En economía no hay ratoncitos de laboratorio: Cuatro supuestos básicos del modelo económico

Mario Cantalapiedra – Economista

Existen ciencias tales como la química o la medicina que para realizar sus experimentos utilizan determinados espacios físicos, laboratorios, en los que pueden realizar sus pruebas y ver los resultados que se obtienen. Un investigador médico puede suministrar un nuevo medicamento a un ratoncito y comprobar sus efectos antes de probarlo en humanos. Sin embargo, los economistas no tenemos laboratorios ni ratoncitos donde probar cómo pueden funcionar las medidas económicas, el laboratorio de la economía es ni más ni menos que el mundo real.

El problema es que la economía, como toda ciencia que se precie, tiene que tener un modelo con el que trabajar, el cual, en este caso, exigirá simplificar y abstraer la realidad. Por tanto, los modelos económicos podría decirse que vienen a ser representaciones simplificadas, preferentemente en términos matemáticos, del mundo real. Y para construir dichos modelos económicos es necesario utilizar supuestos, hipótesis de que algo es cierto, que si bien hacen perder realismo consiguen ganar en claridad y generalidad. Entre los más utilizados en economía se encuentran los cuatro siguientes:

1. Comportamiento racional de los individuos

Se basa en que los agentes económicos (consumidores, empresas, etcétera) toman las decisiones más efectivas para alcanzar sus propios objetivos. Implica que los individuos actúan de modo coherente con un conjunto sistemático de preferencias, por lo que sus acciones serán relativamente predecibles y se podrán estudiar las consecuencias que tendrán sobre ellas determinados cambios.

2. Búsqueda del interés individual

Los agentes económicos actúan por egoísmo y siempre tratan de maximizar alguna magnitud (salario, beneficio, valor, etcétera).

3. La Ley de los Grandes Números

Aunque es posible la existencia de comportamientos que se alejen de la media, estos tienden a compensarse entre sí. Esta ley es básica, por ejemplo, para determinar las primas de cobertura de riesgos en la industria del seguro. De tal modo que cuando se aplica sobre una muestra estadística lo suficientemente grande, permite conocer el grado de posibilidad de que se produzca un suceso determinado, como puede ser el siniestro de un automóvil, y fijar la prima de cobertura correspondiente.

4. Ceteris paribus (Todo lo demás permanece igual)

Esta expresión latina hace referencia al hecho de suponer que en un modelo económico, excepto las variables que se están estudiando, todas las demás permanecerán constantes. Es un supuesto bastante irreal, siempre varían, pero es necesario para abstraer y simplificar.

Aprobada una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores de las entidades locales y comunidades autónomas

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

A través del Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero, el Consejo de Ministros ha aprobado una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores que estará dotado con 2.600 millones de euros.

Los proveedores de Ayuntamientos y C.C.A.A. que se acojan al nuevo Plan de Pago a Proveedores tendrán hasta el 22 de marzo para comprobar si sus facturas, que han de ser anteriores al 1 de enero de 2012,  han sido comunicadas por su deudora al Ministerio de Hacienda ( pueden hacerlo a través de: http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/20130222_Proveedores.aspx ) o, en caso contrario, para solicitar que se incluyan mediante una certificación individual de reconocimiento de la obligación  de pago emitida por la Administración deudora. Una vez tengan reconocido su derecho de cobro, recibirán el importe de la deuda antes del 15 de junio de 2013.

Como novedades del nuevo Plan de Pago a Proveedores podemos destacar:

  • Se podrán acoger al mismo entidades que quedaron fuera en la primera fase, como son las mancomunidades de municipios, la entidades locales del Pais Vasco y Navarra (previo convenio con la Administración del Estado).
  • También podrán acogerse municipios y C.C.A.A. ya acogidos en la primera fase para aquellas deudas que no fueron abonadas por corresponder a fórmulas contractuales excluidas del primer plan.
  • Se incluyen deudas procedentes de modalidades contractuales no contempladas en el primer Plan de Pago a Proveedores. Así, podrán incluirse deudas derivadas de derivadas de convenios de colaboración, de concesiones administrativas, de encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración y no se encuentre incluida en la definición de Comunidad Autónoma del artículo 9, de los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, de los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, de los contratos de concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado, las derivadas de contratos de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, correspondientes a la subvención que se hubiere pactado a cargo de la Comunidad Autónoma, siempre que se tuviese que haber ingresado al contratista con anterioridad a 1 de enero de 2012, previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Sin duda se trata de una gran noticia, aunque en muchos casos tardía,  puesto que supondrá un influjo de liquidez en el sistema y permitirá subsistir a muchas empresas ahogadas por la morosidad del sector público, tal como ocurrió con la primera fase de este plan de pago a proveedores.

Modificada la Ley de Morosidad: Se reduce el plazo máximo de pago a un máximo de 30 días ampliable a 60.

Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

El 22 de febrero de 2013 el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley 4/2013 de apoyo al emprendedor, estímulo al crecimiento y creación de empleo.

Entre las medidas comprendidas en la norma se incluye, en su artículo 33, una nueva modificación de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que ya fue modificada por la Ley 15/2010. La nueva reforma de la normativa patria en materia de morosidad y plazos de pago viene a incorporar la nueva Directiva Comunitaria en la materia con los siguientes cambios:

Cambia el plazo máximo de pago en operaciones comerciales

El plazo máximo de pago vigente a partir de 2013 (tras los plazos del período transitorio) era de 60 días como máximo a partir de la recepción de la mercancía o prestación del servicio.

Con la nueva norma el plazo máximo de pago en operaciones comerciales entre empresas y profesionales pasa a ser de 30 días, si bien ahora se admite su ampliación mediante pacto entre las partes siempre y cuando no se supere un máximo de 60 días.

Aumenta el tipo de interes de demora exigible

Continúamos pudiendo exigir el interés de demora devengado, de forma automática y sin necesidad de requerimiento al deudor, desde la fecha de vencimiento de la factura hasta el efectivo pago, si bien el tipo interés aplicable pasa a ser el utilizado por el Banco Central Europeo en su última operación principal de financiación ampliado en 8 puntos porcentuales, en lugar de los 7 puntos que hasta ahora se aplicaban.

Se incluye una indemnización mínima de los gastos que el recobro del impagado genera a su acreedor

Así, por el mero hecho de haber incurrido en mora se podrá reclamar una cuantía mínima de 40 euros en concepto de gastos generados por el recobro sin necesidad de acreditar documentalmente el gasto. Esta cantidad podrá, por el mero hecho de haber incurrido en mora, añadirse sin más al principal reclamado.

Si los gastos generados superan esta cuantía podrán seguirse reclamando lo que puedan acreditarse y superen los 40 euros en los mismos términos previstos en la norma.

Se refuerza, además, la obligación de pago de esta indemnización ya que se define de forma clara y directa como cláusula abusiva, que puede ser declarada nula, aquella que suponga la renuncia a esta indemnización.

Criterios para determinar la residencia y el domicilio fiscal de las sociedades

Mario Cantalapiedra – Economista

En un momento en el que la ciudadanía española anda preocupada y hasta escandalizada por los casos de evasiones fiscales que lamentablemente están proliferando, considero oportuno repasar determinados conceptos básicos a nivel tributario como son los de residencia y domicilio fiscal, en este caso, ceñidos al ámbito de las personas jurídicas (sociedades). De este modo, a efectos fiscales, para determinar cuando una sociedad se considera residente en territorio español debe acudirse al artículo 8.1 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 11 de marzo de 2004). En este artículo se señala como para ser residente bastará con que concurra alguno de los siguientes requisitos:

  • Que la sociedad se haya constituido conforme a las leyes españolas.
  • Que la sociedad tenga su domicilio social en territorio español.
  • Que la sociedad tenga su sede de dirección efectiva en territorio español.

Las sociedades que, a partir del cumplimiento de alguno de los requisitos anteriores, se considere que tienen su residencia en territorio español tributarán por el Impuesto sobre Sociedades por la totalidad de la renta que obtengan, con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que sea la residencia del pagador. Por tanto, tributarán aquí por su renta mundial.

Con respecto a la determinación del domicilio fiscal de las sociedades mercantiles, es decir, el lugar físico donde la Administración tributaria podrá localizarlas y comunicarse con ellas y en el que podrán ejercer los derechos tributarios y cumplir con las obligaciones fiscales que les correspondan, el criterio que lo determina puede encontrarse en el artículo 8.2 del mencionado Real Decreto Legislativo 4/2004. Allí se señala como dicho domicilio será el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, el domicilio fiscal será el lugar en que se realice dicha gestión o dirección. Y en los supuestos en que no pueda establecerse su ubicación, de acuerdo con los criterios anteriores, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado de la sociedad (activo no corriente). El domicilio fiscal también será el lugar donde se reciban las notificaciones de la Administración tributaria si la sociedad no indica, a dichos efectos, uno distinto.

La gestión del riesgo de crédito comercial en las filiales internacionales

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las estrategias que puede facilitar la venta de productos y servicios en mercados exteriores es la de adquirir una compañía que esté radicada en el país extranjero. Es decir, utilizar la inversión directa de la empresa exportadora en el mercado de destino a través de una empresa filial, la cual sirva de trampolín para alcanzar la demanda allí presente de un modo, en principio, más sencillo.

Como siempre que se unen dos compañías, el reto fundamental será el de encajar culturas diferentes y coordinar las distintas actividades empresariales, entre ellas las que hacen referencia a la gestión del riesgo de crédito comercial. En este ámbito, la compañía matriz lo primero que habrá de tener presente es que en la empresa extranjera adquirida pueden seguirse métodos diferentes a los suyos a la hora de evaluar y gestionar el riesgo de crédito a clientes, inclusive en el país extranjero puede que no existan las mismas herramientas de gestión de riesgos que aquí se encuentran disponibles. Evidentemente la matriz querrá controlar la concesión del crédito que se realice desde sus filiales extranjeras, homogeneizando a nivel internacional los criterios a seguir en los análisis previos a la concesión del crédito comercial, en la determinación de los límites de crédito y de plazo temporal por cliente, en los protocolos de actuación en caso de impago de las facturas o en las tareas de recobro.

En esta tarea puede ser útil apoyarse en proveedores especializados en el riesgo comercial que, estando presentes en el mercado nacional, ofrecen su cobertura también en el mercado exterior, gracias a su proyección de carácter internacional. Estoy pensando, por ejemplo, en un programa internacional de seguro de crédito que ofrezca una compañía aseguradora con presencia en aquellos mercados exteriores en los que la empresa desea competir. Con un acuerdo de este tipo, la empresa exportadora puede controlar el riesgo de los clientes captados por sus distintas filiales situadas en el extranjero a partir de un único proveedor, con el ahorro de costes que esto le supone. Algo similar se podría decir si lo que se pretende es tener información comercial de los clientes allende nuestras fronteras. La opción de contratar los servicios de un proveedor de informes comerciales, el cual tenga en cartera una amplia oferta de información sobre clientes internacionales, puede resultar muy interesante.

Cuatro decisiones a evaluar a la hora de exportar

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando una empresa decide exportar y acudir al mercado exterior para comercializar allí sus productos y servicios, debe enfrentarse a una serie de decisiones complejas, especialmente si se han de adoptar en el seno de una pequeña o mediana compañía. Entre ellas me gustaría destacar las cuatro siguientes:

1. Optar por la exportación como estrategia empresarial

Elegir exportar es en sí una decisión que afecta a la propia estrategia de una empresa. Hay que saber cómo competir y en qué mercados hacerlo. La empresa que exporte se enfrentará a nuevos problemas y riesgos de los que tendrá que saber protegerse de un modo adecuado.

2. Evaluar si los productos o servicios de la empresa son adecuados para el mercado exterior

La empresa deberá decidir si los productos o servicios que viene ofreciendo a nivel nacional son adecuados para el mercado exterior. Normalmente es más complicado exportar un producto, tanto por los requisitos legales que suelen existir como por las exigencias y necesidades de los clientes extranjeros, que un servicio, el cual suele ser más fácilmente adaptable a un mercado exterior. Elegir un mercado u otro dependerá de factores tales como la cercanía física, la dimensión, la similitud con el mercado nacional, la existencia de canales de distribución o de procesos de comercialización similares o la estabilidad económica y política del país de destino

3. Elegir el equipo responsable para llevar adelante el proyecto de exportación

A efectos de liderar el proyecto de exportación, será preciso designar la persona o  grupo de trabajo que tenga conocimiento específico del país de destino y de las pautas a seguir para comercializar allí los productos o servicios de la empresa. Si este perfil no se encuentra disponible dentro de la empresa, será preciso contratarlo. Entre las tareas de esta persona o equipo estarán la de diseñar un plan de negocio relacionado con el mercado exterior, el cual recoja los objetivos de exportación y el modo más eficiente de alcanzarlos

4. Centralizar o descentralizar las actividades empresariales que se relacionan con el proceso exportador

Por último, se deberá decidir si para alcanzar los objetivos de exportación fijados, la empresa ha de centralizar o descentralizar sus actividades, ya sean estas parciales como, por ejemplo, la publicidad o la gestión de tesorería o se refieran a áreas funcionales globales como, por ejemplo, el área comercial o el de finanzas.

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ADR (1), medios de solución alternativa de conflictos: La mediación electrónica: su presencia en la Ley 5/2012

La mediación  es una forma de resolución de conflictos humanos ahora regulada en España en la Ley 5/ 2012 de 6 de Julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Analizaremos como continuación a las líneas ya publicadas sobre esta institución en esta sede en fecha 16 de Abril 2012, la posible implantación de la mediación, esto es, la intervención de un tercero-mediador para ayudar a las partes para solucionar un conflicto, utilizando medios electrónicos. En dicho proceso de mediación electrónica sustituimos la “presencialidad”  o contacto personal própio de las formas clásicas de resolución de conflictos por la “virtualidad” característica de las nuevas tecnologías que nos permiten enviarnos mensajes e informaciones a miles de kilómetros de distancia a través de la red.

El principal problema que se detecta  puede ser el no tener en cuenta el “lenguaje no verbal” propio de todo proceso de comunicación humano, puesto que en esta forma de lenguaje es sustituido “el cara a cara” por el texto escrito y enviado virtualmente.

No hay que olvidar que el “factor humano”, que es el origen del conflicto surgido, debe seguir siendo el protagonista del proceso mediador, únicamente que utilizando las nuevas tecnologías para la comunicación entre las partes, y/o la figura del mediador.  El uso de un cauce electrónico “virtual”  es un modo de agilizar la búsqueda de la solución, de dar más rapidez y celeridad a sus soluciones, de permitir un más fluido intercambio de pareceres entre sus protagonistas.

La disposición FINAL SEPTIMA de la Ley 5/2012 dispone que el Ministerio de Justicia asume el promover “la resolución de los conflictos que versen sobre reclamaciones de cantidad a través de un procedimiento de mediación simplificado que se desarrollará exclusivamente por medios electrónicos”

En este sentido dicho precepto establece:

“DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. Procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos para reclamaciones de cantidad.

El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, promoverá la resolución de los conflictos que versen sobre reclamaciones de cantidad a través de un procedimiento de mediación simplificado que se desarrollará exclusivamente por medios electrónicos. Las pretensiones de las partes, que en ningún caso se referirán a argumentos de confrontación de derecho, quedarán reflejadas en los formularios de solicitud del procedimiento y su contestación que el mediador o la institución de mediación facilitarán a los interesados. El procedimiento tendrá una duración máxima de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud y será prorrogable por acuerdo de las partes”.

A propósito de lo que dispone el referido artículo, esto es: …/… Las pretensiones de las partes, que en ningún caso se referirán a argumentos de confrontación de derecho, quedarán reflejadas en los formularios de solicitud del procedimiento y su contestación que el mediador o la institución de mediación facilitarán a los interesados…/… afirmar que:

El legislador se refiere a que el objeto de la disputa atenderá a cuestiones fácticas y no de interpretación jurídica, fundamentalmente.

Igualmente el Artículo 24 de la Ley 5/2012 dispone lo siguiente a propósito de las actuaciones que se desarrollen por vía electrónica:

“Artículo 24. Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos.

1. Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación, incluida la sesión constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, se lleven a cabo por medios electrónicos, por videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediación previstos en esta Ley.

2. La mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros se desarrollará preferentemente por medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes”.

Es especialmente interesante el Artículo 5 de la Ley cuando se refiere a las instituciones de mediación, cuyo tenor transcribimos:

“Artículo 5. Las instituciones de mediación.

  1. Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores, debiendo garantizar la transparencia en la referida designación. Si entre sus fines figurase también el arbitraje, adoptarán las medidas para asegurar la separación entre ambas actividades. La institución de mediación no podrá prestar directamente el servicio de mediación, ni tendrá más intervención en la misma que la que prevé esta Ley. Las instituciones de mediación darán a conocer la identidad de los mediadores que actúen dentro de su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia en el ámbito de la mediación a la que se dediquen.
  2. Estas instituciones podrán implantar sistemas de mediación por medios electrónicos, en especial para aquellas controversias que consistan en reclamaciones dinerarias.
  3. El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes velarán por que las instituciones de mediación respeten, en el desarrollo de sus actividades, los principios de la mediación establecidos en esta Ley, así como por la buena actuación de los mediadores, en la forma que establezcan sus normas reguladoras”.

(1.- ADR son las siglas en inglés de “Alternative Dispute Resolution” y es el estándar internacional con el que se designa a los métodos extrajudiciales de solución de conflictos).

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El contexto al que se enfrenta el exportador español

Mario Cantalapiedra – Economista

En un momento en el que la demanda interna se encuentra deprimida, sin que tengamos muy claro cuanto tiempo más seguirá así, muchas empresas españolas ven la solución a sus problemas en el mercado exterior, en la exportación de sus bienes y servicios.

No obstante, la empresa que se plantea exportar ha de enfrentarse a una serie de inconvenientes que tradicionalmente han caracterizado la débil implantación internacional del tejido empresarial español, los cuales ya fueron reseñados en la II Cumbre de Internacionalización, organizada por el Club de Exportadores e Inversores Españoles, la Asociación de Marcas Renombradas Españolas y la Asociación Española de Directivos en mayo del año pasado. En concreto, se observan los nueve problemas siguientes, que considero interesante repasar:

  1. Insuficiente número de empresas con vocación internacional permanente.
  2. Alta concentración de la exportación en un reducido número de empresas y un bajo tamaño promedio de la cifra exportadora.
  3. Baja propensión de las empresas al negocio internacional, aunque aquí existen importantes diferencias entre las empresas más grandes, las que componen el IBEX35 claramente orientadas a la exportación y el resto de empresas.
  4. Insuficiente base tecnológica, con un peso relativamente alto de las exportaciones de semimanufacturas y productos energéticos y químicos.
  5. Insuficiente presencia global, con concentración elevada del negocio en determinadas áreas (UE y Latinoamérica) y ausencia en mercados clave o de alta tasa de crecimiento (EEUU, Asia-Pacífico, Este de Europa).
  6. Oferta turística frágil, dependiente de unos precios bajos y de un concentrado núcleo de operadores extranjeros.
  7. Grado relativamente bajo de integración de activos intangibles en la oferta de bienes y servicios tales como la innovación, el diseño, los sistemas de información y las marcas.
  8. Imagen país que, con excepciones no aporta un valor significativo a los sectores, empresas y marcas españoles, por lo que no existe un incentivo para la vinculación de su imagen con la del país.
  9. Sistema oficial de apoyo complejo por el número de agentes que intervienen, que necesita mejoras en su eficiencia, innovación y estrategia.

Luego la empresa española que desee iniciar el camino de la exportación ha de tener muy presente la influencia del entorno que acabo de describir, a buen seguro sería más fácil emprender la aventura en un país donde la cultura exportadora estuviera más arraigada. Puesto que muchos de los elementos descritos no son fácilmente controlables desde la órbita de la empresa, lo que esta si puede y debe hacer es proteger al máximo su actividad de exportación. Para ello resultará adecuado realizar acciones tales como la verificación de los datos de los clientes con los que se relacione en el extranjero, la redacción al detalle de los contratos de compra-venta que se firmen o la utilización de instrumentos de cobertura de las exportaciones.

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