Las Cláusulas “pari passu”

Se trata de pactos de naturaleza obligacional, carentes de efectos reales, salvo supuestos especiales incluibles en la fase correspondiente de un procedimiento concursal, según los cuales se otorga derecho a una parte del contrato a solicitar la resolución de un determinado negocio, acto o contrato realizado infringiendo dichas cláusulas.

El objeto de dichas cláusulas es “la obligación de no constituir ni permitir garantías, fundamentalmente reales o de conceder a terceros acreedores, mayores privilegios o el carácter de preferentes de sus créditos en relación al que contiene una tal cláusula.

Dicho de un modo más claro: una entidad financiera concede un crédito/ préstamo a cambio de que el cliente no otorgue a terceros que contraten con él mayores garantías para cobrar otros créditos/préstamos en perjuicio del otorgado por dicha entidad financiera protegido por una tal cláusula.

Nació en la práctica bancaria reciente, en los denominados “créditos sindicados o consorciados”. Dicho instrumento bancario surge con la intención de dar créditos de cierta importancia- grandes sumas de dinero- a  empresarios. En dichas operaciones la parte prestamista o acreedora está constituida por una pluralidad de entidades financieras que actúan conjuntamente.

En este tipo de contratos bancarios, al cliente se le denomina “acreditado”. Es por ende, el empresario necesitado de una importante financiación para cubrir las necesidades de su negocio/empresa.

He considerado de interés conocer de la existencia de este tipo de cláusulas cada vez más habituales en el tráfico pero advirtiendo que es la voluntad de las partes la que creará, modulará su exacto contenido y alcance.

Pago de las administraciones públicas en plazo de 30 días

APROBADA LA LEY ORGÁNICA 9/2013 DE CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO

El retraso en los pagos por parte de las Administraciones Públicas ha sido, y es, uno de los principales motivos del cese de actividad de medianas y pequeñas empresas, asfixiadas e impotentes sin poder hacer frente a sus pagos simple y llanamente porque la Administración Pública con la que habían contratado se demoraba en pagar meses, o años, a pesar de las sucesivas leyes de represión contra la morosidad publicadas y que han acabado fijando el plazo de pago en un máximo de 30 días.

Hasta ahora el problema se ha ido parcheando con los denominados Planes de Pago a Proveedores, mediante los cuales, obligando a sus acreedores a renunciar a los intereses y los gastos de la reclamación, se ha intentado poner a cero la mora en pago de las Administraciones Públicas.

Sin embargo, en lugar de aprovechar esa puesta a cero para empezar a cumplir en plazo, las Administraciones han continuado, después de cada fase del Plan de Pago a Proveedores, incurriendo en mora a la hora de pagar sus facturas o créditos comerciales.

Pues bien, este viernes 20 de diciembre de 2013 se ha publicado en el B.O.E. la Ley Orgánica 9/2013 de control de la deuda comercial en el Sector Público, que pretende hacer que los pagos a los que las Administraciones Públicas se comprometen en sus operaciones comerciales  cumplan, con carácter general, el plazo máximo de 30 días establecido para el pago de estas Entidades o, como máximo, no superen los 60 días de pago máximos fijados por la normativa europea y su trasposición a nuestro Ordenamiento.

Las novedades introducidas por esta Ley, que reforma parcialmente la anterior Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, consistirán en lo siguiente.

1-      Se obliga a todas las Administraciones Públicas a publicar el período medio de pago a proveedores en relaciones comerciales (PMP) a través de un plan de tesorería que garantice un plazo de 30 días y que será directamente controlado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2-      Si en dicho plan de tesorería el PMP se desvía del plazo de 30 días se producirán una serie de medidas progresivas orientadas a corregir esa desviación. De este modo:

a)      Si el PMP supera los 30 días: la actualización del plan de tesorería inmediatamente posterior debe incluir el im porte de los recursos que se va a dedicar mensualmente al pago de proveedores para reducir el plazo a 30 días, así como las medidas para generar la tesorería necesaria para cumplir el plazo legal.

b)      Si el PMP superase los 60 días se ponen en marcha las siguientes medidas:

  • De prevención: el Ministerio de Hacienda comunicará a la Administración en cuestión el importe que mensualmente a pagar a proveedores y las nuevas medidas del plan de tesorería para cumplir el PMC de 30 días.
  • De corrección: se adoptará un acuerdo de no disponibilidad por la misma cuantía y todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo deberán contar con la autorización de la Administración del Estado.

c)       Si el PMC supera los 30 días durante más de dos meses consecutivos:

  • El Ministerio de Hacienda podrá retener los importes y pagar directamente a los proveedores.
  • La Administración Pública en cuestión podrá responder de las sanciones de organismos Europeas que se impongan a España por el no cumplimiento de los plazos medios de pago de la Administración en la parte que proporcionalmente le corresponda.

La verdad es que si se empieza a aplicar de verdad todo lo antedicho y las Administraciones comienzan a pagar en plazo sería un gran paso para reducir los índices de morosidad y, en cualquier caso, un requisito casi indispensable para que el sector privado consiga empezar a cumplir los plazos legales, muchas veces retrasado por el retraso de la propia Administración.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Socio

AGM ABOGADOS

Actualizando los códigos IBAN entre turrones y polvorones

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado mes de noviembre se cumplían cuatro años de mi vinculación con el proyecto de Gestores de Riesgo y Morosidad, por lo que me atrevo a decir, a expensas de parecer presuntuoso, que el blog ha conseguido consolidarse en este apasionante y vertiginoso mundo de internet, el cual nos permite comunicarnos de modo diferente. Dicho esto, se acaba 2013 y, como ya viene siendo habitual, deseo dedicar el último post del año a repasar contigo algunos de los temas tratados en los últimos doce meses:

  • En un contexto donde cada vez más empresas españolas apuestan por la exportación como salida a la crisis, enumeré allá por el mes de febrero cuatro decisionescomplejas que, en mi opinión, no pueden dejar de evaluar los que se plantean esta aventura.
  • Con posterioridad me hice eco de uno de los fenómenos a los que estamos asistiendo a raíz del proceso de integración bancaria en España, como es el de la pérdida de interés de los nuevos grupos bancarios que se están formando en el desarrollo empresarial a nivel regional y local, el cual era negocio nuclear de las entidades predecesoras que han sido absorbidas.
  • Cuando se utiliza el término de eficiencia, tan de moda en nuestros días, por lo general nos referimos a la eficiencia de tipo económico, basada en el menor coste, pero existe otro tipo de eficiencia, la técnica, que hace referencia al uso de los factores de producción de un modo técnico. En el blog traté de explicar la diferencia entre uno y otro término a través de un ejemplo práctico.
  • Déficit público y deuda pública son dos términos con los que nos hemos acostumbrado a vivir y que nos acompañarán durante mucho tiempo, me temo. Están íntimamente relacionados pero no son lo mismo, como trate de explicarte allá por el mes de junio.
  • En un blog dedicado en gran parte a la gestión del riesgo de crédito comercial y la morosidad, no podían faltar los posts recurrentes dedicados a estas materias. Lo cierto es que, aparte de los cambios legislativos que hemos ido conociendo y sobre los que te he ido informando puntualmente, me gustaría destacar el debate que sigue abierto y generando controversia como es el de la conveniencia o no de establecer un régimen sancionador de la Ley contra la morosidad.
  • La última parte del año la he dedicado, sobre todo, a darte información, lo más actualizada posible, sobre los cambios que nos trae la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA), cuya entrada en vigor la tendremos el próximo 1 de febrero de 2014, casi sin que nos de tiempo para digerir los dulces navideños.

Confío que mientras actualizas los códigos IBAN de clientes, proveedores y demás, te de tiempo a disfrutar algo de las fiestas navideñas y coger las fuerzas necesarias para afrontar 2014, que a todos nos van a hacer mucha falta. Eso si, no te olvides de seguir acompañándome en el blog…

Ocho tareas a realizar por las empresas para adaptarse a SEPA

Mario Cantalapiedra – Economista

De cara a la fecha final prevista por el Reglamento UE 260/12, del Parlamento Europeo y del Consejo, para migrar a la zona única de pagos en euros (SEPA), el próximo 1 de febrero de 2014, momento en el que determinados instrumentos de pago nacionales (transferencias y recibos domiciliados) serán sustituidos por instrumentos SEPA, las empresas tienen la necesidad de adaptar su negocio al nuevo escenario a través del cumplimiento de una seria de tareas, entre las que se me ocurren las ocho siguientes:

  1. Migrar los datos de las cuentas bancarias de clientes y proveedores a códigos IBAN, mediante los que se identificarán las cuentas en lo sucesivo, y BIC, que permitirán reconocer a las entidades de crédito que ofrecen los servicios de pago. En el caso del código BIC, éste será únicamente obligatorio para identificar a los bancos en las operaciones transnacionales que se realicen hasta el 1 de febrero de 2016.
  2. Informar a los proveedores de los códigos IBAN propios.
  3. Adaptar los ficheros de intercambio de datos bancarios a las nuevas normas SEPA, para lo que es importante contactar con los bancos con los que se trabaje y coordinar con ellos los formatos concretos a utilizar. Existen dos posibilidades, utilizar los ficheros de texto plano (.txt) o usar los ficheros bajo formato XML ISO 20022, más avanzados. Si pensamos que el 1 de febrero de 2016 será obligatorio emplear, por parte de las empresas que envíen o reciban pagos por lotes, los formatos XML, puede ser interesante utilizarlos ya desde un primer momento.
  4. Revisar y adaptar los documentos mercantiles utilizados por la empresa: contratos, pedidos, albaranes, facturas, etcétera.
  5. Migrar los mandatos u órdenes de domiciliación existentes (únicamente para adeudos directos en su modalidad Core o Básica) obteniendo/cumplimentando los datos que no estén disponibles (IBAN, fecha de firma, etcétera).
  6. Obtener nuevos mandatos para los adeudos directos en su modalidad B2B.
  7. Convertir a formato electrónico los datos básicos de los mandatos, ya que, con cada adeudo directo SEPA que se emita, la empresa acreedora está obligada a transmitir información básica relativa al mandato a su banco, de forma electrónica y sin alterar el contenido.
  8. Adaptar los programas de gestión integrada (ERP), de contabilidad, de facturación, de nóminas, etcétera, a SEPA. Para ello se deberá contactar con los proveedores de software de gestión con los que se trabaje.

Los informes comerciales y la gestión del riesgo cliente

Antes de conceder una línea de crédito a un nuevo cliente es necesario hacer un estudio sobre el mismo para conocer el riesgo de impago que pueda representar y para ello es necesario tener un informe comercial o financiero lo más actualizado posible.

El estudio de la solvencia y del perfil de riesgo de un cliente se basa en el análisis e interpretación de información cuantitativa y cualitativa, pero para que dicho proceso proporcione resultados satisfactorios de forma consistente, es necesario que los datos utilizados sean veraces, actuales y fácilmente accesibles. Además, la información debe ser tratada, depurada, y contrastada antes de ser interpretada. El problema es que esto no siempre es posible, ya que la presión comercial nos obliga a tomar decisiones con rapidez y la información disponible es a menudo escasa o inexistente.

Si analizamos qué tipo de información aporta más valor en el análisis de la salud financiera de una empresa, ésta es claramente la contable. En este sentido, el artículo 25 del Código de Comercio recoge que “todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su Empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balance e inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales, un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario.” No obstante, la realidad es que acceder a esta información con un nivel de actualización deseable es a menudo prácticamente imposible.

Hay que tener en cuenta que para conocer a una empresa primero hay que estudiar al empresario. Detrás de cada empresa hay un emprendedor por lo que la información investigada debe analizar quien está detrás de la razón social ya que la empresa será su fiel reflejo del empresario. Es conveniente conocer la trayectoria del empresario, analizar su actuación en otras empresas, sus vinculaciones empresariales y su comportamiento en cargos anteriores.

En España no hay una cultura de transparencia informativa con respecto a los estados financieros de las empresas, de hecho se facilita información financiera a los bancos o al Registro Mercantil porque no tienen alternativa; pero si un proveedor les solicita dicha información, es difícil que la consiga. De hecho muchas empresas prefieren enfrentarse al riesgo de multas por esa falta de transparencia antes que depositar sus cuentas en el Registro Mercantil.

Los empresarios individuales españoles (autónomos) no están obligados a depositar sus cuentas ni a inscribirse en el Registro Mercantil. Además, hay ciertas formas jurídicas que no están obligadas a depositar sus cuentas en los Registros Públicos –o si lo están, los organismos oficiales no controlan suficientemente el cumplimiento de dicha obligación–, por lo que la información financiera de una parte importante de los agentes económicos del país no es accesible.

Otro inconveniente es que las cuentas anuales y memorias que se depositan en los registros públicos rara vez están auditadas (la mayor parte de las empresas no están obligadas por ley a presentar sus cuentas auditadas), por lo que tampoco tenemos la certeza de que recojan una imagen fiel de su estado.

Un buen ejemplo de la mala calidad de la información contable es que según un estudio de Iberinform, (sociedad de información del Grupo Crédito y Caución) un 6.3% de los balances depositados cada año en el Registros Mercantil tienen la información descuadrada. En muchos casos, los estados financieros no están confeccionados con el rigor necesario y no reflejan los principios generales contables. En otros casos, las empresas sólo declaran parte de sus ingresos y beneficios, por lo que los balances oficiales y declaraciones de impuestos de sociedades no reflejan totalmente la realidad económica de las empresas.

Además debemos de tener en cuenta que la información que recogen las cuentas anuales que se depositan cada año en los registros mercantiles, y que puede ser consultada libremente, tiene una antigüedad mínima de entre 12 y 18 meses. Las empresas que cierren contablemente con el año natural, tienen como fecha límite de presentación de cuentas en el Registro Mercantil el 30 de julio, pero no estará totalmente disponible hasta el mes de abril del año siguiente.

Por esta razón, cuando analizamos el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el informe de gestión que figuran en el registro mercantil, hemos de tener en cuenta que en su conjunto se trata de información algo desactualizada. Esta información debe servir como referencia comparativa, y para estudiar la evolución de la empresa analizada, pero no para conocer la situación económico-financiera actual del solicitante de una línea de crédito o aceptar una venta con pago aplazado.

Por este motivo, es necesario contrastar la información financiera histórica con otros parámetros objetivos y más actualizados. Y ese es precisamente el objetivo de las empresas de información comercial y financiera, facilitar toda la información disponible en multitud de fuentes de forma agregada y en un formato que facilite su interpretación. Los tipos de informe más comunes son:

  • Valoraciones de empresas (Rating predictivos): Son calificaciones u opiniones cualitativas, elaboradas por una empresa especializada, para valorar su solidez financiera y su vulnerabilidad ante futuros cambios del entorno de un determinado agente económico. Son herramientas que utilizan prácticamente todas las entidades financieras, pero los elevados niveles de morosidad actuales han llevado a muchas empresas a desarrollar modelos propios o a buscar proveedores externos que les proporcionen directamente dichos ratings.
  • Informes comerciales o financieros: proporcionan toda la información pública disponible en diferentes fuentes de información mediante un sencillo acceso on-line.
  • Informes Investigados: Son informes más exhaustivos, que complementan la información de los registros públicos con entrevistas con los responsables de la empresa para ampliar, completar enriquecer y/o corregir dicha información.

Otro elemento importante que proporcionan las empresas de información, son los servicios de vigilancia activa que avisan, mediante correo electrónico, de cualquier cambio que se produzca en la información o valoración de una cartera de clientes. Cuando tenemos un elevado número de clientes y prospectos, la única forma de gestionarlos es con un servicio de vigilancia que nos permita centrarnos en aquellos que realmente presentan problemas.

Vía | www.perebrachfield.com

Mediación simplificada por medios informáticos para reclamar deudas de menos de 600 euros

El pasado 13/12/2013 el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se vienen a desarrollar distintos aspectos pendientes de desarrollo del Real Decreto Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

En un artículo anterior de este foro  ya hablamos de la posibilidad que establecía el R.D.L. 5/2012 de acudir a un proceso simplificado de mediación que, a través de una tramitación on-line, permitiría la reclamación de deudas cuyo importe no superase los 600 euros.

Pues bien, el Real Decreto aprobado el 13/12/2013 desarrolla cuál ha de ser dicha tramitación que puede resumirse en los siguientes pasos:

1-      Medios informáticos: Las instituciones de mediación, y por ende el mediador, ha de contar con los medios que permitan la tramitación informática del expediente simplificado de mediación y constatar que ambas partes tengan acceso al dicho sistema informático de mediación, haciéndose además responsables de los datos y documentación alojados en el mismo.

2-      Solicitud de inicio de la mediación: se hará mediante un formulario de solicitud de mediación en el que se expondrán los motivos del adeudo, nunca superior a 600 euros, adjuntando la documentación que lo justifique.

3-      Ofrecimiento de inicio de la mediación: una vez recibida la solicitud, y en un plazo no superior a 2 días, el mediador hará a la parte solicitada de pago la oferta de acudir a la mediación, concediéndole un plazo de unos días para contestar si quiere o no acudir a la misma.

a)      Si contesta que no quiere mediar, se levanta acta dando por terminada la mediación.

b)      Si no contesta en el plazo concedido se entenderá, igualmente, como una negativa a iniciar la mediación, levantándose acta en idéntico sentido que en el apartado anterior.

c)      Si la respuesta es positiva se iniciará el expediente de mediación.

4-      Funcionamiento del expediente: comienza por el envío, a través del sistema informático, de una certificación del acta de inicio del expediente de mediación simplificada por parte del mediador, asignando un número de expediente.A partir de ese momento, y telemáticamente, las partes intentarán la mediación, teniendo como argumentos de la existencia de la deuda o de la oposición a la misma los contenidos en el formulario de solicitud o en la contestación a la misma emitida por la parte solicitada al pago.

La mediación informática simplificada no podrá durar más de un mes desde la solicitud, salvo que ambas partes consensuen la prórroga de dicho período.

Habrá que atender a la práctica para ver si este método resulta finalmente utilizado y, en ese caso, si su efectividad alcanza los niveles deseables de éxito. En cualquier caso opino que se trata de una alternativa interesante, un procedimiento económico en tiempo y dinero y, a la vez sencillo, para reclamar muchos adeudos que por su cuantía muchas veces se dejan de reclamar por una mera cuestión de coste de oportunidad, muchas veces reclamar 200 euros, por ejemplo, judicialmente resulta antieconómico.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi – Abogado

Socio AGM ABOGADOS – MADRID

Las relaciones entre bancos y clientes vivieron tiempos mejores

Mario Cantalapiedra – Economista

En la memoria anual del Servicio de Reclamaciones del Banco de España (BdE) se analizan las quejas y reclamaciones presentadas por los clientes de las entidades financieras, que nos permiten valorar el estado actual de su relación. En concreto, las quejas se presentan cuando existe demora, desatención o se observa cualquier otro tipo de actuación deficiente en el funcionamiento de las entidades financieras, mientras que las reclamaciones son presentadas al objeto de restituir un interés o un derecho, en relación con acciones u omisiones que supongan un perjuicio para el reclamante, por un presunto incumplimiento de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas y usos financieros.

En la última memoria publicada, la correspondiente al ejercicio de 2012, se observa como el número de quejas y reclamaciones ha aumentado considerablemente con respecto al ejercicio anterior, acercándose a su máximo histórico. Concretamente la entidad supervisora ha tramitado 14.313 escritos de queja y reclamación que suponen un 20,7 por ciento más que en el ejercicio precedente, prueba de que las relaciones entre los bancos y sus clientes conocieron tiempos mejores.

Según se nos informa en la memoria de 2012, los principales motivos de reclamación se concentran en las operaciones de activo, es decir, préstamos y créditos que conceden los bancos a sus clientes, que representan un 33,2 por ciento del total, aunque han perdido peso relativo con respecto a 2011. Les siguen las operaciones de pasivo (depósitos y cuentas que los clientes tienen en los bancos) con un 23 por ciento del total reclamado. A continuación se sitúan las reclamaciones y quejas sobre valores y seguros y sobre servicios de pago, con un 20,7 por ciento y un 19,3 por ciento, respectivamente, siendo muy significativo el aumento interanual de lo reclamado en relación a la gestión bancaria de valores y seguros que, por lo que se ve, ha sido motivo de gran controversia en 2012. A gran distancia quedan ya las reclamaciones sobre cuestiones varias y efectos que representan únicamente y de modo conjunto el 3,7 por ciento del total.

En cuanto a las cuatro entidades que presentan mayor ratio de reclamaciones (teniendo en cuenta la relación entre expedientes y volumen medio de actividad) son Citibank (cuya tipología de negocio y, por tanto, de las reclamaciones presentadas se vinculan a la comercialización de tarjetas), Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A., y NCG Banco.

Análisis del Sexto Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Se acaba de presentar el Sexto Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, realizado por Crédito y Caución e Iberinform en el marco de la Cátedra de Cash Management, impulsada por el IE Business School. Como en anteriores ediciones, el objetivo es disponer de información contrastada sobre la evolución real de la morosidad empresarial, los plazos de pagos y la gestión del riesgo cliente en España. El trabajo de campo de esta sexta edición ha sido realizado por Iberinform entre octubre y noviembre de 2013, a través de la información facilitada por 319 profesionales relacionados con la gestión del riesgo cliente o credit management en sus organizaciones.

El primer dato a destacar es el aumento del porcentaje de empresas en España que han sufrido algún impago significativo en los últimos doce meses, que pasa del 56 al 58 por ciento. En cuanto al principal motivo por el que las empresas retrasan sus pagos, citado por el 75 por ciento de los encuestados, sigue siendo la falta de disponibilidad de fondos, seguido a cierta distancia por la falta de formalidad del cliente, motivo que se ha incluido por primera vez como respuesta sugerida en esta edición del Estudio.

Un dato muy interesante es el que señala que el 55 por ciento de las empresas proveedoras de las administraciones públicas no percibe ningún cambio en sus plazos de pago. Es decir, a pesar del aparente esfuerzo realizado por corregir la morosidad pública, más de la mitad de las empresas que venden a la Administración, no lo notan. No obstante, un 20 por ciento de empresas proveedoras sí ve reducciones de plazos de pago y un 8 por ciento señala que, aunque no hay cambios en plazos, las administraciones públicas aceptan antes las facturas. Finalmente, el 17 por ciento restante de las empresas proveedoras de las administraciones públicas, no percibe cambios en plazos pero reconoce los efectos de los planes de pago a proveedores para liquidar la deuda antigua.

Si analizamos ahora los períodos de pago entre empresas, solamente el 33 por ciento de las compañías en España afirman trabajar con plazos inferiores a los 60 días, es decir, al plazo legal vigente. Y lo que es todavía más significativo, dos de cada tres empresas prevén seguir por encima de 60 días en 2014. Quizás este incumplimiento sistemático, ayude a que el porcentaje de empresas que se muestra favorable a la aprobación de un reglamento sancionador, el cual penalice el incumplimiento de los plazos legales, sea el mayor de la serie histórica, en concreto, el 81 por ciento de los encuestados, seis puntos superior al registrado en la edición anterior.

Mandatos adaptados a los adeudos directos SEPA

Mario Cantalapiedra – Economista

Uno de los elementos fundamentales que tienen que cuidar las empresas emisoras de adeudos directos SEPA para el cobro de sus facturas, es el de gestionar adecuadamente las órdenes de domiciliación o mandatos, los cuales sirven tanto para autorizar la emisión del adeudo al cliente como para que su entidad bancaria atienda el pago.

Con respecto a la situación actual existente en España, la gestión de los mandatos adaptados a los adeudos directos SEPA difiere según hablemos de adeudos básicos o B2B. En el primer caso, en el de los básicos, los mandatos que ya se tengan de los clientes seguirán siendo válidos, debiendo conservarse, así como sus modificaciones, para justificar la autorización. En cambio, para los nuevos adeudos B2B, resulta preciso gestionar nuevos mandatos en los que los clientes acepten su renuncia al derecho de devolución más allá de los dos días hábiles interbancarios posteriores al vencimiento. Igualmente éstos y sus modificaciones habrán de ser conservados por el acreedor.

Los mandatos han de emitirse en papel o en formato digital y han de ser firmados por el cliente de forma manual o digital. Si tienes dudas a la hora de confeccionarlos, te recomiendo que utilices los modelos normalizados simplificados de mandatos básico y B2B previstos por el Folleto nº 50 (Orden de domiciliación o mandato para adeudos directos SEPA. Esquemas “Básico” y “B2B”) de la Asociación Española de Banca (AEB).

En cualquier caso, los mandatos deberán contener como mínimo los datos siguientes:

  • Referencia de la orden de domiciliación: Permite identificar cada mandato firmado por el deudor, debiendo ser única para cada mandato.
  • Identificador del acreedor: Código asignado al acreedor por la entidad bancaria con la que se colabore para la emisión de adeudos.
  • Nombre del acreedor.
  • Dirección completa del acreedor.
  • Nombre del deudor.
  • Dirección completa del deudor.
  • Código BIC de la entidad del deudor: Puede contener entre 8 y 11 caracteres e identifica a la entidad bancaria internacionalmente.
  • Código IBAN de la cuenta del deudor: Puede contener hasta 34 caracteres dependiendo del país e identifica a la cuenta bancaria a nivel internacional. Para las cuentas abiertas en España consta de 24 caracteres, donde los dos primeros (alfabéticos) son siempre “ES”.
  • Tipo de pago: Indica si el mandato responde a una operación de pago único o de tipo recurrente.
  • Lugar y fecha de firma.
  • Firma(s).
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