Los adeudos directos SEPA y la gestión del riesgo de crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

A partir del 1 de febrero de 2014 será obligatorio utilizar transferencias y adeudos directos (recibos domiciliados) adaptados a la zona única de pagos en euros conocida como SEPA (en su acrónimo en inglés). Con SEPA podremos hacer y recibir pagos en euros, con las mismas condiciones básicas, derechos y obligaciones con independencia de cual sea nuestra ubicación dentro de los 33 países europeos que se encuentran adheridos, es decir, supone la desaparición de las operaciones de cobro y pago intracomunitarias que pasan a tratarse como si fueran internas.

En el caso concreto de los recibos que hasta la fecha se emitían bajo la normativa del Cuaderno 19 de la Asociación Española de Banca (AEB), correspondientes a cuotas o pagos generalmente periódicos por los suministros realizados o la prestación de servicios, por ejemplo, el recibo de la luz o la cuota de una asesoría, son sustituidos por los adeudos directos SEPA, con dos modalidades posibles:

1. Adeudo directo SEPA Básico

Supone la evolución del recibo domiciliado que venía gestionándose bajo el Cuaderno 19 de la AEB, el cual refleja la transacción por la que acreedor inicia una operación de pago, previo consentimiento del deudor, que puede ser empresa (persona jurídica), autónomo o consumidor. En este caso, se mantendrán para los adeudos directos, los plazos de devolución de los recibos con los que venimos trabando definidos por la Ley 16/2009 de servicios de pago, es decir, si se cuenta con la autorización del deudor para emitir el recibo, el plazo es hasta ocho semanas, mientras que si el pago no está autorizado, la devolución puede extenderse hasta los trece meses. Hay que señalar que las órdenes de domiciliación o mandatos existentes seguirán siendo válidos para emitir este tipo de adeudos, no siendo necesario solicitarlos de nuevo.

2. Adeudo directo SEPA B2B

En cambio, esta segunda modalidad de adeudo es una novedad que solamente puede ser utilizada para pagos entre empresas, es decir, para pagos en los que acreedor y deudor sean personas jurídicas y/o autónomos, siendo muy significativo que reduce el plazo máximo de devolución a los dos días hábiles interbancarios posteriores al vencimiento, lo que puede ser de gran ayuda en la gestión del riesgo de crédito y la morosidad de las empresas que emitan recibos. Evidentemente no tiene nada que ver esperar dos días para saber si el cliente devuelve el recibo que esperar ocho semanas. En este caso, no nos servirán los mandatos existentes y habrá que firmar unos nuevos en los que el cliente se comprometa a aceptar el adeudo directo B2B y su renuncia al derecho de devolución de las ocho semanas.

Es importante señalar que en caso de que la entidad bancaria con la que trabajemos ofrezca el servicio de adeudos directos, será obligatorio que se encuentre adherida a la modalidad básica pero no así a la de B2B, la cual, por tanto, tiene un carácter voluntario. Si deseas consultar si una entidad concreta está adherida o no, puedes consultar el registro oficial que se actualiza periódicamente.

Nuevo Registro Público para mejorar la publicidad de los concursos de acreedores

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado viernes 15 de noviembre, el Gobierno español aprobó un Real Decreto que regula el nuevo Registro Público Concursal, el cual pretende mejorar la publicidad que actualmente se ofrece a las tramitaciones y los resultados de los concursos de acreedores. Si pensamos en el carácter universal que tienen los efectos de un concurso, se hace preciso que el conocimiento de su declaración y los pormenores de su tramitación lleguen a todos los interesados, de tal modo que sean garantizadas la transparencia y la seguridad jurídica. Se ve que con el Registro Público de Resoluciones Concursales, vigente en nuestro país desde el año 2005, los objetivos de publicidad en estos términos no se están logrando, por lo que ahora toca esta reforma.

Entrando en más detalle, con la regulación del Registro Público Concursal se persigue, por un lado, conseguir unidad de información, de tal modo que tanto las resoluciones procesales que se adopten a lo largo del proceso concursal, como las que impliquen la apertura de negociaciones para alcanzar los acuerdos extrajudiciales y su finalización, es decir, si se llega a acuerdos de pago o no, así como los asientos registrales (en registros públicos jurídicos de personas y bienes) derivados de los mismos, encuentren un punto de encuentro a efectos de su publicidad. Por otro lado, se trata que dicha publicidad se pueda obtener a través de internet, de tal modo que se facilite el acceso a la información concursal.

De poner en marcha el Registro y de mantenerlo se ocupará el Ministerio de Justicia, que encomendará su gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. En cuanto a los encargados de suministrarle información, serán los juzgados, los registradores mercantiles, los notarios y los registros públicos los que deberán hacerlo, siendo coordinados por el propio Registro Público Concursal, que almacenará y sistematizará la información.

La entrada en vigor del Real Decreto, que regula el Registro, está prevista a los tres meses de su publicación en el BOE. En el momento en el que escribo este post, no tengo constancia de la misma, por lo que habrá que estar atentos a cuando se produzca. Ciudadanos, juristas, empresas, administraciones públicas y cualesquiera otros interesados en los concursos de acreedores, tan presentes en nuestros días, por desgracia, agradecerán tener esta fuente de información mejorada ya operativa.

Pere

Condensando la economía en 140 caracteres

Mario Cantalapiedra – Economista

Si sigues mis posts en Gestores de Riesgo y Morosidad puede que ya conozcas que soy un usuario bastante activo en Twitter, la red social de los 140 caracteres. Confieso que la primera vez que alguien me habló de ella, como tantos otros, fui bastante escéptico sobre su utilidad real, ¿cómo se podía contar algo relativamente interesante en tan solo 140 caracteres?, ¿realmente para qué podía servir? Pero lo cierto es que con su uso y conocimiento a través del tiempo, le fui cogiendo el gustillo y me aficioné a esta herramienta de comunicación. Hasta la fecha, creo que uno de elementos fundamentales que podía destacar de mi experiencia con Twitter, es el de la posibilidad de “crear” vínculos con personas con intereses afines a los tuyos, en mi caso, con usuarios interesados en los temas económicos, a los que sigues y te siguen y con los que compartes información o contrastas opiniones.

Precisamente la conexión cruzada entre usuarios con intereses similares, es una de las conclusiones que puede extraerse del interesante estudio, que Crédito y Caución realiza sobre Twitter para tratar de identificar a los “tuiteros” (es decir, a los usuarios de esta red) que son claves para seguir la economía, denominados #twecos por la compañía de seguro de crédito. Estudio del que acabamos de conocer los resultados en su segunda edición. Para realizarlo, han sido consultados medio millar de directores de comunicación, economistas, analistas, empresarios y periodistas activos en Twitter, agrupados en una lista abierta denominada Tweco500, los cuales han elegido 77 usuarios finalistas. Además, se nos informa que, los seguidores de la compañía aseguradora en Twitter han participado activamente en la elección.

Las 77 cuentas finalistas, entre las cuales tengo el honor de que figura la mía, cumplen tres requisitos: han sido mencionadas al menos por un Tweco500, cuentan con un mínimo de 1.000 seguidores en Twitter y tienen un 10 por ciento de seguimientos cruzados, siendo sus perfiles profesionales más comunes los de periodistas, docentes y analistas de mercado. De esta selección finalista, se han elegido 8 perfiles #Twecos2013, los cuales han acumulado un mínimo del 10 por ciento del total de posibles menciones y puntos ponderados, en concreto los ocho usuarios de Twitter siguientes: @cultrun, @dlacalle, @josecdiez, @mariadelamiel, @miquelroig, @rodriguezbraun, @suanzes y @_perpe_

El debate sobre si es posible condensar la economía en 140 caracteres seguirá abierto a buen seguro, defensores y detractores de esta “nueva” herramienta de comunicación lo alimentarán. No obstante, si tienes curiosidad por investigar el mundo económico en el contexto de Twitter, yo no despreciaría los datos aportados por el estudio de Crédito y Caución, aunque claro, muy objetivo no soy…

Criterio de caja en el IVA… ¿mucho ruido y pocas nueces?

Mario Cantalapiedra – Economista

Se rumorea por ahí que las grandes empresas españolas, especialmente encuadradas en determinados sectores como la construcción o el transporte, están “recomendando” a sus proveedores que no se acojan al régimen especial del criterio de caja en el IVA si quieren continuar trabajando con ellas.

Este régimen de caja, te recuerdo que fue introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y tendrá su aplicación a partir del 1 de enero de 2014. Básicamente supone ingresar el IVA repercutido y deducir el IVA soportado cuando se cobran y pagan las facturas correspondientes. Puede ser utilizado, de modo voluntario, por aquellas empresas, sujetos pasivos del IVA, cuyo volumen de operaciones no supere los 2 millones de euros, que además no tengan cobros en efectivo respecto de un mismo cliente que sean superiores a 100.000 euros. Luego es un régimen destinado a pequeñas y medianas empresas que a las grandes no parece que les haga mucha gracia.

A estas alturas tampoco debe sorprendernos demasiado que la recomendación del más fuerte (la empresa grande) hacia el más débil (la pyme) sea la de no perjudicar sus propios intereses, y es algo que además tiene mucho que ver con el problema de la morosidad que vivimos en España, donde la empresa grande suele pagar tarde a las pymes que trabajan con ella, sin respetar los plazos marcados por la legislación contra la morosidad, aplicando, al fin y al cabo, su mayor fuerza relativa en la relación comercial.

Si ahora una pyme se acoge al criterio de caja obligará a su cliente (gran empresa) a liquidar parte de sus compras (las que tenga con dicha pyme) por este criterio, lo que además de cierta complicación administrativa/contable para el cliente, le supondrá perder la financiación adicional que obtenía anteriormente al descontarse en su liquidación, calculada según el criterio del devengo, un IVA que no había pagado.

Al final el que se haya optado porque el criterio de caja tenga carácter voluntario y que además conviva con el tradicional del devengo, me temo que hará que su aplicación práctica sea mucho menor de lo que en principio cabría esperar, y entre los motivos principales para que no tenga un mayor éxito esté precisamente el del miedo a perder clientes de pequeñas y medianas empresas. Quizás lo adecuado habría sido introducir el criterio de caja para todas las compañías sujetos pasivos del IVA y desterrar el de devengo, aunque, claro, puede que esta medida no fuera del gusto de todos.

El primer fondo de fondos público de capital riesgo en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El capital riesgo es una modalidad de financiación que tiene por objeto principal la toma de participaciones, de forma temporal y generalmente minoritarias, en el capital de las empresas, encontrándose para éstas a mitad de camino entre la financiación propia y la ajena, puesto que representa la incorporación temporal de un socio financiero. Las entidades inversoras de capital riesgo pueden adoptar la personalidad de sociedad de capital riesgo, que invierte sus propios recursos, o de fondo de capital riesgo, que se constituye con aportaciones de diferentes inversores y es administrado por una sociedad gestora.

Precisamente ahora en un momento en que las empresas tienen dificultades para invertir y captar financiación, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) lanza el primer fondo de fondos público de capital riesgo que se crea en España, cuya gestión se encomienda a AXIS, la propia sociedad gestora de capital riesgo del ICO, con la denominación de Fond-ICO Global. Este fondo se ha dotado de 1.200 millones de euros y tiene el objetivo de promover la creación de fondos de capital riesgo de gestión privada, que realicen inversiones en pymes españolas. Se pretende que el fondo de fondos del ICO sea catalizador de la creación de más de cuarenta nuevos fondos, que movilizarán, según las previsiones que maneja el ente público, unos 3.000 millones de euros en el plazo de cuatro años. Dichos fondos serán gestionados por gestores privados y también deberán tener una mayoría de capital privado. El volumen de capital invertido por Fond-ICO Global, en cada uno de ellos, dependerá de las fases de las empresas en las que inviertan y del tamaño del fondo. En principio, se prevé que la inversión pueda realizarse tanto en las fases más avanzadas de desarrollo de las empresas, lo que ha caracterizado tradicionalmente al sector del capital riesgo en nuestro país, como en las más iniciales (capital semilla y de arranque), lo que esperemos que no se quede en simple declaración de intenciones.

La inversión de los 1.200 millones, por lo que se ve, va a ir realizándose trimestralmente en paquetes de 200 millones, los primeros de los cuales serán activados el próximo mes de diciembre. Veremos si esta iniciativa permite atraer parte del capital extranjero que, por lo que se dice por ahí, tantas ganas tiene de invertir en nuestro país, las pymes españolas, con buenos proyectos empresariales, lo están esperando.

El debate sobre el régimen sancionador de la Ley contra la morosidad

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado jueves 7 de noviembre asistí en Madrid a la II Cumbre de Morosidad organizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), en la que los políticos y empresarios allí reunidos hablaron sobre la situación de la morosidad en España, siendo uno de los temas más debatidos el de establecer medidas que garanticen el cumplimiento de la vigente legislación contra la morosidad.

Desde la PMcM se viene proponiendo hace tiempo establecer un régimen sancionador general que penalice al moroso, de modo similar al que ya existe en las operaciones comerciales que se realizan en el ámbito del comercio minorista español. En su propuesta, la PMcM aboga por flexibilizar la implantación de dicho régimen sancionador mediante la aplicación de un período transitorio antes de su puesta en marcha efectiva y el establecimiento de bonificaciones a las sanciones durante los primeros años de implantación. Recalcando además que para que las entidades sancionadas puedan beneficiarse de las bonificaciones establecidas en el período transitorio, acrediten ante el órgano sancionador la inmediata corrección de la circunstancia que ha provocado la infracción objeto de sanción.

Por tanto, se trata de que el moroso que no cumpla los plazos legales sepa que será multado en firme por ello, parecido a lo que ocurre cuando un guardia te para porque has cometido una infracción de tráfico y te avisa que la próxima vez que la cometas, te multará. Habrá que definir aquí, entre otros aspectos, si bastará durante el período transitorio con el aviso o se deberá aplicar desde el principio una multa reducida, es decir, bonificada, pero en cualquier caso es posible que más de un moroso se piense incumplir la legislación contra la morosidad si advierte la amenaza de la sanción. En este sentido, los grupos parlamentarios han acordado que en el plazo de dos a tres meses se realizará una propuesta de ley para iniciar el trámite en el Congreso de los Diputados del régimen sancionador. No obstante, no todos los participantes en la Jornada se mostraron partidarios de dicho régimen, existiendo voces discordantes que no ven su utilidad real, ya que argumentan que si un moroso no paga la factura, no cumple los plazos legales, aún menos estará dispuesto a pagar una sanción. Al propio ministro Montoro, quien intervino al principio de la Cumbre, se le preguntó entre otras por esta cuestión, sin que yo observara que contestara a ella. Luego, creo que aún queda bastante camino para que el régimen sancionador, que penalice el incumplimiento de la legislación contra la morosidad, sea una realidad en España.

El eje Norte-Sur en la cultura de pagos en España

Mario Cantalapiedra – Economista

De los datos publicados por el estudio del Observatorio de Riesgo de Crédito en la Cátedra de Cash Management del IE Business School, impulsado por las compañías Crédito y Caución e Iberinform, se puede deducir la existencia de una especie de eje Norte-Sur en la cultura de pagos entre empresas en España. De este modo, si analizamos las cifras por comunidades autónomas para 2012, podemos observar como el mejor comportamiento se dio en una autonomía del norte, en concreto en Navarra, donde las empresas se pagaron entre sí a 75 días de media, seguida por otra comunidad norteña como Cantabria, con 79 días, mientras que para observar el peor dato tenemos que bajar al sur de la piel de toro, a Andalucía, donde se alcanzaron los 113 días de media en igual período. También superaron los 100 días de plazo de pago las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid y Extremadura, destacando el mal dato del caso madrileño por el peso que esta comunidad autónoma representa en el conjunto del tejido empresarial.

Otras comunidades que tradicionalmente cuentan con una fuerte presencia de empresas como País Vasco, Cataluña o Comunidad Valenciana lograron no pasar de los 92 días en 2012, aunque, eso sí, ninguna pudo alcanzar el objetivo pretendido de 60 días. Inclusive en todas las comunidades se experimentó un empeoramiento del plazo entre 2011 y 2012, salvo en el caso del País Vasco donde se mantuvo inalterado en 88 días, lo cual no nos permite ser muy optimistas cara al futuro de la morosidad en España.

Cuadro. Plazos de pago entre empresas por comunidades autónomas (en días)

aaa

Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito en la Cátedra de Cash Management del IE Business School, Iberinform y Crédito y Caución

Nuevo “Monitorio Notarial” o reclamación de deudas a través del notario

El pasado 31 de octubre de 2013 el Consejo de Ministros dio luz verde a la tramitación del ANTEPROYECTO DE LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA en el que, junto a otros muchos cambios, se regula una novedosa alternativa para la reclamación de deudas no contradichas ante notario.

Si se aprueba la Ley en los términos recogidos en el citado Anteproyecto, surgirá un procedimiento ALTERNATIVO a la reclamación judicial de deuda y que se tramitaría ante notario.

Su funcionamiento sería muy similar al Proceso Monitorio recogido en los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que cuando tengamos una deuda presumiblemente cierta y que cumpla los requisitos exigidos actualmente para poder interponer un monitorio podremos optar por reclamarla a través del Juzgado o a través del notario. En este último caso:

1- El notario enviará un requerimiento de pago al deudor adjuntando la documentación que sirve de soporte a la deuda y concediendo un plazo de 20 días para pagar o manifestar los motivos de su oposición a la realidad o existencia del adeudo.

2- Si el deudor es localizado (incluso si se niega a recepcionar el requerimiento) comenzará a computarse el plazo para que pague o se oponga, como ocurre en el monitorio.

a) Si el deudor se opone se cierra el acta notarial y el deudor decide si acude a los Juzgados para reclamar su adeudo.

b) Si pagase, se cierra el acta notarial con dicho resultado.

c) Si no se produjese ni pago ni oposición el notario cerrará el acta con un documento notarial que servirá de título bastante para iniciar ante el Juzgado una ejecución de título extrajudicial pero SIN ABONAR LA TASA prevista para este tipo de demandas.

En mi opinión existen pros y contras en este nuevo modelo de reclamación a tener en cuenta a la hora de decidir:

A su favor, este modelo de reclamación notarial tiene:

  • En el caso de deudores fácilmente localizables puede ser más corto el plazo en el que obtengamos el título que reconozca la deuda. El requerimiento del notario será más rápido que esperar a que el Juzgado admita a trámite la demanda, libre el requerimiento de pago, éste se lleve a cabo por los servicios de notificación, sobrecargados de trabajo y, en definitiva, que la lenta maquinaria de la saturada administración de Justicia.

En su contra, la reclamación notarial cuenta con los siguientes hándicaps:

  • No es totalmente una alternativa al Juzgado, si el deudor se opone hemos de acudir al Juzgado y si no se opone ni paga ocurre lo mismo, la ejecución de la deuda habrá que hacerla a través de una demanda de ejecución de títulos no judiciales, si bien es cierto que estará exenta de tasa.
  • Puede ser más caro que acudir a la vía jurisdiccional. No sabemos cuánto cobrará un notario por tramitar este procedimiento. En cualquier caso, para deudas de menos de 3.000 euros (exentas de pago de tasa) ante el notario algo habrá que pagar.

Por otro lado, si el deudor se opone pagaremos al notario por el requerimiento y si decidimos seguir reclamando ante el Juzgado deberemos abonar además las tasas judiciales.

  • El notario no tiene medios de localización del deudor. En el monitorio, si no se encuentra al deudor el Juzgado puede librar Oficios para localizar su domicilio. El notario si no da con  el deudor en el domicilio que se le haya indicado carece de medios ni facultades para instrumentar la búsqueda de su paradero.

Por tanto, si se aprueba este tipo de reclamación de deuda el acreedor tendrá que, caso por caso, valorar los factores de tiempo/coste para decidir, según el monto reclamado y la facilidad de localizar al deudor, el tipo de reclamación que escoge.

Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGM Abogados