Nueva modificación de los concursos de acreedores:

Se introduce la figura del mediador para aquellos casos en los que el pasivo no supere los 5 millones de euros. Nace el denominado “concurso sucesivo”.

Con la publicación de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización se ha vuelto a modificar el texto de la Ley Concursal.

Así, Capítulo V de la Ley 14/2013, bajo el título de “Acuerdo extrajudicial de pagos” prevé que las personas naturales que tengan la condición de emprendedor, y cualquier otra persona jurídica, sea sociedad de capital o no, puedan sustituir la solicitud de pre concurso, contemplada por el artículo 5 bis L.C., por una solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos siempre que su pasivo sea inferior a 5 millones de euros y así lo acredite.

La solicitud de esta negociación previa al concurso se cursará ante el Notario o Registrador, según los casos, y tendrá las siguientes especialidades:

1- REQUISITOS:

Podrá formularlo cualquier persona física o jurídica (sea o no sociedad de capital) cuando el pasivo no exceda de 5 millones de euros y  siempre que:

a) Se encuentren en estado de insolvencia.

b) En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley.

c) Que dispongan de activos líquidos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo.

d) Que su patrimonio y sus ingresos previsibles permitan lograr con posibilidades de éxito un acuerdo de pago.

2- RESUMEN DE SU TRAMITACIÓN.

De una forma muy somera, y sin entrar en el prolijo detalle de requisitos, excepciones, plazos y demás detalles que podemos verificar en el texto legal, el acuerdo extrajudicial previsto para insolvencias en las que el pasivo no supere los 5 millones sería, en resumen, el siguiente:

  • El deudor solicita al Notario o Registrador el nombramiento de un Mediador Concursal para que se haga cargo de la negociación.
  • El Mediador comprobará los créditos y notificará la apertura de la negociación a los acreedores.
  • Se elaborará un plan de pagos. Este plan, que ha de acompañarse por un plan de viabilidad, no podrá suponer una espera de más de 3 años ni una quita de más de un 25%, teniendo un régimen especial los acreedores que tengan garantías reales. Cabe destacar que el plan de pagos puede prever la dación en pago de bienes.
  • Se convocará a los acreedores a una reunión enviándoles, con al menos veinte días de antelación a la celebración de la misma, la propuesta del acuerdo. Los acreedores que no manifestasen su aprobación u oposición al acuerdo dentro de los 10 días siguientes a su notificación podrán, aún así,  acudir a manifestarse a la reunión convocada por el mediador. El acreedor que no haya manifestado su oposición o aprobación de la propuesta y no hubiese acudido a la reunión verá, si finalmente se declara el concurso de acreedores, su crédito degradado a subordinado, es decir, el último en cobrar.
  • El plan de pagos deberá aprobarse por una mayoría de acreedores que represente al menos el 60% del pasivo, salvo cuando se trate de un plan que prevea la entrega en pago de bienes, que deberá contar con un 65% y la aprobación de los titulares de derechos reales sobre los bienes entregados.
  • Si el plan no se aprueba o si, aprobado, no se cumple, se acordará iniciar el CONCURSO SUCESIVO, que empezará con la liquidación y en el que se nombrará al propio mediador que intervino en la negociación como Administrador Concursal. En esta liquidación, si se cubren los créditos de derecho público y los créditos contra la masa se podrá acordar la remisión de los demás créditos, lo que se hace con la intención de dar al emprendedor una “segunda oportunidad”.

Si esta reforma resulta o no favorable para una mejor y más ágil gestión de las situaciones de insolvencia lo dirá su aplicación práctica. No obstante, a priori, a mí personalmente me parece que hay una serie de cosas que debemos tener en cuenta:

En primer lugar, el legislador (una vez más) aprovecha un texto legal, en este caso la Ley 14/2013 de emprendedores para regular el instituto concursal no sólo respecto a estos sujetos sino también extendiéndolo a personas físicas y jurídicas de toda clase.

Por otro lado, me parece que nombrar un mediador para llevar a cabo la negociación tendente a evitar el concurso puede ser acertado, puede agilizar el proceso notablemente. Lo que no veo tan claro es que el mediador, que por la propia regulación legal de su figura ha de guardar una estricta confidencialidad sobre los temas en los que intervenga (no pudiendo incluso ser testigo en procedimientos judiciales posteriores salvo que así se declare por sentencia penal), sea el encargado de:

1º) Decidir si es necesario declarar el concurso sucesivo.

2º) Sea nombrado Administrador de ese nuevo concurso.

En tercer lugar, habrá que estar pendiente del funcionamiento real de este instituto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el coste logístico que puede tener para grandes empresas tener que acudir a todas y cada una de las reuniones convocadas por el mediador concursal en los numerosos concursos de acreedores en los que, a lo largo de toda la geografía nacional, esa empresa resulta acreedora a lo largo del año.

Por último, y en cuanto a la posibilidad de que, una vez declarado el concurso sucesivo e iniciada la liquidación, se produzca la remisión de los créditos para dar una segunda oportunidad considero que, de un lado, debería estar limitada esta posibilidad al emprendedor y no a cualquier sujeto y, por otra parte, que es cuanto menos curioso que esa “segunda oportunidad” que evite la frustración del acreedor se haga a costa del crédito del acreedor ordinario, dejando bien a salvo el previo pago de las deudas de derecho público.

Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGMA Abogados

Elegir entre dos procesos productivos alternativos en base al punto de equilibrio

Mario Cantalapiedra – Economista

El análisis del punto de equilibrio o punto muerto sirve generalmente para determinar el nivel de actividad donde una compañía cubre con los ingresos de sus ventas la totalidad de sus costes (fijos, que son independientes de la producción, y variables, que evolucionan en proporción al nivel de producción), reflejando un resultado nulo, es decir, sin obtener ni beneficio ni pérdida. A partir de dicho punto de equilibrio, las ventas que se realicen empezarán a generar beneficios, de ahí que sea un objetivo fundamental a alcanzar por cualquier tipo de empresa.

En ocasiones es posible utilizar los datos de partida del punto de equilibrio para realizar distintos análisis de tipo complementario que pueden ser muy útiles según el caso, entre ellos se me ocurre el que permite obtener el nivel de producción en el que dos procesos productivos alternativos originan los mismos costes a una empresa. Trataré de explicarlo mejor a través de un ejemplo:

Imagina una empresa que se dedica a la fabricación de cajas de madera que tiene la posibilidad de hacerlo en dos lugares alternativos (fábricas), teniendo, en cada caso, una función de costes asociada distinta (CT1 y CT2):

Fábrica 1 => CT1= cv x Q + CF = 3Q + 45.000

Fábrica 2 => CT2= cv x Q + CF = 2Q + 60.000

Siendo:

CT: costes totales

cv: coste variable unitario

Q: nivel de producción

CF: costes fijos totales

Como puede observarse en la fábrica 2 se consigue producir las cajas de madera con un menor coste variable unitario pero a consta de tener unos costes fijos superiores que en el caso de la fábrica 1. Entendiendo ahora el punto de equilibrio como el nivel de producción en el que los costes totales de ambas alternativas se igualan, tendríamos lo siguiente:

3Q + 45.000 = 2Q + 60.000 => Q = 15.000 cajas

A la vista del resultado obtenido al igualar los costes totales de las dos alternativas de fabricación (Q = 15.000 cajas), se puede concluir que si la previsión de ventas de la empresa supera esas 15.000 cajas, interesará producir en la fábrica 2, puesto que se comprueba como el coste total será menor. Por el contrario, si se prevé una venta menor de 15.000 cajas, lo que interesará es producir en la fábrica 1, donde hay un menor coste total para esos niveles productivos.

Cómo pueden contabilizar las microempresas un arrendamiento financiero

Mario Cantalapiedra – Economista

Uno de los inconvenientes que suele asociarse a la operación de leasing o arrendamiento financiero, mediante la cual una entidad financiera adquiere un bien elegido por una empresa y cede su uso a ésta a cambio del cobro de unas cuotas periódicas incluyendo una opción de compra a su término, es el de su complejidad contable, puesto que ha de reflejarse tanto en el activo como en el pasivo de la empresa. De este modo, para la empresa arrendataria la operación, en su momento inicial, supone registrar un activo de acuerdo con la naturaleza del bien (material o intangible) que se financia y un pasivo que refleje la deuda con la entidad financiera arrendadora. Activo al que se aplicará la amortización, en su caso, que corresponda según sea su naturaleza, mientras que los intereses financieros se distribuirán a lo largo del plazo del arrendamiento, imputándose en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan. Como puede observarse, es un tratamiento contable relativamente complejo pero que no es igual para todas las empresas, puesto que para las más pequeñas, las denominadas microempresas, la legislación contable permite una contabilización mucho más sencilla siempre que los bienes objetos del contrato de arrendamiento financiero sean amortizables. Estas microempresas son aquellas que aplican el Plan General de Contabilidad para Pymes y, además, durante dos ejercicios consecutivos reúnen, a fecha de cierre, al menos dos de las siguientes circunstancias:

  • Su activo no supera el millón de euros.
  • El importe neto de su cifra de negocios no supera los dos millones de euros.
  • El número medio de sus trabajadores, durante el ejercicio, no supera los diez.

La legislación contable permite a las microempresas que las cuotas que devenguen en arrendamientos financieros cuyo objeto no sean terrenos, solares u otros activos no amortizables, se contabilicen como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, con igual tratamiento al que se otorga a un simple alquiler. En caso de que la microempresa, al finalizar el período contractual, ejercite la opción de compra, deberá registrar el activo según sea su naturaleza por el precio de adquisición de dicha opción. Únicamente la normativa contable exige a la microempresa que informe sobre los términos de la operación de arrendamiento financiero (valor inicial del bien, vida útil estimada, cuotas abonadas, deuda pendiente, importe opción de compra) en la memoria de sus cuentas anuales.

Aprobado el anteproyecto de ley de reforma del código penal: Buenas noticias para la recuperación de impagados

El pasado viernes 20 de septiembre de 2013 el  Consejo de Ministros dio luz verde al Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal, remitiéndolo a las Cortes.

 El Texto contiene, en la materia que nos ocupa de recuperación de créditos impagados, una serie de preceptos que pueden dar un importante giro a la desoladora situación actual mediante el refuerzo de la posición del acreedor en la fase más importante de estos procedimientos, la ejecución judicial.

 Así, como primera medida, el Anteproyecto para la Reforma del Código Penal prevé un nuevo Capítulo que bajo el nombre de  DELITOS DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN comprendería:

1. EL DELITO DE OCULTACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES.

La ejecución dineraria comienza siempre (ex artículo 589.2 L.E.C.) por el requerimiento al deudor para que manifieste una relación de los bienes y derechos que integran su patrimonio y que pueden, por tanto, ser embargados para satisfacer el crédito.

Lo cierto es que en mis años de ejercicio dedicado a este tipo de procedimientos nunca, y no exagero al utilizar tal palabra, un deudor ha atendido al requerimiento de designar bienes.

Este incumplimiento generalizado es lógico si tenemos en cuenta que la única consecuencia que tiene para el deudor es, hasta la fecha, una ridícula multa que ni el Juzgado impone ni quienes nos dedicamos a  la ejecución solicitamos dada su nula influencia disuasoria.

Sin embargo, y simplemente con no obedecer su obligación de comunicar al Juzgado la relación de bienes y derechos embargables en su patrimonio, el deudor está retrasando, probablemente meses o años, o haciendo definitivamente imposible la efectividad de la ejecución. Obliga con esa ocultación a un tercero, su acreedor, a hacer un gran gasto en medios y tiempo únicamente con el fin de localizar bienes embargables en la esfera de su patrimonio.

Esto podría cambiar sustancialmente a partir de la Reforma del Código Penal, que en el nuevo artículo 258 contemplaría el delito de ocultación de elementos patrimoniales, castigado con penas de 3 meses a un año de prisión y que cometería aquel que siendo requerido por el Juzgado para aportar relación de bienes y derechos de su patrimonio:

a)   No atendiese al requerimiento efectuado por el Juzgado.

b)   Aportase una relación de bienes y derechos en la que hubiese ocultado elementos de su patrimonio para evitar su embargo.

2-   EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES.

Que ya existía hasta la fecha pero integrado dentro de los llamados Delitos de Insolvencia Punible.

El delito de alzamiento de bienes seguiría regulado por el artículo 257 C. Penal, castigado con penas de 1 a 4 años de prisión, consistiría en aquellas actividades que supongan:

a)   Actos de ocultación o disposición fraudulenta de bienes para evitar que sean trabados en una ejecución judicial existente o inminente.

b)   Actos tendentes a obstaculizar o dilatar los embargos judiciales.

Por otro lado, el Anteproyecto, en lo tocante a b>LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES/u> da una nueva redacción al artículo 259 y siguientes del C.P., estableciendo de forma precisa y detallada una serie de conductas que, cometidas por el/los Administrador/es de una empresa que se encuentre en situación de insolvencia real o inminente (tanto si se ha declarado ya el concurso de acreedores como si no) implicarán la comisión de un delito de insolvencia punible, castigado con penas de 1 á 4 años.

Entre estas conductas del administrador que pasan a ser constitutivas de un delito de insolvencia punible podemos destacar las siguientes:

a)   Ocultar, destruir o causar daños en elementos patrimoniales que están o habrían de estar incluidos en la masa del concurso al iniciarse el mismo.

b)   Actos de disposición o asunción de deudas desproporcionadas a la situación económica de la empresa.

c)   Ventas o prestaciones de servicios a pérdida, por debajo de su coste económico.

d)   Simular créditos de terceros o reconocimientos de deuda ficticios.

e)   Cometer irregularidades relevantes en la contabilidad, llevar doble contabilidad o destruir u ocultar la existente.

f)   Ocultar o destruir la documentación que como empresario tiene la obligación legal de conservar.

g)   Cometer irregularidades al formular las cuentas anuales o no formularlas dentro de plazo.

La tipificación de estas conductas facilitará la persecución de la responsabilidad penal (que conlleva también el resarcimiento de la responsabilidad civil causada por el delito, es decir, el pago de nuestro crédito)  de los administradores societarios que las lleven a cabo y, sobre todo, será un elemento disuasorio para evitar que  éstos descapitalicen la empresa en fraude de los acreedores o que, mediante la destrucción u ocultación de elementos contables y fiscales hagan imposible la reconstrucción de la situación económico/financiera de la mercantil o simulen situaciones inexistentes para lograr sus fines ( V.gr: para forzar la declaración de concurso de acreedores).

Además de todo lo expuesto, la reforma prevé que se pueda exigir responsabilidad penal por la malversación de patrimonios de terceros por parte de aquellos a los que se ha encomendado su administración, abriendo la puerta a que esta administración desleal pueda ser imputada a los Administradores Concursales en el ejercicio de sus funciones.

En resumen, y a la vista de lo hasta ahora expuesto, si el texto definitivamente se aprueba en los términos que actualmente refleja el Anteproyecto se notará, sin duda alguna, una importante agilización y efectividad de los procedimientos judiciales de ejecución dineraria y desaparecerán muchas de las situaciones que, con la actual regulación, dificultan enormemente la recuperación de la deuda judicialmente reconocida.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi. Abogado

 

La autorización expresa o tácita del cliente para poder emitirle facturas electrónicas

Mario Cantalapiedra – Economista

Con el comienzo del ejercicio de 2013 y la entrada en vigor del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, resulta mucho más sencillo emitir facturas electrónicas a un cliente de la empresa, las cuales permiten, entre otras ventajas, el ahorro de costes o la reducción de los tiempos de gestión. Para ello basta con que el cliente sea informado, acepte el envío de forma expresa o tácita y cuente con el equipo necesario para recibir las facturas a través de medios electrónicos. Es importante señalar que ya no es necesario para garantizar la autenticidad e integridad de una factura electrónica firmarla mediante firma electrónica o utilizar sistemas de intercambio de datos tipo EDI, ahora simplemente se puede garantizar mediante cualquier medio de prueba que se admita en Derecho y más concretamente a través de los controles usuales de la actividad empresarial o profesional, como pueden ser la existencia de un contrato de suministro entre cliente y proveedor, la confirmación de un pedido o el cobro de la propia factura.

No obstante, para que el proceso funcione correctamente y no surjan problemas y equívocos posteriores, el proveedor que previamente estuviera enviando las facturas a su cliente en papel, deberá informarle, por ese mismo medio (papel), de que a partir de cierta fecha en la que quede constancia de su aceptación, procederá a remitirle las facturas por vía electrónica. Asimismo deberá precisarse la forma concreta en que se procederá a enviarlas, por ejemplo, a través del correo electrónico o de una página web en el que se pongan a su disposición. Esta información deberá especificar también la posibilidad de que el cliente, que preste su consentimiento expreso o tácito, pueda revocarlo y la forma en la que podrá realizarse dicha revocación. Cuidado que no es suficiente con conocer el correo electrónico del cliente y enviarle directamente las facturas allí o con que se le informe de que tiene la posibilidad de acceder a una web para descargarlas y ya está, se necesita confirmación expresa, por ejemplo, mediante aceptación del cliente por escrito del envío a través de correo electrónico o tácita, por ejemplo, comprobando que el cliente ha accedido a la web del proveedor donde se encuentran las facturas a su disposición y. al mismo tiempo, no comunica su rechazo a recibirlas en formato electrónico.

Nueva modificación de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad

Mario Cantalapiedra – Economista

En el pasado mes de julio, la Ley 11/2013 ha modificado nuevamente el texto de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Es ya la tercera vez que se revisa el texto original, afectando, en este caso, los cambios a los artículos 4, 6, 7, 8 y 9, que te reproduzco a continuación con su nueva redacción (vigente desde el 28 de julio de 2013):

Artículo 4. Determinación del plazo de pago.

1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.

Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.

Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.

2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.

3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.

4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo, la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.

Artículo 6. Requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demora.

El acreedor tendrá derecho a intereses de demora cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.

b) Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso.

En caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensación previstas en esta ley se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades vencidas.

Artículo 7. Interés de demora.

1. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartado siguiente.

2. El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales.

Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales operaciones en caso de subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuara una operación principal de financiación con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable, este tipo de interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de esa subasta.

El tipo legal de interés de demora, determinado conforme a lo dispuesto en este apartado, se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación.

3. El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el «Boletín Oficial del Estado» el tipo de interés resultante por la aplicación de la norma contenida en el apartado anterior.

Artículo 8. Indemnización por costes de cobro.

1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal.

Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.

2. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago.

Artículo 9. Cláusulas y prácticas abusivas.

1. Será nula una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro cuando resulte manifiestamente abusiva en perjuicio del acreedor teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas:

a) Cualquier desviación grave de las buenas prácticas comerciales, contraria a la buena fe y actuación leal.

b) La naturaleza del bien o del servicio.

c) Y cuando el deudor tenga alguna razón objetiva para apartarse del tipo de interés legal de demora del apartado 2 del artículo 7, o de la cantidad fija a la que se refiere el apartado 1 del artículo 8.

Asimismo, para determinar si una cláusula o práctica es abusiva se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas.

En todo caso, son nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6, o aquellas que excluyan el cobro de dicho interés de demora o el de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 8. También son nulas las cláusulas y prácticas pactadas por las partes o las prácticas que excluyan el interés de demora, o cualquier otra sobre el tipo legal de interés de demora establecido con carácter subsidiario en el apartado 2 del artículo 7, cuando tenga un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, entendiendo que será abusivo cuando el interés pactado sea un 70 % inferior al interés legal de demora, salvo que atendiendo a las circunstancias previstas en este artículo, pueda probarse que el interés aplicado no resulta abusivo.

2. El juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará el contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.258 del Código Civil y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes y de las consecuencias de su ineficacia.

3. Serán igualmente nulas las cláusulas abusivas contenidas en las condiciones generales de la contratación según lo dispuesto en el apartado 1.

4. Las acciones de cesación y de retracción en la utilización de las condiciones generales a que se refiere el apartado anterior podrán ser ejercitadas, conforme a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, por las siguientes entidades:

a) Las asociaciones, federaciones de asociaciones y corporaciones de empresarios, de profesionales, de trabajadores autónomos y de agricultores que estatutariamente tengan encomendada la defensa de los intereses de sus miembros.

b) Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

c) Los colegios profesionales legalmente constituidos.

Estas entidades podrán personarse, en nombre de sus asociados, en los órganos jurisdiccionales o en los órganos administrativos competentes para solicitar la no aplicación de tales cláusulas o prácticas, en los términos y con los efectos dispuestos por la legislación comercial y mercantil de carácter nacional. Las denuncias presentadas por estas entidades ante las autoridades de competencia tendrán carácter confidencial en los términos de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades mencionadas en dicho apartado también podrán personarse en los órganos jurisdiccionales o en los órganos administrativos competentes y asumir el ejercicio de acciones colectivas de cesación y de retracción en defensa de los intereses de sus asociados frente a empresas incumplidoras con carácter habitual de los períodos de pago previstos en esta Ley, en los contratos que no están incluidos en el ámbito de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.

Cuatro cuestiones claves sobre los autorizados a disponer de una cuenta bancaria

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando eres titular de una cuenta bancaria y salvo que el correspondiente contrato lo impida, puedes designar a una o más personas para que actúen como autorizados a disponer, en tu nombre, de su saldo, de tal modo que puedan firmar cheques, ordenar transferencias, etcétera, convirtiéndose, a todos los efectos, en tus representantes respecto de dicha cuenta. Normalmente para ello firmarás ante el banco un documento de autorización, en el que conste tanto tu firma como la del autorizado, que la entidad de crédito guardará junto al resto de la documentación correspondiente a la cuenta. Puede que para permitir al autorizado utilizar determinados medios de disposición de la cuenta que conlleven un mayor riesgo de sustracción como, por ejemplo, una tarjeta de crédito (con la solicitud de una tarjeta adicional) o la banca electrónica, la entidad de crédito te solicite además una aceptación expresa en los contratos correspondientes a dichos medios. A partir de la información facilitada por el Banco de España, existen cuatro elementos claves sobre esta figura de los autorizados que conviene conocer:

1. Facultades del autorizado

El alcance de las facultades del autorizado dependerá del documento de autorización que se suscriba en cada caso, de tal modo que si es general, el autorizado podrá disponer de la cuenta de la misma forma que el titular de la misma.

2. Reclamación de descubiertos o posibilidad de compensar deudas

El autorizado nunca es responsable de los descubiertos que puedan producirse en la cuenta bancaria, de tal modo que la entidad de crédito no podrá exigirle que los pague. Tampoco es posible que el banco compense los saldos deudores de la cuenta con los saldos acreedores que el autorizado pueda mantener en otras cuentas donde figure como titular.

3. Revocación de la autorización

El titular de la cuenta bancaria podrá en cualquier momento anular la autorización dada, con el único requisito de comunicarlo a la entidad de crédito. Para que no existan dudas del momento en que el autorizado deja de poder disponer de la cuenta, conviene que la orden de revocación quede por escrito.

4. Disponibilidad del autorizado tras el fallecimiento del titular

El fallecimiento del titular de la cuenta bancaria lleva consigo la extinción de la autorización para disponer de la cuenta en aplicación de lo previsto por el artículo 1732 del Código Civil.