Exenciones de aplicación de los requisitos SEPA hasta 1 de febrero de 2016

Mario Cantalapiedra – Economista

La Orden ECC/243/2014, de 20 de febrero (publicada en el BOE de 22 de febrero), regula una serie de exenciones de aplicación hasta el 1 de febrero de 2016 sobre determinados requisitos para las transferencias y adeudos directos SEPA en España, que fundamentalmente se refieren a servicios de conversión, productos denominados “nicho” y formatos de archivo a utilizar en las comunicaciones con las entidades de crédito.

Hasta el 1 de febrero de 2016, los proveedores de servicios de pago podrán ofrecer a sus clientes, cuando sean consumidores y exclusivamente para operaciones nacionales, servicios de conversión “gratuitos” del CCC en IBAN, debiendo facilitar al consumidor dicho IBAN antes de que inicie la operación. A estos efectos, se considera consumidor a la persona física que actúa con fines distintos de su actividad comercial, empresarial o profesional en los contratos de servicio de pago. Los proveedores de servicios de pago, oferentes de los servicios de conversión del CCC en IBAN deberán informar a los usuarios de las características del nuevo servicio, así como de las consecuencias que con dicha conversión se producen.

Por su parte, la Orden ECC/243/2014 también regula la prolongación de la fecha de migración a SEPA, hasta el 1 de febrero de 2016, de los considerados productos nicho, instrumentos de pago nacionales con características específicas y uso minoritario. Este aplazamiento ha sido solicitado por las entidades bancarias españolas con objeto de minimizar el impacto en sus clientes y poder adaptar sus negocios. En concreto, se refiere a los siguientes dos instrumentos de pago:

  • A los anticipos de crédito a que se refiere el cuaderno 58 (Créditos comunicados mediante fichero informático para su anticipo y gestión de cobro) de la serie de normas y procedimientos bancarios dictada por la Asociación Española de Banca (AEB).
  • A los recibos incluidos en el cuaderno 32 (Remesas de efectos en fichero informático de clientes a entidades financieras) de la serie de normas y procedimientos bancarios de la AEB. Es importante señalar que la exención se aplicará únicamente a los recibos tramitados a través del cuaderno 32 y no a los pagarés y letras de cambio que también se incluyen en dicho cuaderno y a los que la normativa SEPA no afecta.

En febrero de 2016, los recibos gestionados actualmente por cuadernos 32 y 58 deberán migrar a cualquiera de los esquemas de adeudos directos previstos por SEPA: Core o B2B.

La necesidad de documentar las operaciones comerciales

En la práctica del día a día las empresas suelen admitir de sus compradores pedidos telefónicos o verbales, y no exigen la firma y sellado de los albaranes por una persona responsable, con el fin de agilizar los trámites y no retrasar el tráfico mercantil con formalidades administrativas.

No obstante estos comportamientos son muy arriesgados, ya que para el cobro de las operaciones comerciales dependeremos de la buena fe del cliente. La ley dice que corresponde al acreedor la carga de probar los hechos constitutivos del derecho que reclama.

Este hecho demuestra la necesidad de blindar adecuadamente las operaciones comerciales a través de la correcta documentación que permita acreditar la deuda, no sólo ante los tribunales sino en gestión amistosa ante el deudor.

La documentación elemental necesaria para reclamar una deuda derivada de un impago comercial consiste en tres documentos: un pedido, un albarán y una factura. Con la posesión de estos tres documentos mercantiles, el acreedor verá blindado su derecho de cobro y podrá demostrar perfectamente la existencia de una deuda, de modo que el moroso no tendrá ninguna escapatoria legal para dejar de pagar la operación comercial.

El pedido

Es el documento que permite consolidar la operación mercantil entre cliente y proveedor y al que muchas empresas no dan importancia.

Un pedido bien cumplimentado no sólo es una garantía contra errores en la venta sino que respalda la relación de compraventa dando al vendedor una prueba de la relación mercantil y evitando pretextos y excusas por parte del deudor a la hora de pagar.

Al disponer de documentación que acredite exactamente el pedido, implica 2 obligaciones para el cliente:

  • Recibir la mercancía o servicio solicitados (evitar rechazo de los bienes)
  • Pagar el precio según condiciones establecidas

Para el proveedor, disponer de un pedido que le permita acreditar exactamente lo que el cliente ha solicitado permite:

  • Demostrar que el proveedor ha cumplido con lo solicitado por el comprador
  • Tener un documento que le ayudará a probar la existencia del contrato

El albarán de entrega

El albarán es un elemento clave a la hora de acreditar la existencia e importe de la deuda puesto que el acreedor únicamente con la factura no puede demostrar la realización de la transacción comercialy necesitará siempre el albarán firmado por el cliente para sostener la factura.

Los albaranes han de estar bien cumplimentados y deben contener todos los datos necesarios. Los albaranes deberán estar siempre firmados por el comprador o por algún representante, indicando siempre el nombre, DNI, cargo de la persona que firma como responsable de la recepción de las mercancías y a ser posible estampillados con el sello de goma de la empresa.

En caso de que la mercancía viaje por medio de un transportista externo es conveniente que el proveedor le exija que acredite las entregas mediante albaranes firmados por el destinatario final y a su vez hacerle firmar un albarán en el momento de recibir las mercancías a transportar. De este modo el transportista podrá dar testimonio de la entrega y recepción de la mercancía en el almacén del comprador.

La factura

La factura es un documento emitido por el acreedor que expresa la obligación del pago de una operación de compraventa o de una prestación de servicios.

No obstante la factura es un documento que por si solo no demuestra la existencia de un crédito a favor del proveedor,  por lo tanto si no existe un albarán que documente la entrega o prestación el deudor siempre se podrá oponer al pago alegando no haber recibido las mercancías o no estar de acuerdo con los importes dela factura.

La única solución si no existe albarán es conseguir que el comprador firme la copia de la factura bajo una coletilla que indique conformidad con la cantidad, precio y condiciones de pago.

El contrato

Hay que cuidar la documentación mercantil que acredita la relación contractual con el cliente, ante todo hacer firmar a los clientes un buen contrato redactado por la asesoría jurídica.

El contrato es la pieza clave del éxito de las operaciones; si reúne los requisitos legalmente exigidos, el deudor queda obligado a asumir lo pactado, sin posibilidad de eludirlo o dar marcha atrás a los acuerdos asumidos y obligaciones adquiridas. Desde un punto de vista preventivo, el contrato es el documento que permite garantizar y proteger jurídicamente los intereses del acreedor.

En España tenemos la suerte de contar con un derecho mercantil que otorga muchas libertades a los empresarios y a la redacción y forma de los contratos. La ley concede un gran margen de maniobra a la hora de redactar las cláusulas y condiciones contractuales.

Las Condiciones Generales de Venta

De forma sustitutoria o complementaria al contrato, es necesario que el cliente firme la aceptación de las condiciones generales de venta del proveedor.

Las condiciones generales de venta son las normas para la venta que el proveedor ha fijado y que aplica a todos los clientes. Estas condiciones se pueden incluir en el dorso de la hoja de pedido o de la propuesta de pedido.

No hay que olvidar de hacer firmar al nuevo cliente un ejemplar de las condiciones de venta ya que de lo contrario el documento no tendría validez legal.

La utilización de los títulos cambiarios para reforzar el derecho de crédito

En los tiempos actuales de crisis, cuando no se está seguro del perfil pagador de un cliente, es recomendable que el acreedor  consiga del cliente  un medio de pago (cheque, letra o pagaré) para cobrar la mercancía en el momento de su entrega o si no es factible obtener el instrumento de cobro en aquel momento,  hay que conseguirlo lo antes posible.

Asimismo es aconsejable que cuando la forma de pago sea con aplazamiento, el comprador entregue pagarés o firme letras de cambio por la totalidad del crédito. De esta forma el proveedor verá reforzada su posición ya que la ley otorga a estos instrumentos de pago unos derechos especiales que permiten al acreedor reclamar el pago con muchas más garantías de éxito.

Los títulos cambiarios además de tener un carácter probatorio de la deuda, permiten al acreedor interponer demandas judiciales muy expeditivas. En efecto el acreedor tiene la posibilidad de acudir al Juicio Cambiario, que es un procedimiento privilegiado para ejercer la acción cambiaria.

SEPA: La comunicación de los cambios de IBAN a través del nuevo Cuaderno 72

Mario Cantalapiedra – Economista

Con los procesos de concentración y desaparición de oficinas bancarias a los que estamos asistiendo, muchas empresas y consumidores se ven obligados a cambiar sus cuentas bancarias puesto que la oficina o el banco con los que trabajan dejan de existir. En estas situaciones y en otras que puedan llegar a producirse, los cambios de cuentas afectan también a los emisores de recibos domiciliados. Para comunicar estas modificaciones y actualizar la información hasta ahora se utilizaba (o mejor dicho, se debería haber utilizado, ya que ha sido un gran desconocido), el Anexo 5 del Cuaderno 19 de la Asociación Española de Banca (AEB), el cual con la entrada en vigor de SEPA será sustituido, a partir del próximo mes de mayo, por el nuevo Cuaderno 72. Recuerdo que estos Cuadernos, que también se denominan Normas o Folletos, son protocolos de comunicación vía electrónica de las operaciones bancarias, normalizados para las entidades de crédito.

En concreto, el Cuaderno 72, de la serie de normas y procedimientos bancarios, “Comunicación de datos informativos de las entidades a los ordenantes de adeudos directos SEPA”, tiene por objeto facilitar a los acreedores de estos adeudos, ya sea en  modalidad Core o B2B, la información correspondiente a los Códigos Internacionales de Cuenta Bancaria (IBAN) de las cuentas de domiciliación que, por diversos motivos (cierre de oficinas, segmentaciones, concentraciones de entidades de crédito, segregaciones, solicitud del deudor, etcétera) hayan sido modificados y cuya información no les haya sido comunicada por los deudores. El Cuaderno 72 regula el fichero informático normalizado de comunicación para entidades que utilicen el Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE) y, a través de él, las entidades financieras comunicarán los datos modificados únicamente a título informativo. Por tanto, será responsabilidad del acreedor emisor del adeudo directo gestionar la modificación de los mandatos u órdenes de domiciliación correspondientes, así como actualizar sus sistemas de información internos antes de las futuras presentaciones.

El proceso concreto que describe el Cuaderno 72 consiste en que la entidad del deudor comunique a la del acreedor el IBAN de la nueva cuenta en la que está domiciliado el pago, si fuera distinto al informado en la presentación. A continuación la entidad del acreedor deberá hacer llegar a este la información recibida a la mayor brevedad posible desde la recepción de dichos cambios.

Sobre el consentimiento previo al pago de cada adeudo directo SEPA B2B

Mario Cantalapiedra – Economista

Comentaba en un post anterior como la nueva modalidad de adeudo directo SEPA B2B, que puede ser utilizada únicamente para pagos entre empresas, podría servir de ayuda en la gestión del riesgo de crédito y la morosidad del acreedor, debido fundamentalmente a la renuncia del deudor a su derecho de devolución una vez que el cargo está autorizado y efectuado en cuenta. Solamente se permite la devolución de un adeudo B2B dos días hábiles posteriores a su vencimiento por motivos bancarios, es decir, por falta de saldo. Por tanto, esta modalidad de adeudo permite una mayor seguridad en el cobro para la empresa acreedora en cuanto a plazo temporal se refiere.

No obstante, conviene precisar la complejidad que puede tener su operativa en la práctica dependiendo de cómo actúe tanto la entidad bancaria del deudor como el cliente. Para ello debemos acudir a las características de estos adeudos y de su operativa contempladas en los cuadernos de la Asociación Española de Banca (AEB):

  • El adeudo directo B2B puede definirse como un servicio de pago destinado a efectuar un cargo en la cuenta de pago del deudor, en el que la operación de pago es iniciada por el acreedor sobre la base del consentimiento dado por el deudor al acreedor y transmitido por éste a su proveedor de servicios de pago.
  • El deudor tendrá que ser obligatoriamente un no consumidor que domicilia pagos relativos a sus transacciones comerciales mediante el servicio de adeudos directos B2B.
  • Es requisito que las entidades en las que el acreedor y el deudor mantienen sus cuentas de pago, estén adheridas al esquema de adeudos directos B2B.
  • Los adeudos directos B2B serán en euros y se emitirán con destino a países de la zona SEPA. Corresponderán bien a cobros puntuales o a cobros recurrentes.
  • Los adeudos directos B2B deberán acompañarse de ciertos datos de la orden de domiciliación o mandato, donde el deudor haya prestado su consentimiento a ese Adeudo directo. En el caso de que se modifiquen los datos de la orden de domiciliación original, deberá también indicarse que se ha producido una modificación y consignar el dato que se ha modificado.
  • La entidad del deudor recabará de su cliente, en cada uno de los adeudos, el consentimiento previo al pago.

Es precisamente la última característica la que puede complicar más su operativa, puesto que supone que la entidad financiera del deudor cuente con la autorización expresa de cada adeudo B2B antes de efectuar el cargo en cuenta. Para subsanar esta situación, en principio, la empresa deudora debería entregar en su banco copia del mandato que autoriza el adeudo y cuyo original firmado se ha entregado al acreedor, obligado a su custodia. Esto supone que es el cliente, y no el acreedor, el que deberá estar pendiente de este trámite para evitar la devolución del adeudo B2B.

El ICO continúa su apuesta por la internacionalización de las empresas españolas

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) acaba de presentar, junto a la banca, las líneas de financiación para 2014, con las que pretende conceder crédito por 16.000 millones de euros, lo que representa un 16 por ciento más que en 2013. El objetivo estratégico del ICO con estas líneas es continuar apoyando a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores en sus procesos de internacionalización, tanto para activar la capacidad exportadora de las empresas como para fomentar sus inversiones en exterior y financiar sus necesidades a corto plazo. También se pretende apoyar la participación de las empresas españolas en licitaciones y adjudicaciones internacionales a través de la concesión de los avales necesarios.

Las diez entidades financieras colaboradoras junto a las que el ICO ha presentado las líneas financieras de 2014, son Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankinter, BMN, Cajamar y Bantierra, precisamente las entidades de crédito que han llevado a cabo la mayor distribución de fondos de las líneas del año pasado.

Según los datos ofrecidos por el ICO, en el año de 2013 la financiación a través de sus líneas alcanzó un monto total de 13.885 millones de euros, con más de 190.000 préstamos formalizados. El 69 por ciento de las líneas se concedieron a microempresas de menos de 9 trabajadores, lo que pone de manifiesto la apuesta por las empresas de reducida dimensión, que, no olvidemos, representan la parte más importante del tejido productivo español y que tanto están sufriendo la escasez de crédito bancario. Por su parte, un 62 por ciento del volumen de financiación se destinó en 2013 a financiar las necesidades a corto plazo de las empresas. Por regiones, un 20 por ciento de las operaciones se centró en Cataluña, un 17 por ciento en Madrid y un 12 por ciento en Andalucía.

Esperemos que estas nuevas líneas ayuden a cubrir las necesidades financieras de pequeñas y medianas empresas con negocios viables y que se haga mucho más evidente lo comentado por el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, en el acto de presentación de las líneas financieras. En concreto, Jiménez Latorre piensa “que la concesión de crédito para las empresas en España está mejorando, especialmente para las pymes, apoyando la recuperación económica”. Pues eso, que siga mejorando, que falta nos hace.

La propuesta de un régimen sancionador contra la morosidad llega al Congreso de los Diputados

Mario Cantalapiedra – Economista

Acaba de ser presentada en el Congreso de los Diputados español, por parte del Grupo Parlamentario Catalán, una Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones.

El objetivo principal de esta propuesta es regular de forma expresa, clara y concisa, las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de los plazos de pago, las condiciones de pago y en general todo lo relativo a las obligaciones de pago enmarcadas en el marco de la Ley contra la morosidad. Para ello se prevén tres clases de sanciones (leves, graves y muy graves), reservándose la competencia sancionadora a las diferentes comunidades autónomas:

Infracciones leves

  • Pactar plazos de pago que excluyan del cómputo a los periodos considerados vacacionales.
  • Incumplimiento de las prescripciones establecidas en la Ley 3/2004 o en las normas dictadas para su desarrollo, que no sean objeto de sanción específica.

Infracciones graves

  • Exceder en más de veinte días del plazo de pago legal.
  • Incumplir el plazo de pago legal cuando la cuantía de la operación comercial supere los 5.000 euros.
  • Pactar, en perjuicio del acreedor, cláusulas sobre el comienzo del cómputo de la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal de interés de demora establecidos en la Ley 3/2004.
  • No dejar constancia documental de la fecha de entrega de mercancías por los proveedores.
  • Falsificar las facturas, albaranes o cualquier otro documento aparejado a la operación comercial.
  • Pactar la renuncia al derecho al cobro de la indemnización por costes de cobro prevista legalmente, con el objeto de demorar los plazos de pago.
  • Reincidencia en cuatro faltas leves.

Infracciones muy graves

  • Prevalerse de la situación de dependencia económica de otras empresas para imponer plazos de pago que excedan los previstos legalmente o para incumplir sistemáticamente dichos plazos.
  • Pactar, en perjuicio del acreedor y prevaliéndose el deudor de la situación de superioridad frente a la empresa acreedora, la renuncia al derecho al cobro de indemnización prevista legalmente.
  • Incumplir sistemáticamente los plazos de pago en perjuicio de las pymes.
  • Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control de la autoridad inspectora.
  • No incluir en la memoria de las cuentas anuales la información requerida por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, sobre plazos de pago a proveedores o falsear esa información.
  • Cualquiera de las infracciones definidas como graves cuando la operación comercial supere los 60.000 euros o cuando exista reincidencia (la cual se entenderá que existe, por comisión en término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza declarada por resolución firme).

En cuanto a las sanciones previstas, las infracciones muy graves serían sancionadas con multa de 30.001 hasta 900.000 euros, las graves con multa de 6.000 a 30.000 euros y las leves se penalizarían con multa de hasta 6.000 euros. Destaca que, en caso de reincidir tres veces en infracciones consideradas muy graves, las comunidades autónomas podrían decretar el cierre temporal de la empresa sancionada hasta por un año.

No obstante y con el objeto de flexibilizar la implantación del régimen sancionador, se prevé la aplicación progresiva del mismo con las siguientes bonificaciones en las sanciones, siempre que se corrijan las circunstancias que las provocan:

  • Bonificación de la sanción del cien por cien durante los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
  • Bonificación de la sanción del ochenta por ciento a partir del sexto mes y hasta que haya transcurrido un año desde la entrada en vigor de la ley.
  • Bonificación de la sanción del cincuenta por ciento durante el segundo año desde la entrada en vigor de la ley.
  • Bonificación de la sanción del veinte por ciento durante el tercer año desde la entrada en vigor de la ley.

Según expresó la semana pasada el presidente de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, esta nueva modificación de la Ley 3/2004 podría estar lista para antes del verano o después del mismo, según se prolongue menos o más el trámite parlamentario al que ahora se enfrenta.