Archivo por meses: mayo 2013

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Los planes de Montoro para terminar con la morosidad de las administraciones públicas

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Mario Cantalapiedra – Economista

Ya he comentado en alguna entrada anterior del blog que considero que una de las medidas más positivas emprendidas por el Gobierno popular ha sido la de arbitrar un plan de pago a proveedores de las facturas adeudadas por las distintas administraciones públicas. Aunque hasta la fecha con el mecanismo ejecutado solamente se advierta una solución parcial al problema de la morosidad pública (recordar que en la primera quincena de junio han de recibir el siguiente pago los proveedores acogidos a la segunda fase del plan), resulta evidente el avance con respecto a la situación previa, el cual ha de ser valorado en su justa medida.

No obstante, se ve que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, está determinado a atajar el problema de la morosidad pública desde su raíz y en esta línea se nos acaba de anunciar un nuevo decreto a aprobar en junio. Con él se pretende que las deudas vencidas de las diferentes administraciones públicas con sus proveedores queden saldadas a la vuelta del verano, es decir, para el mes de septiembre. A partir de entonces las entidades públicas españolas deberán respetar el plazo de pago de treinta días naturales desde la recepción de la factura o de una solicitud de pago equivalente, que establece la Directiva europea contra la morosidad vigente. En este sentido, el Gobierno planea que si un ayuntamiento o una comunidad autónoma no abona una factura vencida a uno de sus proveedores, éste pueda acudir directamente a Hacienda para que sea ella la que la abone en su lugar, a cuenta de los ingresos que correspondan a la entidad pública de los impuestos estatales.

Me parece muy importante que se confirme con datos esta ‘intención’ del Gobierno español de acabar, de una vez por todas, con el problema de la morosidad pública. Estoy pensando en que, más allá de solucionar parte de los problemas de liquidez de muchas pequeñas y medianas empresas españolas, que ya de por sí se antoja como algo sumamente necesario, se puede producir un efecto ‘contagio’ que comience a desterrar de nuestro país las prácticas de mal pagador. Si a las administraciones públicas se les obliga, por fin, a predicar con el ejemplo y a respetar los plazos marcados por la legislación contra la morosidad, será mucho más sencillo convencer al tejido empresarial privado de que haga lo propio.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

La inversión en deuda pública a través de repos

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Mario Cantalapiedra – Economista

Los repos son una alternativa para invertir en deuda pública (letras, obligaciones, bonos) por un tiempo determinado (días, semanas o meses), el cual puede ser elegido por el inversor, de ahí que sean muy utilizados por las empresas para ‘colocar’ temporalmente sus puntas de tesorería, excedentes de cobros sobre pagos que se producen en el desarrollo de la actividad empresarial y que deben gestionarse adecuadamente. La expresión repo proviene del inglés ‘repurchase agreement’ que significa acuerdo de recompra y precisamente en eso, en un pacto de recompra, consiste esta operación financiera.

Mediante el repo se produce un acuerdo entre dos partes, por el que una de ellas, entidad financiera, vende a la otra, empresa, una cantidad de títulos de deuda pública que tiene en su cartera, cobrando un precio determinado y fijando de antemano el precio y la fecha de recompra. Es, por tanto, una cesión de activos financieros por parte de la entidad financiera a la empresa con pacto de recompra. Aunque el repo puede articularse sobre valores de renta fija privada, lo habitual es que se construya sobre valores que cotizan en el mercado secundario de deuda pública, debido fundamentalmente a su mayor liquidez. El rendimiento del repo para el inversor vendrá marcado por la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, que como he comentado se conoce con antelación, de ahí que el repo sea un instrumento adecuado para invertir los excedentes de tesorería de la empresa. No obstante, no se puede decir que el riesgo del repo sea nulo, existe el peligro de que se produzca la insolvencia del emisor del título sobre el que se realiza la operación; peligro mayor en el caso de que el emisor sea una empresa privada. En esta situación, la entidad financiera con la que se acuerda el pacto de recompra, no garantizará la devolución del importe invertido. Entre los gastos que pueden repercutirse a la empresa que invierte en repos se encuentra el cobro de comisiones por la suscripción de los títulos, por su custodia y por su compra/venta en mercado secundario.

Uno de los aspectos que también suele considerarse a la hora de invertir excedentes de tesorería es el de la fiscalidad favorable de los productos elegidos. En este sentido, los repos cuentan con la ventaja de no estar sujetos a retención fiscal para los inversores que ostentan la condición de persona jurídica.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Tres diferencias entre tarjetas de débito y de crédito

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Mario Cantalapiedra – Economista

Las tarjetas bancarias representan medios de pago que las entidades financieras conceden a sus clientes para que puedan utilizarlas en vez de usar dinero efectivo. Los dos tipos fundamentales de tarjetas bancarias que existen son las de débito y las de crédito. Las tarjetas de débito sirven para utilizar el dinero que tienes depositado en una cuenta bancaria corriente o de ahorro, mientras que las de crédito te permiten disponer de una cuenta de crédito. Aunque existen varias diferencias entre ellas, las tres siguientes me parecen las más reseñables:

1. Límite de disposición

El límite de la tarjeta de débito es el dinero que tengas disponible en la cuenta bancaria asociada. No obstante, es habitual que la entidad que te concede la tarjeta fije un límite diario de disposición, en principio, por motivos de seguridad.

El límite de la tarjeta de crédito es la financiación máxima concedida por la entidad financiera correspondiente. Normalmente se fija en una cantidad determinada al mes que puede ser modificada por la entidad si observa variaciones en tu capacidad de pago. En tu caso también podrás solicitar modificar el límite, de tal modo que si lo bajas seguramente no habrá problemas pero si lo que quieres es aumentarlo, necesitarás la autorización previa de la entidad, no olvides, que lo que te está otorgando es un crédito al fin y al cabo.

2. Cuenta asociada

La tarjeta de débito precisa de una cuenta bancaria abierta en la entidad que la concede, de tal modo que al utilizarse el cargo correspondiente queda anotado de forma inmediata en dicha cuenta.

Por su parte, la tarjeta de crédito puede ser emitida por una entidad financiera sin necesidad de tener abierta una cuenta corriente o de ahorro en ella, de tal modo que los recibos correspondientes a su utilización son girados a la cuenta bancaria que elijas.

3. Modalidad de reembolso

En la tarjeta de débito los cargos se imputan en la cuenta bancaria en el mismo momento en que son realizados.

En la tarjeta de crédito el pago se realiza en la forma y con la periodicidad que se pacte con la entidad financiera. Habitualmente se puede elegir entre pagar íntegramente el importe total de las operaciones efectuadas el período (mes) anterior o pagar un porcentaje de las mismas, más las comisiones e intereses generados por esta financiación extra.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Cómo calcular el beneficio que el banco obtiene del negocio con tu empresa

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Mario Cantalapiedra – Economista

De igual manera que el banco con el que trabajas conoce la rentabilidad que le supone el negocio con tu empresa, puedes conocer cuál es el coste aproximado que representa el negocio con el banco y utilizar ese dato en las relaciones o negociaciones que establezcas con él.

A través de una herramienta relativamente sencilla conocida como balance banco-empresa, es posible conocer la rentabilidad bruta aproximada que obtiene el banco en su negocio con la empresa durante un plazo determinado, por ejemplo, un año. Dicha rentabilidad surge al comparar los ingresos financieros netos percibidos por el banco con el riesgo financiero neto medio que concede a la empresa. Esta rentabilidad haremos la hipótesis de que equivaldrá aproximadamente al coste global que la empresa soporta. Para poder realizar el cálculo será preciso que la posición neta de la empresa sea deudora, es decir, mantenga más créditos y préstamos a favor del banco que saldos y depósitos a su favor, es decir, lo habitual en estos tiempos de endeudamiento masivo.

 

Los ingresos financieros netos se obtendrán de la suma de intereses y comisiones que cobra el banco minorada por los intereses que, en su caso, se paguen a la empresa. Por su parte el riesgo financiero neto medio lo calcularemos restando del activo medio la suma de pasivo directo e indirecto medio. El activo medio será el saldo medio durante el período de todas las operaciones contratadas con el banco que suponen riesgo para él (créditos, préstamos, etcétera). Por su parte, el pasivo directo medio deberá incluir el saldo medio de todos los depósitos de fondos que mantiene la empresa en la entidad financiera (cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, etcétera), mientras que el pasivo indirecto medio o saldo float representará el saldo medio por operaciones de compensación, el cual surge tanto por el tiempo que transcurre desde que el banco recibe una cantidad a favor de la empresa, por ejemplo a través del ingreso de un cheque de otra entidad financiera, hasta que la abona en cuenta con fecha valor, como por el que pasa desde que el banco carga un pago en cuenta, en fecha valor, hasta que realmente lo liquida a su destinatario final, por ejemplo, a la Administración Tributaria en el pago de un impuesto.

Finalmente la rentabilidad o margen bruto del banco, que equivaldrá al coste que soporta la empresa y se expresará en términos porcentuales, se obtendrá través de la siguiente expresión: 

rentabilidad

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Trabajo en equipo: selección, entrenamiento y recompensas

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Mario Cantalapiedra – Economista

En las empresas es habitual que se trabaje en grupo, que las personas interactúen entre sí a la hora de realizar las tareas que son necesarias en el desarrollo de la actividad. No obstante, la capacidad de trabajar en grupo exige una serie de habilidades que no todo el mundo posee. Las empresas tratan de formar grupos de trabajo que generen una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado, de tal manera que su desempeño sea superior a la suma de las contribuciones individuales de sus miembros, lo que se conoce como equipos de trabajo, pero, ojo, el mero hecho de llamar equipo a un grupo de trabajo no aumenta automáticamente su desempeño. En no pocas ocasiones te encuentras personas que, tomadas de modo individual, tienen gran valía pero que al juntarlas para que trabajen codo con codo… la cosa no funciona. No saben, no quieren o no pueden trabajar en equipo.

Transformar a las personas, que por regla general preferimos ser reconocidas por nuestro desempeño individual, en miembros de un equipo, donde lo que se buscan son resultados a través de un esfuerzo coordinado, supone realizar un esfuerzo en las tres áreas siguientes: selección, entrenamiento y recompensas.

Lo primero que se necesita es realizar un adecuado proceso de selección capaz de filtrar a los individuos que muestren habilidades interpersonales para trabajar en equipo. Se trata de que los individuos que van a trabajar juntos, además de poseer las habilidades técnicas necesarias para la tarea, sean capaces de asumir los distintos papeles que habrá que desempeñar dentro del equipo.

Lo segundo necesario es el entrenamiento de las personas, a través, por ejemplo, de expertos que les hagan experimentar la satisfacción del trabajo en equipo. De este modo, muchas compañías, especialmente las de gran tamaño, suelen recurrir a talleres que ayudan a mejorar las habilidades de solución de problemas, de negociación o de gestión de conflictos.

Finalmente la transformación pretendida se puede lograr a través de un sistema adecuado de recompensas que incentive el esfuerzo conjunto. Al final el trabajador tiene que entender que le interesa trabajar en equipo, que va a ganar con ello. Los ascensos en la empresa o los aumentos de salario deben tener en cuenta el desempeño de la persona como miembro del equipo, valorando aspectos tales como la ayuda a la resolución de los problemas internos o el intercambio de información con los compañeros.

Colaboradores, Fiscalidad y Contabilidad, Mario Cantalapiedra (Economista)

La clasificación de los tributos utilizada por el sistema tributario español

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Mario Cantalapiedra – Economista

Los principios y normas jurídicas generales del sistema tributario español se recogen en La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, legislación a la que se debe acudir si lo que se desea es conocer cuál es el concepto de tributo que se maneja desde lo público. Te adelanto ya que este concepto encierra algo más que los impuestos. De este modo el legislador entiende que “los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos”. Son diferentes tipos de tributos las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos.

1. Tasas

Tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. Ejemplos de tasas son la que pagas al pasar la ITV de tu coche o la que abonas cuando deseas obtener tu DNI.

2. Contribuciones especiales

Tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Por ejemplo, el tributo exigible al propietario de una vivienda situada en una calle cuya pavimentación y alumbrado se mejoran, lo que lleva a aumentar el valor de dicha vivienda. Es importante señalar que para que se pueda exigir la contribución al propietario, es necesario que la obra pública le beneficie directamente, no siendo suficiente con que beneficie a la colectividad.

3. Impuestos

Tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Por ejemplo, el IRPF que grava la obtención de renta por parte de las personas físicas o el IS que grava la renta que obtienen las sociedades. Impuestos que, como dijo el político estadounidense Robert Wagner, “son el precio que pagamos por la civilización, ya que en la selva no existen”.

Colaboradores, Ignasi Frigola - Abogado

Doctrina “Rebus sic stantibus”

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A menudo escuchamos fundamentalmente de nuestros mayores una frase que más o menos dice así: “todo ya está inventado…”. Y ciertamente es absolutamente cierto al menos en materia jurídica.

En un contexto de crisis como el actual, en el que han surgido problemáticas que nos parecen nuevas derivadas de la propia crisis inmobiliaria y financiera, y que precisan soluciones, sobretodo rápidas y adecuadas al conflicto surgido; pues bien, en este contexto, por cierto en el que se nos bombardea en los medios de comunicación con soluciones procedentes de organizaciones, ONG,s, sindicatos o de partidos políticos, caducos en sus estructuras y fines…, las salidas que se dibujan no convencen ; quizás la solución la tengamos delante y no la sepamos ver.

Ciertamente en este clima, los remedios que los gobernantes nos ofrecen son reformas y más reformas, que se traducen en una promiscuidad del legislador, que dicho sea de paso, actúa sin la necesaria meditación y reflexión: por poner un solo ejemplo, una ley como la ley de enjuiciamiento civil vigente (1/2000), se ha reformado de media cada seis meses desde el año 2000, cuando se trata de una ley que debería permanecer lo más estable posible, siendo la anterior de 1881. La pregunta es: ¿son necesarias reformas y más reformas?

Pues ante esta situación, afirmo que el derecho ya creó sus mecanismos de corrección y ajuste en materia de contractual para los negocios concluidos en determinadas épocas de “vacas gordas”, y que debían ser aplicados en “épocas posteriores de crisis”.

Y en concreto la doctrina “Rebus sic stantibus”, es un claro ejemplo de ello.

Correctamente descrita se refiere al hecho de que las cláusulas de un contrato tienen que ponerse en relación con las circunstancias coyunturales existentes en el momento de la celebración del negocio jurídico, y  a sensu contrario, el cambio de esas circunstancias externas debe dar como resultado una reconsideración de lo establecido y pactado en dicho contrato.

Es conocida e universal la expresión / aforismo “pacta sunt servanda” que significa que los pactos deben de cumplirse a tenor de los mismos.

Por ende, “pacta sunt servanda rebus sic stantibus”, significa que los pactos se deben cumplir en su tenor mientras no cambien las circunstancias según las cuales se firmó el acuerdo, negocio o contrato.

En la jurisprudencia encontramos esta doctrina en muchas sentencias Así en una sentencia de nuestro más alto tribunal, sala de lo civil, podemos leer: “…que para la aplicación de tal cláusula, se han de dar determinados requisitos «entre ellos el de la concurrencia de hechos extraordinarios, imprevisibles e imprevistos por las partes, de tal enjundia que puedan provocar el desequilibrio de las prestaciones básicas del contrato, fundantes de su justa reciprocidad», lo que como es obvio requiere una alegación de hechos que puedan servir de apoyo para establecer la conclusión de que el retraso con el que ha de cumplir el aquí recurrente sus obligaciones origine una onerosidad, traducible pecuniariamente, que altere el mutuo equilibrio de las prestaciones a su cargo y a las del otro contratante…”

Otra sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo civil también nos dice : “…En efecto, esa cláusula, fruto de la equidad y del principio equilibrador de las prestaciones en los negocios onerosos, se aplica para que se modifiquen las estipulaciones irritantes o se resuelva el contrato en su tracto continuo cuando, como aquí acontece -…/…-, ha habido una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes en el momento de cumplir el contrato que como toda compraventa con precio satisfecho en el momento, tuvo lugar el día de su celebración, con relación a las actuales después de cincuenta años; que hay una desproporción inusitada, exorbitante, entre lo convenido y la indemnización que ahora se pretende y considera como restañadora del daño sufrido -sin decir, eso sí, el recurrente, si fue entonces o ahora-; que la sobrevenencia de circunstancias imprevisibles se dan por el hecho del tiempo transcurrido y la naturaleza del derecho en que se suscita el problema de autos, …/…, que hacen que el interés de la parte recurrente no se pueda considerar legítimo y digno de protección, «pactum de non alienando res propia non valet», constituyendo un desfase en el ejercicio de ese derecho conforme al art. 7.º del Código Civil…”

Lo dicho, “todo ya está inventado”, quizás en lugar de ir tan de deprisa, tengamos que detenernos y mirar lo que se hizo antes para solucionar problemas similares o parecidos que nos van surgiendo.