Archivo por meses: junio 2013

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Guardar los ahorros en las cajas de seguridad de las entidades de crédito

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Mario Cantalapiedra – Economista

Vivimos momentos en los que los ciudadanos tienen muy difícil saber con cierta seguridad dónde pueden guardar los ahorros que han acumulado. Hay desconfianza en los mercados y también cierto miedo a posibles ‘corralitos’ que afecten al dinero invertido en depósitos y cuentas bancarias. Tampoco parece una opción muy segura tener los dineros en casa, utilizando ‘bancolchón’ para almacenarlos, por lo que a más de uno se le viene a la mente pensar en otras alternativas, entre las que pueden encontrarse las cajas de seguridad. Estas cajas, que en terminología bancaria también se denominan ‘cajas de alquiler’, son lugares reservados dentro de las cajas fuertes de las entidades de crédito que sus clientes pueden alquilar para el depósito de bienes, documentos o efectivo, sin necesidad de tener que declarar su contenido. Es decir están físicamente dentro de las entidades de crédito pero no dependen de la solvencia de su balance ni de que a alguien se le ocurra, de la noche a la mañana, realizar quitas sobre los depósitos bancarios.

Los objetos a depositar dentro de una caja de seguridad deben ser lícitos, no pudiéndose guardar elementos nocivos, peligrosos o cuya comercialización no esté autorizada. Los bancos incluyen cláusulas, dentro de los contratos de alquiler de estas cajas, que los exoneran de responsabilidad sobre su contenido, del cual solo responde el depositante. Precisamente por esta circunstancia y por la confidencialidad que atañe a su contenido, las entidades bancarias son selectivas a la hora de ofrecer este servicio a su clientela, aunque, en principio, bastaría ser cliente de una entidad que lo ofreciera para poder contratarlo.

El coste de una caja de seguridad varía entre entidades pero suele fijarse en función de cuál sea su tamaño y el período en que va a utilizarse, y cobrarse por cada persona que tiene acceso a la misma. Además, cada vez que el cliente decida visitar la caja, deberá pagar una pequeña cantidad. También suele cobrarse, al contratar la caja, una comisión de apertura y una fianza (recuperable al finalizar el período de alquiler que se pacte). En cuanto al sistema de acceso a la caja se refiere, puede consistir en un juego de doble llave, de la que una se entrega al cliente y otra la conserva la entidad financiera, o en un mecanismo de apertura electrónico.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Las administraciones públicas deberán publicar el período medio de pago a proveedores

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Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado miércoles 19 de junio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, el cual recoge más de doscientas propuestas que persiguen, según sus propias palabras, ‘reducir gastos en aras de una mayor eficiencia de la de la administración pública; simplificar trámites; suprimir órganos o entidades innecesarias; agilizar procedimientos y mejorar la gestión de los medios públicos’.

Entre ellas hay una propuesta que me gustaría destacar ya que se relaciona con la lucha contra la morosidad, en este caso, pública, como es la del control de la deuda comercial del sector público a efectos de la estabilidad presupuestaria. En principio resulta interesante que nuestro Presidente piense que la sostenibilidad financiera no consiste sólo en el control de la deuda pública, sino también en el control de la deuda comercial, en el de las facturas que los distintos estratos en los que se divide la administración pública adeudan a sus proveedores, en gran medida, pequeñas y medianas empresas generadoras de riqueza y empleo y que tanto están sufriendo por el impago público. La reforma propuesta se encamina a integrar el control de dicha deuda comercial en el principio de sostenibilidad financiera, para lo cual se introduce el concepto de período medio de pago a proveedores que las administraciones públicas tendrán la obligación de publicar periódicamente. De este modo, los proveedores contarán con un argumento más para reclamar el pago de sus facturas pendientes si la administración pública de turno no cumple el plazo legal vigente de treinta días naturales desde la recepción de la factura o de una solicitud de pago equivalente. Esta medida viene a sumarse a la obligación existente ya desde el ejercicio de 2010 para las sociedades, de informar sobre los plazos de pago a sus proveedores a través de la memoria que se integra en sus cuentas anuales y se deposita en el Registro Mercantil. Información que debe presentarse con mayor o menor grado de detalle en función de que la sociedad elabore el modelo normal de memoria o bien elabore el modelo abreviado o aplique el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. Conocer y hacer público el problema de la morosidad puede ser el primer paso para solucionarlo, por lo que bienvenida sea la medida anunciada por Rajoy.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Los intereses de demora en los planes de pago a proveedores del Gobierno

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Mario Cantalapiedra – Economista

Según los resultados del Quinto Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España sólo el 13 por ciento de las empresas llegan a aplicar siempre los intereses de demora que les reconoce la legislación vigente ante la morosidad de sus clientes. El 43 por ciento de las empresas reconocen que los aplican a veces, siendo muy alta la cifra de empresas que manifiestan no aplicarlos nunca, en concreto el 44 por ciento del total.

Te recuerdo que la vigente Ley 3/2004 contra la morosidad en su artículo 5 contempla el derecho a reclamar intereses de demora, del siguiente modo: ‘El obligado al pago de la deuda dineraria surgida como contraprestación en operaciones comerciales incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por esta Ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor’.

Actualmente y salvo que en el contrato se pacte otro distinto, el tipo legal de interés de demora a aplicar es nada menos que del 8,75 por ciento. No obstante, muchas empresas tienen miedo a reclamar estos intereses a un cliente moroso. Aunque tengan derecho a ellos, piensan que reclamarlos puede suponer perder al cliente, el cual puede llegar a sentirse ‘molesto’ con la petición. A esto tampoco ayuda que sea la propia Administración Pública a través de los planes de pago a proveedores de entidades locales y comunidades autónomas, la que obligue a que los proveedores que quieran adherirse a los mismos renuncien al cobro de los intereses de demora a los que tuvieran derecho. Si lo pensamos fríamente, a los ayuntamientos y comunidades autónomas españoles, con esta medida, la financiación extra que ha significado dilatar el pago a sus proveedores le ha salido ‘gratis’. Ya he manifestado anteriormente en el blog que estos planes han supuesto un deshago importante para los problemas de liquidez de muchas empresas y que son algo positivo, pero eso no evita mi desacuerdo con la obligación de renunciar a los intereses de demora devengados que conllevan. Piensa que de haberse reconocido también su pago y no sólo del nominal de las facturas, además de respetarse un derecho legal, serviría para extender el ejemplo entre el sector privado.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Análisis del Quinto Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

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Mario Cantalapiedra – Economista

Se acaba de presentar el Quinto Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España una vez más con el objetivo de informar sobre la evolución real de la morosidad empresarial, los plazos de pago y la gestión del riesgo de crédito. Los resultados de esta edición se han obtenido en base a la información facilitada por 190 profesionales  relacionados con la gestión del riesgo cliente o credit management entre los meses de abril y mayo de 2013.

Según este Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito, se mantiene invariado con respecto al dato anterior, concretamente en el 56 por ciento, el porcentaje de empresas españolas que han sufrido algún impago significativo en los últimos doce meses. Luego más de la mitad de las compañías se ven afectadas por la lacra de la morosidad. Asimismo la falta de disponibilidad de fondos continúa siendo, con mucho, el principal motivo de impago, según el 86 por ciento de los encuestados, el mayor porcentaje nunca antes registrado en las anteriores oleadas del Estudio. Las empresas españolas siguen ‘secas’ en cuanto a liquidez se refiere y esto se traduce en retrasos a la hora de pagar las facturas de sus proveedores.

Destaca del Estudio el aumento significativo del porcentaje de empresas que reclaman un reglamento sancionador, el cual penalice los incumplimientos de los plazos de pago establecidos legalmente. En este caso, dicho porcentaje pasa del 75 por ciento del anterior estudio al 82 por ciento del actual. Por lo que se ve, se piensa que sin sanción, no habrá cumplimiento de la legislación contra la morosidad, que ésta es poco más que ‘papel mojado’. Además si hablamos de plazos de pago, dos de cada tres empresas afirman que en 2012 trabajaron con plazos superiores a los marcados legalmente e inclusive se prevé que para 2013 la cosa empeore, de tal modo que únicamente el 32 por ciento de las compañías vaticinan mantener sus plazos medios de pago por debajo de los 60 días que marca actualmente nuestra legislación vigente. Está claro que no basta con escribir negro sobre blanco, con legislar, para desterrar las malas prácticas de pago en España, se necesita un cambio de cultura, quizás motivado por el ‘palo’ de la sanción detrás, esfuerzo por parte de todos los actores involucrados en la economía, con administraciones públicas y grandes empresas a la cabeza y, por supuesto, recuperar la liquidez que drene el sistema.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Derechos y obligaciones al contratar una tarjeta de crédito o débito

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Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando contratas una tarjeta de crédito o débito con una entidad financiera tienes una serie de derechos y obligaciones que debes conocer, más todavía en momentos de escasez de liquidez como los que vivimos donde es más habitual recurrir a la financiación que proporcionan las tarjetas (de crédito). A continuación me referiré a dichos derechos y obligaciones en base a la información que puede encontrarse en el ‘Portal del Cliente Bancario’ del Banco de España.

Derechos del cliente

  1. Utilizar la tarjeta para pagar la compra de bienes y servicios, así como para retirar dinero en efectivo en cajeros y en las ventanillas de las entidades de crédito, en los términos que se contraten.
  2. Recibir una copia del contrato con la entidad de crédito.
  3. Recibir los documentos de liquidación.
  4. Ser informado previa y personalmente de las modificaciones en las condiciones iniciales.
  5. No renovar o desistir del contrato unilateralmente en cualquier momento, de acuerdo con los pactos recogidos en el mismo.

Obligaciones del cliente

  1. Pagar puntualmente las comisiones bancarias y, si se trata de una tarjeta de crédito, los intereses que se hayan pactado con la entidad financiera.
  2. Devolver los fondos utilizados en la forma pactada. Hay que tratar de vencer la ‘falsa ilusión’ de que pagas en el momento de utilizar la tarjeta de crédito. El gasto se paga cuando llega la liquidación a tu cuenta y tienes saldo para afrontarla, nunca antes.
  3. Informar a la entidad de crédito sobre las circunstancias económicas y personales. La información correcta es necesaria para que la entidad analice el riesgo de la operación antes de autorizarla. También existe el compromiso, si así estuviera pactado, de comunicar los cambios de domicilio, el estado civil, el régimen económico del matrimonio y otras circunstancias  personales y financieras.
  4. Custodiar debidamente el número secreto de la tarjeta o PIN. Te recuerdo que el Banco de España recomienda no anotarlo nunca junto a la tarjeta y evitar su coincidencia con datos de fácil obtención como pueden ser fechas de nacimiento o el número del documento nacional de identidad.

Además del listado anterior, se deberán respetar los derechos y obligaciones que, en esta materia, se recogen en la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, así como en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

 

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

La relación entre déficit público y deuda pública

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Mario Cantalapiedra – Economista

Déficit público y deuda pública son dos términos íntimamente relacionados pero que no son lo mismo, a pesar de que muchas veces se llegan a confundir. El déficit público hace referencia al exceso de gastos sobre ingresos de las administraciones públicas durante un período concreto, luego estamos hablando de cuenta de resultados pública. La cifra global en España, a su vez se divide en cuatro: el déficit de la Administración Central, el de las comunidades autónomas, el de las corporaciones locales y el de la Seguridad Social. El dato del déficit público en términos absolutos tiene relativa importancia, de ahí que suela expresarse como un porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), para poder compararlo entre países o en un mismo país a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los países de la zona euro tienen acordado un objetivo de déficit público máximo del 3% del PIB. Precisamente la Comisión Europea acaba de ampliar en dos años, de 2014 a 2016, el plazo concedido a España para situar su déficit público por debajo de ese límite, oportunidad histórica que tiene el Gobierno de Rajoy para tratar de equilibrar nuestra cuenta de resultados pública. En 2012 España cerró su déficit público en el 10,6% del PIB, el porcentaje más elevado de toda la Unión Europea.

Por su parte, la deuda pública se refiere al conjunto de pasivos financieros que un Estado y el conjunto de las administraciones públicas que lo integran (comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, etcétera) tienen con terceros con el fin de financiar sus actividades, luego nos referimos ahora a cifras de balance público. Esta deuda pública se emite en forma de letras del Tesoro, bonos u obligaciones del Estado. Al igual que en el caso del déficit, la deuda pública suele expresarse referida al PIB, siendo el objetivo europeo que el ratio de deuda pública no supere el 60% del PIB. Según datos del Banco de España, a finales de marzo de 2013 nuestro ratio de deuda pública se sitúa en el 87,8% del PIB.

Por tanto, la relación entre uno y otro elemento viene porque el exceso de gasto público sobre ingreso, es decir, el déficit, ha de financiarse mediante la emisión de deuda pública. El problema es que al emitir deuda pública se han de pagar intereses a los inversores que la compran; intereses que son nuevo gasto y que hacen que el déficit público siga aumentando.