La morosidad no permite atravesar el Cabo de Hornos a muchas pymes españolas

Mario Cantalapiedra – Economista

En la última quincena del pasado año de 2013, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizó, por primera vez, una encuesta de opinión sobre el entorno empresarial, es decir, sobre el entorno político, institucional y social en el que las empresas toman sus decisiones, cuyos resultados acabamos de conocer. Esta consulta, realizada a nivel nacional, cubre los diferentes sectores económicos y los distintos tamaños de los establecimientos empresariales, y se ha incluido como módulo adicional de la encuesta de Indicadores de Confianza Empresarial (ICE), que el INE viene publicando desde abril de 2012.

De los componentes del entorno empresarial analizados, los encuestados consideran que los de mayor importancia para la capacidad de crecimiento de sus negocios son la demanda de sus productos (con un 60,8 por ciento de las respuestas otorgándole una importancia alta), el entorno macroeconómico, es decir, el conjunto de indicadores y principales magnitudes macroeconómicas del país, como, por ejemplo, el producto interior bruto, la inflación, la demanda agregada, el consumo o la inversión (con un 49,7 por ciento) y, como no, la morosidad (con un 49,6 por ciento). A continuación, se destaca también la disponibilidad de financiación, con un 45,5 por ciento.

Por su parte, los factores de entorno empresarial con un impacto más desfavorable para los negocios de los empresarios en 2013, fueron, por orden: el entorno macroeconómico (58,9 por ciento), la morosidad (53,7 por ciento), la regulación económica, entendida esta como las normas que inciden en la creación y ejercicio de la actividad de las empresas (51,6 por ciento) y la demanda de sus productos (49,8 por ciento).

Estos datos vienen a confirmar que las empresas españolas consideran muy importante la ausencia de morosidad para que sus negocios puedan crecer y que precisamente piensan que no lo están haciendo más, en gran medida, por la presencia de morosidad. Aquí tienen mucho que decir y hacer nuestros gobernantes, puesto que es tarea fundamental suya la de regular un entorno de negocios adecuado para favorecer la actividad empresarial y estimular el crecimiento económico. En dicho entorno considero vital, al igual que la mayoría de los empresarios encuestados por el INE, que se articulen mecanismos para que la morosidad empresarial sea atajada convenientemente. Solamente así podremos ver a muchas más empresas españolas, fundamentalmente pequeñas y medianas, “atravesar con éxito el Cabo de Hornos”.

Balance abreviado frente a exención de auditar cuentas

Mario Cantalapiedra – Economista

Hasta la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (BOE del 28 de septiembre), conocida coloquialmente como “Ley de emprendedores”, los requisitos de activo, facturación y número medio de empleados necesarios tanto para poder formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, como para eximir la obligación de auditar cuentas eran coincidentes. Sin embargo, la mencionada Ley de emprendedores elevó los límites de activo y facturación que permiten la presentación de balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, con el propósito de que más empresas puedan acceder a los mismos, simplificando sus obligaciones con el Registro Mercantil, al mismo tiempo que mantuvo invariadas las cotas que, de un modo general, marcan la exención de auditar cuentas. De este modo, en España actualmente tenemos lo siguiente:

Por un lado, pueden formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

Las sociedades perderán la posibilidad de formular la información abreviada si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las tres circunstancias anteriores.

Por otro lado, están exentas de someter sus cuentas a auditoría, las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros.

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

De igual modo, la exención se pierde si se dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las tres circunstancias mencionadas. Para el caso de que estemos ante el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades quedan exceptuadas de la obligación de auditarse si reúnen, al cierre, al menos dos de las tres circunstancias.

¿Otro parche más en la Ley contra la morosidad?

Mario Cantalapiedra – Economista

La futura Ley de fomento de la financiación empresarial que prepara el Gobierno, prevé una modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que podrá permitir, en caso de que finalmente sea aprobada, pagar la deuda comercial más allá de los 60 días máximos previstos en la actualidad. Concretamente, el Anteproyecto de Ley  en trámite incluye la siguiente modificación del artículo 4 de la Ley 3/2004, el que hace referencia a la determinación del plazo de pago que debe cumplir el deudor, con la inclusión de un nuevo apartado 5:

5. Se podrán ampliar los plazos máximos de pago previstos en la Ley cuando acreedor y deudor acuerden ceder el crédito o la deuda a un tercero siempre que ello reporte para el acreedor el cobro dentro del plazo máximo legalmente establecido.”

Con esta medida parece que el Gobierno pretende incorporar a la Ley 3/2004 la corriente que viene siendo defendida por algunos bufetes abogados, los cuales consideran que no se produce abuso del deudor sobre el acreedor si se le da la opción a este de cobrar la deuda dentro del plazo legal a través de un pago confirmado de proveedores o confirming, con un coste financiero que esté a precio de mercado, o bien cobrar más allá del plazo legal si no se desea afrontar el gasto financiero del anticipo. Los detractores de esta medida argumentan que no deben confundirse plazo legal de cobro, los 60 días regulados, y medio de cobro, ya sea confirming, factoring o formulas de financiación similares. La verdad es que tratar de cumplir la legislación comunitaria sobre plazos de pago, al mismo tiempo que se procura proteger el negocio de las entidades bancarias o los intereses de empresas, fundamentalmente de gran tamaño, que están acostumbradas a pagar tarde, parece un ejercicio complicado de equilibrio para el Ejecutivo español. La Ley contra la morosidad, al modo de nuestras maltrechas carreteras, no deja de ser parcheada, en un proceso que parece tratar de cuadrar el círculo de la morosidad, pero que, de momento, no invita a ser muy optimistas en cuanto a conseguir un plazo de pago generalizado en las operaciones comerciales que pueda considerarse digno de un país avanzado.

Ya está operativo el nuevo registro público concursal

Mediante el Real Decreto 892/2013 de 15 de noviembre se acordó la creación del nuevo Registro Público Concursal que ha empezado a funcionar en el mes de marzo de 2014

Esta  nueva herramienta viene a superar las deficiencias del ya existente Registro de Resoluciones Concursales, en funcionamiento desde 2005, cuyo principal problema era que la información de la concursada seguía dispersa entre Juzgados y Registros.

El nuevo Registro Público Concursal supondrá varias novedades, a mi modo de ver ventajosas, entre las que se encuentran:

1-      Unificará toda la información relativa al concursado, interconectando los datos del propio Registro Público Concursal con los de los Registros de la Propiedad, los del Juzgado y los Registros Mercantiles.

2-      En el podremos conocer no sólo las resoluciones que acuerden la declaración de concurso, sino también otras realidades previas y que producen efectos relevantes. Así, el nuevo Registro reflejará la publicación de:

a)      Resoluciones concursales, incluida la comunicación de iniciación de negociaciones previas al concurso previstas en el artículo 5 bis de la Ley Concursal que hasta ahora no era objeto de publicidad registral.

b)      El inicio de la tramitación del nuevo “acuerdo extrajudicial de pagos”, introducido por la ley de ayuda al emprendedor.

3-      Su acceso será más sencillo, universal y gratuito. Se podrá consultar por cualquiera y sin necesidad de demostrar un interés legítimo. El Registro será on – line, gestionado por el Ministerio de Justicia con la colaboración de los Juzgados y los Colegios de Registradores, para facilitar la mutua actualización de datos con los Registros Mercantiles, de la Propiedad y de Bienes Muebles.

En principio, y de cumplirse las previsiones del legislador, esta nueva regulación favorece a los acreedores o a cualquier tercero que pretenda contratar con una empresa o particular,  ya que de forma rápida, gratuita y completa ( sin necesidad de acudir a otros registros públicos) podrá conocer la situación del sujeto en cuestión.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Socio Agm Abogados – Presidente Comisión de Morosidad ASSET

A partir de ahora los socios de una mercantil podrán responder con su patrimonio de las deudas societarias no satisfechas en el concurso de acreedores.

El pasado viernes 7 de marzo se aprobó por el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley 4/2014 de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, por el que se viene a reformar, una vez más, la Ley Concursal para favorecer las posibilidades de refinanciación de empresas que, a pesar de tener problemas financieros que las avocan a una situación concursal, sean igualmente productivas y susceptibles de continuar funcionando en el mercado sin necesidad de proceder a su liquidación.

Este texto, además de reformar la legislación concursal para introducir nuevas fórmulas que faciliten la viabilidad financiera de la empresa y eviten la liquidación de la misma, introduce en la Ley Concursal una nueva redacción de los artículos 165.4,  172  y 172 bis que supone la vulneración de uno de los principios básicos del funcionamiento del sistema de sociedades de capital: la no responsabilidad de los socios por las deudas sociales.

Así, hasta la fecha:

  • La sociedad de capital respondía con sus bienes y derechos de las deudas de la sociedad.
  • El administrador de la sociedad, su liquidador o, en algunos casos, su apoderado general, podrían ser declarados como responsables, con carácter solidario y con su patrimonio personal, de las deudas de la sociedad. En aquellos casos en los que hubiesen incumplido sus obligaciones legales o cuando sus actos, contrarios a la Ley o los Estatutos, hubiesen sido causantes de la imposibilidad de la Sociedad para hacer frente a sus deudas.
  • Los socios sólo respondían hasta el límite del valor de sus acciones/participaciones, de forma que lo máximo que podían perder era el valor que habían invertido en la sociedad.

Sin embargo, la nueva redacción de los artículos 165, 172 y 172 bis de la Ley Concursal vienen a establecer que, declarado el concurso como culpable, puede declararse la responsabilidad personal respecto a las deudas sociales no cubiertas con el concurso de acreedores de aquellos socios que se hubiesen opuesto a la aprobación de un acuerdo de refinanciación consistente en una capitalización de créditos o en la emisión de obligaciones siempre que en dicho acuerdo se le ofreciese un derecho de adquisición preferente en una futura venta de esas acciones, participaciones o títulos valores emitidos con el acuerdo en cuestión.

A mi entender, dicha medida pone en riesgo la esencia misma del funcionamiento del sistema de sociedades de capital, aumentando inusitadamente el riesgo que asume el socio /inversor de una sociedad de capital y poniendo, con ello, en riesgo la inversión en este tipo de sociedades.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi – Socio de AGM ABOGADOS

Las administraciones públicas no pueden pactar rebajas del tipo legal de interés de demora

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (publicado en el BOE del 8 de marzo), introduce un nuevo cambio en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En concreto, se modifica el artículo 9 correspondiente a cláusulas y prácticas abusivas, para clarificar que las administraciones públicas no pueden acogerse a las rebajas del tipo legal de interés de demora previstas en el mismo. Recordemos que la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, introdujo como novedad la posibilidad de pactar entre las partes un tipo de interés de demora menor al legal, sin que se considerara abusivo en perjuicio del acreedor, siempre que la rebaja no alcanzara el 70 por ciento del tipo legal. La duda que existía hasta ahora es si a esta rebaja de tipo podrían acogerse también las administraciones públicas. Pues bien, tanto la Comisión Europea como el Gobierno español interpretan que no y de ahí que se modifique el último párrafo del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que pasa a tener la siguiente redacción:

En todo caso, son nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6, o aquellas que excluyan el cobro de dicho interés de demora o el de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 8. También son nulas las cláusulas y prácticas pactadas por las partes o las prácticas que excluyan el interés de demora, o cualquier otra sobre el tipo legal de interés de demora establecido con carácter subsidiario en el apartado 2 del artículo 7, cuando tenga un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, entendiendo que será abusivo cuando el interés pactado sea un 70 por ciento inferior al interés legal de demora, salvo que atendiendo a las circunstancias previstas en este artículo, pueda probarse que el interés aplicado no resulta abusivo. Esta posible modificación del interés de demora, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, no será de aplicación a las operaciones comerciales realizadas con la Administración.”

Nueva regulación para las entidades de capital riesgo en España

Mario Cantalapiedra – Economista

En el Consejo de Ministros del pasado 28 de febrero, se aprobó un Anteproyecto de Ley que modifica la regulación del capital riesgo y de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Este texto viene a incorporar a la legislación nacional dos Directivas de la Unión Europea, una relativa a la autorización, comercialización, normas de conducta y organización de los denominados gestores de fondos de inversión alternativos, otra que trata de evitar la dependencia exclusiva y automática de las calificaciones crediticias emitidas por las agencias de calificación a la hora de evaluar la solvencia de los activos de las entidades de inversión. El objetivo fundamental es mejorar el régimen jurídico de las entidades de capital riesgo, las cuales tienen por objeto principal la toma de participaciones temporales y minoritarias en el capital de empresas no cotizadas, y orientarlas hacia la inversión en las primeras fases de desarrollo y expansión de las mismas.

Como novedad principal se crean las entidades de capital riesgo pyme, que tendrán que invertir al menos el 70 por ciento de su patrimonio en pequeñas y medianas empresas, definidas estas según el criterio de la Unión Europea. Este nuevo tipo de entidades se beneficiarán de un régimen más flexible, de tal modo que podrán invertir no solamente en acciones o participaciones de la empresa, sino también utilizar otros instrumentos financieros como la concesión de préstamos participativos, los cuales te recuerdo que se caracterizan por la participación de la entidad prestamista en los beneficios de la empresa financiada, o de instrumentos de deuda.

Además se reducen las cargas administrativas de las entidades de capital riesgo, de tal modo que, si bien se mantiene el requisito de autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para las sociedades gestoras, se elimina el mismo para los fondos administrados por ellas que solo deberán ser objeto de registro.

Por otro lado, se permitirá la libre comercialización en la Unión Europea de fondos europeos por parte de gestoras europeas que estén autorizadas en su país de origen a través de lo que se conoce como pasaporte europeo.

Finalmente el Gobierno ha anunciado la regulación de ciertos requisitos a las sociedades gestoras en cuanto a su estructura y organización para garantizar el control de riesgos, la liquidez y la ausencia de conflictos de intereses, y poder cumplir una política de remuneraciones que evite tomar riesgos específicos excesivos. Es importante señalar que, en la nueva regulación propuesta, el Ejecutivo contempla que las entidades de capital riesgo no puedan invertir ni en empresas de naturaleza inmobiliaria ni financiera.

Medidas para facilitar a las pymes flujos de financiación alternativos a los bancarios

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado viernes 28 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley para el Fomento de la Financiación Empresarial, cuyo objetivo principal es facilitar a las pymes flujos de financiación alternativos a los bancarios. El grado de dependencia para las empresas españolas de la financiación bancaria es muy elevado, si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, y esto es lo que ahora el Gobierno, en sus propias palabras, pretende corregir. Para ello ha anunciado las siguientes medidas:

  • Las entidades de crédito que deseen cancelar o reducir notablemente, en más de un tercio, la financiación global de una pyme, deberán preavisar con al menos tres meses de antelación. Además deberán facilitar a la empresa un historial con toda su información crediticia para que pueda aportarlo a otras entidades en la búsqueda de financiación alternativa.
  • Establecer un régimen más rápido y ejecutivo de garantía recíproca, por el cual el reaval de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) se activará ante el acreedor en caso de incumplimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) tras el primer requerimiento.
  • Mantener y potenciar las actividades realizadas por los establecimientos financieros de crédito, que hasta hace poco se consideraban entidades de crédito. Ahora se establece una nueva naturaleza para este tipo de entidades, que estarán supervisadas por el Banco de España, y orientadas a la financiación empresarial y del consumo por canales alternativos a los estrictamente bancarios.
  • Ampliar el régimen jurídico de las titulizaciones en España para adecuar este instrumento a las actuales demandas del mercado financiero, aportando seguridad jurídica y respaldo legal a su operativa, lo que ha de permitir a las entidades de crédito, por ejemplo, titulizar carteras de créditos que conceden a pymes y no solamente hipotecas como, fundamentalmente, se venía haciendo hasta ahora.
  • Facilitar el tránsito de las empresas que cotizan en Bolsa al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y viceversa.
  • Mejorar el régimen de emisión de obligaciones, facilitando que las empresas puedan financiarse en los mercados de deuda. Por ejemplo, ahora las sociedades de responsabilidad limitada podrán emitir deuda.
  • Mejorar los mercados de facturas donde las empresas puedan obtener liquidez mediante la cesión anticipada de estos derechos de crédito.
  • Y, por último, la medida que parece haber causado más revuelo, al menos en las redes sociales, como es la de regular las plataformas electrónicas de financiación participativa o crowdfunding, las cuales ponen en contacto a financiadores y personas que necesitan financiación para un proyecto empresarial a través de la red. En principio se persigue fijar las obligaciones de estas plataformas tratando de garantizar su transparencia y que los financiadores dispongan de información suficiente. A expensas de conocer el texto final, la polémica viene desde el propio concepto de crowdfunding elegido por el Gobierno hasta la propuesta de fijar límites máximos de aportación para los financiadores, e incluso cantidad máxima que un proyecto puede recaudar.