Aprobada una nueva regulación para las entidades de crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito tiene por objeto principal adaptar la normativa aplicable a las entidades de crédito en España a los cambios normativos que se imponen en el ámbito internacional y de la Unión Europa, y supone una importante modificación en aspectos tales como el régimen de supervisión, los requisitos de capital y el régimen sancionador de este tipo de entidades. La nueva regulación viene impulsada, tanto por la evolución internacional del derecho bancario como por la constatación que la crisis financiera ha dejado sobre la necesidad de mejorar la calidad de la regulación prudencial de las entidades de crédito, de tal modo que realicen sus actividades con el menor riesgo posible para la estabilidad financiera del país.

De este modo, la Ley 10/2014 incluye las disposiciones generales del régimen jurídico por el que han de regirse las entidades de crédito, recogiendo su definición y enumerando aquellas entidades que son consideradas así, estableciendo el contenido de su actividad y las fuentes de su régimen jurídico. Regula también su régimen de autorización y revocación, el régimen de participaciones significativas, el régimen de idoneidad e incompatibilidad de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente y el régimen de gobierno corporativo y políticas de remuneraciones.

Asimismo la Ley 10/2014 incluye las disposiciones que en materia de solvencia de las entidades de crédito se deben mantener en el ordenamiento nacional, referentes a la evaluación de la adecuación de su capital al riesgo que asumen, a los criterios que debe tener en cuenta el Banco de España para fijarlas posibles requisitos de liquidez buscando prevenir crisis y a los llamados “colchones” de capital, los cuales obedecen a la necesidad de contar con suplementos de capital frente a pérdidas inesperadas o de cubrir los riesgos originados por el carácter sistémico de algunas entidades.

En esta Ley 10/2014 se regulan las funciones de supervisión de las entidades de crédito por parte del Banco de España y el procedimiento sancionador aplicable. No obstante, el texto legal recuerda que, a partir de la entrada en vigor y completa efectividad del Mecanismo Único de Supervisión de la Unión Europea, el Banco de España ejercerá las funciones de supervisión en cooperación y sin perjuicio de las competencias que, en esta materia, sean directamente atribuidas al Banco Central Europeo. Finalmente otras disposiciones que contiene la Ley 10/2014 se refieren al régimen de las participaciones preferentes, que tantos quebraderos de cabeza nos están proporcionando, o a las normas aplicables a los sistemas institucionales de protección.

¿Habrá que pagar más a los bancos por tener tarjetas de crédito o débito?

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 6 de junio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. la vicepresidenta del Gobierno anunció una próxima rebaja en España de las comisiones de intercambio aplicables a las operaciones comerciales liquidadas con tarjetas de crédito o de débito, es decir, de los porcentajes sobre la venta que las entidades financieras cobran a los comerciantes en concepto de comisión por aceptar el pago mediante tarjetas, pretendiendo así estimular al comercio minorista. Con esta medida, el Gobierno adelanta un proyecto, todavía en tramitación, de Reglamento de la Comisión Europea para limitar dichas comisiones.

Te recuerdo que mediante la tarjeta de crédito una entidad financiera concede a sus clientes un determinado límite mensual de crédito del cual pueden disponer a través de la propia tarjeta, ya sea para pagar en comercios o para extraer dinero en cajeros automáticos. Por su parte, la tarjeta de débito, que también es concedida por una entidad financiera, permite disponer del saldo de una cuenta corriente o de ahorro y realizar operaciones sin necesidad de emplear efectivo, pero no supone ningún crédito para el cliente. Además de las comisiones que las entidades financieras cobran a sus clientes por facilitarles tarjetas que puedan utilizar, también cobran comisiones a los comerciantes por cada operación en la que las aceptan como medio de pago y estas son precisamente las que el Gobierno quiere limitar. En concreto, se propone un límite de 0,2 por ciento del valor de la compra para las tarjetas de crédito y un 0,3 por ciento para las de débito. Según los datos del Banco de España referidos al cuarto trimestre de 2013, las comisiones de intercambio aplicadas por las entidades financieras por operaciones de compra en una misma red, en el tramo de facturación de 0 a 100 millones de euros, se situaron en el 0,74 por ciento para las tarjetas de crédito y en el 0,30 por ciento para las de débito, por lo que la rebaja anunciada es importante y los comerciantes parecen haberla recibido con alegría. No obstante, la polémica está servida, ya que desde círculos bancarios se ha advertido que las entidades de crédito pueden llegar a compensar esta reducción de ingresos vía comerciantes con un incremento de las comisiones que cobran a los usuarios de las tarjetas, por lo que conviene que estés preparado por lo que pueda pasar.

¿Qué departamentos de la empresa intervienen en la política de riesgo de crédito comercial?

Mario Cantalapiedra – Economista

Finalizo la serie de entradas que he dedicado a comentar los resultados del Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, con este en el que me detendré en las respuestas de las empresas acerca de cuáles son las áreas o departamentos, dentro de su estructura, que llegan a implicarse en la política de riesgo de crédito comercial. Se trata, por tanto, de conocer dónde reside la decisión acerca de la entrada o no de un cliente o del establecimiento y seguimiento de su riesgo de crédito.

De los resultados obtenidos se desprende que en el 58 por ciento de las empresas existe una intervención en este tema al máximo nivel, es decir, su dirección general o su presidencia participan a la hora de establecer el riesgo de crédito comercial. No obstante, esta intervención de las altas esferas parece ir perdiendo peso, ya que los dos últimos Estudios muestran una reducción progresiva del porcentaje declarado. En este caso, la caída es de 10 puntos frente a la encuesta de primavera de 2013. También es significativa la disminución de la participación de los departamentos especializados de riesgos, que pasan del 41 por ciento hace un año al 30 por ciento actual. Puede pensarse que a lo largo de la crisis financiera y con el rápido aumento de las cifras de morosidad, muchas compañías optaron por crear departamentos específicos ocupados en definir el riesgo de crédito comercial, que, una vez que el viento parece amainar, pasan a reintegrarse en sus áreas financieras dentro de procesos de reestructuración y ahorro de costes. Si pensamos que esta hipótesis puede llegar a ser cierta, nos resultará más fácil entender cómo aumenta el papel del departamento financiero o administrativo en la política de riesgo de crédito, que en este Estudio alcanza al 70 por ciento de las empresas. Por su parte, en el 40 por ciento de las empresas interviene el departamento comercial en la política de riesgo de crédito, por lo que también se puede considerar que tiene un papel relevante. Un 1 por ciento de los encuestados manifiesta que otros departamentos distintos a los mencionados llegan a intervenir, mientras que un reducido, aunque inquietante, 5 por ciento de las empresas declara que ninguno de sus departamentos participa en la fijación de pautas de riesgo de crédito.

El pago por tercero: subrogación

El Artículo 1158 del Código Civil, establece que: “puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor.

El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiere pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad.

En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil al pago”

El supuesto a analizar es el que un tercero pague una deuda con la ignorancia del deudor, en cuyo caso autores muy reputados entienden que se ha producido “una gestión de negocios ajenos sin mandato” lo que provoca que el tercero quien pagó puede reclamar al deudor lo que podría igualmente reclamar un gestor en base a la utilidad objetiva producida en base a una gestión o tarea diligente.

El pago realizado con la negativa del verdadero deudor destruye cualquier presunción de utilidad, de modo que el pagador debería probar la existencia y la cuantía de dicha utilidad. Y ello en base a la teoría del enriquecimiento injusto en base a la cual, quien acciona de acuerdo con dicha teoría debe de probarlo.

La desaprobación debe ser expresa, requisito que lo marca la “Bona Fides”, si el deudor conociera o conociese las intenciones del tercero o su proyecto de pago, y en ese caso guardase silencio, habrá de entenderse que se produce un consentimiento tácito que es una aquiescencia: si se conoce y no hay oposición, hay consentimiento, claro.

Por otro lado, quien paga con la aquiescencia (visto bueno )del deudor cuenta con una acción que a tenor de lo dispuesto en el Artículo 1728 y 1729 del Código Civil, “ le permite reclamar del deudor todos los gastos necesarios para la ejecución del encargo, y también los perjuicios sufridos con ocasión del mismo”.

Según lo expuesto antes, que efectos jurídicos produce el pago por tercero. Así de acuerdo con el Artículo 1212 del Código Civil: “La subrogación transfiere al subrogado el crédito con los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra terceros, sean fiadores …”

Se producirá siempre o algunas veces el instituto de la subrogación?

Considero que se puede afirmar que la subrogación es un efecto “dadiva” o recompensa: es una ventaja que se otorga para dar mayor seguridad a la repetición de lo efectivamente pagado.

Por ende,  la forma de conseguir ese efecto puede ser a través del pacto  o subrogación convencional”,  o por efectos de la ley.

Pero el Artículo 1159 del Código Civil establece que “el que pague en nombre del deudor, ignorándolo éste, no podrá compeler al acreedor a subrogarle en su derechos”. Entendemos con la mejor doctrina que dicho precepto debe ser interpretado como límite de la eficacia de los convenios que pudieren alcanzar el solvens (tercero) y el acreedor principal. En definitiva lo que se hace es prohibir la subrogación en caso de  que dichos pactos  vayan en contra de la voluntad del deudor.

Por ende, únicamente el verdadero el gestor de negocios ajenos podrá valerse del instituto de la subrogación, en mayúsculas, según lo pactado entre los protagonistas.

Pero existe otra subrogación que la establece la ley “subrogación legal” para ciertos casos que no se presumen nunca sino que vienen regulados  taxativamente en la ley.

Así el Artículo 1210 del Código Civil dispone que “se presumirá que hay subrogación: …/…. 2º Cuando un tercero, no interesado en la obligación, pague con aprobación expresa o tácita del deudor. 3º Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvo los efectos de la confusión en cuanto a la porción que le corresponda”.

¿Qué opinan las empresas sobre ampliar el plazo de pago legal si hay cesión de la deuda a un tercero?

Mario Cantalapiedra – Economista

Una de las novedades interesantes que incluye el Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, es la opinión de las empresas acerca de la posibilidad anunciada por el Gobierno, a través del anteproyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial, de ampliar los plazos máximos de pago legales cuando haya acuerdo entre acreedor y deudor para ceder la deuda comercial a un tercero, quien abonaría las facturas en plazo legal.

En concreto, el anteproyecto prevé modificar la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, introduciendo un nuevo apartado 5 en su artículo 4, el que hace referencia a la determinación del plazo de pago, con la siguiente redacción:

5. Se podrán ampliar los plazos máximos de pago previstos en la Ley cuando acreedor y deudor acuerden ceder el crédito o la deuda a un tercero siempre que ello reporte para el acreedor el cobro dentro del plazo máximo legalmente establecido.”

Luego esta posible modificación permitiría ampliar el plazo de pago por encima de los 60 días fijados legalmente, siempre que se cediera la deuda a un tercero, como ocurre, por ejemplo, en el confirming bancario, donde el acreedor cede el crédito comercial que ostenta frente al deudor a una entidad bancaria, adelantando su cobro a cambio del pago de unos intereses y unas comisiones.

Lo cierto es que, tal como está redactada, la medida parece confundir plazos de pago con medios de pago y de ahí que haya generado polémica. Los datos del Estudio reflejan que la mayoría de las empresas, el 60 por ciento de la muestra, estaría de acuerdo con esta propuesta siempre que no acarreara costes adicionales. Por su parte, un 25 por ciento la rechaza de pleno, mientras que el 14 por ciento restante se muestra conforme con ella, sin matices. La duda que debe despejarse si la propuesta decide llevarse adelante es quién asumirá los costes financieros del aplazamiento por encima del plazo legal, si los soportaría el acreedor o podría hacerlo el deudor, esta es la clave. En este sentido, considero que el medio de pago que se utilice no debe ir nunca en perjuicio del derecho del acreedor a cobrar sus facturas dentro del plazo marcado por la Ley.

Las empresas declaran una mejora en la cultura de pagos de las administraciones públicas

Mario Cantalapiedra – Economista

De los datos presentados por el Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, parece desprenderse una mejora en la cultura de pagos de las administraciones públicas. Así puede verse como un 28 por ciento de las empresas encuestadas declara que sus plazos de pago se han reducido, mientras que un 7 por ciento adicional señala que, a pesar de no observar cambios significativos en los plazos que se pactan, la Administración acepta antes sus facturas. Por su parte, un 21 por ciento de las empresas proveedoras de la Administración no percibe cambios en los plazos de pago, sin embargo, sí reconoce los efectos positivos que los distintos planes de pago a proveedores impulsados por el Gobierno han tenido en la liquidación de la deuda antigua. El grupo más amplio, formado por el 44 por ciento restante, no percibe ningún cambio en los plazos de pago de las administraciones públicas, no obstante, este porcentaje es diez puntos más bajo que hace un año.

Interrogadas las empresas que operan en España por la incidencia de los niveles de impago en el ámbito de las administraciones públicas, el 74 por ciento del total declara mantener una tasa de impago inferior al 4 por ciento de su facturación (nivel adecuado de riesgo, según el Estudio), cuando en la primavera de hace un año solamente un 63 por ciento de las empresas mantenía dicho nivel. Por su lado, el 11 por ciento de los proveedores de la Administración soporta una tasa de impago por encima del 10 por ciento respecto al volumen de sus operaciones (nivel de riesgo extremo, según el Estudio), pero, en este caso, también hay una mejora de cinco puntos con respecto a los niveles de la primavera de 2013.

Los esfuerzos realizados desde lo público a través de los distintos planes de pago a proveedores, así como a través de las medidas legislativas introducidas para que las administraciones públicas paguen las facturas a sus proveedores dentro de los treinta días siguientes a la fecha de conformidad con los bienes entregados o los servicios prestados, empiezan a dar sus frutos. Como ya he comentado en anteriores ocasiones, si lo que se desea es que la cultura del pago de las facturas a plazo razonable (legal) se extienda por el tejido empresarial español, las administraciones públicas son las primeras que deben predicar con su ejemplo.

Análisis del Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Séptimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, realizado por Crédito y Caución e Iberinform con el soporte académico del IE Business School, muestra por vez primera desde que se inició la investigación, allá por la primavera de 2011, una mejora en muchos de los parámetros que miden el riesgo de crédito comercial. En esta ocasión, el trabajo de campo que alimenta la muestra ha sido realizado entre los meses de febrero y marzo de 2014, a través de la información facilitada por 347 profesionales relacionados con la gestión del riesgo de clientes en sus respectivas empresas.

Entre los resultados presentados, destaca la reducción del porcentaje de empresas que declara haber sufrido algún impago significativo en los últimos doces meses, hasta el 43 por ciento del total, el mejor dato, con mucho, de la serie histórica. El principal motivo por el que los clientes retrasan el pago sigue siendo la falta de disponibilidad de fondos, citado por el 75 por ciento de los encuestados, la falta de liquidez sigue haciendo daño a nuestro tejido empresarial. A continuación se menciona la falta de formalidad de los clientes, con un 45 por ciento de las respuestas. Los demás motivos (incidencias del sistema bancario, complejidad del procedimiento, disputa comercial sobre la calidad, facturación incorrecta, productos o servicios erróneos, etcétera) quedan ya a mucha distancia.

También creo que merece subrayarse la reducción significativa de los plazos de pago entre empresas en España. De este modo, solamente el 22 por ciento declara pactar pagos por encima de los 90 días, siendo el porcentaje más bajo de la serie histórica. No obstante, el porcentaje de compañías que afirma trabajar con plazos inferiores a 60 días, es decir, dentro del plazo legal vigente, es todavía relativamente modesto, en concreto, el 34 por ciento del total. El mayor número de empresas (43 por ciento) trabaja con plazos que van entre los 60 y los 90 días. De cara al ejercicio en curso, las empresas encuestadas prevén mejorar los plazos de pago, de tal modo que el 39 por ciento cree que trabajará por debajo de los 60 días y únicamente un 19 por ciento estima que lo hará por encima de los 90 días. Luego, se observa una mejoría en los plazos de pago, una tendencia positiva que esperemos se confirme en los próximos meses.

El anteproyecto de Ley del Código Mercantil establece un sistema de liquidación de la sociedad por falta de activos que dificulta la reclamación de responsabilidad patrimonial de los administradores societarios

El día 30 de mayo de 2014 el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, que pretende sustituir el vigente Código de Comercio, que data del Siglo XIX, y refundirlo con la más reciente Ley de Sociedades de Capital y parte de la Ley Concursal, de suerte que el texto aborde una regulación integral de la extensa y prolija relación de relaciones mercantiles/societarias.

Dentro de su articulado, el texto del Anteproyecto establece un nuevo régimen de liquidación de la sociedad denominado liquidación por falta de activos y que consistirá, en caso de promulgarse la Ley, en lo siguiente:

  1. Si los administradores de una sociedad de capital detectan la existencia de causa de disolución por falta de activos podrán otorgar una escritura notarial de liquidación, en la que habrán de incluir un informe sobre la actividad de los últimos dos años, los créditos satisfechos en dicho período y los créditos pendientes y las operaciones de liquidación.
  2. El notario procederá a la inscripción de dicha escritura en el Registro Mercantil y a partir de ese momento no será posible instar el concurso ni exigir la responsabilidad patrimonial de los administradores societarios por parte de accionistas ni acreedores.
  3. Transcurrido un mes desde la publicación de la escritura de liquidación se declarará extinguida la sociedad por el Registrador, lo que supondrá la extinción de los créditos no satisfechos aunque no de las garantías personales y avales prestadas por los administradores.
  4. Dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la escritura de liquidación cualquier persona legitimada (accionistas o acreedores) podrá solicitar el nombramiento de un experto que determine si es correcta y legal la liquidación efectuada la escritura. El experto ha de ser un economista, auditor o letrado que cumpla los requisitos para ser administrador concursal. Sus honorarios correrán de cuenta del solicitante y le serán abonados o no dependiendo del resultado positivo o negativo de su labor de investigación sobre la incorrección de la escritura de liquidación.
  5. En caso de que el informe sea positivo se remitirá al Juzgado el informe y la escritura de liquidación como documentos suficientes para abrir el concurso voluntario de acreedores en el que el perito que elaboró el informe habrá de ser nombrado Administrador Concursal.

En mi opinión esta normativa, amén de entrar en cierto modo en colisión con la figura de la mediación mercantil previa al concurso de acreedores aprobada hace apenas 4 meses, dificulta, encarece y limita las posibilidades del acreedor de exigir la responsabilidad patrimonial de aquellos administradores societarios que han incumplido las obligaciones inherentes a su cargo, ya que hace estas obligaciones mucho más laxas.

Entre otras cosas, incluso para poner en duda una liquidación arbitraria o que no se corresponda con la realidad y poder exigir ya no la responsabilidad personal de los administradores sino un concurso de acreedores en el que se proceda a la liquidación ordenada de los bienes, el acreedor, para evitar ver cómo su crédito se esfuma por una simple escritura elaborada unilateralmente por el deudor y que en muchos casos podrá estar falseada, deberá, por un lado, estar pendiente de todos y cada uno de sus clientes a fin de evitar que se le pasen los 20 días desde que se haya publicado la escritura de liquidación y, por otro, desembolsar anticipadamente los gastos del nombramiento de un experto que determine si la liquidación es correcta o no lo es y ha de sustanciarse el concurso.

En mi opinión este régimen, en caso de que se apruebe la Ley en estos términos, facilita notablemente las posibilidades del administrador societario de eludir las responsabilidades patrimoniales en que haya incurrido y ello en una coyuntura económica en la que desaparecen empresas por falta de activos cada día.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGM Abogados – Responsable Comisión Morosidad Asset