Archivo por meses: noviembre 2014

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Comunidades autónomas a dos velocidades a la hora de pagar a sus proveedores

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Mario Cantalapiedra – Economista

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acaba de publicar los datos del período medio de pago (PMP) a proveedores de las comunidades autónomas y las entidades locales españolas, correspondientes al mes de septiembre de 2014. Según dichos datos, el PMP de las comunidades autónomas se sitúa en 42,89 días, mientras que el de las corporaciones locales alcanza los 24,84 días, lo que, de entrada, refleja claramente un peor comportamiento de las comunidades autónomas en cuanto a plazos de pago se refiere.

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Recuerdo que las administraciones públicas tienen la obligación de pagar a sus proveedores dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o los servicios prestados, debiendo tenerse en cuenta que tienen otros 30 días desde la entrega efectiva de los bienes o prestación de los servicios para aprobar dichas certificaciones o documentos acreditativos. Esto significa, que los datos publicados de PMP se refieren al período que ha transcurrido desde la fecha de conformidad. De tal modo que el PMP de 42,89 días reflejado paras las comunidades autónomas, significa que el pago a sus proveedores se produce a 72,89 días desde la fecha de entrega de los bienes o prestación de los servicios.

En cuanto a los datos desglosados por comunidad autónoma, el peor comportamiento en plazos de pago se da en Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Región de Murcia, Illes Balears, Andalucía, Cataluña y Madrid. Todas estas comunidades superan el plazo máximo legal de 30 días desde la fecha de conformidad. Es decir, de los datos presentados de 17 comunidades autónomas, nueve de ellas están por encima del plazo legal. Por su parte, las cuatro comunidades autónomas con mejor comportamiento de pago en España son Comunidad Foral Navarra, País Vasco, Canarias y Galicia. En el caso de la Comunidad Foral Navarra, inclusive el PMP publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es negativo, lo cual significa que paga a sus proveedores antes de que transcurran los 30 días máximos para dar la conformidad a las certificaciones o documentos acreditativos. En la España de las comunidades autónomas también parece que existan dos velocidades a la hora de pagar a los proveedores.


Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Las transferencias SEPA son el medio de pago más utilizado en España

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Mario Cantalapiedra – Economista

Las transferencias SEPA son actualmente el medio de pago más utilizado en España si se tiene en cuenta el importe total de las operaciones, tal como informa el Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE), el cual procesa las transacciones originadas con instrumentos de pago al por menor. La transferencia SEPA es un instrumento de pago básico que permite efectuar abonos en euros, sin límite de importe, entre cuentas bancarias de forma electrónica y automatizada. Se puede utilizar cuando las cuentas bancarias del emisor y del beneficiario se sitúan en países pertenecientes al Espacio Económico Europeo (es decir, los veintiocho países miembros de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega), y cuando las cuentas están abiertas en entidades bancarias adheridas de Suiza y Mónaco.

Pues bien, en base a los datos acumulados de enero a octubre de 2014, las transferencias SEPA representan más de la mitad del importe total de las operaciones de pago (55,43 por ciento), seguidas a gran distancia por cheques y pagarés (16,87 por ciento) y por adeudos directos SEPA (11,97 por ciento). A continuación se sitúan los anticipos (9,24 por ciento), los efectos (3,12 por ciento), los traspasos, es decir, el envío de dinero entre cuentas de una misma entidad de crédito (3,08 por ciento) y el resto de operaciones, en el que se engloban los cheques carburante, los cheques de caja y las operaciones diversas (0,3 por ciento).

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Desde el punto de vista de la gestión del riesgo de clientes, esto significa que el medio de pago más utilizado se caracteriza por dejar en la órbita del cliente la iniciativa del pago, a diferencia de otros medios como, por ejemplo, el adeudo directo donde parte del proveedor. Inclusive, es previsible que esta tendencia hacia la transferencia como medio de pago principal pueda consolidarse con la desaparición de los anticipos de crédito (C58) y las remesas de efectos (C32), que todavía permiten la financiación de algunas empresas y que pueden seguir utilizándose hasta el 1 de febrero de 2016. Es importante que los responsables de la gestión del riesgo de clientes en las empresas estén al tanto de esta evolución a la hora de planificar su estrategia.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Consejos antes de solicitar la certificación negativa de nombre o razón social

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Mario Cantalapiedra – Economista

Antes de constituir una sociedad mercantil es necesario obtener del Registro Mercantil Central, una certificación que acredite que la denominación social elegida no es idéntica a alguna de las ya existentes. Es lo que se conoce como certificación negativa de nombre o razón social. Sin ella el notario no puede autorizar la escritura de constitución o, en su caso, de modificación de denominación, cuando la sociedad desee cambiarla.

En este sentido, el Registro Mercantil Central, tratando de evitar que la solicitud de certificación resulte denegada, proporciona una serie de consejos prácticos a seguir antes de formalizar la petición:

  • Se recomienda utilizar más de una palabra en la denominación.
  • No se recomienda utilizar palabras genéricas (agencia, asociación, corporación, etcétera), en sus variantes masculinas, femeninas, singulares o plurales, porque carecen de efectos diferenciadores. El Registro Mercantil pone a disposición de los solicitantes un listado de términos genéricos que puede consultarse por Internet.
  • Añadir un número a la denominación, salvo que se acompañe de algún término significativo como, por ejemplo, “nº de calle” o “fundada”, no tiene suficiente efecto diferenciador.
  • Los nombres de las Comunidades Autónomas, Provincias, Ciudades, Municipios y Pueblos añadidos a una denominación no son elementos diferenciadores.
  • Incluir en la denominación una marca conocida impide su concesión, salvo que exista autorización del titular de la misma.
  • Los dominios de Internet (.es, .com, .net, etcétera) no se pueden incluir en la denominación.
  • Diferenciar la denominación solicitada de otra ya reservada mediante letras solas o combinadas con números, que no tengan un significado especifico, es insuficiente para obtener otra nueva.
  • Está legalmente prohibido incluir en la denominación el anagrama de la empresa.
  • Una denominación reservada en cualquiera de las lenguas españolas o extranjeras imposibilita conceder igual denominación en otra lengua.
  • La semejanza fonética entre la denominación solicitada y otra ya reservada, aunque su significado sea distinto, dificultará la concesión de la nueva.
  • Cambiar el orden de las palabras de la denominación solicitada respecto de otra ya reservada no constituye elemento diferenciador.
  • Por último, la denominación social y la marca o nombre comercial no tienen por que coincidir, puesto que sus ámbitos de actuación son distintos. De este modo, la denominación tiene relevancia exclusivamente en las operaciones jurídicas de la sociedad, mientras que la marca o el nombre comercial se utilizan en publicidad, rótulos, relaciones con la clientela, etcétera.
Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Cinco requisitos que ha de cumplir la información de las cuentas anuales

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Mario Cantalapiedra – Economista

Las cuentas anuales son el conjunto de estados contables que de forma periódica (una vez al año), debe presentar todo empresario que revista la forma jurídica de sociedad para informar a los interesados en conocer la evolución de la empresa. Comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, el cual solamente es obligatorio para las empresas que cumplimenten el modelo normal de balance, es decir, compañías de gran dimensión.

La normativa contable señala como los documentos que forman las cuentas anuales son una unidad y deben ser redactados con claridad, de forma que la información que proporcionan sea comprensible y útil para los usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas, debiendo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales. Más en concreto, la información incluida en las cuentas anuales debe ser:

  1. Relevante

Útil para tomar decisiones económicas o, lo que es lo mismo, que ayude a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros de la empresa, o a confirmar o corregir evaluaciones que hayan sido realizadas con anterioridad. En particular, para cumplir este requisito, las cuentas anuales deben mostrar adecuadamente algo a lo que se da especial importancia en este blog, como son los riesgos a los que se enfrenta la empresa.

  1. Fiable

Libre de errores materiales y neutral, es decir, libre de sesgos, de tal modo que los usuarios puedan confiar en que dicha información es la imagen fiel de lo que se pretende representar.

  1. Íntegra

Debe contener de forma completa todos los datos que pueden influir en la toma de decisiones, sin ninguna omisión de información significativa.

  1. Comparable

Ha de permitir contrastar la situación y rentabilidad de la empresa en el tiempo y con otras empresas. Para ello, las transacciones y demás sucesos que se producen en circunstancias parecidas deben ser tratados de un modo similar.

  1. Clara

Se trata de que los usuarios de las cuentas anuales, que tengan un conocimiento razonable de las actividades económicas, la contabilidad y las finanzas empresariales, mediante un examen de su información, puedan formarse juicios que les faciliten la toma de decisiones. Es decir, para aprovechar la información de las cuentas anuales de una empresa, conviene tener ciertos conocimientos financieros.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Siete deberes de los administradores de las sociedades de capital

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Mario Cantalapiedra – Economista

Con respecto a la responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital (anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones), la Ley de Sociedades de Capital señala que son responsables frente a la sociedad, los socios y los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley, de modo general, o a los estatutos de la sociedad o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño de su cargo. En lo que se refiere a cuáles son estos deberes en concreto, los artículos 225 al 232 de la mencionada Ley recogen los siete siguientes:

1. Deber de diligente administración

Los administradores han de desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario, debiendo informarse, también de modo diligente, de la marcha de la sociedad.

2. Deber de lealtad

Han de actuar como representantes leales en defensa del interés de la sociedad, cumpliendo los deberes impuestos por leyes y estatutos.

3. Prohibición de utilizar el nombre de la sociedad y de invocar la condición de administrador

Estos representantes no pueden utilizar el nombre de la sociedad ni invocar su condición de administradores de la misma para realizar operaciones por cuenta propia o de personas a ellos vinculadas.

4. Prohibición de aprovechar oportunidades de negocio

Los administradores no pueden realizar, en beneficio propio o de personas vinculadas a ellos, operaciones ligadas a los bienes de la sociedad, de las que tengan conocimiento con ocasión de ejercicio del cargo cuando la operación haya sido ofrecida a la sociedad o esta tenga interés en ella, siempre que la sociedad no haya desestimado la operación sin mediar influencia del propio administrador.

5. Situaciones de conflicto de intereses

Los administradores deben comunicar al consejo de administración, a los otros administradores o a la junta general, cualquier situación de conflicto que puedan tener con el interés de la sociedad, debiendo abstenerse de intervenir en los acuerdos relativos a la operación a que el conflicto se refiera. También deben comunicar la participación, directa o indirecta, que tengan ellos o personas vinculadas a ellos en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, y comunicar los cargos o funciones que en ella ejerzan. La sociedad de capital ha de informar de estas situaciones de conflicto en la memoria de sus cuentas anuales.

6. Prohibición de competencia

Los administradores no pueden dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social salvo autorización expresa de la sociedad, mediante acuerdo de la junta general.

7. Deber de secreto

Los administradores deben guardar secreto de las informaciones que conozcan como consecuencia del ejercicio de su cargo, incluso después de cesar en el mismo. No se permite ni comunicar estos datos a terceros ni divulgarlos cuando puedan perjudicar el interés social. Se exceptúan los supuestos en los que las leyes permitan su comunicación o divulgación, o que sean requeridos o hayan de remitirse a autoridades de supervisión.

Colaboradores, Mario Cantalapiedra (Economista)

Cuatro actividades que se consideran blanqueo de capitales

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Mario Cantalapiedra – Economista

En momentos en los que las noticias sobre corrupción política parecen no dar tregua a los sufridos ciudadanos, parece conveniente repasar aquellas actividades que, según la legislación vigente en España, son consideradas blanqueo de capitales. Hay que señalar que la lucha contra este problema se desarrolla de forma represiva, puesto que se considera un delito que debe ser investigado y perseguido por el Ministerio del Interior a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como por las fiscalías y órganos judiciales. No obstante, también debe lucharse contra el blanqueo de forma preventiva, procurando que los activos de origen delictivo no lleguen al sistema financiero, para lo cual se impone a determinados sujetos, entre ellos las entidades de crédito, obligaciones específicas que tratan de identificar este tipo de actividades.

En cuanto a las actividades que se consideran blanqueo de capitales, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, señala las cuatro siguientes:

  1. La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
  2. La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
  3. La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
  4. La participación en alguna de las actividades mencionadas en los tres punto anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

Según la Ley 10/2010, se entiende por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos (materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles) cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública. Además se considera que existe blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro estado.

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