La reclamación de efectos comerciales antes de su vencimiento

Mario Cantalapiedra – Economista

Con los problemas de falta de liquidez que atraviesan las empresas se generalizan situaciones poco agradables para los departamentos financieros, como las que llevan a tener que reclamar un efecto comercial no vencido (letra, recibo, pagaré), en el que se haya instrumentado el pago de facturas por parte de un cliente, a la entidad financiera donde previamente ha sido descontado.

De este modo, un cliente que atraviesa dificultades financieras contacta con su proveedor para comunicarle que no puede hacer frente al pago de un efecto comercial de vencimiento próximo, invitándole a que lo reclame a la entidad financiera donde lo tiene descontado, de tal modo que no se produzca el impago. Lo normal es que, a cambio, proponga el envío de un nuevo efecto con fecha de vencimiento más alejada en el tiempo y se ofrezca a sufragar todos los gastos que la operación de renovación pueda acarrear.

El proveedor lo primero que debe saber es que no está obligado a aceptar la renovación del efecto comercial, pero en la medida que la relación con el cliente sea buena y en aras de evitar el impago, puede aceptar gestionarla. Para ello deberá tener seguridad que en la cuenta corriente bancaria correspondiente, existe suficiente saldo para cargar el efecto reclamado sin que suponga la aparición de un descubierto en cuenta. El banco ante esta petición tratará de averiguar el porqué de la misma, procediendo a recalcular la liquidación original del descuento comercial. Por un lado, abonará los intereses por el plazo de tiempo que reste hasta vencimiento, por otro, cargará gastos y comisiones por la gestión de la reclamación del efecto. Tanto el resultado neto de esta liquidación como la correspondiente al descuento del nuevo efecto que se emita han de ser repercutidas al cliente, a través de una nota de cargo, para que se abonen al contado. Cuestión aparte, es que se decida cargar al cliente intereses de demora por el retraso en el pago.

También se ha de tener en cuenta, que ante la reclamación de un efecto descontado, la entidad financiera con la que se trabaje puede decidir no descontar papel de ese mismo librado durante un tiempo, bien por miedo al impago, bien por la duda de que la operación pueda esconder detrás un problema mayor como es el de la presencia de papel de colusión o pelota.

El exequátur

Ignasi Frigola

El exequátur es el procedimiento judicial que establece el ordenamiento jurídico para homologar las sentencias extranjeras para que luego puedan ser ejecutadas en España con todas sus consecuencias.

Según la disposición derogatoria única de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente; Ley 1/ 2000,  “Se deroga la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por Real Decreto de 3 de Febrero de 1881, con las excepciones siguientes: …/…. 3ª Los artículos 951 a 958 de la LEC, sobre eficacia en España de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, que estarán en vigor hasta la vigencia de la Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil.”

Por tanto, dicho procedimiento se regula en la LEC de 1881.

De acuerdo con el Artículo 951 de dicho cuerpo legal, las sentencias firmes extranjeras tendrán en España la fuerza que establezcan los tratados internacionales.

Por lo que cuando nos encontremos con una sentencia de un país extranjero, lo primero que habrá que hacer es investigar si hay algún tratado bilateral entre España y ese país;  por ejemplo tomando como ejemplo España-Andorra: no lo hay entre ambos países. A continuación, hay que ver si existe algún tratado multilateral, del tipo Convenio de Bruselas, que en el ejemplo propuesto, tampoco lo hay.

Continúa el Artículo 952 del siguiente modo: “Si no hubiere Tratados especiales con la nación en que se hayan pronunciado, tendrán la misma fuerza que en ella se diere a las ejecutorias dictadas en España.”

Estableciéndose en el Artículo 953 que “si la ejecutoria procediere de una nación en que por jurisprudencia no se dé cumplimiento a las dictadas por los Tribunales españoles, no tendrá fuerza en España.”

Con dichos dos Artículos hemos descrito lo que la doctrina llama “Reciprocidad” que dicho de un modo sencillo, es, ver lo que hacen los tribunales de origen de la sentencia que queremos ejecutar en España con nuestras sentencias para a continuación darles aquí, en España, el mismo tratamiento. Una suerte de ojo por ojo, diente por diente internacional y procesal.

En el caso de que no pudiéramos traer al pleito y demostrar la reciprocidad, entre dos países, el Artículo 954 dispone lo siguiente:  ”Si no estuviere en ninguno de los casos de que hablan los tres artículos que anteceden, las ejecutorias tendrán fuerza en España si reúnen las circunstancias siguientes:

  1. Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal.
  2. Que no haya sido dictada en rebeldía.
  3. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España.
  4. Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran para que haga fe en España.”

Dicho sistema residual de homologación de sentencias, es el llamado por los autores como el Sistema de Condiciones que el letrado tendrá que demostrar su cumplimiento en el pleito. Dichas condiciones exigibles a las sentencias foráneas que queremos ejecutar en España explicadas muy brevemente y de un modo más comprensible son las siguientes:

“Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal”, significa que la sentencia que queremos homologar se haya dictado en base a una competencia de las que el derecho español ha definido como competencia no exclusiva.

“Que no haya sido dictada en rebeldía”, explico que se ha cumplido el deber de notificar a la parte a la que afecta la sentencia, requisito necesario para que exista un verdadero proceso con posibilidad de que el derecho a ser defendido sea eficaz.

“Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España”, traducimos como su tenor nos indica que ”la obligación de que se trate, sea legal en España”.

“Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran para que haga fe en España.”, resumiendo estamos ante un requisito de tipo documental y formal, básicamente.

Ello no obstante, y siguiendo con el ejemplo propuesto para nuestra explicación, será relativamente sencillo demostrar una posible reciprocidad entre las sentencias españolas y andorranas ante nuestros Tribunales de Justicia. Para el caso de que ello no fuera posible, acudiríamos al Sistema de Condiciones descrito.

Tres criterios de clasificación de las sucursales bancarias

Mario Cantalapiedra – Economista

Para la mayor parte de las entidades de crédito, la oficina o sucursal constituye el canal principal que utilizan para distribuir sus productos entre la clientela, a excepción lógicamente de aquellas entidades que operan sin sucursales. Esta oficina o sucursal bancaria la podemos definir como la dependencia que establece una entidad de crédito en un determinado lugar y que goza de ciertas atribuciones y autonomía con respecto a los servicios centrales. A ella se le asignan tanto objetivos de tipo cuantitativo (volumen de negocio, márgenes, resultados) como cualitativos (calidad en el servicio que presta).  

Los clientes de una entidad financiera suelen vincularse a una determinada sucursal, aunque puedan utilizar canales complementarios para operar con ella, tales como la banca electrónica o la telefónica, o incluso otras sucursales. La organización de la red de sucursales bancarias varía en función de aspectos tales como las características de la propia entidad financiera, la política comercial que llega a aplicar o la demografía de la posible clientela. En concreto, España se ha venido caracterizando por poseer una extensa red de oficinas bancarias, apoyada en la especialización bancaria en el negocio al por menor y en la dispersión de la población a nivel nacional. No obstante, la crisis ha puesto de manifiesto que esta red estaba sobredimensionada y prueba de ello es la cantidad de oficinas bancarias que están desapareciendo por todo el país.

Existen múltiples criterios para clasificar los tipos de sucursales bancarias, entre ellos me decanto por los tres siguientes:

1. En función de su ubicación geográfica:

  • Urbanas: Situadas en el casco urbano de una ciudad.
  • Rurales: Ubicadas en un entorno rural.
  • Industriales: Situada en polígonos o zonas industriales.

2. En función de sus atribuciones y autonomía:

  • Autónomas: Sucursales que pueden realizar transacciones con relativa libertad, las cuales contabilizan en sus propios estados contables.
  • Auxiliares: Aquellas que dependen de sucursales autónomas.
  • Cabeceras: En ellas se centralizan determinados tipos de operaciones como la recaudación de declaraciones de tipo fiscal o la de seguros sociales.

3. En función del tipo de producto comercializado:

  • Multiproducto: En las que se comercializan todo tipo de productos bancarios dirigidos también a todo tipo de clientes.
  • Especializadas: Aquellas en la que prevalece la oferta de productos bancarios diseñados para un tipo de clientela específico, como, por ejemplo, las oficinas de empresas

La necesidad de un nuevo plan gubernamental de pago a proveedores

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre tanta crítica a las reformas emprendidas por el actual Gobierno español, hay algún logro positivo que no puede negársele, como es el de la mejora en la situación de liquidez de muchas empresas gracias al plan gubernamental de pago a proveedores de facturas adeudadas por comunidades autónomas y entidades locales. Este plan ha solucionado parte del problema de morosidad de la administración pública con sus proveedores. Ya sé que me diréis que lo único que se ha hecho es abonar facturas vencidas a las que las empresas tenían todo el derecho del mundo, ya sé que, por desgracia, a muchas empresas les ha llegado el pago demasiado tarde, pero es que antes ni eso.

En palabras del propio ministro Montoro, con el plan de pago a proveedores se han abonado 17.718,55 millones de euros correspondientes a facturas debidas por  comunidades autónomas, así como 9.263,15 millones de euros adeudados por entidades locales españolas. Te recuerdo que el Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), creado para tal fin y en el que han participado 26 entidades de crédito, contaba con unos recursos disponibles de 35.000 millones de euros, por lo que se ha utilizado algo más del setenta y siete por ciento del monto total. Lo cierto es que si ha existido un remanente de 8.000 millones de euros y el problema de la morosidad para las empresas proveedoras de las administraciones públicas no se haya, ni mucho menos, resuelto, bueno sería arbitrar un segundo plan de pago. Piensa que en el primero se recogían facturas vencidas registradas por consistorios y comunidades antes del 1 de enero de 2012, por lo que se ha solucionado parte de lo que se arrastraba de antaño, pero la bola ha ido creciendo con facturas en mora del presente año. Del mismo modo, han quedado fuera del plan facturas adeudadas por otras entidades públicas tales como mancomunidades en las que se agrupan varios ayuntamientos para ofrecer un servicio público, centros de enseñanza u hospitales, que sería necesario pagar cuanto antes.

A pesar de que desde Hacienda se había apuntado la posibilidad de arbitrar nuevos mecanismos para que el dinero debido por el conjunto de los organismos públicos siguiera llegando a las empresas y que para ello se utilizara el remanente del FFPP, las últimas informaciones apuntan a que no habrá segundo plan de pago a proveedores. Esperemos que esto cambie, que el Gobierno rectifique y que se termine lo que se había empezado, el tejido empresarial español lo agradecerá plenamente.

La prima de riesgo se ha colado en nuestras vidas

Mario Cantalapiedra – Economista

La prima de riesgo se ha colado en nuestras vidas desde hace un tiempo y no nos deja vivir tranquilos con aquello de que está en 400, de que supera los 500…  A pesar de la insistencia en vigilar su valor absoluto y en que no sobrepase ciertos niveles, que los expertos llaman psicológicos, hemos de tener en cuenta que tiene un carácter relativo, puesto que lo que mide es un diferencial de tipos de interés, en concreto la diferencia que existe entre la rentabilidad del bono a diez años emitido por un país, por ejemplo, España, con respecto a la rentabilidad del bono alemán a igual plazo, que se toma como referencia por el consenso internacional de ser una deuda segura. Y la evolución de esa prima de riesgo tiene sentido en la medida que hay un mercado secundario donde se negocian los bonos emitidos por los estados.

Si la prima de riesgo española se sitúa en 500 puntos básicos, esto significa que el bono español está ofreciendo un 5 por ciento más de rentabilidad que el bono alemán, en ese preciso momento, en el mercado secundario. De tal modo que si se eleva, puede deberse tanto a que aumente el interés que paga el bono español como a que disminuya el del alemán o a una combinación de ambos movimientos.

En el mercado primario de deuda pública, donde se emiten los bonos, el Estado español que busca financiarse los vende en subasta a los inversores a un tipo de interés, por ejemplo, al 6 por ciento, que es el que pagará durante los diez años de vida del título. El inversor con ese bono puede hacer dos cosas, mantenerlo hasta vencimiento, cobrando los intereses prefijados y sin perder nada de un modo directo, solo el coste de oportunidad de no haber invertido en un bono con rentabilidad mayor, o acudir al mercado secundario a negociarlo, donde puede obtener una pérdida o una ganancia. Cuando se desconfía de la capacidad de pago de un país, el interés sobre su deuda en el mercado secundario se dispara, cumpliendo aquella ley financiera de a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y esto es lo que lleva a que la prima de riesgo también se eleve. Si aumentan los tipos, el precio de los bonos en el secundario disminuirá, puesto que las nuevas emisiones en el mercado primario ofrecerán una mayor rentabilidad, de tal modo que el inversor que quiera vender sus títulos “antiguos”, tendrá que ofrecer un descuento sobre su precio de compra y asumir una pérdida. El que pierde es el inversor, puesto que Estado seguirá pagando el mismo 6 por ciento inicial hasta el vencimiento de esos bonos. El problema para el Tesoro Público vendrá con las siguientes emisiones de deuda que serán más caras y eso es lo que, llegados a ciertos límites de carga financiera, no nos deja vivir tranquilos.

La curva de Laffer y la decisión sobre subir impuestos

Mario Cantalapiedra – Economista

En medio del debate sobre la conveniencia o no de subir impuestos, uno de los términos económicos que está cobrando mayor relevancia es el de la curva de Laffer, denominada así en honor al economista norteamericano Arthur B. Laffer, asesor del gobierno del presidente Reagan, que muestra el modo en que varía la recaudación fiscal total (R) cuando se modifica el tipo impositivo aplicado en una economía (t).

Esta curva parte de la idea básica de que si el tipo impositivo que se aplica a las rentas generadas es cero, la recaudación lógicamente será nula, pero si es del 100 por ciento también lo será, puesto que nadie estará dispuesto a producir o trabajar. Entre estos dos puntos extremos, la curva tendrá una parte de pendiente positiva en la que incrementos de tipos aumentan la recaudación y otra parte de pendiente negativa en el que el tipo impositivo resulta tan elevado que la recaudación fiscal total disminuye, por el desánimo que cunde entre los que tienen que producir o trabajar. En el punto de inflexión en el que cambia el sentido de la curva, tendremos una recaudación fiscal máxima (R*) a un tipo impositivo que podríamos denominar óptimo (t*). Desde este planteamiento, el problema principal al que se enfrentan los que han de decidir sobre elevar o no tipos impositivos a la ciudadanía es conocer en que tramo de la curva, creciente o decreciente, se encuentran sus economías antes de actuar.

Por cierto, aunque la relación que acabo de exponer pueda parecer relativamente reciente, al atribuirse a Laffer en el siglo pasado, hay historiadores económicos que señalan su origen en el filósofo árabe del siglo XIV, Ibn Khaldoun. Por lo que parece, nuestros problemas no son tan modernos como a veces se cree.

Economic Risk 2012

curva de laffer