que anónimas.

2. Acciones y participaciones sociales

El capital social de las anónimas está dividido en acciones que pueden ser nominativas o al portador. De un modo general se prevé su libre transmisibilidad, la cual puede ser limitada por los estatutos de la sociedad en el caso de que las acciones sean nominativas.

Las participaciones sociales en las que se divide el capital de las limitadas son siempre nominativas. La ley prevé una transmisibilidad restringida para las mismas.

3. Valoración de las aportaciones no dinerarias

En las anónimas las aportaciones no dinerarias al capital de la sociedad, por ejemplo un vehículo o un inmueble, necesitan de un informe elaborado por un experto independiente.

En las de responsabilidad limitada no es necesario tal informe. A cambio los fundadores, administradores, socios y aportantes, según el caso, responden solidariamente frente a la sociedad y a sus acreedores del valor de lo aportado.

4. Emisión de obligaciones

Las sociedades anónimas pueden emitir obligaciones u otros valores negociables que reconozcan o creen una deuda.

Las sociedades de responsabilidad limitada no pueden emitir obligaciones ni otros valores negociables.

5. Reducción de capital obligatoria

En la sociedad anónima, la reducción del capital es obligatoria cuando las pérdidas disminuyen su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital y transcurre un ejercicio social sin que se recupere dicho patrimonio neto.

La sociedad de responsabilidad limitada no está obligada en ese caso.

En base a estas diferencias resumidas y a otras que existen, se podría decir que las sociedades de responsabilidad limitada son más cerradas, tienen una mayor flexibilidad y unos menores costes para funcionar. Por su contra, presentan frente a las anónimas una serie de limitaciones que, dependiendo de la dimensión que pueda adquirir el negocio, será preciso valorar.

 

Despejando dudas sobre el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) tiene por objeto garantizar a los depositantes de las entidades de crédito y a los titulares de valores u otros instrumentos financieros confiados a las mismas, la recuperación de sus depósitos dinerarios y en valores hasta ciertos límites. Es un fondo que se nutre de las aportaciones de los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito que se integran en él.

Por las conversaciones que he tenido con diversas personas últimamente, aun existen ciertas dudas sobre el montante que queda asegurado mediante este mecanismo. Pues bien, el FGD garantiza 100.000 euros por titular y entidad financiera para los depósitos que realicen las personas físicas o jurídicas. Por ejemplo, una cuenta corriente abierta en una entidad de crédito que tenga como titulares a dos personas distintas, garantizará 100.000 euros a cada uno de ellos. Del mismo modo, para los inversores que hayan confiado a las entidades de crédito valores o instrumentos financieros, existe la misma garantía de 100.000 euros por titular del valor garantizado. Es importante señalar que esta garantía funciona de modo independiente y complementario a la que se prevé para los depósitos.

En el caso concreto de los depósitos, la garantía se satisfará a los depositantes dinerarios, ya sean personas físicas o jurídicas, cuando se haya dictado auto declarando el concurso de acreedores de la entidad de crédito correspondiente o cuando no habiéndose declarado dicho concurso, el Banco de España determine que la entidad de crédito afectada, por razones directamente derivadas de su situación financiera, se encuentra en la imposibilidad de restituir el dinero y no parezca tener perspectivas de poder hacerlo en un futuro inmediato. Por el dinero depositado en la entidad de crédito que supere la garantía de los 100.000 euros, los titulares serán considerados acreedores ordinarios de la misma.

Todas las entidades de crédito españolas han de pertenecer con carácter obligatorio al FGD, salvo los establecimientos financieros de crédito y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con respecto a las sucursales de entidades de crédito extranjeras que operan en España, te recomiendo que confirmes con ellas su pertenencia o no al FGD español o a otro fondo distinto. Ante la duda, te recomiendo que acudas a consultar la web del FGD http://www.fgd.es donde puedes encontrar el listado completo y actualizado de las entidades adheridas.

La colisión de derechos. El Derecho a la Protección de Datos y el Derecho a la Libertad de Expresión.

El reconocimiento del derecho a la Protección de Datos a nivel constitucional lo encontramos en el Artículo: 18. 1º y 4º CE y el reconocimiento del derecho a la Libertad de Expresión se encuentra igualmente reconocido en el Artículo 20, 1º a) y d) del mismo texto.

Ambos derechos disponen de una protección máxima por parte del legislador al disponer el Artículo 53 2º CE: “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el Artículo 14 y en la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el Artículo 30”.

No obstante, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiende a otorgar una posición preferente al derecho a la Libertad de Expresión frente a otros derechos constitucionales, siempre y cuando los hechos comunicados o informados se consideren de relevancia pública.

En esa confrontación de derechos, para que prime el de la Libertad de Información, se requiere que la información transmitida sea veraz, y relativa a asuntos públicos que sean de interés general por las materias de que traten y por las personas que en ellos intervienen. Todo ello contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la llamada “opinión pública”, esto último muy vinculado al ejercicio del “Pluralismo Político”, institución angular en un “estado social y democrático de derecho”.

Cabe proclamar que ningún ciudadano que no goce de la condición de personaje público ni sea objeto de hecho noticiable de relevancia pública tiene que resignarse a soportar que sus datos de carácter personal circulen por la red, por ejemplo, sin poder reaccionar ni corregir la inclusión ilegítima de los mismos.

Así, en esta misma dirección se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo de 26 de Junio 2008 al enjuiciar la publicación en una web de una relación o listado de imputados en actos de tortura, considerándola ilícita.

No es posible la publicación de un listado de presuntos agentes públicos (policías y políticos) imputados en actos de tortura, por una organización privada en internet puesto que está atribuido en exclusiva a la administración pública la creación de ficheros de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas de acuerdo con las respectivas normas reguladoras. Artículo 7.5 LOPD.

Añadir que según la referida sentencia, la publicidad de las actuaciones judiciales ha de interpretarse en su sentido justo, no quiere decir que cualquier persona tenga acceso a los datos relativos a un proceso sino requiere, por parte de quien invoca y ejercita el derecho a la información, la concurrencia de la condición de “interesado”, sin que la expresión “cualquier interesado” empleada por el art. 266.1 LOPJ lo contradiga: es interesado quien acredita una relación directa con el proceso. No existe dispensa del consentimiento en la publicación de una relación de personas imputadas en la comisión de delitos por el hecho de estar dicha información sub iudice.

El derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a su titular un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado.

Prevalecerá el derecho a la Libertad de Información ( comentando la  sentencia de la Audiencia Nacional de 8 Mayo 2009) a propósito de la denuncia a una productora de televisión por la publicación de una información personal, estableciendo que la protección que otorga la LOPD queda circunscrita a la información personal pero que no se hace extensiva a las opiniones de personas, las cuales pertenecen a quien las emite: “ El precepto protege a cualquier “información” concerniente a dichas personas físicas, no a cualquier “opinión” referente a dichas personas, pues las meras opiniones quedan al margen del ámbito protector de la LOPD “ se puede leer en la comentada sentencia. Sería objeto de protección en el orden penal como un posible delito de calumnias si se diera su supuesto de hecho por ejemplo.

El Derecho a la Libertad de Expresión tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución, pero otorgando la jurisprudencia a este último de una suerte de privilegio por estar su reconocimiento en el mismísimo pilar de una sociedad democrática.

El Banco de España y la salud visual de la clientela bancaria

Mario Cantalapiedra – Economista

Envueltos en la polémica y en ocasiones hasta el drama que ha llevado a muchos ciudadanos a invertir los ahorros de toda su vida en activos financieros cuyas condiciones reales sobre riesgo, rentabilidad y, sobre todo, liquidez parecían desconocer, el Banco de España ha estableciendo a través de la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, una serie de reglas para mejorar la información que se da a la clientela bancaria.

En base a la Norma sexta de esta Circular, “las entidades (de crédito) deberán facilitar de forma gratuita al cliente toda la información precontractual que sea precisa para que pueda comparar ofertas similares y pueda adoptar una decisión informada sobre un servicio bancario. Esta información deberá ser clara, oportuna y suficiente, objetiva y no engañosa, y habrá de entregarse, en papel o en cualquier otro soporte duradero, con la debida antelación en función del tipo de contrato u oferta y, en todo caso, antes de que el cliente asuma cualquier obligación en virtud de dicho contrato u oferta”.  El Banco de España va más allá y regula los conceptos y datos específicos que deberán resaltarse en la información que se facilite, según sea el producto en cuestión. Por ejemplo, en el caso de depósitos a la vista y de ahorro, deberán resaltarse la duración del contrato, la circunstancia de que la retribución ofrecida se condicione a la contratación o uso de uno o varios servicios accesorios y cuales son, la tasa anual equivalente (en su caso) y el fondo de garantía de depósitos al que se encuentre adherida la entidad si es diferente al creado por el Real Decreto-ley 16/2011 y que nos garantiza los famosos 100.000 euros por depositante, dicho sea de paso.

Como curiosidad, la Circular también regula el tamaño mínimo que en lo sucesivo deberá observar la letra pequeña de precontratos y contratos bancarios, que no podrá tener una altura inferior a un milímetro y medio. La pregunta que cabe hacerse es si esta medida es el inicio de una cruzada del supervisor contra los abusos bancarios cometidos a través de dicha letra pequeña o simplemente el reflejo de su preocupación por cuidar la salud visual de los clientes de las entidades bancarias.

 

¿Estamos infoxicados?

Ignacio Jiménez – Iberinform

Normalmente, el deterioro de la capacidad de pago de un cliente se produce de forma gradual y genera señales de alerta que hay que saber interpretar.  El problema es que esta información puede aparecer de múltiples fuentes de información, pero no siempre las tenemos localizadas y hacemos un adecuado seguimiento de ellas.

Tener poca información genera riesgos innecesarios, pero tener demasiada o mal estructurada solo lleva a lainfoxicación” (intoxicación de información) y puede producir riegos igualmente importantes. Por ese motivo es conveniente apoyarse en herramientas de Inteligencia de Negocio (Business Intelligence) que nos permitan tener una visión más global de nuestra cartera de clientes.  En un contexto como el actual, ser capaces de identificar la información relevante, en el momento que la necesitamos, es clave para la toma de decisiones de negocio adecuadas.

  • La información interna es rica y actualizada y además no tiene coste, pero debemos gestionar su falta de estructuración y la subjetividad que arrastra.
  • La información externa ayudará a valorar el contexto en el que se encuentra la empresa, pero no tiene estructura ni es fácil de tratar de forma sistemática.
  • La información pública suele ser  muy rica y objetiva, pero aparece de forma muy dispersa y es difícil de aprovechar si no es tratada previamente.

Sólo una adecuada combinación de las distintas fuentes de información evitará que nos “infoxiquemos” y podamos tomar decisiones basadas en la información más completa y actualizada.

 

Infoxicados 

Infoxicados

 

 

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