Hacienda, los bancos y los riesgos de utilizar inadecuadamente las redes sociales

Mario Cantalapiedra – Economista

A raíz del anuncio realizado por la Agencia Tributaria de su intención de analizar la información que fluye por las redes sociales para detectar posibles fraudes de los contribuyentes, me gustaría compartir contigo alguna reflexión acerca de los riesgos que puede acarrear su uso inadecuado, fundamentalmente desde la perspectiva del mundo de la empresa.

Si bien las redes sociales han supuesto una verdadera revolución en todo lo que a comunicación se refiere, permitiendo que sean los propios usuarios de las mismas los que generen contenidos y los consuman y haciendo que empresas y profesionales tengan acceso a multitud de contactos de los que pueden conocer datos y segmentar comunicaciones, también pueden representar una amenaza si no son utilizadas de un modo correcto. Conocidos son los casos de personas que han llegado a perder su puesto de trabajo por algún comentario realizado en redes sociales o por mostrar en ellas conductas alejada de los valores que definen a la empresa en la que prestan sus servicios. De igual modo, las redes sociales son fuente de información que consultan los reclutadores de personal con carácter previo a tomar decisiones de contratación. En este sentido y a colación del anuncio realizado ahora por Hacienda, me viene a la memoria el caso de un empresario que en su día me contaba como envuelto en pleno proceso de refinanciación de la deuda bancaria de su compañía, la entidad financiera con la que la negociaba le había denegado la operación, de forma “extraoficial”, por haber visto unas fotos suyas publicadas en una red social en las que aparecía esquiando en una famosa estación alpina. Por lo que se ve, la entidad financiera concluyó que si el empresario tenía dinero para ir a esquiar a tan selecto lugar, también lo tendría para devolver los préstamos que había solicitado en los plazos previamente pactados, no teniendo sentido refinanciación alguna. Luego en las redes sociales, los usuarios, entre ellos empresarios y profesionales, al igual que en el mundo fuera de ellas son dueños de sus silencios y esclavos de sus palabras, solamente que aquí lo que se haga público puede llegar a mucha más gente y de forma más rápida. Por tanto, no debe extrañar el anuncio de Hacienda, no solamente ella investiga en las redes en búsqueda de información. Se trata de saber utilizar esta herramienta y de medir los riesgos que se corren al hacerlo.

 

 

El concepto de entidad de capital-riesgo actualizado

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 22/2014 ha actualizado el concepto que define a las entidades de capital riesgo (ECR), que ahora se consideran entidades de inversión colectiva de tipo cerrado las cuales obtienen capital de una serie de inversores mediante una actividad comercial cuyo fin mercantil es generar ganancias o rendimientos para los inversores, y cuyo objeto principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas de naturaleza no inmobiliaria ni financiera que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea (UE) o del resto de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No obstante, las ECR también pueden extender su objeto principal a:

  • La inversión en valores emitidos por empresas cuyo activo esté constituido en más de un 50 por ciento por inmuebles, siempre que al menos los inmuebles que representen el 85 por ciento del valor contable total de los inmuebles de la entidad participada estén afectos ininterrumpidamente al desarrollo de una actividad económica.
  • La toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras que coticen en el primer mercado de bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la UE o del resto de países miembros de la OCDE, siempre y cuando tales empresas sean excluidas de la cotización dentro de los doce meses siguientes a la toma de la participación.
  • La inversión en otras ECR.

La mención a inversión colectiva de tipo cerrado que incluye el nuevo concepto de ECR se refiere a la política de desinversión de sus inversores o partícipes. De este modo, las desinversiones que efectúe la ECR se han de producir de modo simultáneo para todos sus inversores o partícipes y lo percibido por cada uno de ellos se ajustará a los derechos que le correspondan según lo pactado en los estatutos o reglamentos.

Se mantiene con respecto a la legislación anterior, que las ECR han de ser gestionadas por sociedades gestoras y que pueden adoptar dos tipos de forma jurídica distintos: sociedades de capital riesgo (SCR), que revisten la forma de sociedades anónimas, o fondos de capital riesgo (FCR), que son patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores, cuya gestión y representación corresponden a la correspondiente sociedad gestora, la cual ejerce las facultades de dominio sin ser propietaria del fondo.

 

 

 

 

 

El régimen sancionador contra la morosidad en la cadena alimentaria

Mario Cantalapiedra – Economista

En medio del debate sobre la conveniencia o no de la aprobación e implantación de un régimen sancionador en materia de morosidad en todo el territorio español, el cual desaliente el pago de las facturas de proveedores por encima del plazo legal, conviene recordar que ya existe un régimen de estas características para las relaciones comerciales que se producen entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios.

De este modo, la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, considera una infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales de productos alimentarios o alimenticios, conforme a lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Conviene recordar que los aplazamientos de pago de alimentos previstos legalmente son los siguientes:

  • 30 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías para el caso de productos de alimentación frescos y perecederos (que son aquellos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo durante un plazo inferior a 30 días o que precisan de condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte).
  • 60 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías para productos de alimentación que no sean frescos o perecederos.

Pues bien, la Ley 12/2013 prevé una sanción entre 3.001 euros y 100.000 euros para el incumplimiento de estos plazos de pago. Inclusive, si se reincide en dos o más infracciones graves (en este caso, por incumplimientos en los plazos de pago legales) en el período de dos años contados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la primera de ellas, la infracción pasaría a considerarse muy grave y penalizarse entre 100.001 euros y 1.000.000 euros. Corresponde a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, iniciar o instruir el procedimiento sancionador si detecta estas infracciones.

La pregunta que cabe hacerse aquí es si tiene mucho sentido que exista en un sector un régimen sancionador que penalice los incumplimientos en plazos de pago legales y en otros no…

 

Tolerancia cero contra la morosidad

Mario Cantalapiedra – Economista

Ayer se celebró en Madrid la III Cumbre Político-Empresarial contra la Morosidad organizada por la Plataforma Multisectorial de Lucha Contra la Morosidad, compuesta por organizaciones intersectoriales y sectoriales, tanto de ámbito estatal como autonómico, en la que dicha Plataforma instó a las grandes empresas, a los partidos políticos y al Gobierno de España a adoptar una posición común para erradicar el incumplimiento de los plazos legales y las prácticas abusivas, mediante la suscripción y apoyo a un Acuerdo de “Tolerancia cero contra la morosidad”, que, de forma resumida, incluye los siguientes 10 puntos:

1. Aprobación e implantación de un Régimen sancionador en materia de morosidad a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa contra la morosidad y disuadir los retrasos en los pagos.

2. Constitución de la Agencia de Control de la morosidad con la finalidad de velar por el cumplimiento de los plazos máximos de pago, el derecho de los acreedores a percibir intereses de demora y el cobro de las indemnizaciones, y trasladar a las autoridades competentes los hechos sobre presuntos incumplimientos detectados en las actuaciones de control.

3. Realizar una reforma legislativa para unificar los plazos de pago que deben cumplir las empresas en España, eliminando las ambigüedades e incongruencias normativas actuales en materia de morosidad.

4. Exigir a los contratistas en las licitaciones públicas certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago, así como permitir la acción directa del subcontratista contra la administración pública contratante ante el impago.

5. El plazo de conformidad de las administraciones públicas no puede ser superior a los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.

6. Reforma de la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), al objeto de introducir un nuevo régimen que constituya una alternativa real y eficaz a la obligación de anticipar el IVA de facturas no cobradas.

7. Constitución del Observatorio contra la Morosidad con funciones de seguimiento, asesoramiento, consulta, información, comunicación y estudio del funcionamiento de la morosidad.

8. Puesta en marcha de procedimientos extrajudiciales rápidos y económicos, tales como la figura del mediador interempresarial y los tribunales de comercio, para la búsqueda de conciliación en los conflictos entre clientes y proveedores relativos a la morosidad.

9. Evitar la confusión entre plazos de pago y medios de pago. Los títulos cambiarios y los servicios financieros no son un medio para cumplir la Ley contra la morosidad si su fecha de vencimiento es superior a los plazos de pago máximos legales.

10. La actitud de las administraciones públicas en materia de pago a proveedores debe ser ejemplarizante.

En la Mesa política que incluyó la Jornada percibí un claro apoyo a este Acuerdo por parte de los representantes de UPyD, Grupo Vasco, IU y Grupo Catalán, siendo este mucho más tenue, a menos a mi modesto entender, en el caso de PSOE y PP. Habrá que estar muy atentos a la evolución que siga este tema vital para el tejido empresarial español dentro del período político convulso que nos toca vivir.

Cuatro novedades que introduce la nueva legislación sobre entidades de capital riesgo

Mario Cantalapiedra – Economista

El nuevo régimen jurídico de las entidades de capital-riesgo (ECR) en España introducido con la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, pretende conseguir fundamentalmente que esta fórmula de financiación llegue a un mayor número de empresas, así como que se reoriente a la financiación de las pymes en sus primeras etapas de desarrollo y expansión, donde estas tienen más dificultades para acceder a los fondos ajenos. La Ley 22/2014 introduce cuatro novedades fundamentales con respecto a la legislación sobre capital-riesgo anterior:

1. Flexibilización del régimen financiero de las ECR

Se permite ahora el uso de un abanico más amplio de instrumentos financieros como los préstamos participativos (caracterizados por la participación de la entidad prestamista en los beneficios de la empresa financiada, además del cobro, por lo general, de un interés fijo), se da mayor flexibilidad a los cálculos de los plazos de cumplimiento del coeficiente obligatorio de inversión (el cual obliga a invertir un porcentaje mínimo del activo computable de la ECR en determinados tipos de activos) y se permite que los fondos de capital-riesgo (FCR) puedan distribuir resultados periódicamente.

2. Creación de las entidades de capital-riesgo-pyme

Se crean este nuevo tipo de entidades que pueden invertir el 70 por ciento de su patrimonio en participaciones de pymes, además de colaborar en su gestión y hacer labores de asesoramiento. Se observa para ellas un régimen financiero más flexible, pudiendo utilizar tanto préstamos participativos como deuda para financiar a las pymes.

3. Ampliación del ámbito de aplicación

Se amplía el ámbito de aplicación de la Ley a toda entidad de inversión colectiva de tipo cerrado con una política de inversiones predefinida y reparto de retorno entre los inversores o partícipes. Esta categoría de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado podrán adoptar la forma de fondos o de sociedades y gozarán de la máxima flexibilidad operativa.

4. Eliminación del régimen de intervención administrativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Se elimina casi completamente el régimen de intervención administrativa de la CNMV sobre las ECR y las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. No obstante, se mantiene la autorización para las sociedades gestoras (encargadas de gestionar a las ECR), mientras que los fondos y sociedades de inversión de tipo cerrado cuya gestión haya sido delegada a una sociedad gestora, solamente serán objeto de registro.

Nuevos tipos de empresas que pueden constituirse mediante Documento Único Electrónico (DUE)

Mario Cantalapiedra – Economista

 

El Consejo de Ministros del pasado 30 de enero aprobó por Real Decreto el empleo del denominado Documento Único Electrónico (DUE) para la constitución de nuevos tipos de empresas. Si hasta ahora el DUE se podría utilizar únicamente para constituir sociedades limitadas nueva empresa, sociedades de responsabilidad limitada y empresarios autónomos, en lo sucesivo se podrá utilizar también en la constitución de cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada.

El DUE es un instrumento de naturaleza electrónica en el que se incluyen todos los datos que las empresas deben remitir a los registros jurídicos y a las administraciones públicas para su constitución, el cual permite ahorrar desplazamientos, tiempo y costes. Por un lado, tiene un carácter integrador al sustituir en un único documento varios formularios de tipo administrativo; por otro, utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para reducir los tiempos de tramitación. La cumplimentación del DUE puede hacerse a través de los distintos Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) autorizados, del PAE virtual del Ministerio de Industria, Energía y Turismo o de la Ventanilla Única de la red europea EUGO. En este sentido, los PAE pueden depender de entidades públicas o privadas, colegios profesionales, organizaciones empresariales o cámaras de comercio y deben firmar un convenio con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para poder actuar como tales.

Según datos del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), el sistema de información que se utiliza para canalizar el DUE, anunciados por la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa que se celebró con posterioridad al Consejo de Ministros del 30 de enero, la tramitación electrónica de empresas en 2014 aumentó un 50 por 100 con respecto al ejercicio anterior. De los trámites de empresas realizados, el 72 por 100 correspondieron a autónomos, mientras que el resto fueron realizados por sociedades. En cuanto a los plazos de tramitación, el 34 por 100 de las sociedades se constituyeron, así como el 98,5 por 100 de los autónomos se establecieron en menos de un día. En palabras de la vicepresidenta, “el objetivo es que el 90 por 100 de las empresas se creen en menos de ese día”, algo que parece bastante ambicioso si desde la perspectiva de creación de sociedades se contempla. No obstante, todo lo que sea avanzar en esta cuestión… bienvenido sea.