Empeoramiento de los plazos de pago entre empresas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El empeoramiento de los plazos de pago entre empresas en España, es una de las principales conclusiones que pueden extraerse del estudio sobre la “Situación de los Plazos de Pago en el B2B”, que acaba de ser presentado por las compañías Iberinform y Crédito y Caución en el marco del Observatorio de Riesgo de Crédito, que realizan en colaboración con el IE Business School.

A partir de los datos contenidos en las cuentas anuales depositadas por 79.936 empresas, correspondientes al ejercicio de 2013, se constata como el plazo medio de pago aumenta hasta los 95 días, desde los 94 de 2012. Es cierto que el aumento no resulta muy significativo, pero también lo es que no se consigue acercar la cifra a los 60 días de plazo de pago máximo que marca la legislación contra la morosidad vigente.

Desagregando el dato medio general por tamaño de empresa, se observa como el plazo de pago más elevado lo tienen las grandes compañías con 115 días en 2013, precisamente aquellas que, junto a las administraciones públicas, más deberían predicar con el ejemplo y respetar la Ley contra la morosidad. El resto de empresas están más cerca de la media, las medianas pagan a 96 días, las pequeñas a 93 y las microempresas a 96 días.

Por sectores productivos, ya te puedes imaginar el sector en el que se dilatan más los pagos si conoces algo de la problemática de la morosidad en nuestro país. Así, mientras en servicios se paga a 90 días, en el sector primario a 93 y en la industria a 102, el récord se lo lleva la construcción con 106 días de plazo medio. La verdad es que si ya parece difícil cumplir los plazos legales de pago entre empresas de un modo general, en el sector de la construcción parece algo utópico, al menos hoy en día.

El principal motivo que alegan las empresas para explicar el retraso en pagos de sus clientes con independencia del tamaño y del sector sigue siendo, al igual que en estudios anteriores, la falta de disponibilidad de fondos. Las restricciones de liquidez, enquistadas desde hace tiempo, siguen perjudicando a los plazos de pago entre empresas.

El informe presentado también muestra los resultados de una encuesta on line a 249 empresas sobre las previsiones que tienen en esta materia, tanto para el cierre de 2014 como para el próximo ejercicio. Por desgracia, las perspectivas empresariales no son buenas y se cree, de forma generalizada, que los plazos de pago seguirán estando muy alejados de los que marca la legislación vigente… la pregunta aquí es clara: ¿hasta cuándo durará esta situación?

Evolución del programa europeo de microfinanciación para el empleo y la inclusión social

Mario Cantalapiedra – Economista

La Comisión Europea acaba de publicar el último informe sobre la evolución del “Instrumento Europeo de Microfinanciación para el Empleo y la Inclusión Social” (instrumento de microfinanciación Progress), iniciado en 2010 para aumentar la disponibilidad de microcréditos que se destinen a fundar o desarrollar pequeñas empresas por parte de personas en situación de desempleo o inactivas o que tengan dificultadas para obtener un crédito convencional (mujeres, personas jóvenes o mayores, discapacitados, etcétera). Según los datos que maneja la Comisión, desde el inicio del programa y hasta el 31 de marzo de 2014, más de 20.000 personas han obtenido microcréditos, por un importe total de 182 millones de euros.

Este instrumento no financia directamente a los empresarios sino que permite a unos proveedores de microcréditos, previamente seleccionados, aumentar los préstamos. Para ello, y a través del Fondo Europeo de Inversiones, se articulan dos tipos de actuaciones distintas: la emisión de avales para compartir el riesgo con los proveedores y la financiación a estos para que aumenten los microcréditos que conceden. Un mismo proveedor puede recibir avales y préstamos, pero estos deben cubrir siempre carteras diferentes, es decir, una garantía de microcrédito no puede utilizarse para cubrir el microcrédito financiado mediante un préstamo de microfinanciación Progress.

Los proveedores de microcréditos pueden ser entidades bancarias privadas o públicas, instituciones de microcrédito no bancarias y proveedores no lucrativos y se encargan de fijar las condiciones de la financiación (importe, duración, intereses, etcétera) para los beneficiarios. En España actualmente existen cinco proveedores de microcréditos: Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença, Instituto de Crédito y Finanzas Región de Murcia (ICREF), Cajas Rurales Unidas, Fundació Pinnae y Laboral Kutxa.

En cuanto al impacto social del instrumento, el informe presentado por la Comisión señala como el 60 por ciento de los beneficiarios finales se encontraba en situación de desempleo o inactividad al solicitar la financiación y que el 36 por ciento eran mujeres. Por su parte, aunque la mayoría de los beneficiarios de préstamos pertenecen principalmente al grupo de edad de 25 a 54 años, se destaca el aumento de los que tienen menos de 25 años hasta el 5,9 por ciento del total.

Según los objetivos de la Comisión, el instrumento seguirá ofreciendo avales y financiación hasta abril de 2016, a más tardar, con el fin de mejorar la accesibilidad y la disponibilidad de la microfinanciación en la Unión Europea.

Datos que la CIRBE cede a las entidades financieras declarantes

Mario Cantalapiedra – Economista

Los datos que proporciona la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) sirven a las entidades financieras para analizar el endeudamiento de los clientes con los que ya trabajan y, en ocasiones, también de sus clientes potenciales. De este modo, para el caso de clientes actuales de la entidad, a los que les haya concedido crédito, la CIRBE remite mensualmente a cada entidad declarante (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, establecimientos financieros de crédito, Instituto de Crédito Oficial, Banco de España, Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito, sociedades de garantía recíproca, sociedades de reafianzamiento, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A y Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria), su información consolidada en todo el sistema, siempre que el cliente tenga un riesgo acumulado, a final de mes, en otra entidad declarante igual o superior a nueve mil euros.

Por su parte, para el caso de clientes potenciales, la CIRBE proporciona información de titulares no declarados que soliciten a la entidad una operación de riesgo o que figuren como obligados al pago o garantes en los documentos cambiarios (letra de cambio, pagaré, etcétera) o de crédito cuya adquisición o negociación se le soliciten. En este caso, la entidad tiene que demandar explícitamente la información al Banco de España, el cual facilitará dos tipos de informes: uno correspondiente a la última declaración mensual cerrada y otro que corresponde a la declaración cerrada seis meses antes. Esta información únicamente puede ser tratada por la entidad financiera para valorar el riesgo relacionado con las operaciones que justifican la solicitud, no pudiendo utilizarse para ningún otro fin.

Por otro lado, el Banco de España puede ceder los datos de la CIRBE a organismos o entidades públicas que cumplan funciones semejantes en un Estado miembro de la Unión Europea, así como a las entidades declarantes o miembro de los mismos, siempre que quede asegurada la sujeción, tanto del cesionario como de los datos cedidos, a reglas de uso, confidencialidad y protección de datos equiparables a los establecidos en la normativa española. Si dichos organismos o entidades están situados en un país no miembro de la Unión Europea, los datos cedidos sólo podrán referirse a personas jurídicas y a riesgos de empresarios individuales que actúen en el ejercicio de su actividad empresarial.

Riesgos declarables a la CIRBE

Mario Cantalapiedra – Economista

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es una base de datos, de carácter público, que tiene por fin recabar de las entidades declarantes (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, establecimientos financieros de crédito, Instituto de Crédito Oficial, Banco de España, Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito, sociedades de garantía recíproca, sociedades de reafianzamiento, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A y Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria) información sobre riesgos de crédito. En ella figuran los préstamos, créditos, avales y riesgos que, de un modo general, asumen las entidades de crédito con sus clientes. Cualquier persona física o jurídica que desee conocer los datos declarados a su nombre en la CIRBE puede hacerlo de forma gratuita.

Los riesgos declarables a la CIRBE se clasifican en directos, aquellos contraídos por la entidad declarante con los primeros obligados al pago, como ocurre cuando se concede un préstamo a un cliente, e indirectos, aquellos que se contraen con quienes garantizan o avalan las operaciones de riesgo directo en caso de incumplimiento de su titular, como, por ejemplo, cuando una persona respalda el crédito concedido a otra con su aval.

Las entidades deben declarar, a último día de cada mes, los riesgos de forma individualizada, es decir, operación a operación, en unidades de euro, y sin que se fije, de forma general, un umbral mínimo de declaración. Es importante reseñar este dato, porque anteriormente la declaración se efectuaba de forma agregada, por tipo de operación, en miles de euros y con un límite de 6.000 euros para los clientes residentes y de 300.000 para los no residentes. Como excepción se permite la declaración agregada cuando la operación de riesgo se trate de préstamos a plazo (siempre que su finalidad sea el consumo, el importe al iniciar la operación no excede los 3.000 euros y el plazo original sea igual o inferior a 12 meses), tarjetas de crédito, descubiertos, anticipos de pensiones o nóminas o resto de préstamos a la vista. Las entidades deben identificar para cada una de las operaciones todas las personas que intervienen en ellas, indicando la naturaleza de su intervención (titular del riesgo directo, garante, etcétera) y el importe de riesgo que les corresponde, así como todas las personas relacionadas.

La legislación vigente sobre la CIRBE la puedes encontrar fundamentalmente en la Circular del Banco de España 1/2013, de 24 de mayo (BOE de 31 de mayo).

La distinción entre inversores acreditados y no acreditados en el “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

 

Entre las medidas anunciadas dentro del Proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado tres de octubre y enviado al Parlamento para su tramitación, se incluye la distinción entre inversores acreditados e inversores no acreditados en el crowdfunding, es decir, en la financiación colectiva a través de las plataformas de Internet donde se conectan proyectos de inversión con inversores que buscan un rendimiento dinerario. Se trata de limitar quién puede invertir en este tipo de plataformas y bajo qué condiciones, de modo similar a lo que ya se hace en otros lugares como Estados Unidos o Gran Bretaña.

De este modo, los denominados inversores acreditados podrán invertir sin tope en los proyectos de crowdfunding, mientras que los no acreditados se verán afectados por una doble limitación, tanto de inversión por proyecto como considerada de forma anual. Los inversores acreditados serán los institucionales, las empresas que superen el millón de euros de activo, los dos millones de euros de cifra de negocio o los trescientos mil euros de recursos propios, así como todas las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los cincuenta mil euros al año o tengan un patrimonio financiero, es decir, una inversión en activos financieros, superior a los cien mil euros y soliciten expresamente este tratamiento. El resto de inversores, considerados no acreditados, no podrán invertir más de tres mil euros por proyecto ni más de diez mil euros al año en el total de proyectos. Además se prevé una medida de protección adicional para los inversores no acreditados, ya que deberán requerir la firma manuscrita manifestando, antes de adquirir ningún compromiso de pago, haber sido advertidos de los riesgos de este tipo de inversiones.

También sabemos que la idea del Gobierno es que las plataformas de crowdfunding sean supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con la “ayuda” del Banco de España cuando la actividad consista en la intermediación de préstamos, así como que sean transparentes a la hora de proporcionar información a los inversores. Sobre los planes iniciales de regulación anunciados por parte del Ejecutivo ha habido cambios, fundamentalmente en los restrictivos límites a la inversión que tanta polémica generaron en su día y que ahora se ven aumentados. Toca esperar al final de la tramitación parlamentaria para conocer definitivamente cuál será la primera regulación sobre crowdfunding en España.

Tres novedades que incorpora el Proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado viernes se aprobó por parte del Consejo de Ministros la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial, el cual pretender mejorar los canales de financiación de las empresas españolas, especialmente de las pymes. Entre las distintas novedades que incorpora esta legislación me gustaría destacar tres de ellas, en concreto, las que afectan al preaviso a pymes cuya financiación se cancele o reduzca, al crowdfunding y al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

1. Preaviso a pymes

Con la entrada en vigor de esta Ley, será obligatorio para las entidades de crédito preavisar a las pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o reducida de forma importante (un 35 por ciento o más), al menos con tres meses de antelación. Con ello se pretende evitar el problema con el que se están encontrando muchas empresas que ven reducidos o cancelados sus créditos, como el que dice, “de la noche a la mañana”. Esta medida por sí misma no va a solucionar el problema de financiación para las pymes, pero al menos les permitirá tener un mayor poder de reacción. Junto con este preaviso, se otorga a las pymes el derecho de obtener gratuitamente de la entidad información sobre su posición financiera, historial de pagos o calificación crediticia en el plazo de 10 días hábiles. Las empresas podrán solicitar estos datos en cualquier otro momento que no coincida con el de cancelación o reducción de financiación, petición que deberá atenderse en el plazo de 15 días y a un coste reducido.

2. Crowdfunding

El Proyecto de Ley legisla, por primera vez en España, sobre la financiación colectiva a través de las plataformas de Internet, con el doble objetivo de proteger a los inversores e impulsar esta herramienta de financiación. En cualquier caso, lo que se regula ahora son las operaciones de financiación participativa que buscan un rendimiento dinerario derivado de la financiación empresarial o de consumo, no otros tipos de crowdfunding como los relacionados con el mecenazgo o la compraventa. Se pretende garantizar que los inversores tengan acceso a información suficiente sobre la plataforma, el promotor y las características del medio financiero utilizado para captar el dinero, así como que conozcan los riesgos de este tipo de proyectos. Un elemento que quizás genere cierta polémica, es el deseo del Gobierno de incluir una doble supervisión, a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España, cuando la actividad de crowdfunding consista en la intermediación de préstamos. Habrá que ver cómo queda este tema una vez que el Proyecto de Ley sea aprobado.

3. MAB

En este caso, se pretende flexibilizar el tránsito desde el MAB hacia la Bolsa de empresas cuyo tamaño y desarrollo así lo aconseje. De este modo, las compañías que superen una capitalización, es decir, un valor de mercado, de 500 millones de euros, habrán de pasar obligatoriamente a la Bolsa.

 

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