El modelo de predicción de la insolvencia empresarial de Altman

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre los estudios que tratan de predecir la insolvencia de una empresa, es decir, la situación en la que esta no puede hacer frente a sus compromisos de pago, destaca el desarrollado por el profesor neoyorquino Edward I. Altman, el cual pondera y suma distintos ratios financieros de una compañía para clasificar su probabilidad de impago. El modelo conocido como Z-Score de Altman, a pesar de ser desarrollado en los años sesenta del siglo XX, sigue siendo muy utilizado en la medición del riesgo de crédito en la actualidad. En su investigación Altman partió de una muestra de empresas a la que calculó una serie de ratios, a partir de sus balances y cuentas de pérdidas y ganancias, hasta encontrar los cinco que juntos mostraron el mejor resultado en la predicción de la insolvencia. Su modelo original es aplicable a empresas industriales que coticen en bolsa y responde a la siguiente formulación:

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5

Donde:

X1 = Fondo de maniobra / Total Activo

X2 = Beneficios retenidos (reservas) / Total Activo

X3 = Beneficio de explotación / Total Activo

X4 = Patrimonio neto (valor de mercado) / Deuda total

X5 = Ventas / Total Activo

Ante las críticas de los que argumentaban que el modelo no era válido para predecir la insolvencia de todas las empresas, Altman desarrolló dos variantes del mismo (Z1 y Z2). En la primera (Z1) se modifican las distintas ponderaciones y la forma de calcular X4, que ahora se obtiene como: Patrimonio neto (valor contable) / Deuda total, siendo aplicable a empresas industriales que no coticen:

Z1 = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5

En la segunda variante (Z2) también se modifican las ponderaciones y además se elimina X5, el ratio de rotación del activo, con el fin de que el modelo sea aplicable a empresas comerciales y de servicios:

Z2 = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4

Veamos ahora la aplicación del modelo de Altman, por ejemplo, sobre los datos de una empresa industrial que no cotiza (para lo que me serviré de la variante Z1), sabiendo que:

Si Z1 es igual o inferior a 1,23 la empresa tiene una alta probabilidad de insolvencia en el futuro.

Si Z1 se encuentra entre 1,24 y 2,89 se trata de una zona incierta.

Si Z1 es igual o superior a 2,90 la empresa tiene una baja probabilidad de insolvencia en el futuro.

Los datos de la empresa son:

Activo corriente: 6.000.000 €

Total Activo: 8.000.000 €

Patrimonio neto: 4.000.000 €

Pasivo corriente: 3.000.000 €

Pasivo no corriente: 1.000.000 €

Ventas: 13.000.000 €

Beneficio de explotación: 1.400.000 €

Beneficios retenidos: 720.000 €

Y el cálculo de Z1:

X1 = 3.000.000/8.000.000 = 0,375

X2 = 720.000/8.000.000 = 0,09

X3 = 1.400.000/ 8.000.000 = 0,175

X4 = 4.000.000/4.000.000 = 1

X5 = 13.000.00/8.000.000 = 1,625

Z1 = 0,717*0,375 + 0,847*0,09 + 3,107*0,175 + 0,420*1 + 0,998*1,625 = 2,93

En este supuesto se obtiene una Z1 de 2,93 (superior a 2,90), por lo que podría decirse que la empresa industrial tiene una baja probabilidad de insolvencia futura.

El cobro mediante cheque bancario en las operaciones de comercio exterior

Mario Cantalapiedra – Economista

Según la definición utilizada por el Banco de España, un cheque es un documento por el cual una persona (la que lo expide o emite y lo firma, que se denomina librador) ordena a una entidad bancaria (librado) en la que tiene dinero, que pague una determinada suma a otra persona o empresa (beneficiario o tenedor). Y dentro de esta definición general de cheque, se pueden incluir distintas modalidades, entre ellas la de cheque bancario, el cual interesa resaltar especialmente por la mayor garantía en el cobro que ofrece.

De este modo, un cheque bancario es expedido por una entidad bancaria, obligándose a sí misma o a otra entidad bancaria a pagar una cantidad de dinero. La ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, lo recoge expresamente al reseñar que “el cheque puede librarse contra el propio librador, siempre que el título se emita entre distintos establecimientos del mismo”. Por tanto, en un cheque bancario el librado y el librador, que comentaba al principio, serán entidades bancarias a diferencia de lo que ocurre en un cheque ordinario donde solamente el librado lo es. El cheque bancario será directo cuando la entidad que lo emita lo haga contra sí misma, en cuyo caso se deberá emitir entre distintas sucursales del propio banco respetando lo establecido legalmente, y será indirecto, cuando la entidad lo emita con cargo a otra entidad distinta.

Precisamente el hecho de que el cheque bancario se libre contra una entidad bancaria es lo que da mayor seguridad de cobro al beneficiario o tenedor del mismo y hace que, por ejemplo, sea muy utilizado en operaciones de comercio exterior, sobre todo cuando existe cierta relación de confianza entre exportador e importador. En la operativa concreta que se establece, la entidad bancaria, previa petición de la empresa importadora que realiza la compra internacional, emitirá el cheque bancario a su propio cargo si posee sucursales en el país extranjero correspondiente, o a cargo de una cuenta que mantenga en otra entidad bancaria de ese país, en la que anteriormente se hayan depositado los fondos necesarios para atender el pago correspondiente. Aunque el cheque bancario pueda emitirse también “al portador”, en el caso de comercio exterior suele ser nominativo, a favor de la empresa exportadora, asegurándose de este modo que solamente ella pueda cobrarlo.

Diez elementos a analizar en un informe comercial

Mario Cantalapiedra – Economista

Los informes comerciales son documentos realizados por agencias especializadas en la valoración del riesgo comercial de empresas a partir de la información pública existente y el análisis experto de quien los elabora. Cualquier compañía que se plantee vender a crédito a un cliente puede consultarlos antes de concederle un pago aplazado. Los informes suelen ofrecerse en versión “estándar”, donde la valoración del riesgo de una empresa se realiza a partir de la información pública recopilada sobre ella, así como en versión “investigada”, donde, por un coste algo superior, se realiza un análisis en mayor profundidad, de tal modo que la información pública se complementa con entrevistas presenciales a los responsables de la empresa que permiten ampliar y actualizar los datos. Además de los ratings predictivos de rentabilidad, solvencia y morosidad y la opinión de crédito máximo que el conjunto de los proveedores debe dar a la empresa analizada que suelen incluir estos informes, hay otros elementos dentro de ellos que interesará estudiar, sobre todo en los de tipo investigado. En este sentido, te recomiendo analizar especialmente los diez siguientes:

  1. Evolución de las ventas (facturación) Se han de vigilar especialmente los movimientos bruscos en uno u otro sentido, fundamentalmente los de caída. De este modo, una fuerte disminución en la facturación puede significar que la empresa entre en problemas y debe estar justificada, pero inclusive un aumento muy importante de lo vendido ha de acompañarse de capacidad de la compañía para financiar el crecimiento
  2. Cambios en los administradores. Hay que vigilar, sobre todo, cuando estos cambios son muy repetitivos intentado averiguar los motivos concretos que los originan. Conocer los administradores de un cliente siempre es fundamental cara al futuro de la relación.
  3. Cambios en el objeto social. Un cambio en la actividad de la empresa analizada puede suponer nuevos productos y servicios, nuevas inversiones y nuevos riesgos. Se debe estudiar el objeto social inicial y las modificaciones que este sufra a lo largo del tiempo.
  4. Estado y cambios de las instalaciones. Es importante conocer el estado de las instalaciones donde la empresa desarrolla su actividad, si es conocida o no en la zona donde se ubica y observar los cambios qué se producen, sin son a mejor o a peor.
  5. Anotaciones en los ficheros de morosidad. Se ha de observar si aparece información desfavorable de la empresa en ficheros tales como RAI o ASNEF. Se han de valorar tanto los importes de las anotaciones como su antigüedad.
  6. Incidencias judiciales, concursales y reclamaciones de organismos públicos. Pueden observarse las posibles situaciones judiciales y/o concursales y las reclamaciones en las que la empresa analizada aparece como demandada. También se pueden conocer las incidencias judiciales y/o concursales donde aparece como demandante.
  7. Evolución del número de trabajadores. Las variaciones significativas de la plantilla (aumentos o disminuciones) deben estar justificadas y relacionadas con la evolución seguida por la actividad de la empresa.
  8. Vinculaciones financieras. En ocasiones los informes comerciales investigados permiten conocer las vinculaciones accionariales con otras empresas.
  9. Cartera de clientes. Se trata de conocer los principales clientes de la empresa, su grado de concentración o dependencia de ellos y las variaciones que se producen. Diversificar el negocio en varios clientes principales, supone también diversificar el riesgo.
  10. Cartera de proveedores. Se deben analizar también los principales proveedores de la empresa, su grado de concentración y los cambios que se produzcan. La dependencia excesiva de un proveedor puede condicionar la actividad de la empresa si por lo que sea el suministro de ese proveedor falla. Por otro lado, la sustitución continua de los proveedores principales por otros distintos puede indicar incumplimientos en los compromisos de pago por parte de la empresa analizada.

El Congreso de los Diputados rechaza la propuesta de un régimen sancionador contra la morosidad

Mario Cantalapiedra – Economista

El Pleno del Congreso de los Diputados español rechazó ayer, con 174 votos en contra, 139 a favor y 2 abstenciones, la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones, que había sido presentada por parte del Grupo Parlamentario Catalán. Te recuerdo que el objetivo principal de esta propuesta era el de regular una serie de infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de los plazos de pago, las condiciones de pago y en general todo lo relativo a las obligaciones de pago enmarcadas en el marco de la Ley contra la morosidad. La propuesta distinguía tres clases de sanciones (leves, graves y muy graves), y reservaba la competencia sancionadora a las diferentes comunidades autónomas.

En el debate de ayer, desde el Grupo Popular, que con sus votos en contra no permitió que la propuesta catalana de régimen sancionador prosperara, se acusó al Grupo Parlamentario Catalán de no haber tenido ningún interés en pactarla previamente con ellos, definiéndola como “electoralista” y “manifiestamente mejorable”. Que el régimen sancionador esté en manos de las comunidades autónomas y que estas puedan sancionar al Estado, le parece “una broma” al partido que ostenta la mayoría parlamentaria. Los populares consideran que, en lo que hace referencia a la morosidad pública, desde el Gobierno ya se está regulando y mejorando la situación previa, principalmente a través de los planes de pago a proveedores, mientras que en lo concerniente a la morosidad privada, la autonomía de la voluntad no puede ser quebrada desde lo público, es decir, el sector público “no debe meter la cabeza” en una relación contractual privada entre partes. Además se apuntó que sancionar la morosidad no llevaría a mejorar su situación y que no es el camino que marcan las Directivas europeas que tiene que transponer nuestro país.

Como ya me he pronunciado en otras ocasiones a través de este blog, la bonanza o no de un régimen sancionador contra la morosidad no es un tema sencillo de dirimir, lo que queda claro es que la decisión tomada ayer por el Pleno del Congreso arroja un jarro de agua fría a sus partidarios, muchos de los cuales contaban con que la propuesta se iba a aprobar. Saber el grado de influencia en esta decisión de las grandes empresas o de los “problemas” de otra índole que actualmente existen entre el Gobierno y los representantes catalanes, es un misterio a resolver.

Criterios para establecer las fechas valor en las operaciones bancarias

Mario Cantalapiedra – Economista

La fecha valor es la fecha efectiva a partir de la cual se calculan intereses sobre los fondos abonados o cargados en las cuentas bancarias, y puede diferir de la fecha de operación o contable o, lo que es lo mismo, del momento en el que la entidad de crédito contabiliza la operación mediante el correspondiente apunte. Existen ciertas disposiciones normativas, fundamentalmente recogidas en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, que regulan una valoración concreta para los abonos y adeudos en cuentas bancarias.

En las operaciones de pago emitidas, por ejemplo, una transferencia a un proveedor, la fecha valor nunca podrá ser anterior al momento de cargo en la cuenta del ordenante (es decir, la fecha valor no puede ser anterior a la contable). Por su parte, en las operaciones de pago recibidas, por ejemplo, una transferencia de un cliente, la fecha valor no podrá ser posterior al día hábil de recepción de los fondos por parte de la entidad de crédito, siendo la disponibilidad de los fondos inmediata después de dicha recepción. En este segundo caso, la fecha valor no puede ser posterior a la contable. Desde el 1 de enero de 2012, el plazo máximo de ejecución de las operaciones de pago es de un día hábil, por lo que si el emisor ordena la transferencia un lunes (que sea día hábil), deberá estar abonada con fecha valor en la cuenta del beneficiario el martes (que también sea hábil). Hay que señalar que, como excepción, este plazo podrá prolongarse en un día hábil más si la transferencia se ha firmado en papel y no de un modo electrónico.

En el caso de un ingreso en efectivo en una cuenta bancaria hay que diferenciar si el que realiza el mismo es un consumidor o un no consumidor. En el primer caso, es decir, en el de una persona física que, en los contratos de servicios de pago, actúa con fines ajenos a su actividad económica, comercial o profesional, la fecha valor del ingreso coincidirá con la del día en que se realiza. Sin embargo, si es un no consumidor (empresa), la fecha valor podrá ser un día hábil después de la fecha de ingreso.

En el supuesto de cheques u otras operaciones sujetas a cláusula suspensiva, la fecha valor coincidirá con el momento en el que el abono sea “firme” en la cuenta bancaria.  Piensa que el abono de un cheque que sea de otro banco, siempre se realizará sujeto a la condición (suspensiva) de la existencia de fondos que permitan hacerlo efectivo, lo que, a efectos prácticos, significa que la entidad de crédito dará, por regla general, fecha valor del mismo día de la operación a los cheques ingresados que sean de la propia entidad y del segundo día hábil siguiente al de la entrega, a los que sean de otras entidades.

Entidades de crédito que se unen para reducir el riesgo de una operación financiera

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis de deuda que están atravesando determinadas empresas españolas lleva a que esté de moda el término de sindicato bancario, es decir, del conjunto de entidades de crédito que se unen temporalmente para llevar a cabo una operación que debido a su elevado riesgo o cuantía no podrían realizar de forma individual. Esta unión puede tener por objeto la concesión conjunta de un crédito o de un préstamo o puede servir para asegurar conjuntamente una emisión de valores, por ejemplo, unas acciones o unos bonos.

En la operativa de un sindicato bancario suelen aparecer unos bancos directores, que son los principales responsables de la operación, con el cometido de organizarla y de establecer y negociar sus condiciones. Estos bancos deben realizar un estudio previo de la operación que remiten al resto de entidades bancarias interesadas junto a una invitación a participar en el proyecto. Los bancos directores y la empresa que busca los fondos, pueden establecer un acuerdo donde los primeros se comprometan a esforzarse en la consecución de la sindicación pero sin garantizar el préstamo o crédito, o fijar el compromiso de los bancos directores a prestar los fondos con independencia de que se logre o no la sindicación con otras entidades.

De la gestión y administración del crédito o préstamo (o de la emisión de los valores) se ocupan los llamados bancos agentes, los cuales se encargan del cobro de los intereses así como de la recuperación del principal prestado. Estos bancos agentes también canalizan las relaciones del sindicato bancario con terceros, y son elegidos por todos los bancos participantes. Por tanto, en el sindicato podrán distinguirse bancos directores, agentes y resto de participantes. En ocasiones todos los bancos participan al mismo nivel, considerándose todos ellos directores, lo que se lleva a que el sindicato de bancos originado se denomine “club deal”. Esta fórmula ha sido utilizada recientemente para financiarse por grandes empresas españolas tales como NH Hoteles o Cepsa.

Mediante el denominado pacto de sindicación se establecen las reglas de funcionamiento del sindicato, fijando la forma de adoptar las decisiones o la manera de solucionar los posibles conflictos que surjan a lo largo de su vida. El sindicato de bancos es propio del comercio internacional tanto por la importancia económica de determinadas operaciones en este entorno como por la prudencia de las entidades de crédito a la hora de concentrar su riesgo en determinados clientes internacionales o países. El protagonismo actual del sindicato bancario en España, que comentaba al principio del post, va ligado fundamentalmente a los procesos de refinanciación de deuda que están viviendo grandes empresas.