Cuatro comisiones bancarias habituales al utilizar cheques

Mario Cantalapiedra – Economista

Un cheque es un medio de pago bancario que permite a su poseedor recibir una cantidad determinada de dinero contra los fondos que mantiene en una entidad bancaria la persona que lo firma. La utilización de este medio de pago puede motivar la aparición de una serie de comisiones bancarias, entre ellas son habituales las cuatro siguientes:

1. Comisión por compensación o negociación

Responde al servicio que presta la entidad bancaria en la que es ingresado el cheque por gestionar su cobro ante la entidad librada donde tiene la cuenta el firmante. La paga la persona que presenta el cheque al cobro y suele consistir en un porcentaje del importe nominal, con un mínimo por operación.

2. Comisión por devolución

Cuando un cheque no se paga se produce su devolución. En este caso, el banco cobra a la persona que ha presentado el cheque al cobro un porcentaje del importe nominal, con un mínimo, aunque el coste suele ser bastante más elevado que en el caso de la negociación. A lo mejor si en España emitir un cheque sin fondos fuese considerado delito como ocurre en otros países, caso de Estados Unidos, esta comisión no sería tan significativa.

3. Comisión por conformidad

Surge cuando el emisor pide a la entidad bancaria que muestre conformidad al cheque o, lo que es lo mismo, que garantice la existencia de fondos y que será pagado. En este caso, la entidad anota en el cheque la palabra conformado, certificado o similar y lo firma. La comisión suele tarifarse como un porcentaje del nominal, con un mínimo, pero, en este caso, es el emisor del cheque el que debe afrontar su coste.

4. Comisión por gestión del protesto

 En caso de que el cheque sea impagado, antes de hacer cualquier reclamación, la persona que lo tiene en su poder debe acreditar esta circunstancia, lo que se conoce como protesto, a través de una de las siguientes opciones que le supondrán el pago de una comisión:

  • Si el cheque se ha presentado al cobro a través de otra entidad bancaria distinta de la librada, es dicha entidad quien efectúa la declaración de impago en nombre del Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE), cobrando al presentador la correspondiente comisión (generalmente un porcentaje del nominal, con un mínimo).
  • Si el cheque se ha presentado al cobro directamente ante la entidad librada, es esta la que hace la declaración de impago y cobra la comisión al presentador (de nuevo, un porcentaje del nominal, con un mínimo).
  • Si se acude a un notario (protesto notarial) se repercuten al presentador los gastos ocasionados por esta gestión, normalmente una cantidad fija.

 

¿Por qué reduce realmente su financiación el ICO para 2015?

Mario Cantalapiedra – Economista

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) acaba de anunciar cuál será su política de financiación para el presente ejercicio de 2015. Recuerdo que el ICO es un banco público, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Pues bien, su objetivo de concesión de crédito para este año asciende a 14.000 millones de euros. La cifra puede parecer importante, pero representa un 34,8 por ciento menos que en 2014, donde los créditos otorgados por esta institución ascendieron a 21.469 millones de euros. Según se argumenta desde el banco público, las mejoras de las condiciones de financiación de la economía española permiten esta reducción, es decir, se piensa que su papel ha de ser sustituido progresivamente por las entidades de crédito privadas más propensas ahora a prestar a las empresas. De este modo, el ICO habría actuado como soporte financiero de las pymes durante las fases más agudas de la crisis, cuando el crédito bancario privado era muy escaso, y ahora tocaría ceder parte del testigo a dicho sector financiero privado.

El ICO ha firmado con la banca las líneas de financiación para 2015, con un mayor énfasis en la financiación de actividades del sector exterior y consolidando su aportación en el ámbito de garantías. Las entidades financieras que han suscrito el acuerdo han sido precisamente las más activas en la concesión de préstamos ICO el año pasado, en concreto, las diez siguientes: Banco Popular, Banco Santander, Banco Sabadell, BBVA, Bankia, La Caixa, Bankinter, Ibercaja, Bantierra y Targobak.

Otro objetivo del ICO para 2015 es el de potenciar el capital riesgo a través de FOND-ICO Global, primer fondo de fondos público de capital riesgo creado en España, que persigue mejorar la financiación no bancaria de las pymes españolas, tratando de conseguir que estén más capitalizadas y no dependan tanto del crédito bancario. Para 2015 se prevén dos convocatorias en las que participarán 11 fondos de inversión y en las que el ICO aportará 400 millones de euros.

La duda es si esta importante reducción del crédito otorgado por el ICO a través de sus líneas financieras, responde únicamente a las perspectivas de mejora de la financiación bancaria privada, o también influyen en ella otros motivos como bien pudiera ser el de la morosidad. En este sentido y según se hacía eco recientemente el diario El Mundo, el ICO habría tenido que provisionar cerca de 200 millones de euros ante el posible impago del 35 por ciento de los créditos otorgados a través de su línea ICO Directo, cifra verdaderamente alta si la comparamos con la media de morosidad soportada por el sector bancario en nuestro país. Luego, ¿solamente cambio de ciclo o hay algo más en esta decisión tomada por el ICO?

Tres medidas para mejorar la relación entre empresa y Administración Pública

Mario Cantalapiedra – Economista

En no pocas ocasiones las empresas se quejan de lo difícil que resulta relacionarse con los distintos estratos que forman parte de la Administración Pública en España. Entre los aspectos que dificultan esta relación, desde el punto de vista de las empresas, destacan los de la complejidad y lentitud de los procedimientos administrativos, la necesidad de volver a presentar documentación previamente aportada o la cantidad de cambios normativos que, afectando al tejido empresarial, son publicados con cuentagotas por el legislador a lo largo del año.

Precisamente el Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, impulsado por el Gobierno y que regulará, de ser finalmente aprobado, las relaciones externas entre la Administración y sus administrados, quiere incidir, entre otros, en la solución de los problemas anteriores, para lo cual prevé las siguientes medidas:

  1. Las empresas (personas jurídicas) estarán obligadas a relacionarse con todas las administraciones públicas a la hora de realizar cualquier tipo de trámite administrativo a través de medios electrónicos, algo que ya viene sucediendo en las relaciones de este tipo que se establecen con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social. En este sentido, las empresas podrán otorgar poderes electrónicamente a sus representantes para que realicen dichos trámites en su nombre, para lo que contarán con un registro electrónico de apoderamientos a su disposición.
  2. Por regla general, no se exigirán a las empresas documentos que hayan sido presentados anteriormente ante la Administración o hayan sido elaborados por ella como, por ejemplo, licencias o autorizaciones ya expedidas.
  3. En el ámbito estatal y como ya ocurre en otros países europeos, se establecerán unas fechas comunes de entrada en vigor de las normas que afecten a las empresas, a principio y mitad del ejercicio. En concreto, se prevén los días 2 de enero y 1 de julio de cada año. Con ello se persigue facilitar el conocimiento y la correcta aplicación por parte de las empresas de los cambios normativos, sin que se tenga que estar analizando, cada semana, el Boletín Oficial del Estado (BOE) en búsqueda de novedades. Esta regla general solamente podrá exceptuarse en determinadas circunstancias, como cuando el comienzo de la vigencia venga exigida por otras normas, nacionales o europeas, preexistentes.

Puedes consultar el texto íntegro del Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas aquí.

12 requisitos a la hora de formular las cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

Las cuentas anuales deben ser formuladas atendiendo a una serie de requisitos que tienen en cuenta aspectos tales como periodicidad, plazo de formulación, estructura, expresión monetaria, etcétera. A partir de lo establecido en la tercera parte del Plan General de Contabilidad pueden distinguirse los 12 requisitos siguientes:

  1. Las cuentas anuales han de ser elaboradas con una periodicidad de doce meses, salvo en los casos de constitución, modificación de la fecha de cierre del ejercicio social o disolución.
  2. Deben ser formuladas por el empresario o los administradores, quienes responden de su veracidad, en el plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio. A estos efectos, deben expresar la fecha en la que se formulan y firmarse por el empresario, por todos los socios ilimitadamente responsables por las deudas sociales, o por todos los administradores de la sociedad. Si falta la firma de alguno de ellos hay que indicar la causa concreta en cada uno de los documentos en los que falte.
  3. Los documentos que integran las cuentas deben estar identificados, indicándose claramente en cada uno de ellos su denominación (por ejemplo, cuenta de pérdidas y ganancias), la empresa a la que corresponden y el ejercicio al que se refieren.
  4. Las cuentas se elaboran expresando sus valores en euros. No obstante, pueden expresarse en miles o millones de euros cuando la magnitud de las cifras lo aconseje, debiendo hacerse constar tal extremo.
  5. A efectos de comparación, en cada partida deben figurar además de las cifras del ejercicio que se cierra las correspondientes al ejercicio anterior.
  6. No deben figurar partidas que no tengan ningún importe ni en el ejercicio que se presenta ni en el anterior.
  7. No puede modificarse la estructura de las cuentas de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales que, en su caso, han de ser indicados en la memoria.
  8. Pueden añadirse nuevas partidas cuyo contenido no esté previsto en los modelos de cuentas anuales existentes.
  9. Pueden hacerse subdivisiones más detalladas de las partidas.
  10. Pueden agruparse partidas si representan un importe irrelevante para mostrar la imagen fiel o si con ello se gana en claridad.
  11. Cada partida debe llevar una referencia cruzada a su correspondiente información dentro de la memoria, cuando proceda.
  12. Los créditos, deudas, ingresos y gastos referidos a empresas del grupo y asociadas deben figurar de forma independiente.

12requisitos

 

El recurso de Apelación y la oposición al recurso e impugnación de la resolución apelada.

El Recurso de Apelación:

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, regula los recursos de una forma sistemática, en concreto, establece que: A/ frente a las Providencias cabe el llamado recurso de reposición; B/ frente a los Autos, cabe el recurso de reposición, también el de Apelación, el extraordinario por infracción procesal y el de queja, concretándose el ámbito de cada uno de ellos en función de si la resolución impugnada es o no definitiva, de acuerdo con lo regulado en el Artículo 207 de la Lec; y finalmente… C/ frente a las sentencias, cabe el Recurso de Apelación, el extraordinario por infracción procesal, el de casación, y el llamado recurso en interés de la ley.

El recurso de Apelación, regulado en los Artículos 455 a 465 de la LEC lo definimos como un medio de impugnación ordinario, devolutivo, suspensivo, y en ocasiones, subsidiario del recurso de reposición, que se interpone frente a Autos definitivos y Sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados en atención al mismo material probatorio que sirvió de base a la resolución recurrida, pretendiendo obtener del órgano judicial superior un nuevo pronunciamiento de revoque la resolución recurrida, corrigiendo los errores en que haya podido incurrir el juzgado de instancia. (iudicando o in procedendo).

En dicho recurso de Apelación, las partes pueden esgrimir cualesquiera motivos de oposición, tanto de índole formal como de naturaleza material, tanto en relación a vicios en el proceso de enjuiciamiento como en relación a vicios o defectos surgidos en el curso del procedimiento (procesales) en sentido estricto.

Indicar que el Recurso de Apelación es generalmente un recurso suspensivo, es decir en el sentido de que su admisión a trámite ocasiona la paralización o la no iniciación de la ejecución de la resolución apelada.

No resulta arriesgado insistir en el hecho de que el recurso de Apelación podrá basarse en todos aquellos motivos de impugnación capaces de abarcar las distintas facetas del enjuiciamiento: la aplicación e interpretación de la ley procesal y de la ley material, de un lado, así como la apreciación realizada por el Juzgado de la prueba. Los motivos son los enunciados en el Artículo 790.2, la infracción de la ley material o de precepto constitucional, el quebrantamiento del procedimiento, y sobre todo, el error en la valoración de la prueba.

La nueva valoración judicial que supone la Apelación ha de suponer respetar el principio “tantum apellatum quantum devollutum” que se concreta en la imposibilidad del órgano judicial superior de ampliar el objeto de su enjuiciamiento  a aquellas cuestiones que en la primera instancia no se hayan impugnado

Se prohíbe en la Apelación, la aportación de hechos nuevos, quedando también limitada la admisión de nuevas pruebas: solo se admiten hechos nuevos posteriores, acaecidos  en el tiempo después de la primera instancia; el artículo 460.2.3 de la Lec dispone que en el escrito de interposición del recurso se podrá pedir las pruebas siguientes: “las que se refieran a hechos de relevancia para la decisión del pleito ocurridos después del comienzo del plazo para dictar sentencia en la primera instancia o antes de dicho término siempre que, en este último caso, la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad.”

 

La Adhesión al Recurso de Apelación: Oposición al recurso e impugnación de la sentencia.

La apelación adhesiva se puede considerar que es la facultad que otorga la ley al apelado que no estimó conveniente apelar en su momento, con la finalidad de que ahora efectivamente apele.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dispone que la ley “concede una oportunidad al litigante que inicialmente no recurrió pese a que la sentencia dictada no le haya reconocido totalmente la concreta tutela pretendida, de arrepentirse de su decisión inicial, precisamente porque su adversario no se ha aquietado”. Dicho de un modo más claro, una parte puede estar dispuesta a soportar el perjuicio que una resolución le supone siempre y cuando dicho perjuicio no pueda ser incrementado por la apelación que realice la contraria.

Se regula en el Artículo 461 de la Lec, estableciéndose que “Del escrito de interposición del recurso de apelación, el Secretario judicial dará traslado a las demás partes, emplazándolas por diez días para que presenten, ante el Tribunal que dictó la resolución apelada, escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que resulte desfavorable…”

Por ello caben dos actuaciones, una vez informados de la interposición del Recurso de Apelación por la contraria, la primera es la oposición al Recurso, presentado por la otra parte, y en segundo lugar, además, si esta es la voluntad de la parte, “impugnar la resolución apelada” en  la parte que resulte desfavorable. En nuestro escrito separaremos los motivos de de “oposición” de los motivos de “impugnación”.

En la jurisprudencia leemos la siguiente afirmación “La Lec configura la adhesión a la apelación ( actual impugnación ) como recurso de apelación autónomo a través del cual el apelado puede impugnar la sentencia en todos los puntos en que crea que le es perjudicial…”

En el caso de que el apelante principal desistiera de su recurso, la adhesión como tal ha proseguir al erigirse en una impugnación autónoma.

Son requisitos de la adhesión a la apelación: en primer lugar, la existencia de una previa apelación; en segundo lugar, la concurrencia de la correspondiente legitimación para la impugnación así como la existencia de un gravamen, sólo está legitimado el apelado; el cumplimiento de los plazos para actuar, como tercer requisito, que son los establecidos en la Lec; la forma es esencial, que serán las prescripciones establecidas para los recursos de Apelación, Artículo 458 Lec. Así podemos afirmar que en sede oposición al recurso, nos encontramos ante idénticos requisitos formales y sustanciales exigibles a la interposición por lo que deberá efectuarse por escrito, con sus alegaciones y argumentos de hecho y de derecho en que se base la pretensión desestimatoria de la apelación principal, y además,  deberán indicarse las alegaciones relativas a la inadmisibilidad de los documentos aportados por el recurrente así como la improcedencia de las otras pruebas cuya práctica se hubieran propuesto.

Continúa el Artículo 461.nº 4 de la Lec estableciendo que de los escritos de impugnación a que refieren los apartados 1 y 2 de este Artículo, el Secretario Judicial dar´ña traslado al apelante principal, para que en el plazo de 10 días manifiesta lo que tenga por conveniente sobre la admisibilidad de la impugnación y, en su caso, sobre los documentos aportados y pruebas propuestas por el apelado.

En resumen, este instituto procesal constituye una segunda oportunidad para plantear un verdadero recurso de Apelación, agotados ya los plazos, cuando ha sido la contraria la que ha apelado en primer lugar.

Qué es el informe de gestión y quién está obligado a formularlo

Mario Cantalapiedra – Economista

El informe de gestión es un documento que han de elaborar y depositar en el Registro Mercantil todas las sociedades excepto aquellas que puedan formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, es decir, sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre, al menos dos de las circunstancias siguientes:

  • Total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
  • Importe neto de la cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
  • Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

Los administradores del resto de sociedades deberán formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, el informe de gestión, el cual deberá ser firmado por todos ellos. El contenido que debe tener se regula en el artículo 262 de la Ley de Sociedades de Capital, en el que resumidamente se incluyen los siguientes puntos:

  1. Exposición fiel sobre la evolución de los negociosy la situación de la sociedad, junto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la misma. La exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución y los resultados de los negocios y la situación de la sociedad, teniendo en cuenta la magnitud y la complejidad de la misma. Este análisis deberá incluir indicadores financieros y no financieros, incluida información sobre cuestiones medioambientales y relativas a los trabajadores. No obstante, las sociedades que puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada no están obligadas a incluir información de carácter no financiero. En este sentido, y a efectos de las medidas de lucha contra la morosidad, las sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada deberán indicar el período medio de pago a proveedores y, en caso de que este sea superior al plazo legal, las medidas a aplicar en el siguiente ejercicio para reducirlo hasta alcanzar dicho plazo.
  2. Acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio, evolución previsible de la sociedad, actividades en materia de investigación y desarrollo y adquisiciones de acciones propias.
  3. En el caso de utilización de instrumentos financieros, objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero, así como exposición a los riesgos de precio, crédito, liquidez y flujo de efectivo, cuando resulten relevantes para la valoración de activos, pasivos, situación financiera y resultados de la sociedad.

Por último, es importante señalar que la información contenida en este informe no justifica su ausencia en las cuentas anuales cuando deba ser incluida en ellas.

Ya es obligatorio publicar en la página web de la empresa el período medio de pago a proveedores.

Desde el 1 de enero de 2015, fecha en la que entró en vigor la Ley 31/2014 de 4 de diciembre por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo, es aplicable la nueva redacción del artículo 539.2 L.S.C. que establece que:

2. Las sociedades anónimas cotizadas deberán disponer de una página web para atender el ejercicio, por parte de los accionistas, del derecho de información, y para difundir la información relevante exigida por la legislación sobre el mercado de valores. Asimismo, las sociedades anónimas cotizadas publicarán en dicha página web el periodo medio de pago a sus proveedores, y, en su caso, las medidas a que se refiere el último párrafo del artículo 262.1.

En virtud de lo establecido en la norma, las sociedades anónimas cotizadas en bolsa y aquellas empresas que, aún sin cotizar, no presenten cuentas anuales abreviadas deberán obligatoriamente publicar en la web de la empresa el período medio de pago a proveedores del ejercicio y, si este fuese superior al de 30 días establecido por la Ley 15/2010 (que modifica a la Ley 3/2004) de Medidas de Lucha contra la Morosidad, las medidas a adoptar para corregir dicha desviación del plazo legal a lo largo del siguiente ejercicio.

No establece la norma cómo ha de llevarse a cabo dicha publicación. Dentro de los ejemplos que hemos podido examinar parece que lo más correcto es hacerlo dentro de la Información Corporativa contenida en la página web de la compañía, añadiendo una pestaña que puede titularse “otra información financiera” y, dentro de esta pestaña, haciendo constar expresamente que se hace en cumplimiento de la Ley 31/2014 de 4 de diciembre, permitir el acceso independiente a: 1 – La memoria anual; 2 – El período medio de pago a proveedores.

En mi opinión, esta medida puede ser un instrumento útil para lograr el cumplimiento efectivo de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad ya que lo cierto es que, casi cinco años después de su publicación, los plazos medios de pago a proveedores distan aún bastante del plazo legalmente establecido con carácter imperativo.

 

 

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

                                                                               Socio AGM ABOGADOS

                                                               Responsable COMISIÓN DE MOROSIDAD ASSET 

Leer artículos anteriores: 1 2 Pág. Siguiente