Las compensaciones o el negocio indirecto de la entidad de crédito con la empresa

Mario Cantalapiedra – Economista

La rentabilidad que obtiene una entidad de crédito en el negocio con la empresa puede tener una procedencia tanto directa como indirecta. Cuando una entidad financiera ofrece una operación de activo a una compañía que busca financiación (línea de crédito, préstamo, etcétera), lo que le supone asumir un riesgo con ella, y le cobra unos intereses o unas comisiones, está obteniendo una rentabilidad directa. Del mismo modo, si percibe una comisión de administración por los apuntes realizados en una cuenta corriente abierta a favor de la empresa, estaría obteniendo un beneficio directo, aunque en este caso originado en una operación de pasivo,sin riesgo para la entidad de crédito.

Pero además de este negocio directo, la entidad puede obtener una rentabilidad indirecta por disponer del dinero de la empresa durante cierto tiempo sin coste. Por ejemplo, cuando la empresa le domicilia sus seguros sociales o el pago de un impuesto, transcurren unos días desde que se produce el cargo en cuenta, en fecha valor, hasta que se liquida el importe correspondiente al destinatario final, bien sea la Tesorería General de la Seguridad o la administración tributaria correspondiente. Durante este tiempo, la entidad de crédito puede disponer del dinero y obtener una rentabilidad por el mismo. Algo parecido sucede cuando la entidad recibe una cantidad a favor de la empresa, por ejemplo, el ingreso de un cheque de otra entidad y no lo abona en su cuenta, con fecha valor, hasta dos días después. Luego la aportación de estas compensaciones lleva a que la entidad de crédito aumente su margen de beneficio con la empresa. También a las entidades financieras les interesan las compensaciones como los impuestos o los seguros sociales, porque el pago a través de ellas puede suponer utilizar líneas de crédito.

Dentro de estas operaciones de compensación, que generan negocio indirecto a la entidad financiera, pueden incluirse otras como la cesión de la gestión de cobros y pagos en operaciones de comercio exterior o la apertura de cuentas por parte de los trabajadores (a los cuales les puede interesar tener domiciliada su nómina en la misma entidad con la que opera su compañía). En cualquier caso, las compensaciones son elementos a tener muy en cuenta por los gestores de la empresa en las distintas negociaciones que entablen con las entidades de crédito.

 

 

 

 

¿Qué ocurre si la Junta general no aprueba las cuentas anuales?

Mario Cantalapiedra – Economista

La legislación mercantil vigente en España impone a las sociedades la obligación de depositar sus cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, memoria y, en su caso, estado de flujos de efectivo) debidamente aprobadas por la Junta general en el Registro Mercantil, de tal modo que si transcurre un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado este depósito, no se permitirá inscribir ningún otro documento en el Registro a la sociedad incumplidora. Como excepción podrá inscribir determinados documentos tales como el cese o dimisión de Administradores, Gerentes, Directores generales o Liquidadores, la revocación o renuncia de poderes, la disolución de la sociedad, el nombramiento de liquidadores y los asientos ordenados por la Autoridad judicial o administrativa. Cabría la posibilidad también de que el incumplimiento motivara la imposición de una multa por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Pero, ¿qué ocurre si la Junta general no aprueba las cuentas anuales?:

En este caso, si las cuentas no se depositan por no estar aprobadas por la Junta general, no se procederá al cierre registral siempre que se acredite esta circunstancia mediante una certificación del órgano de administración, con firmas legitimadas, en la que se exprese la causa de la falta de aprobación, o mediante una copia autorizada del acta notarial de dicha Junta general en la que conste que las cuentas no han sido aprobadas. Es importante señalar que para impedir el cierre registral, la certificación, o en su caso la copia del acta notarial, deberá presentarse en el Registro Mercantil antes de que transcurra un año desde la fecha del cierre del ejercicio social. Además deberá justificarse la permanencia de la situación de no aprobación cada seis meses por alguno de los medios especificados (certificación o copia autorizada del acta notarial). Dichas certificaciones y actas, tanto las iniciales como las que reiteren la subsistencia de la falta de aprobación, serán objeto de inscripción y publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

A pesar de que la Junta general no haya aprobado las cuentas anuales correspondientes a un determinado ejercicio y acredite cada seis meses que sigue sin aprobarlas, no desaparece la obligación para la sociedad de depositar las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios siguientes.

Información que las entidades de crédito han de presentar sobre las comisiones

Mario Cantalapiedra – Economista

Las comisiones bancarias son los importes que las entidades de crédito cobran en compensación por los servicios que prestan, solicitados en firme o aceptados expresamente por sus clientes. Antiguamente las entidades tenían la obligación de registrar las comisiones máximas que iban a cobrar en el Banco de España, pero ese requisito desapareció y ahora basta con que informen de las comisiones habitualmente aplicadas a los servicios bancarios prestados con mayor frecuencia. A estos efectos, conviene que sepas lo siguiente:

La información sobre comisiones que presente la entidad de crédito, en un formato unificado establecido por el Banco de España, debe incluir, de manera sencilla y de tal modo que se facilite la comparación con otras entidades, los conceptos que las devengan, la periodicidad con que se aplican y el importe de las mismas de manera desagregada por periodo en que se apliquen. Estos datos deben estar a disposición de los clientes en todos los establecimientos comerciales de la entidad, en sus páginas de Internet y en la web del Banco de España, siempre de forma gratuita y deben actualizarse con carácter trimestral.

Asimismo la regulación legal dispone que si el servicio bancario se presta a través de un medio de comunicación a distancia o de un cajero automático, la entidad debe indicar mediante un mensaje claro, perfectamente perceptible y gratuito, la comisión aplicable por cualquier concepto y los gastos a repercutir. Además una vez que se ha recibido la información, el cliente debe tener la posibilidad de renunciar a realizar la operación si así lo desea, también de modo gratuito. En el caso de que el servicio bancario se preste a través de un cajero automático o de un dispositivo similar y la entidad emisora del medio de pago, por ejemplo, una tarjeta de crédito, sea diferente de la titular del cajero, se puede sustituir la información anterior por el valor máximo de la comisión y demás gastos adicionales que puede conllevar la operación. El cajero automático deberá informar que el importe finalmente cargado en cuenta puede ser inferior, dependiendo de las condiciones que se tengan acordadas con la entidad emisora de la tarjeta. En cualquier caso, deberá aparecer en lugar visible un teléfono para que puedan solucionarse las incidencias.

La regulación legal de la información sobre comisiones bancarias la puedes encontrar en la Orden EHA/2899/2011, así como en la Circular 5/2012 del Banco de España que la desarrolla.

Siete medidas para facilitar el traslado de cuentas bancarias entre entidades

Mario Cantalapiedra – Economista

La crisis financiera está llevando a que muchas personas se replanteen su relación con las entidades de crédito con las que venían trabajando, busquen nuevas alternativas y, en ocasiones, cambien de entidad. Si este es tu caso, debes saber que existen unos principios comunes para el traslado de cuentas bancarias de clientes que, dentro del ámbito nacional, deseen cambiar la cuenta a través de la que realizan y reciben pagos de una entidad de crédito a otra. En concreto, son aplicables a personas físicas que en los contratos de servicios de pago (adeudos y órdenes de transferencias) con entidades de crédito actúan con fines ajenos a su actividad económica, comercial o profesional, y tratan de conseguir que el traslado de cuenta sea ágil, rápido y, en la mayoría de las ocasiones, gratuito. Permiten, por ejemplo, que puedas dirigirte a la nueva entidad elegida para que se ocupe de todo el proceso si no deseas ir a la antigua.

Dentro de estos principios, se recogen siete medidas que tratan de facilitar el traslado de cuenta y fijar sus condiciones:

1. La entidad de crédito antigua no puede cobrarte comisiones por la cancelación de la cuenta, salvo si la antigüedad de la misma es inferior a un año.

2. Puedes acceder gratuitamente a la información general relativa al traslado, así como a tu información personal que sea necesaria para llevar a cabo el mismo (órdenes de transferencia permanentes y adeudos por domiciliaciones), si dicha información puede ser obtenida por la entidad de crédito a través de un proceso automatizado y no se retrotrae en el tiempo más de 13 meses.

3. Las comisiones por el traslado, en el caso de que sean aplicables (antigüedad inferior al año), deberán ser apropiadas y estar en consonancia a los costes que soporta la entidad por ofrecer el servicio. El banco tendrá que haberte comunicado previamente estas comisiones junto a la información relativa a tu cuenta.

4. No debes soportar comisiones derivadas de errores que puedan cometerse en el proceso de traslado entre entidades.

5. Tampoco debes estar sujeto a ningún retraso injustificado en el traslado que se deba a las entidades de crédito.

6. La entidad de crédito antigua deberá entregar la información de que disponga, para identificar las órdenes permanentes de transferencia y las domiciliaciones existentes en la antigua cuenta, en el plazo máximo de siete días laborables desde la recepción de la solicitud.

7. La entidad de crédito nueva establecerá las órdenes de transferencia permanentes y aceptará los adeudos por domiciliaciones con cargo a la nueva cuenta, notificando el cambio, en su caso, a los emisores de adeudos (compañías eléctricas, compañías telefónicas, etcétera), en el plazo máximo de siete días hábiles desde la recepción de toda la información relevante.

Por otro lado, si deseas cancelar la cuenta antigua deberás también devolver al banco las tarjetas de pago, los cheques no utilizados y, en su caso, la libreta.

En la web de la Asociación Española de Banca (AEB) puedes encontrar la relación de entidades de crédito que están adheridas a estos principios comunes.

Haciendo encajes de bolillos para cumplir los plazos de pago legales

Mario Cantalapiedra – Economista

Por lo que se ve algunas empresas están haciendo encajes de bolillos para cumplir “a su manera” los plazos de pago marcados por la legislación vigente contra la morosidad. Es el caso que me llega de una constructora que está ofreciendo el pago a sus proveedores a través de confirming, es decir, a través de una operación en la que una entidad financiera actúa como gestor en los pagos aplazados de la empresa a sus proveedores, pudiendo, a elección de estos últimos, anticipar el importe de las facturas tras deducir unos intereses y comisiones.

Pues bien, la constructora está ofreciendo a sus proveedores el pago mediante confirming sin recurso a 240 días, en el que no obstante, si el proveedor anticipa el importe, se compromete a devolverle mediante cheque el gasto financiero correspondiente hasta los últimos 180 días antes del vencimiento, previa justificación del mismo. Así, aparentemente, estaría respetando los 60 días de plazo máximo de pago que marca la Ley. El problema es que el efecto no es neutro para el proveedor, puesto que si bien se le restituyen los gastos financieros que sobrepasan el aplazamiento legal y ello siempre que “espere” a anticipar sus facturas justo cuando falten seis meses para el vencimiento, no ocurre lo mismo con la comisión que la entidad financiera cobra por la gestión de la operación y que, en este caso concreto, asciende al uno por ciento del importe nominal anticipado. Al menos, se podría decir que el confirming es sin recurso, es decir, que la empresa proveedora si anticipa queda liberada de cualquier responsabilidad en caso de impago, pero esto no debe ser suficiente.

El problema es que esta política de pago va en la línea de confundir medios de pago con plazos de pago, de la que ya he hablado en el blog, que, por otro lado, se apoya en la modificación de la legislación contra la morosidad prevista en el anteproyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial. De momento, el texto que se conoce prevé la posibilidad de ampliar los plazos máximos de pago legales cuando haya acuerdo entre acreedor y deudor para ceder la deuda comercial a un tercero, y siempre que ello permita al acreedor cobrar dentro del plazo legal, aunque nada se dice de quién asumiría los costes asociados a la cesión, si el deudor o el acreedor. Habrá que estar muy atentos a la aprobación definitiva, en su caso, de la modificación prevista en el anteproyecto, pero mientras tanto yo que tú me iría preparando para ver más encajes de bolillos como el comentado.

 

 

 

 

 

Ocho causas por las que debe disolverse una sociedad de capital

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital establece, en su artículo 363, las causas concretas por las que debe disolverse una sociedad de capital, en concreto las ocho siguientes:

  1. Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.
  2. Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.
  3. Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
  4. Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento. Aunque la Ley no explica los motivos concretos que pueden llevar a dicha paralización, se me ocurre, por ejemplo, el caso típico de una sociedad con dos socios que participan al 50 por ciento, y que discrepan en la manera de llevar adelante el negocio.
  5. Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.
  6. Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.
  7. Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.
  8. Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

Además la sociedad comanditaria por acciones deberá disolverse también por fallecimiento, cese, incapacidad o apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores de todos los socios colectivos, salvo que en el plazo de seis meses y mediante modificación de los estatutos se incorpore algún socio colectivo o se acuerde la transformación de la sociedad en otro tipo social.

La disolución de cualquier sociedad de capital debe inscribirse en el Registro Mercantil. En este caso, la Ley de Sociedades de Capital señala explícitamente que el registrador mercantil remitirá de oficio, de forma telemática y sin coste adicional alguno, la inscripción de dicha disolución al Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) para que sea publicada.

Breves apuntes sobre la ejecución civil en el derecho procesal español

Los títulos ejecutivos en el derecho español son los contenidos en el Capítulo I, Titulo I, Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En concreto el Artículo 517.2 de dicho cuerpo legal enumera los títulos que llevan aparejada ejecución que son tanto el título ejecutivo judicial como el extrajudicial, por lo que nuestra vigente ley procesal ha unificado el tratamiento jurídico de ambasdos tipologías de títulos.

Esta unificación en el tratamiento jurídico de los títulos que llevan aparejada ejecución es el resultado de una evolución histórica que trataré de esbozar ahora.

Desde el Fuero Juzgo hasta la Novísima Recopilación, el legislador hizo uso del “Juicio Ejecutivo” identificando la ejecución de sentencias firmes-título ejecutivo judicial- y la ejecución de títulos que llevan aparejada ejecución-los demás títulos extrajudiciales.

Es la Ley de Enjuiciamiento sobre Negocios y Causas de Comercio de 24 de Julio de 1830 – Artículos 305 a 349 – la que sustituye el nomen iuris “juicio ejecutivo” por el de “procedimiento ejecutivo”. Dicho cambio de nombre no modifica el tratamiento jurídico que sigue siendo único.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 5 de Octubre de 1855 introduce una serie de modificaciones de gran calado. Así se vuelve a la denominación “juicio ejecutivo”, pero procede a separar la regulación del proceso de ejecución, de la regulación del “juicio ejecutivo”. En concreto, regula en su título XIX, la ejecución de sentencias – el título ejecutivo judicial- por un lado, y por otro, en su título XX, las ejecuciones, incluyendo en este último el denominado juicio ejecutivo, teniendo aquí cabida todas las ejecuciones “no judiciales”.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, vigente nada más y nada menos que 118 años de nuestra historia, en concreto hasta el año 2001 reguló por separado la ejecución de sentencias a través del título ejecutivo judicial, y reguló la ejecución de otros títulos, los demás títulos extrajudiciales, a través del juicio ejecutivo.

La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/ 2000 de 7 de Enero), ha roto con esta tradición, procediendo a unificar el tratamiento procesal de los títulos judiciales (sentencias, autos definitivos…) y los títulos extrajudiciales (laudos arbitrales y acuerdos de mediación).

Lo que acabo de esbozar viene a cuento porque en la voz ciudadana está muy arraigada, sobretodo en el discurso de empresarios y comerciantes, el nomen iuris “ejecutivo” para expresar las acciones derivadas del impago de letras, pagarés y cheques fundamentalmente.

Pero el legislador ha vuelto a desterrar el “juicio ejecutivo”, en sentido estricto, en espera de futuras reformas que se produzcan.

Así en su artículo 517 dispone que “la acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución. Solo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos:

1º.- La sentencia de condena firme.

2º.- Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública.

3º.- Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, acompañadas, si fuere necesario, de los correspondientes testimonios de las actuaciones.

4º.-Las escrituras públicas.

5ª Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio que las intervenga.

6ª Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas, y los cupones, también, vencidos, de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios.

7º.- Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores.

8º.- El Auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en casos de rebeldía del acusado o de sentencia absolutoria o sobreseimiento en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor.

9º.-Las demás resoluciones procesales y documentos que, por disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución.

De las reformas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en la materia que ahora nos ocupa, creo conveniente apuntar aquí el tema de la caducidad de la acción ejecutiva.

El artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula dicha caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial, resolución del tribunal o del secretario judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, o resolución arbitral o acuerdo de mediación, caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.

Por ende, si cualquier empresario o particular dispone de una resolución judicial de condena frente a un cliente impagador,  y no se ha ejecutado hasta la fecha por falta de bienes (solvencia) del condenado al pago, debemos tener muy en cuenta la caducidad de cinco años de la acción para valorar si lo que nos interesa es activar la ejecución o dejarla morir.

Lo que fue en su día, una medida que tenía por objeto descongestionar la administración de justicia de ejecuciones, consiguió el efecto contrario, en cierto modo acumuló casos en los Juzgados a sabiendas de sus escasas posibilidades de cobro por miedo a perder su ejecutividad.