Tipología de las reservas originadas por beneficios no repartidos

Mario Cantalapiedra – Economista

A la hora de hablar de las reservas de una sociedad mercantil fundamentalmente se piensa en beneficios generados por la misma que no han sido objeto de reparto. Sin embargo, no todas las reservas proceden de beneficios no repartidos, pudiendo encontrarse otras que provienen de ampliaciones de capital o de regularización de balances que tienen su origen en operaciones de capital.

Me centraré ahora en las reservas que provienen de los beneficios no repartidos y que se integran dentro del concepto de autofinanciación de enriquecimiento, por el que una empresa puede incrementar su dimensión sin acceder a financiación ajena, de ahí su gran importancia. Pueden distinguirse los siguientes tipos:

Reserva legal

La legislación actual en materia de sociedades mercantiles obliga a llevar a reservas una proporción mínima del beneficio generado en el ejercicio hasta alcanzar un determinado límite. En concreto, el artículo 274 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, establece que una cifra igual al 10 por ciento del beneficio del ejercicio se destine a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20 por ciento del capital social. Por ejemplo, una sociedad que cuente con un capital social de 100.000 euros, deberá destinar a reserva legal un porcentaje del 10 por ciento del beneficio obtenido en cada ejercicio, hasta que la reserva acumulada alcance la cantidad total de 20.000 euros. La reserva legal, mientras no supere el mencionado límite del 20 por ciento, solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Reservas estatutarias

Son establecidas en los estatutos de la sociedad mercantil, es decir, en su reglamento de carácter interno, por la cuantía que allí se determine. Suelen fijarse en un porcentaje sobre el beneficio del ejercicio a distribuir, pudiendo modificarse por la Junta General de la sociedad si así se desea. Los estatutos también deberán especificar bajo qué condiciones se podrá disponer de estas reservas estatutarias.

Reservas especiales

Se crean por la aplicación de cualquier otra disposición legal de carácter obligatorio como, por ejemplo, la que obliga, según dispone la Ley de Sociedades de Capital, a crear una reserva equivalente al 5 por ciento del fondo de comercio cuando la sociedad lo tenga registrado en su activo.

Reservas voluntarias

Finalmente tendremos las reservas constituidas libremente por la sociedad. A diferencia del resto de reservas sobre las que recaen formalidades legales que dificultan su posterior aplicación, estas son de libre disposición para la empresa lo que incrementa su interés como fuente financiera propia.

Europa debe apostar por la calidad de los productos que fabrica

Mario Cantalapiedra – Economista

Para los economistas hay un concepto básico muy presente en los análisis que realizamos y que no es otro que el de la eficiencia económica. De hecho definimos el problema económico como la asignación eficiente de recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas de la sociedad. Y dicha asignación eficiente supone, ni más ni menos que, utilizar al mínimo los recursos que están disponibles, es decir, hacer las cosas al menor coste posible.

Con el proceso de globalización de la economía mundial vivido en las últimas décadas, las posibilidades de encontrar lo más eficiente se han multiplicado. En la actualidad el sistema de producción que consigue fabricar al menor coste puede ubicarse en cualquier parte del mundo. En esta tesitura Europa y sus grandes corporaciones empresariales se han embarcado en una espiral de búsqueda de mayor eficiencia a costa de deslocalizar sus procesos fabriles, de irse de aquí para instalarse en el exterior, con el foco asiático como destino preferente. El problema es que para las empresas que todavía mantienen sus fabricas instaladas en el viejo continente se hace imposible competir con el coste de mano de obra que los países asiáticos pueden ofrecer, con China a la cabeza, paradigma mundial de la producción barata, el país más eficiente, el que parece que va a marcar el devenir de la economía global en los próximos años. Lo cierto es que sería interesante también analizar las circunstancias concretas que hacen que la mano de obra asiática sea tan barata, pero me temo que ante una búsqueda casi obsesiva de la eficiencia económica este aspecto ha quedado relegado a un segundo plano.

Por mucho que Europa, instalada en su profunda crisis, se empeñe en abaratar el coste de su mano de obra no parece que pueda rivalizar a corto plazo con Asia. Si no se reacciona a tiempo y se buscan nuevos canales para competir, el riesgo de que el continente europeo pase a convertirse en un mero balneario al que los ricos asiáticos vengan a pasar sus temporadas de holganza está presente. La pregunta es que si los procesos fabriles radicados en Europa no pueden mejorar la cantidad, el coste que China y los países de su entorno ofrecen, ¿qué pueden hacer entonces? Se me ocurre que pueden aventajarlos en la calidad de los productos fabricados, ahí Europa puede y debe ganar la partida.

El proceso de cancelación de una cuenta corriente bancaria

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando abres una cuenta corriente en una entidad de crédito normalmente lo haces por un período indefinido. Sin embargo, tanto tú como el banco tenéis la posibilidad de cancelar la cuenta según las condiciones que se reflejen en el correspondiente contrato que se firme, el cual deberá especificar si es necesario preavisar o no de la cancelación y los gastos que, en su caso, puede llegar a ocasionar esta acción.

Es importante señalar que la retirada de la totalidad del saldo de una cuenta corriente no implica su cierre. El compromiso de prestar el servicio de caja por parte de la entidad de crédito sigue vigente hasta que se cancele el contrato, por lo que de existir comisiones de mantenimiento de la cuenta te las podrán seguir cobrando aunque no existan ni movimientos ni saldo en la misma. Algunas entidades de crédito, cuando transcurre cierto tiempo sin que se produzcan movimientos en las cuentas corrientes, las suelen declarar inactivas pero es más que nada una política de clasificación interna que siguen, la cual no significa que no puedan seguir cobrándote comisiones.

Y si existe saldo en la cuenta corriente pero sus titulares no realizan ningún movimiento sobre ella durante veinte años, has de saber que legalmente, según el artículo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, su saldo pasará a ser propiedad del Estado, puesto que la cuenta se considera abandonada.

En el proceso de cancelación de la cuenta, lo más habitual es entregar un escrito en la oficina de la entidad bancaria donde esté abierta, en el cual se manifieste el deseo de cancelarla, con la firma de todos los titulares y fotocopias de sus documentos nacionales de identidad, siendo fundamental quedarse con una copia de la misma sellada por la entidad financiera como acuse de recibo. El procedimiento de cancelación puede complicarse algo más cuando la cuenta corriente esté abierta en una entidad de crédito que únicamente opere por Internet, debiendo recurrirse para cerrarla, según sea el caso, a otros procedimientos como, por ejemplo, la conversación telefónica grabada o el envío de un burofax. Antes de proceder a su cancelación, la entidad de crédito podrá solicitar la devolución de los documentos asociados a la cuenta, tales como talonarios de cheques o tarjetas de crédito y débito, que deberán quedar inutilizados en tu presencia.

El criterio de caja del IVA pensado sólo para microempresas

Mario Cantalapiedra – Economista

En el pasado Debate sobre el Estado de la Nación del mes de febrero, el presidente del Gobierno español anunció el establecimiento de un nuevo régimen especial en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el de criterio de caja, el cual habrá de permitir a un número determinado de pequeñas empresas no tener que liquidar a la Agencia Tributaria el IVA que repercuten en sus facturas de venta hasta que no lo hayan cobrado de sus clientes. Este régimen, que tendrá carácter voluntario para las empresas afectadas, en principio estará disponible a partir del año 2014.

Más allá de la complejidad técnica que se adivina para aplicar el criterio de caja en el IVA y hacerlo convivir con el ordinario del devengo, me gustaría incidir en el calado real de la medida en cuanto al conjunto de destinatarios finales de la misma. En principio, el presidente del Gobierno anunció que el nuevo régimen será de aplicación para aquellas pymes y aquellos autónomos que facturen menos de dos millones de euros, límite de facturación que coincide con el utilizado por la Unión Europa para catalogar a las compañías como microempresas, último estrato de tamaño dentro de las pymes, es decir, aquel que agrupa a las más pequeñas dentro de las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, si lo que se quiere es ayudar al mayor número de pymes que atraviesan problemas de liquidez por la morosidad de sus clientes, parece interesante atender iniciativas como la propuesta, a principios de este mes de marzo, en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Catalán, la cual busca extender el criterio de caja a las empresas catalogadas por el Impuesto sobre Sociedades como de reducida dimensión, en concreto, aquellas cuyo importe neto de cifra de negocios es inferior a los diez millones de euros. Sin tener la estadística delante, no es difícil suponer que habrá muchas empresas que facturen entre dos y diez millones de euros con graves problemas de tesorería, que agradecerían mucho tener la opción de liquidar el IVA de sus facturas cuando lo hubieran cobrado. Si finalmente se decide establecer algo tan complejo como el criterio de caja en la liquidación del IVA, parece conveniente que la medida tenga cierta dimensión y no sea un mero parche, que de eso, por desgracia, sabemos mucho en este país.

La banca no puede olvidar el desarrollo empresarial local y regional

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las principales consecuencias del proceso de reestructuración que está viviendo el sistema financiero español es la progresiva disminución del número de entidades financieras que operan en España. La unión entre entidades está dando lugar a una concentración de la oferta bancaria en pocos actores, algo que aparentemente está generando lo que los economistas llamamos un oligopolio de oferta.

En esta estructura de mercado la demanda, en este caso de productos y servicios bancarios, está atendida por unos pocos oferentes que, en los casos más extremos, pueden llegar a establecer pactos, los cuales les permitan limitar las fuerzas de la competencia y fijar, por ejemplo, precios comunes de los productos que ofertan al mercado. Evidentemente esta situación desde el punto de vista de la demanda, del consumidor de productos y servicios bancarios, limita la capacidad de elección y hasta de negociación de las condiciones financieras.

Pero más allá de que estemos asistiendo a una concentración bancaria (ya hay alguno por ahí afirmando que sólo quedaran dos o tres entidades españolas al finalizar el proceso de integración en curso), hay otro elemento que me preocupa, el cual pude advertir directamente en una reciente jornada de formación a la que asistí con empresarios a nivel local. Una de las consecuencias de esta integración bancaria es la dilución de entidades que tradicionalmente han sido protagonistas del desarrollo empresarial a nivel regional y local, dentro de grupos bancarios con punto de mira y de negocio a nivel más amplio y que pierden interés en lo que era el negocio nuclear de las entidades absorbidas. Los directivos de estas entidades están perdiendo poder de decisión ante las direcciones centralizadas de sus nuevas matrices y las comunidades locales de empresarios ven como los interlocutores cercanos que en el pasado entendían su negocio y podían llegar a influir en la concesión de financiación, se ven relegados a un plano muy secundario en la nueva jerarquía. Puede entenderse que dentro del gran número que se hace en la central del grupo bancario, la pérdida de este negocio local se de por amortizada, sin embargo, tengo mis serias dudas de que España en su conjunto y en la situación que atraviesa pueda permitirse el lujo de perder interés en el desarrollo local y regional de sus empresas. Además de la prioridad de sanear el sistema financiero español, creo que alguien debería tener este aspecto muy en cuenta.

Modificado el tipo legal de interés de demora para el primer semestre de 2013

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la entrada en vigor, el pasado 24 de febrero de 2013, del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se ha modificado el interés de demora que el deudor estará obligado a pagar por incumplimiento del plazo de pago, a falta de interés que se pacte en el contrato. Este interés de demora se obtendrá sumando al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo, a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate, ocho puntos porcentuales. Luego lo que se hace ahora es elevar el coste en un punto porcentual sobre lo que consideraba el cálculo anterior.

Sigue manteniéndose que los intereses de demora surgirán automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso ni requerimiento previo y que el acreedor tendrá derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que dicho deudor demuestre que no es responsable del retraso.

Tipo de interes de demora