Cinco elementos que caracterizan al aval bancario

Mario Cantalapiedra – Economista

El aval, entendido como el compromiso que adquiere una persona de responder de la obligación contraída por otra en caso de incumplimiento de esta, es una de las operaciones que caracterizan a las entidades financieras, en principio por la solvencia que se les supone, aunque a nadie se le escapa ya que existen entidades solventes y otras que lo son bastante menos. Este tipo de aval se formaliza en un documento emitido por  la entidad financiera en el que se señala que, en caso de que se incumpla una obligación por parte del cliente avalado, el beneficiario del mismo podrá cobrar su importe. Por ejemplo, si deseas alquilar una vivienda, es habitual que el arrendador de la misma te exija un aval bancario para protegerse ante un eventual impago de la renta pactada.

Se puede hablar de cinco elementos principales que caracterizan a un aval bancario, en concreto los siguientes:

1. Partes que intervienen

En un aval bancario se distinguen la figura de avalista, la entidad financiera que emite el aval a petición de uno de sus clientes; la del beneficiario, persona o entidad ante la que el banco se compromete y la del avalado, persona o entidad que solicita el aval del banco.

2. Obligación garantizada

Obligación concreta que es avalada, por ejemplo, el pago de una renta en el caso mencionado del alquiler, la entrega de un material a un cliente por parte de un proveedor según un contrato de compra-venta de mercancías o la compra a plazos de un elemento de transporte.

3. Importe máximo garantizado

Los avales bancarios fijan una cantidad máxima que llegan a cubrir, la cual se expresará en la moneda correspondiente, debiéndose especificar además si se podrá exigir, en su caso, en un único pago o en varios.

4. Requisitos exigidos

Los documentos o justificantes que la entidad financiera exigirá al beneficiario, para que acredite el incumplimiento de la obligación por parte del avalado, antes de proceder a efectuar el pago correspondiente.

5. Plazo de duración

El aval bancario puede pactarse hasta una fecha determinada, a partir de la cual dejará de tener vigencia, o por plazo indeterminado. En el supuesto de que no haya fecha de vencimiento, si el avalado desea cancelar la garantía ofrecida por el banco deberá devolver a este el documento original del aval o anularlo ante él de forma clara y expresa.

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La consulta pública de las situaciones concursales

Mario Cantalapiedra – Economista

Si estás preocupado por conocer si alguna persona o empresa con la que te relacionas económicamente se encuentra en situación de concurso, debes saber que existe una web donde puedes realizar esta consulta de un modo gratuito, en concreto, a través del denominado Registro de Resoluciones Concursales, el cual es gestionado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España bajo la dependencia del Ministerio de Justicia español y está previsto por el artículo 198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal que desarrolla su reglamento aprobado por el Real Decreto 685/2005, de 10 de junio.

Este Registro, de carácter público, constituye el sistema de publicidad legal en internet de situaciones concursales y tiene por objeto principal asegurar la “publicidad-noticia” o meramente informativa de las resoluciones judiciales más relevantes y relativas a todo tipo y forma jurídica de concursados. Además constituye una plataforma informativa pública de estadística concursal y contiene una sección especial en la que se publican edictos concursales para que sean conocidos por los interesados.

El Registro de Resoluciones Concursales está dividido en tres secciones, en la primera de las cuales se recoge información sobre las resoluciones judiciales relativas a todo tipo de concursados, tales como la providencia de admisión a trámite de la solicitud de declaración del estado de suspensión de pagos, el auto de declaración del estado de suspensión de pagos, la declaración de insolvencia definitiva o el acuerdo del Juez que declara legalmente concluido el expediente por no haber concurrido a la Junta el número mínimo de acreedores necesario. En la segunda, se informa de las personas afectadas por las sentencias que califican el concurso como culpable así como, en su caso, de las declaradas cómplices. Y en la tercera y última, se informa del nombramiento y cese por cualquier causa de los administradores concursales y de los auxiliares delegados por orden alfabético de nombres o denominaciones.

Salvo en aquellos casos en los que la información esté reservada a órganos jurisdiccionales como, por ejemplo, las sentencias de calificación que no sean firmes, el Registro es de acceso público y gratuito sin que se requiera justificar o manifestar interés legítimo alguno, ya que se presume en el solicitante de la información. Para consultar la información, no es necesario registrarse ni facilitar ningún dato de tipo personal, salvo que se desee recibir la información vía correo electrónico.

Los bancos no conceden crédito y las pymes ya no lo piden

Mario Cantalapiedra – Economista

Los datos de la última Encuesta sobre Acceso de las Pymes a la Financiación Ajena, elaborados por las Cámaras de Comercio y referidos al último trimestre de 2012, constatan un descenso en la petición de crédito bancario por parte de pequeñas y medianas empresas. En concreto, sólo el 24 por ciento de las pymes en España ha solicitado crédito a una entidad financiera durante el último trimestre del pasado ejercicio, lo que supone un descenso de 27,5 puntos porcentuales respecto a igual período de 2011, y de 3,7 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de 2012.

Por tanto, ya no es que los bancos no concedan crédito a las empresas de dimensión más modesta, que no olvides constituyen el núcleo principal del tejido empresarial en nuestro país, sino que muchas empresas ya no lo piden, seguramente ante la casi certeza de que no se lo concederán. A estos efectos y según la Encuesta de las Cámaras, la insuficiencia de las dichosas garantías sigue siendo el principal motivo para la denegación de los fondos financieros. Y con respecto a otras fórmulas de financiación alternativas, solamente un porcentaje reducido de pequeñas y medianas empresas ha recurrido a ellas, siendo el capital riesgo y los préstamos participativos, con un 1,8 por ciento de las pymes, los instrumentos más utilizados.

Estos datos vienen a confirmar la idea de que las empresas que mejor pueden capear el temporal de la crisis, los problemas de liquidez y los aumentos de la morosidad, son aquellas que pueden tirar de recursos propios para financiarse, que han podido generar reservas en el pasado o que acuden a ampliaciones de capital de sus socios. Por otro lado, también confirman que en el acceso al crédito bancario, actualmente la obtención de riesgo crediticio es prioritaria, quedando la negociación del coste en un plano secundario. La Encuesta mencionada señala que para el 81,5 por ciento de las pymes que sí obtuvieron el crédito en el último trimestre de 2012, se ha incrementado el coste de la financiación. Aunque quién sabe, igual llega el Banco de España y limita el coste que pueden repercutir las entidades financieras a las empresas por los créditos que les conceden. Si lo hace con los tipos que pagan por los depósitos ¿por qué no hacerlo también con los que cobran por los créditos?

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Los plazos de pago legales en 2013

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 15/2010, de 5 de julio, estableció los plazos de pago a cumplir por los deudores en las operaciones comerciales en España, los cuales durante los últimos tres años (2010, 2011 y 2012) han estado sometidos a una especie de aterrizaje suave que, en teoría, debía conducir a que tanto empresas privadas como administraciones públicas se ajustaran progresivamente a esta legislación y pagaran a un plazo temporal más corto. Digo en teoría porque, como bien sabes, si sigues los posts que publicamos en Gestores de Riesgo y Morosidad, aquí se sigue pagando bastante más tarde de lo que legalmente se establece.

No obstante, cumplido el calendario transitorio parece oportuno recordar los plazos que se encuentran en vigor desde el 1 de enero de 2013:

Los deudores de operaciones comerciales que sean empresas deberán pagar dentro de los sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, plazo que no podrá ser ampliado por acuerdo entre proveedor y cliente. Recuerdo que se exceptúan de esta regla general en cuanto a plazo se refiere, los pagos de productos de alimentación frescos y perecederos, para los que no se aplicó ningún calendario transitorio, por lo que desde la entrada en vigor de la Ley 15/2010 se estableció que su período máximo de pago fuera de treinta días desde la fecha de recepción.

Por su parte, las administraciones públicas deberán pagar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o desde la recepción de bienes o prestación de servicios, si no proceden dichas certificaciones.

Y estos son los plazos de pago legales en la actualidad mientras se decide o no la transposición a la legislación española de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, la cual debería estar adoptada a más tardar el 16 de marzo próximo, aunque a nadie le debería extrañar que se incorporara con retardo, como ya ocurrió en el pasado con legislación comunitaria referente al mismo ámbito de la morosidad. La adopción de esta Directiva comunitaria ha de aclarar fundamentalmente como queda la posibilidad, por ahora no aplicable en España, de que las partes puedan pactar un aplazamiento de los plazos de pago legales.

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La inaccesibilidad del Comité de riesgos bancario

Mario Cantalapiedra – Economista

Hablando el otro día con un amigo empresario me comentó lo molesto que estaba con su banco, con el que viene trabajando desde hace unos cuantos años, porque le había denegado la concesión de una cuenta de crédito. Más que el hecho en sí de la no concesión del producto de financiación, le había molestado la falta de explicaciones por parte del banco. El director de su oficina, con el que hasta la fecha mantiene una buena relación, le había comentado que la decisión venía de arriba, del Comité de riesgos y que poco podía hacer él salvo comunicársela. En este contexto y al solicitar mi amigo hablar directamente con los responsables de dicho Comité, se encontró con que la política de la entidad prohíbe este extremo: “los miembros del Comité de riesgos del banco no hablan con los clientes”.

Dentro de una entidad financiera, te recuerdo que el Comité de riesgos es el órgano colectivo responsable de decidir sobre la concesión de un préstamo o un crédito a un cliente, es decir, es quien se encarga de que la entidad tome un riesgo. Y en una situación como la que acabo de comentar puede que haya ocurrido algo de lo siguiente:

En primer lugar, puede que la operación se haya parado en la propia oficina por no considerarse viable y al director de la misma le cueste decírselo al empresario con el que lleva colaborando desde hace tiempo. En este caso, la excusa de la inaccesibilidad del Comité de riesgos aparece como su tabla de salvamento.

También puede ocurrir que la política de la entidad financiera sea la de que le lleguen masivamente a su Comité de riesgos las propuestas sobre préstamos y créditos, tanto las buenas como las que se consideren no adecuadas, para que sea allí donde se realice el tamiz, aunque sea a consta de que sus directores de oficina tengan que dar la cara posteriormente ante los clientes.

Por último, la tercera posibilidad que se me ocurre, es que los miembros del Comité de riesgos del banco no sean personas, como podríamos pensar, sino máquinas que han sido diseñadas para evaluar riesgos de forma autónoma y, por tanto, no sea nada fácil hablar con ellas sobre los motivos concretos que les llevan a rechazar una operación, aunque esta última posibilidad parece demasiado descabellada ¿o no?

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Tipo legal de interés de demora para el primer semestre de 2013

Mario Cantalapiedra – Economista

Mediante Resolución de 3 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, se ha establecido que el tipo legal de interés de demora a aplicar en las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2013 sea del 7,75 por 100.

Por tanto y a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el por 7,75 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

Tipo legal Interes de demora

Tipo legal Interes de demora

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