La fianza, la gran desconocida.

La Fianza se regula en los Artículos 1822 y siguientes del Código Civil: “Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste…”.

La fianza puede ser convencional, legal o judicial, gratuita o a título oneroso. Continúa el Código Civil indicando que no puede existir la fianza sin una obligación previa válida a la que en puridad  garantiza, pudiéndose prestar fianza en garantía de deudas futuras, en este caso, no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida.

Una característica de la Fianza, es que el fiador puede obligarse a menos pero no a más que el deudor principal.

El beneficio de excusión.

El fiador no puede ser obligado a pagar al acreedor sin hacer antes excusión de todos los bienes del deudor. Podemos describir la excusión, como el derecho del fiador a que antes de serle reclamado el pago de la obligación, dicho importe haya sido reclamado al deudor principal, pudiendo el fiador, según el artículo 1832, oponer al acreedor cuando le requiera de pago, el señalamiento de bienes del deudor realizables dentro del territorio español, que sean suficientes para cubrir el importe de la deuda.

La ley es muy clara al decir que el acreedor podrá citar al fiador cuando demande al deudor principal, pero quedará siempre a salvo el beneficio de excusión, aunque se dé sentencia contra ambos.

Por ende, la excusión no tiene lugar cuando el fiador haya renunciado expresamente a ella y  cuando se haya obligado solidariamente con el deudor.

El Aval a primer requerimiento.

Según Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 12 Jul. 2001, rec. 1631/1996, el aval a primer requerimiento es “una modalidad, llamado también «aval a primer aviso» y denominado por la doctrina «garantía a primera demanda», constituye un contrato atípico producto de la autonomía de la voluntad, viniendo obligado el avalista a realizar el pago al beneficiario cuanto éste se lo reclame, siendo dicha obligación autónoma, distinta e independiente, consecuencia del carácter abstracto”.

Otra sentencia profundiza al respecto, concretamente el Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 30 Mar. 2000, rec. 1911/1995 dispone a propósito del aval a primer requerimiento: ““el garante no puede oponer al beneficiario, que reclama el pago, otras excepciones que las que derivan de la garantía misma. El efecto, por tanto, se produce por la reclamación de tal beneficiario, lo que supone que el obligado garantizado no ha cumplido; tan sólo si el garante prueba que sí ha cumplido (inversión, por tanto, de la carga de la prueba) puede evitar el pago. El efecto último es, pues, que el beneficiario tiene un claro derecho a exigir el pago, siendo la obligación del garante independiente de la obligación del garantizado y del contrato inicial, sin perjuicio de las acciones que puedan surgir a consecuencia del pago de la garantía”.

Cuando el fiador paga.

El fiador que paga al acreedor, debe ser indemnizado por el deudor, comprendiendo la deuda, su cantidad total, los intereses legales, los gastos ocasionados al fiador así como daños y perjuicios, cuando procedan.

El Fiador se subroga por el pago en todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor.

Hay un artículo de sumo interés que voy a transcribir, es el Artículo 1842 del Código Civil que dice: “Si el fiador ha pagado sin ponerlo en noticia del deudor, y éste ignorando el pago, lo repite por su parte, no queda al primero recurso alguno contra el segundo, pero sí contra el acreedor”

Extinción de la fianza.

La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor, y por las mismas causas que las demás obligaciones.

El fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones que competan al deudor principal y sean inherentes a la propia deuda; más no las que sean puramente personales del deudor.

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La subvención solo como complemento financiero

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando alguien decide emprender y montar su propia empresa lo lógico es que evalúe la posibilidad de optar a algún tipo de ayuda oficial que financie parte de su aventura. A pesar de que son malos tiempos para conseguir una subvención pública, eso no impide que se investigue si existe alguna ayuda financiera que pueda servir, de hecho me parece plausible que el emprendedor lo haga, lo que ya no me parece tan correcto es que condicione la realización de todo su proyecto a la propia existencia de la subvención. El negocio debe ser rentable por sí mismo y la subvención solo ha de contemplarse como un extra que, si se consigue, bienvenido sea, sobre todo cuando tenga el carácter de no reintegrable.

A la hora de acceder a la subvención pública, el empresario ha de superar una serie de inconvenientes, el principal de los cuales, en la actualidad, es la escasez de fondos públicos. Además se habrá de enfrentar a la falta de información, a la complejidad de los requisitos exigidos o a la dispersión de los organismos subvencionadores, que lleva a que según la autoridad oficial competente, se pueda optar a ayudas de la Unión Europea, estatales, de las comunidades autónomas o locales, las cuales pueden ser perfectamente incompatibles entre sí. Si esto ocurre, se deberá analizar cuál es la más interesante y optar por ella.

Otro elemento fundamental que hay que tener muy en cuenta, es el del retraso que suele producirse entre el momento en el que se concede la subvención a la empresa y la fecha de su cobro. Dicho retraso puede llegar a motivar una situación perversa en la que un empresario agraciado con la concesión de una subvención, entre en una espiral de gasto y consecuente pago que no pueda afrontar y que le lleve al cierre de su negocio, mientras espera la llegada del dinero de la subvención. El pago de salarios de los trabajadores, las cuotas de seguridad social o el alquiler de la oficina no van a esperar hasta que lleguen los dineros por mucho que hayan sido concedidos en firme por un organismo público.

Por regla general, los programas de subvención se abren en los primeros meses del año, muchas veces con un tope presupuestario, por lo que conviene estar muy atento a su fecha de salida para no quedarse fuera. Como decía al principio, la subvención siempre que se contemple como un extra financiero, es una opción que hay que gestionar.

Seis características financieras que diferencian a las pymes

Mario Cantalapiedra – Economista

Independientemente de las difíciles condiciones de financiación a las que se enfrentan las pymes en la actualidad, hay una serie de características que tradicionalmente diferencian su estructura financiera frente a la de empresas de mayor dimensión, algunas de las cuales me gustaría compartir contigo:

1. Problemas de acceso a la financiación de largo plazo

Las pymes suelen tener mayores dificultades que las grandes empresas para captar fondos ajenos a largo plazo, debiendo acudir en muchas ocasiones a sus recursos propios y a los que sean capaces de generar a través de la autofinanciación para financiar su desarrollo y expansión.

2. Elevados costes de los recursos financieros ajenos y menores períodos de amortización en los préstamos obtenidos

Las entidades financieras, si es que al final les conceden financiación, que no es poco, lo harán requiriéndoles el pago de primas de riesgo adicionales y períodos de devolución de los fondos prestados más cortos.

3. Exigencia de garantías reales o personales de las que carecen muchos pequeños empresarios

Aparte de cobrar un precio mayor, los proveedores de financiación exigen a las pymes garantías que respalden las devoluciones de los fondos. Si a alguien le queda claro que para que un banco te preste un euro has de demostrarle que puedes devolverle dos es a la pyme.

4. Escasa planificación financiera a largo plazo

Aunque ahora es un momento muy complicado para planificar a largo y todos tendemos a pensar en el corto plazo al hacer nuestras pronósticos, a las pymes siempre les ha definido el gestionar su negocio en el día a día sin preocuparse por su evolución futura dentro de un horizonte temporal más amplio, descuidando, en no pocas ocasiones, decisiones que sólo pueden tomarse con una antelación determinada para no comprometer su propia subsistencia.

5. Inadecuada formación financiera

Los máximos responsables de las pymes, los que toman las decisiones fundamentales, suelen poseer un conocimiento importante de su negocio, sobre todo de la vertiente comercial del mismo, pero en ocasiones adolecen de falta de formación en otras áreas complementarias como puede ser la financiera.

6. Falta de información

Las pymes muchas veces desconocen las alternativas de financiación específicas que existen para ellas, desperdiciando la posibilidad de utilizarlas. Este elemento me parece fundamental hoy en día donde hay tan poco que rascar en cuanto financiación ajena se refiere, cuantos menos datos se tengan, peor será para la empresa.

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Aprobada la tasa judicial, desde este mismo mes de noviembre será más caro reclamar deudas judicialmente.

Precisamente en el momento en el que los índices de morosidad rozan límites históricos, asfixiando a cualquier empresa pero, en especial, a los autónomos y PYMES, y a pesar de que esta situación proviene en gran medida de la propia Administración Pública ( aún tras el plan de pago a proveedores la deuda vencida e impagada generada por las A.A.P.P. ya excede en sólo 6 meses de los 10.000 millones de euros) el Gobierno considera que la mejor opción es optar por una Ley de Tasas Judiciales que tras su aprobación por el Senado será publicada en el B.O.E. este mismo mes y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Se argumenta por el Ejecutivo, y así se recoge en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, que el pago de una tasa para ejercitar la potestad jurisdiccional (en el caso concreto  que nos ocupa el devengo de la tasa vendría determinado  por interponer una demanda para reclamar una cantidad adeudada, por solicitar la ejecución del título que reconoce la deuda, por oponerse a una demanda donde nos reclamen un impago…) no vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva, ya que, y cito textualmente, “no ha de confundirse el derecho a la tutela judicial efectiva con el derecho a una tutela judicial gratuita”. A mi modesto entender olvida el Sr. Gallardón y los miembros del Poder Legislativo que han dado vía libre a la aprobación de este Proyecto de Ley  que la Administración de Justicia, aún sin pago de tasas, no resulta en absoluto gratuita para el ciudadano ni para la empresa. Hasta donde mi conocimiento alcanza la Administración de Justicia ha venido nutriéndose del erario público, luego gratuita no nos resulta desgraciadamente.

Otro argumento esgrimido para camuflar el insultante afán recaudatorio de esta tasa ha sido el de agilizar y descongestionar el colapso del sistema público de Administración de Justicia, llegándose a afirmar que a lo largo del pasado año se interpusieron más de 120.000 recursos. No está mal reducir el número de recursos a través de una tasa disuasoria, si bien antes de acudir a este tipo de restricciones habría que tener en cuenta datos como el aportado por el propio Consejo General del Poder Judicial y según el cuál más de un 80% de esos recursos fueron estimados y, por tanto, eran necesarios.

Sea como fuere, lo cierto es que la tasa judicial ha sido aprobada, y dejando a un lado los otros miles de supuestos de auténtica injusticia que ya se han puesto de manifiesto a lo largo de estos días a través de los medios (tasa por recurrir en vía social el impago de una indemnización por despido, tasa por reclamar daños sufridos en un accidente de tráfico, etc…) no es menos injusto que las empresas vean limitado y encarecido su derecho a reclamar cuánto se les adeuda. No perdamos de vista que el mayor motivo de cierres empresariales en nuestro país desde hace más de dos años es la insolvencia producida por la falta de financiación acompañada del alto índice de impagados.

Pues bien, las principales consecuencias que la aprobación de la tasa tendrá para aquellas empresas que se ven obligadas a acudir a la vía judicial para reclamar cuánto se les debe por impagos y que, además, dependen en gran medida para su viabilidad del éxito de estas reclamaciones, son las siguientes:

A)    SE ENCARECE LA TASA PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE YA VENÍAN OBIGADAS A PAGARLA.

Hasta la fecha, y en atención a su músculo financiero y al mayor número de veces que acudían a la justicia, sólo habían de abonar una tasa para reclamar judicialmente una cantidad aquellas empresas que facturaban más de 8.000.000 de euros al año.

Estas empresas, obviamente, seguirán obligadas al pago del canon pero lo verán encarecido sustancialmente.

B)    SE IMPONE EL PAGO A PERSONAS FÍSICAS, AUTÓNOMOS Y PYMES QUE HASTA LA FECHA ESTABAN EXENTAS.

Así, cualquier persona empresario o empresa de reducida dimensión deberá, aún a pesar de carecer del músculo financiero suficiente para hacerle fácil el pago ( o incluso de carecer de tal músculo como consecuencia precisamente de los impagos sufridos)  abonar la tasa en idénticas condiciones a las grandes empresas si quiere acudir a la vía de la reclamación judicial.

De este modo, el panorama para las reclamaciones de cantidad formuladas contra particulares o empresas será el reflejado en el siguiente cuadro: 

PROCEDIMIENTO

SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL
  solo empresa factura >8 mill /€ Cualquier empresa
Declarativo verbal y cambiario

90

150

Monitorio/ Monit europeo < 2.000 €

50

100

Declarativo ordinario

150

300

Ejecución extrajudicial

150

200

Oposición a la ejecución título judicial

150

200

Concurso necesario

150

200

Recurso de apelación 300

800

Recurso casación y de infracción procesal

600

1.200

No hay que perder de vista el escenario para el pago de tasas en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que determinará la cantidad a abonar a la Administración para reclamar, paradójicamente, un adeudo de la propia Administración. Resulta curioso, sin embargo, ver que la Ley prevé que la Administración estará exenta del pago de tasa, probablemente para poder seguir, y en este caso sí que ocurre, dilatando injustificadamente mediante recursos infundados la firmeza de cualquier resolución que implique el pago de cuanto se le adeuda al administrado.

La situación de las tasas judiciales para este tipo de procedimientos Contencioso Administrativos, será la siguiente: 

PROCEDIMIENTO SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL
  solo empresa factura >8 mill /€ Cualquier empresa
Procedimiento Abreviado

120

200

Procedimiento Ordinario

210

350

Apelación

300

800

Casación

600

1.200

 

 

 

 

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Las opciones del confirming y el riesgo de impago

Mario Cantalapiedra – Economista

En la operación de confirming una entidad financiera actúa como gestor en los pagos aplazados de un cliente a sus proveedores, pudiendo a elección de estos últimos anticipar el importe pendiente de cobro mediante la firma de un contrato-respuesta. En términos de asegurar la liquidez y evitar el impago del crédito comercial, esta operación puede ser más o menos interesante en función de la letra pequeña que incluya el contrato-respuesta remitido por la entidad financiera gestora y también del modo en que actúe el proveedor, pudiendo distinguirse las tres situaciones siguientes:

1. El confirming es sin recurso y la empresa proveedora anticipa el importe pendiente de cobro

Estamos ante la mecánica prevista en la idea original de esta operación de financiación, por la que la empresa proveedora anticipa el cobro y queda liberada de toda responsabilidad en caso de impago. La entidad financiera es quien asume la posible insolvencia del cliente y para el proveedor hay seguridad en el cobro de sus facturas.

2. El confirming es sin recurso y la empresa proveedora no anticipa el importe pendiente de cobro

Si el proveedor espera a cobrar a la fecha de vencimiento de las facturas y no anticipa, el contrato-respuesta que facilita la entidad financiera gestora ya avisa de que no existe compromiso por su parte de transferir los fondos correspondientes si en la cuenta del cliente no hay saldo. Por tanto, si se espera a vencimiento, a pesar de que el confirming sea en modalidad sin recurso, no hay seguridad en el cobro.

3. El confirming es con recurso

Variante de la operación que ha sido incorporada con la crisis y con el deterioro de la situación financiera que viven empresas y entidades financieras, la cual lleva a que la empresa proveedora, tanto si anticipa como si no lo hace, no tenga seguridad en el cobro de sus facturas. En el caso de que se anticipe, ante el impago del cliente la entidad financiera no asume la insolvencia y el confirming puede ser devuelto por el banco. Si el proveedor no anticipa y espera a vencimiento ocurre lo mismo que he comentado en el apartado anterior.

Por tanto, la única opción verdaderamente interesante a efectos de evitar el impago de las facturas es que el confirming sea sin recurso y el proveedor anticipe el crédito antes de su vencimiento.

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Análisis del Cuarto Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Cuarto Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España llega puntual a su cita otoñal, en lo que se está convirtiendo ya en una sana costumbre, para informar a todos los interesados en conocer la evolución de la morosidad empresarial, los plazos de pago y la gestión del riesgo de crédito.

En esta ocasión, los resultados se han obtenido en base a 467 entrevistas realizadas a profesionales relacionados con la gestión del riesgo cliente o credit management en España entre los meses de septiembre y octubre de 2012.

Dentro de estos resultados, el dato que parece más fundamental, el que indica el porcentaje de empresas españolas que han sufrido algún impago significativo en los últimos doces meses, sigue en un nivel elevado, en concreto, en el 56 por ciento de las empresas encuestadas. No obstante, aquí se trata de ver el vaso medio lleno o medio vacío, ya que si comparamos este dato con el arrojado por la encuesta en su tercera edición (primavera 2012), hay una mejora de diez puntos porcentuales, pero si lo comparamos a nivel interanual con los datos del segundo estudio (otoño 2011) se empeora en siete puntos. En cualquier caso, resulta difícil aceptar que más de la mitad de las empresas españolas siga sufriendo impagos “significativos”, es decir, de los que hacen daño en la cuenta de resultados.

Si buscamos los motivos concretos del impago, la encuesta deja bien a las claras que la falta de disponibilidad de fondos, citada por el 84 por ciento de las empresas, es la causa principal de que los clientes no paguen cuando deben, fiel reflejo de la sequedad de nuestra economía en cuanto a liquidez se refiere.

Siguen siendo mayoritarias las empresas que declaran que los efectos de la Ley 15/2010 contra la morosidad han sido poco significativos para ellas (68 por ciento), así como las que piensan que es necesario desarrollar un reglamento sancionador que regule su incumplimiento (75 por ciento). Por tanto, a nadie le debe extrañar que el 66 por ciento de las empresas considere hoy que en 2013 cobrará por encima de los 60 días, plazo máximo legal previsto para pagos entre empresas a partir del 1 de enero de 2013.

Como novedad en esta edición se ha preguntado a las empresas si utilizan un manual de riesgos, a modo de herramienta que fije el reparto de funciones de las distintas áreas implicadas en la gestión del riesgo comercial y defina un criterio homogéneo y consensuado sobre ella, a lo que solo un 37 por ciento de las compañías ha contestado afirmativamente.

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Cálculo del coste del aval de una Sociedad de Garantía Recíproca

Mario Cantalapiedra – Economista

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) tratan de mejorar el acceso a la financiación bancaria de las pymes que tengan proyectos empresariales viables, para lo cual ofrecen su aval ante las entidades financieras garantizando los riesgos dinerarios y obligaciones de pago asumidos por las empresas avaladas. A la hora de evaluar el coste total del aval que ofrecen, hay que tener en cuenta las tres variables siguientes:

1. Cuotas sociales: La empresa que desee ser avalada ha de ser admitida como socio partícipe de la SGR, para lo cual habrá de participar en su capital en una cantidad proporcional al aval solicitado. Estas cuotas sociales son reembolsables a la empresa una vez se extingue el aval.

2. Comisión o gastos de estudio: Un porcentaje sobre la cantidad avalada, que puede ser cobrado en dos partes, a la solicitud del aval y en el momento de su formalización.

3 Comisión del aval: Un porcentaje sobre la cantidad avalada en cada período, es decir, sobre el importe pendiente de amortización o riesgo vivo, que se abona normalmente en pago anual durante toda la vida de la operación.

Una vez conocida la composición del coste, veamos un caso práctico de cálculo para una pyme que solicita el aval de una SGR sobre un préstamo bancario por importe de 15.000 euros, amortizable en tres años a razón de 5.000 euros anuales, con las siguientes condiciones:

  • Cuotas sociales (reintegrables): 2 por ciento sobre el nominal del préstamo.
  • Comisión de estudio: 0,5 por ciento sobre el importe del aval.
  • Comisión del aval (anual): 1 por ciento sobre riesgo vivo.

 Cálculo costes

Lógicamente además de los costes anteriores, la empresa deberá soportar los propios del producto financiero avalado, en el caso del ejemplo, del préstamo bancario. Los convenios de colaboración de las SGR con las entidades de crédito permiten que tipos y plazos ofertados a sus socios sean competitivos, parecidos a los que se ofrecen a las grandes empresas, puesto que el riesgo de la operación para el banco se minimiza al responder la SGR con su aval.

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La retirada a los cuarteles de invierno del tejido empresarial español

Mario Cantalapiedra – Economista

En el pasado mes de agosto el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la actualización del Directorio Central de Empresas (DIRCE) a fecha 1 de enero de 2012, el cual permite tener una visión completa del conjunto empresarial español según diversos criterios, entre ellos el de condición jurídica de las empresas.

Lo primero que destaca de la actualización es la reducción del número de compañías activas durante el ejercicio de 2011 en un 1,6 por ciento, en términos relativos o, lo que es lo mismo, en 50.959 empresas si tomamos datos absolutos. Según comenta el propio INE en la nota de prensa que acompaña a la publicación de la actualización, se trata del cuarto año consecutivo que el número de empresas activas en España disminuye.

Analizando las tripas de los datos, vemos como el colectivo empresarial con más bajas es el de personas físicas con cerca de un 3 por ciento de caída entre 1 de enero de 2011 y 1 de enero de 2012. Como es costumbre la cuerda suele romperse por el lado más débil y la soledad de ese corredor de fondo que es el autónomo se está notando más que nunca.

Sorprende algo más que las sociedades limitadas estén aguantando la crisis mejor que las anónimas, 0,1 por ciento de aumento de las primeras que prácticamente marca estabilidad en su número, frente al 2 por ciento de caída de las segundas, aunque esto se puede entender mejor si imaginamos que muchos emprendedores, ya sean vocacionales o forzados por las circunstancias, están constituyendo sus nuevas sociedades bajo la fórmula jurídica de responsabilidad limitada, fundamentalmente por lo que a la aportación inferior del capital inicial se refiere.

También me parece muy significativo el acusado descenso, en un 2,3 por ciento, del número de sociedades cooperativas, fórmula jurídica definida por la estabilidad y tradicionalmente ligada con el mantenimiento del empleo. El tsunami de la crisis todo lo arrasa, espero que más pronto que tarde toque una actualización del DIRCE con un cambio de tendencia y termine, al fin, esta retirada a los cuarteles de invierno del tejido empresarial español.

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