En trámite de audiencia la Resolución del ICAC sobre información del período medio de pago a proveedores

Mario Cantalapiedra – Economista

El pasado 18 de marzo el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) anunció que su Proyecto de Resolución sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, se encuentra a disposición de los interesados para el cumplimiento del trámite de audiencia, durante 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de dicho anuncio, por lo que en el momento de publicar este post, el trámite continua abierto.

Esta Resolución viene a cumplir el mandato expreso realizado al ICAC por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en cuanto al “deber de información” de las sociedades mercantiles sobre el período medio de pago a proveedores, que se resume en los tres puntos siguientes:

  1. Todas las sociedades mercantiles deberán incluir de forma expresa en la memoria de sus cuentas anuales su período medio de pago a proveedores.
  2. Las sociedades mercantiles cotizadas publicarán en su página web su periodo medio de pago a proveedores.
  3. Las sociedades mercantiles que no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas publicarán su periodo medio de pago a proveedores en su página web, si la tienen.

En virtud de esta Resolución, las sociedades mercantiles tendrán que incluir una nota independiente en la memoria con información del período medio de pago a proveedores, así como de los ratios de operaciones pagadas y pendientes de pago. Conviene resaltar que el “deber de información” afecta a las operaciones comerciales de pago, es decir, a los acreedores comerciales incluidos en el correspondiente epígrafe del pasivo del balance, dejando fuera a otros acreedores o proveedores como son los proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento financiero. Con respecto a las cuentas consolidadas, esta normativa será de aplicación únicamente a las sociedades radicadas en España que se consoliden por el método de integración global o proporcional al margen del marco de información financiera en que se formulen dichas cuentas.

La Resolución, cuyo texto completo puedes consultar aquí, resultará de aplicación obligatoria para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2015, y se tendrán en cuenta las operaciones comerciales que hayan tenido lugar desde la entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.

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Cuatro notas características de las entidades de capital-riesgo-Pyme

Mario Cantalapiedra – Economista

Con las entidades de capital-riesgo-Pyme (ECR-Pyme) creadas por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, se pretende impulsar el capital riesgo hacia la inversión en las etapas tempranas de las pymes, donde tradicionalmente esta fórmula financiera ha tenido un menor crecimiento. La idea es establecer un vehículo que, aparte de financiación, proporcione apoyo en la gestión y asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas. A partir del marco legislativo de las ECR-Pyme, se pueden deducir las cuatro notas características siguientes:

1. Capital social mínimo

Su capital social mínimo será de 900.000 euros, debiéndose desembolsar en el momento de la constitución, al menos, el 50 por ciento y el resto, en una o varias veces, dentro del plazo de tres años desde la constitución.

2. Coeficiente obligatorio de inversión mínimo

El 75 por ciento de su patrimonio, al final de cada ejercicio social, deberá estar invertido en participaciones de pymes, a través de los siguientes instrumentos financieros:

  • Acciones u otros valores o instrumentos financieros que puedan dar derecho a la suscripción o adquisición de acciones y participaciones en el capital.
  • Préstamos participativos.
  • Instrumentos financieros híbridos ligados a los resultados de la empresa, en los que la recuperación del principal en caso de concurso no esté plenamente asegurada.
  • Instrumentos de deuda, con o sin garantía, de las pymes participadas.
  • Acciones o participaciones en otras ECR-Pyme.

3. Requisitos de las pymes objeto de inversión

Las empresas que sean objeto de inversión de las ECR-Pyme deberán cumplir las siguientes condiciones:

  • No estar admitidas a cotización en un mercado secundario regulado en el momento de la inversión.
  • Tener menos de 250 empleados en el momento de la inversión.
  • Tener un activo anual no superior a los 43 millones de euros o un volumen de negocio anual no superior a los 50 millones de euros en el momento de la inversión.
  • No ser instituciones de inversión colectiva, ni empresas financieras o de naturaleza inmobiliaria.
  • Estar establecidas en Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, con excepción de los países considerados paraísos fiscales no cooperantes a efectos fiscales. En caso de que la empresa se encuentre establecida en un tercer país, este deberá haber firmado con España un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria.

4. Diversificación de inversiones

Las ECR-Pyme no podrán invertir más del 40 por ciento de su patrimonio en una misma empresa ni en empresas que pertenezcan al mismo grupo de sociedades.

El aviso a navegantes por redes sociales de la Agencia Tributaria es ya una realidad

Mario Cantalapiedra – Economista

El anuncio realizado por la Agencia Tributaria de analizar la información que fluye por las redes sociales en la búsqueda de posibles fraudes de los contribuyentes, se ha materializado de modo oficial en la Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015. Según el texto legal, estas directrices generales se apoyan en tres pilares: la comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero, el control del fraude en fase recaudatoria y la colaboración entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas. La atención de la Agencia en 2015 por lo que se ve estará centrada, entre otros, en los sectores o tipologías de fraude de la economía sumergida, de la investigación de patrimonios en el exterior, de la planificación fiscal de las multinacionales o de la economía digital.

En lo que a la economía digital se refiere, desde la Agencia Tributaria se reconoce como el uso de la tecnología ha cambiado la forma en la que se relacionan compradores y vendedores, por lo que también ella ha de modificar cómo controla a los contribuyentes. En este contexto, pretende emprender las siguientes actuaciones:

  • Captación de la información disponible en Internet con el objetivo esencial de proceder a efectuar una ordenación y sistematización de la misma, de cara a su explotación y análisis para su posterior incorporación a las bases de datos de la Administración Tributaria.
  • Captación de indicios de éxito de las páginas de comercio electrónico, a través de la información que ofrecen empresas especializadas en análisis y valoración de páginas web y de la disponible en las redes sociales.
  • Utilizando técnicas de análisis de las redes sociales, se analizarán las operaciones comerciales realizadas entre los distintos agentes económicos con el objetivo de identificar aquellos patrones de comportamiento que se corresponden con actividades defraudadoras. Una vez identificados los patrones defraude, se utilizarán tanto para la selección como para la comprobación.

 Se trata de descubrir actividades ocultas o bienes objeto de comercio ilícito a través de la información disponible en Internet, así como controlar que los vendedores que utilizan el medio digital para comercializar sus productos tributan adecuadamente en España. Además las redes sociales también han de servir a la Agencia Tributaria para detectar ingresos no declarados por los contribuyentes, a partir de “signos externos de riqueza”, que no resulten acordes con su historial de declaraciones fiscales.

 

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Tres visiones unificadas para gestionar el principal activo de una empresa

Mario Cantalapiedra – Economista

El principal activo que tiene una empresa son sus clientes, de hecho se podría decir que sin clientes, no hay empresa. Pues bien, a la hora de gestionar este activo fundamental, las empresas lo suelen hacer desde distintas áreas funcionales, utilizando tanto aplicaciones informáticas como fuentes de información que son distintas. De este modo, pueden encontrarse en una empresa hasta tres grandes áreas que se relacionan con el ciclo de vida del cliente:

  1. El área de marketing y comercial, centrada en la búsqueda de nuevos clientes.
  2. El área financiera, que pone su interés en analizar financieramente a los clientes.
  3. El área de gestión del riesgo comercial, que trata de reducir el riesgo de impago y la morosidad.

En principio, entendida toda empresa como una coalición de intereses, los objetivos de las tres áreas anteriores deben ser convergentes y llevar a decisiones únicas sobre los clientes. No obstante, el hecho de que se utilicen herramientas informáticas y datos distintos suele complicar el proceso de decisión. Precisamente esta problemática es la que trata de resolver Insight View, herramienta que acaba de ser presentada por Iberinform, que incluye tres módulos diseñados de modo específico para atender las necesidades de cada una de las áreas que acabo de comentar, pero con la característica fundamental de compartir la información entre ellas para lograr una mejor gestión de los clientes. De este modo, su módulo de marketing permite realizar una segmentación “inteligente” de los clientes para evitar dirigirse a empresas con alto riesgo de impago; su módulo de finanzas contiene toda la información financiera de las empresas y la posibilidad de realizar comparativas, seguimientos y distintos análisis; y su módulo de riesgos se orienta a reducir el riego de impago y la morosidad, permitiendo fijar límites de riesgo personalizados y realizar un seguimiento de la deuda viva. Y estos tres módulos comparten la información entre sí permitiendo tener una visión unificada del cliente.

Si las pymes, a las que se dirige Insight View, tienen un cierto número de clientes, resulta imposible hacer un seguimiento exhaustivo de todos ellos sin dedicar un volumen importante de recursos. Este tipo de soluciones, de lo que viene a denominarse business intelligence, permiten a las pymes conocer mejor la situación de sus clientes y gestionar el riesgo de impago de manera más ágil, sencilla e intuitiva. Mediante Insight View, las pymes podrán buscar clientes potenciales de calidad, analizar y gestionar sus clientes y establecer mecanismos de gestión del riesgo y de impago como lo hacen las grandes empresas. En esta herramienta encontrarán la información financiera y comercial de las empresas actualizada, más la posibilidad de interrelacionarla con su propia información de facturación. Además podrán analizar dichas empresas categorizando su relación con ellas no solamente como clientes sino también como proveedores o competidores.

Novedades en el tratamiento fiscal de los intereses pagados en los préstamos participativos

Mario Cantalapiedra – Economista

El préstamo participativo es un instrumento de financiación a medio camino entre el capital social y el préstamo a largo plazo, que ha visto modificada, con la reciente entrada en vigor, el 1 de enero de 2015, de la nueva Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), una de sus características fundamentales, que te recuerdo cuáles son:

  • Su vencimiento es a largo plazo, por lo que se destina a financiar inversión a largo de la empresa.
  • Suele tener un largo período de carencia en la devolución del principal.
  • La entidad prestamista percibe un interés variable en función de la evolución de la actividad de la empresa financiada, medida por un criterio determinado (beneficio neto, volumen de negocio, etcétera), además del cobro, por regla general, de un interés fijo independiente de la evolución del negocio.
  • Solamente puede cancelarse anticipadamente si se compensa con una ampliación de capital de igual cuantía. Las partes pueden acordar una cláusula penalizadora en caso de amortización anticipada.
  • Tiene la consideración de deuda subordinada, por lo que su grado de exigibilidad en situación de insolvencia se sitúa justo detrás de los acreedores comunes y antes de los accionistas.
  • Se considera patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil. Este aspecto es muy importante en caso de situación económica desfavorable de la empresa financiada, ya que permite retrasar su liquidación y le concede más oportunidades de recuperación.
  • Por último, los intereses que paga la empresa financiada, tanto fijos como variables, son deducibles a efectos fiscales siempre que el préstamo participativo, y aquí es donde radica la novedad, no sea concedido por una empresa del grupo (con anterioridad a la Ley 27/2014 eran deducibles independientemente de que entidad prestamista y prestataria pertenecieran o no a un mismo grupo). De este modo, a efectos del nuevo IS, los intereses pagados para retribuir préstamos concedidos por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades se consideran retribución de fondos propios y, por tanto, importes no deducibles. Es posible que este cambio lleve a que las empresas pertenecientes a grupos, que venían financiando sus filiales con préstamos participativos, se planteen sustituirlos por otras alternativas financieras como la ampliación de capital. En cualquier caso, este nuevo tratamiento no es aplicable a los préstamos participativos otorgados antes del 20 de junio de 2014.

Una segunda oportunidad para las personas físicas

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, persigue facilitar el desapalancamiento del sector privado (familias y empresas), de tal modo que se minimice el impacto negativo de este proceso sobre una actividad económica que empieza a dar síntomas de recuperación. En este sentido, cuando una familia o una empresa están excesivamente endeudadas y tienen que hacer frente a la devolución de las deudas lo hacen a consta de reducir su consumo o su inversión, con lo cual la actividad económica general se contrae como hemos estado viendo en España. La idea es seguir con el proceso de reducción de deuda privada, “molestando” lo menos posible a la actividad económica. En concreto, las medidas aprobadas el viernes se dirigen fundamentalmente a los colectivos más cercanos a la insolvencia por sus circunstancias económicas y sociales de vulnerabilidad, y se pueden resumir en los cuatro apartados siguientes:

  1. Se amplían y flexibilizan los acuerdos extrajudiciales de los deudores con sus acreedores para facilitar la reestructuración de deudas. Ahora los particulares, sean empresarios o no, también podrán acceder a estos acuerdos, que anteriormente se destinaban solamente a empresas. Además se permite que los acuerdos extrajudiciales puedan extenderse a los acreedores con garantía real (por ejemplo, una hipoteca), cuando concurran las mayorías previstas. Igualmente se potencia la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, si se trata de personas físicas no empresarios.
  1. Si no se produce el acuerdo extrajudicial con los acreedores, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores particulares “de buena fe” en el marco de un proceso concursal, aplicable tras la conclusión del mismo por liquidación del patrimonio o por insuficiencia de masa, es decir, se instaura un perdón de parte de las deudas para que las personas físicas puedan tener una segunda oportunidad.
  1. Se facilita el acceso al “Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios” a más beneficiarios, incrementando el límite anual de renta familiar necesario para acceder al mismo, incluyendo como nuevo supuesto de vulnerabilidad que el deudor sea mayor de 60 años y elevando el límite de precio de adquisición de los inmuebles que pueden beneficiarse del Código.
  1. Se prorroga hasta 2017 la suspensión de los desahucios sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables que vencía el próximo mayo, ampliándose además el colectivo que puede beneficiarse de esta medida.