Los plazos de pago entre empresas en España siguen muy lejos de los 60 días

Los plazos de pago entre empresas en España siguen muy lejos de los 60 días

Mario Cantalapiedra – Economista

El Observatorio de Riesgo de Crédito en la Cátedra de Cash Management del IE Business School, impulsado por las compañías Crédito y Caución e Iberinform, acaba de hacer público un estudio que muestra la evolución de los plazos de pago reales del tejido empresarial español desde 2009 hasta 2012.

La conclusión más importante del estudio es que los plazos de pago en España se han ampliado en 2012 hasta situarse en una media de 94 días, un nivel parecido al que presentaban en 2009 (ver cuadro 1), luego no puede decirse que se haya avanzado nada en este ámbito y ello a pesar de los esfuerzos legislativos realizados tanto en España como a nivel de Unión Europea para reducir el plazo hasta los 60 días. Inclusive se apunta desde el Observatorio que tanto las estimaciones parciales de 2013 como las previsiones para 2014 no mejoran la situación.

En el análisis de los datos teniendo en cuenta el tamaño de las empresas se confirma como son las grandes empresas las que más retrasan el pago, lo que lleva a pensar que se aprovechan de su mayor poder negociador (ver cuadro 2). No obstante, resulta llamativo el hecho de que las microempresas paguen peor que las pequeñas, por lo que, si hacemos caso a los datos del estudio, dimensión y plazo de pago no siempre guardan una correlación directa.

En cuanto a los datos por sectores se refiere (ver cuadro 3), ningún sector consigue en 2012 pagar por debajo de los 60 días, siendo el que peor paga, cómo no, el de la construcción con 109 días de media. Industria y agricultura pagan parecido, a 97 y 98 días, respectivamente. En el comercio se paga a 87 días de media, que es un dato menos malo, pero malo al fin y al cabo.

Como bien comenta el Observatorio textualmente, “la realidad pone de manifiesto que la imposición de una ley, sin medidas efectivas para llevar a cabo su aplicación, no conduce a la consecución de los objetivos perseguidos”, lo que creo vuelve a abrir el debate sobre la necesidad de que la legislación contra la morosidad vigente se acompañe de un régimen sancionador, que penalice su incumplimiento. Por las buenas ya se ve que no se consigue una mejora en los plazos de pago.

Cuadro 1. Plazos de pago entre empresas (en días)

aaaaFuente: Observatorio de Riesgo de Crédito en la Cátedra de Cash Management del IE Business School, Iberinform y Crédito y Caución.

Cuadro 2. Plazos de pago por tamaño de empresa (en días)

bFuente: Observatorio de Riesgo de Crédito en la Cátedra de Cash Management del IE Business School, Iberinform y Crédito y Caución.

Cuadro 3. Plazos de pago por sectores (en días)

c

Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito en la Cátedra de Cash Management del IE Business School, Iberinform y Crédito y Caución.

Tres meses de preaviso en las reducciones de crédito a las pymes

Mario Cantalapiedra – Economista

Desde que la crisis financiera se ha hecho fuerte me he encontrado con varios casos de pequeñas y medianas empresas que comentan como las entidades bancarias con las que trabajan les cancelan, a vencimiento, sus pólizas de crédito, casi sin preavisarlas; pólizas que anteriormente venían renovando año a año, es decir, dinero con el que contaban para financiar el circulante de su actividad. Aquí el problema surge en una doble vertiente, a la pérdida del crédito (ya sea ésta, total o parcial), se suma el poco tiempo de reacción que le queda a la empresa afectada para buscar alternativas financieras antes de incurrir en impagos. Soy consciente que se podrá argumentar que la solvencia de muchas pymes ha cambiado con la crisis, que, en más de una ocasión, los fondos del crédito previstos para financiar circulante se han destinado inadecuadamente a la compra de activos inmovilizados, que no son pocas las empresas que adquirieron exceso de capacidad en los tiempos de bonanza y que ahora deben corregirlo e inclusive que los requisitos de solvencia exigidos por Basilea implican que los bancos sean mucho más prudentes en la concesión de créditos. Todo ello puede ser cierto, pero no lo es menos el grave quebranto que se causa a empresas pequeñas y medianas que se quedan sin fondos financieros de la noche a la mañana.

La falta de regulación en este ámbito es uno de los aspectos que, por lo que acaba de anunciar el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, pretende corregir la nueva Ley financiera en ciernes, cuya fecha de aprobación está prevista antes de que finalice 2013 por parte del Gobierno español. En este sentido, las entidades bancarias tendrán en lo sucesivo la obligación de avisar con un mínimo de tres meses de antelación a las pequeñas y medianas empresas que estén financiando, cuando tengan previsto reducir o cancelar sus cuentas de crédito. Parece que el preaviso se deberá acompañar de un informe escrito en el que la entidad de crédito justifique la decisión tomada. No me parece mala medida de protección para las pymes avisarlas con tiempo de que se les recorta el crédito, explicándolas además los motivos por los que se hace. Con ello se les da cierto margen de maniobra para reaccionar, algo que hoy en día, se echa muchas veces en falta.

¿Cumplir las administraciones públicas la legislación contra la morosidad?: Ahora sí toca

Mario Cantalapiedra – Economista

Como estaba previsto en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, el Gobierno español ha puesto en marcha el último tramo del mecanismo extraordinario de pago a proveedores, en este caso, para los pagos aún pendientes de las comunidades autónomas. Se trata de afrontar las cantidades que no quedaron cubiertas en el primer tramo, iniciado en junio de 2013, donde se priorizó el pago de servicios básicos, como conciertos en materia sanitaria, educativa y servicios sociales, convenios, transferencias al tercer sector y subvenciones en I+D+i, así como el pago a los proveedores de las entidades locales.

Las comunidades autónomas tendrán hasta el próximo 23 de octubre para relacionar las facturas pendientes y a partir de ahí se realizarán las comprobaciones oportunas por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y se presentarán los planes de ajuste por parte de las comunidades para poder afrontar los pagos. Desde el 29 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2013, los proveedores podrán consultar la relación de facturas y aceptar, en su caso, el pago de la deuda a través del mecanismo extraordinario. Según el Gobierno, los pagos deberán llegar a las cuentas bancarias de los proveedores a partir del 1 de diciembre, los cuales podrán cobrar íntegro el principal de sus facturas, pero, de nuevo, deben olvidarse de percibir cantidad alguna en concepto de intereses de demora. Además existirá la posibilidad para aquellos proveedores que estén más necesitados de liquidez, como ya ocurrió en el anterior tramo del mecanismo, de adelantar los importes pendientes de pago a través de las entidades de crédito colaboradoras asumiendo el correspondiente coste financiero.

Como ya he mencionado en otras ocasiones, se trata de poner el contador de la deuda comercial de las administraciones públicas a cero, para que a partir de aquí cumplan la vigente legislación contra la morosidad en cuanto a plazos de pago se refiere, coincidiendo además con la entrada en vigor de la nueva Ley orgánica de control de deuda comercial, actualmente en trámite parlamentario. Desde luego el objetivo me sigue pareciendo muy ambicioso, más aún si tenemos en cuenta el conflicto permanente al que estamos asistiendo en todo lo que se relaciona con la financiación autonómica. En cualquier caso, que las administraciones públicas cumplan la legislación contra la morosidad “ahora sí toca”.

Llega SEPA: El IBAN sustituye al CCC para identificar las cuentas bancarias

Mario Cantalapiedra – Economista

El 1 de febrero de 2014 es la fecha prevista para la implantación definitiva de la zona única de pagos en euros, que en su terminología en inglés es conocida a través de las siglas SEPA (Single Euro Payments Area), la cual afecta a los veintiocho estados miembros de la Unión Europea más Islandia, Lietchestein, Noruega, Suiza y Mónaco. Por tanto, a partir de febrero de 2014 las transferencias y domiciliaciones bancarias se deberán realizar respetando las características técnicas y de negocio de los instrumentos previstos bajo normativa SEPA. Estamos ante un paso más en el proceso de integración europea, que nos permitirá efectuar y recibir pagos en euros en cualquiera de los países miembros de la zona única de pagos en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones. De este modo, las entidades bancarias españolas han venido siguiendo un plan de acción con un calendario concreto y una serie de recomendaciones a realizar para migrar de los instrumentos de pago nacionales a los instrumentos SEPA y cumplir con la nueva normativa de pagos.

A nivel de usuarios de los servicios bancarios mencionados, transferencias y domiciliaciones bancarias, una de las principales novedades que nos trae SEPA es la de la sustitución del actual CCC (Código Cuenta Cliente) por el IBAN (Código Internacional de Cuenta Bancaria) a la hora de identificar, de un modo general, a las cuentas bancarias con las que trabajemos. El IBAN, que se forma a partir del CCC, consta de veinticuatro caracteres, donde los dos primeros son de carácter alfabético e identifican al país, en el caso de España, las letras “ES”, los dos siguientes son dígitos de control, que se introducen para evitar errores de transcripción y los restantes son los veinte dígitos que distinguen al CCC. El IBAN lo puedes encontrar en los extractos de cuenta que te remite tu entidad bancaria, en los talonarios de cheques o pagarés bancarios o en las aplicaciones de banca electrónica.

Luego a partir de febrero del año que viene habrá que adaptar la documentación de la empresa, por ejemplo, las facturas que se emiten a los clientes y donde se especifican, las condiciones de pago por transferencia bancaria, a este nuevo requisito. Donde antes aparecían los veinte dígitos del CCC para identificar la cuenta bancaria, ahora deberán consignarse los veinticuatro dígitos del IBAN.

Desaparece el formato manual para los libros obligatorios del empresario

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización ha establecido que todos los libros que obligatoriamente tengan que llevar los empresarios con arreglo a las disposiciones legales aplicables, sean los que sean, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados y los libros registros de acciones nominativas y de socios, se legalicen telemáticamente en el Registro Mercantil después de cumplimentarse en soporte electrónico y antes de que transcurran los cuatro meses siguientes desde la fecha del cierre del ejercicio. Por tanto, a partir de ahora todos los libros obligatorios se deberán llevar en soporte informático y solo será posible su legalización mediante el procedimiento telemático, despareciendo la posibilidad que existía anteriormente para los libros de actas, de acciones nominativas y de socios de llevarse de forma manual, tras haberse diligenciado ‘en blanco’ por el Registro Mercantil.

Recordar que en el libro registro de acciones nominativas, las sociedades anónimas inscriben las sucesivas transferencias de sus acciones, con expresión del nombre, apellidos, razón o denominación social, en su caso, nacionalidad y domicilio de los sucesivos titulares, así como la constitución de derechos reales (usufructo, prenda, etcétera) y otros gravámenes sobre las mismas. Por su parte, el libro registro de socios es el equivalente al anterior para las sociedades limitadas y en él se anotan la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas.

Con respecto al libro de actas, en él las sociedades mercantiles recogen todos los acuerdos tomados por las juntas generales y especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad, con expresión de los datos relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano, un resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones de las que se haya solicitado constancia, los acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones. Como mínimo deberá recoger la junta en la que se aprueben las cuentas anuales. Puesto que, según el Reglamento del Registro Mercantil, no puede legalizarse un nuevo libro de actas hasta que no se acredite la íntegra utilización del anterior, habrá que conservar a partir de ahora, junto a los libros de actas electrónicos que se cumplimenten telemáticamente, los que se han venido llevando manualmente, anulando las hojas que queden en blanco en el momento de efectuar la transición.

El concepto de pyme para el Registro Mercantil actualizado por la Ley de emprendedores

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las novedades que incorpora la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (BOE del 28 de septiembre), es el aumento de los límites para que las pymes puedan presentar el modelo de cuentas anuales abreviado, con el fin de que crezca el número de empresas que pueden utilizarlo. Te recuerdo que estos límites, recogidos en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, definen el concepto de pyme que se tiene desde la perspectiva del Registro Mercantil. Con la reforma que introduce la Ley de emprendedores, podrán utilizar este Modelo pymes las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

  1. Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
  2. Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
  3. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

Recuerdo que las cuentas anuales a presentar bajo el Modelo pymes son el Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria. De este modo, las pymes no tienen que presentar el Estado de flujos de efectivo,  destinado a compañías de mayor dimensión. Realmente lo que se ha hecho es elevar las cifras de activo y de facturación (en aproximadamente un 40 por ciento) con respecto a la regulación anterior, mientras que el número medio de trabajadores permanece invariado. En el cuadro siguiente puedes observar la comparación entre las cifras anteriores y las que ahora establece la Ley de emprendedores:

Comparativa cuentas anuales