Análisis del Octavo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Octavo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, realizado por Crédito y Caución e Iberinform con el soporte académico del IE Business School, una de cada tres empresas españolas (el 34 por ciento) ha sufrido un impago significativo en los últimos 12 meses. Por tanto, se sigue confirmando la mejora del dato a lo largo de la serie histórica (te recuerdo que la cifra en el estudio anterior, presentado en la primavera de 2014, ascendía al 43 por ciento). En palabras de Ignacio Jiménez, director comercial y marketing de Iberinform, “el PIB y la morosidad son como un espejo, en la medida que mejora uno, mejora la otra”. La duda que surge aquí es que al venir de un período donde las empresas, ante la presencia de un entorno muy hostil, han congelado de forma generalizada sus decisiones de inversión, contentándose con capear el temporal trabajando con los clientes más “seguros”, ello haya podido incidir en una menor morosidad. Ahora que el ciclo parece invitar a crecer, a tomar decisiones más arriesgadas y buscar nuevos clientes, existe la posibilidad de que el porcentaje de impago significativo repunte de nuevo. Piensa que en España, el 98 por ciento de las ventas entre empresas se realizan a crédito, por lo que el riesgo de impago siempre está ahí. Además, y el estudio lo vuelve a confirmar, sigue siendo muy elevado el porcentaje de empresas que cobran de otras compañías por encima del plazo legal de 60 días, en concreto un 54 por ciento del total.

En cuanto a las razones del retraso en el pago de clientes que señalan las empresas, sigue siendo la principal la falta de disponibilidad de fondos, seguida a continuación por la falta de formalidad del cliente. Por su parte, las incidencias del sistema bancario pierden peso de forma significativa como argumento, una vez que bancos y empresas han debido adaptar sus instrumentos de pago a la normativa SEPA.

Resulta algo desalentador comprobar como un porcentaje muy elevado de las empresas consultadas, el 49 por ciento, no ha notado ninguna mejoría en los plazos de pago de las administraciones públicas. Sigo insistiendo que el problema de la morosidad se ha de corregir, en primer lugar, desde lo público, sino seguiremos, como diría un castizo, “mareando la perdiz” en este tema.

El ratio de cobertura del servicio de la deuda como indicador de solvencia

Mario Cantalapiedra – Economista

La capacidad de generar caja que tiene una empresa puede considerarse un reflejo de su solvencia, es decir, de su capacidad de pago, puesto que a través del efectivo puede afrontar sus deudas con terceros. En este sentido, cobra especial importancia el análisis del denominado ratio de cobertura del servicio de la deuda (RCSD) de la empresa, el cual compara el flujo de caja disponible para el servicio de la deuda que obtiene en un período, con el propio servicio de la deuda (devolución del principal más pago de los intereses) que ha de afrontar:

RCSD: Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda / Servicio de la deuda

Para obtener el flujo de caja disponible para el servicio de la deuda conviene partir del beneficio antes de intereses, impuestos, provisiones y amortizaciones (el famoso EBITDA en su versión anglosajona), el cual es un indicador del flujo de caja de explotación (los ingresos que incluye se convertirán en cobros a su vencimiento, si no existe morosidad, mientras que los gastos serán pagos). A partir de él debemos restar los impuestos y añadir (con su signo) tanto las variaciones que se produzcan en necesidades operativas de fondos (es decir, en las inversiones necesarias en activo corriente netas de pasivo corriente que se derivan de las actividades de explotación), como en activo no corriente (desinversiones/inversiones). Además se habrán de tener en cuenta los recursos monetarios procedentes de ampliaciones de capital, de nuevas deudas con entidades de crédito o terceros que concedan nuevos préstamos, de ingresos financieros y finalmente de otras partidas de balance no incluidas hasta ese momento (con su signo). Con el flujo de caja resultante, la empresa deberá afrontar sus obligaciones de devolución de principal y pago de intereses frente a acreedores.

Beneficio antes de intereses, impuestos, provisiones y amortizaciones
(-) Impuestos
(+/-) Variaciones en necesidades operativas de fondos
(+/-) Variaciones en activo no corriente (desinversiones/inversiones)
(+) Ampliaciones de capital
(+) Nuevas deudas con entidades de crédito o terceros
(+) Ingresos financieros
(+/-) Variaciones de otras partidas de balance no consideradas previamente
= Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda

En cuanto a la interpretación del resultado que arroje el RCSD, valores positivos y más elevados del mismo mostrarán una mejor situación de la empresa para hacer frente a sus compromisos de pago con terceros, o lo que es lo mismo, una solvencia más elevada.

Corregir el abuso del contratista en los plazos de pago: “Deberán” y “podrán” son cosas distintas

Mario Cantalapiedra – Economista

En mi experiencia laboral destacan los 11 años en los que fui responsable financiero en una empresa subcontratista de obra pública, dedicada a la señalización horizontal y vertical de carreteras. A lo largo de este período, una de las situaciones que tuve que aprender a gestionar fue la del excesivo plazo de cobro de las facturas de nuestros clientes, en su mayoría grandes constructoras. Así tuve el placer de conocer los pagos a 180 días fecha factura, que muchas veces se aplazaban todavía más con el argumento de utilizar como referencia, no ya la fecha factura sino la de conformidad a los trabajos realizados por parte del responsable de la obra, dando lugar a una frase muy repetida en el sector: “el pago se realiza a la fecha que a la constructora le dé la gana”.

Pues bien, desde el ámbito legislativo, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, incluyó el siguiente artículo en el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el cual, en principio, debería permitir un mayor control por parte de la Administración de los pagos que los contratistas adjudicatarios realizan a los subcontratistas:

“Artículo 228 bis – Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores

Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos.

Como todo en la vida, los matices son importantes y como argumentan los subcontratistas afectados, para que su situación de morosidad mejorara realmente, hubiera sido necesario que la redacción del artículo 228 bis incluyera la expresión “deberán comprobar”, en vez del “podrán comprobar” que figura ahora. Si de corregir una situación de abuso se trata, o se hace bien las cosas o mejor no hacer nada.

El Gobierno publicará listados de morosos con la Hacienda Pública

Mario Cantalapiedra – Economista

En su reunión del pasado viernes, el Consejo de Ministros ha decidido remitir a las Cortes la Reforma de la Ley General Tributaria que persigue potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica de las normas tributarias. Entre otras novedades anunciadas en esta Reforma, es llamativa la de dar publicidad a los deudores morosos con la Hacienda Pública que superen una cierta cuantía.

De este modo, por motivos de interés general, y para luchar contra el fraude, se autoriza la publicación de listados de obligados tributarios con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, que no hubiesen sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario. Siguiendo la recomendación planteada por el Consejo de Estado, estos listados no incluirán las deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas. Con carácter previo a su publicación, se concederá un trámite de alegaciones a los interesados, pudiendo la Administración tributaria llevar a cabo, en su caso, la rectificación de los listados antes de publicarlos definitivamente, siendo además el acuerdo final impugnable en la vía contencioso-administrativa. El Gobierno español tiene previsto publicar la primera lista de morosos en el cuarto trimestre de este año, respecto a aquellos deudores que a fecha de 31 de julio de 2015 incurran en las circunstancias comentadas. Con posterioridad, el primer semestre de cada año natural se publicará un listado que recoja los deudores morosos por encima del millón de euros a 31 de diciembre del año previo.

Por otro lado, el Consejo de Ministros del pasado viernes también ha acordado tramitar un Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal, para permitir la publicación parcial de las sentencias condenatorias firmes por delitos contra la Hacienda Pública. Se trata de dar publicidad de los condenados mediante sentencias firmes por delitos contra la Hacienda Pública, de insolvencia punible (siendo acreedora la Hacienda Pública) o de contrabando (con perjuicio a la Hacienda Pública). La publicación de estas sentencias no será completa sino únicamente en aquellos aspectos estrictamente necesarios, respetando los derechos fundamentales al honor y la intimidad, así como la protección de datos de carácter personal, y se aplicará a las sentencias que sean firmes tras la entrada en vigor de la Ley. Ahora el texto legal tiene que pasar el trámite del Consejo General del Poder Judicial.

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Termina el plazo concedido a la banca para identificar formalmente a sus clientes

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a las entidades de crédito a identificar formalmente a las personas físicas o jurídicas con las que establezcan relaciones de negocio o realicen operaciones. Esta Ley concedía un plazo máximo de cinco años para cumplir el trámite de identificar a todos sus clientes, contados a partir de la entrada en vigor de la misma, el 30 de abril de 2010, por lo que el plazo finaliza este mes.

Es importante señalar como la Ley 10/2010 no permite a las entidades de crédito mantener relaciones de negocio o realizar operaciones con personas que no hayan sido debidamente identificadas. En concreto, se prohíbe la apertura, contratación o mantenimiento de cuentas, libretas, activos o instrumentos numerados, cifrados, anónimos o con nombres ficticios. A efectos de realizar la identificación formal de los clientes, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, considera documentos fehacientes los siguientes:

  • Para las personas físicas, si son españolas, el Documento Nacional de Identidad (DNI), y si son extranjeras, la Tarjeta de Residencia, la Tarjeta de Identidad de Extranjero, el Pasaporte o, en el caso de ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen. También sirve para identificar a personas físicas extranjeras el documento de identidad expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para el personal de las representaciones diplomáticas y consulares de terceros países en España. De modo excepcional, se podrá identificar a las personas físicas con otros documentos de identidad personal expedidos por una autoridad gubernamental siempre que gocen de las adecuadas garantías de autenticidad e incorporen fotografía del titular.
  • Para las personas jurídicas, los documentos públicos que acrediten su existencia y contengan su denominación social, forma jurídica, domicilio, la identidad de sus administradores, estatutos y número de identificación fiscal. Si la persona jurídica es española, es admisible la certificación del Registro Mercantil provincial, que bien aporte el cliente, bien se obtenga mediante consulta telemática.

Por otro lado, las entidades de crédito han de obtener información sobre propósito e índole de la relación de negocios con sus clientes. En concreto, deben conocer si ejercen una actividad profesional o empresarial y verificarlo teniendo en cuenta el diferente nivel de riesgo. Por ejemplo, en el caso de un autónomo pueden comprobar el ejercicio de su actividad a través del recibo de pago de cuotas de autónomos a la Seguridad Social.

Hay entidades que están siendo más previsoras con este tema y otras que, como es costumbre en este país, lo están dejando para el final. En cualquier caso, te recomiendo que compruebes que estás al día en este apartado con tu banco.

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Tres preguntas a hacerse ante la reactivación del crédito bancario

Mario Cantalapiedra – Economista

La política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE) que está proporcionando liquidez a las entidades financieras permite que se observe cierta reactivación del crédito a las empresas. En las últimas semanas varios empresarios, que hasta hace poco tiempo tenían el crédito bancario cerrado, así me lo corroboran: “los bancos vuelven a llamar a nuestra puerta”. A pesar de ello, parte del dinero que tienen las entidades financieras a su disposición para prestar sigue depositándose en el BCE aunque tengan que pagar por hacerlo, lo que continúa mostrando falta de confianza bancaria en la recuperación de la economía. Es decir, una parte de la liquidez inyectada por el BCE está llegando a la economía real, pero seguramente es menor de lo que desearía la institución presidida por mi tocayo Mario Draghi.

En este sentido, es preciso que tanto desde la óptica bancaria como desde las empresas que solicitan financiación se procure no repetir ahora los errores del pasado reciente. Un responsable de una entidad financiera de pequeña dimensión pero con cifra de morosidad baja y riesgo diversificado, me decía el otro día como en este país hasta hace poco había bancos que estaban invirtiendo el 80 por ciento de sus recursos en ladrillo, sin que nadie (Banco de España) dijese nada. Seguramente con una política de riesgosdiversificada por parte de las entidades financieras, nos habríamos evitado muchos de los problemas que hemos visto después. Lo mismo se podría indicar de empresas que aumentaron su endeudamiento bancario hasta cifras desorbitadas porque les era rentable y porque los bancos les concedían los préstamos que les pedían, olvidando que la financiación ajena supone un riesgo y que dichos préstamos habrían de devolverse, aunque cambiase el ciclo económico. Conviene recordar que muchas de las empresas que han logrado llegar hasta aquí lo han hecho precisamente por tener unos niveles de deuda razonables, y que seguimos necesitando, de forma general, empresas, sobre todo pymes, que dependan menos del crédito bancario. Luego ahora que parece que se reabre el grifo de la financiación bancaria, antes de acudir a ella las empresas tienen que tener muy claro las respuestas a las preguntas siguientes:

  1. ¿Para qué se quiere? (Necesidades).
  2. ¿Qué tipo de financiación se necesita? (Producto, importe, plazo, coste).
  3. ¿Cómo se devuelve? (De dónde salen los ingresos-cobros para afrontar la devolución de los fondos, lo cual implica analizar muy bien la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias empresarial).

 

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Tendrán que abonarse intereses de demora “olvidados” en los planes de pago a proveedores del Gobierno

Mario Cantalapiedra – Economista

Allá por el mes de junio de 2013, ya me pronuncié en el blog sobre mi desacuerdo con la medida que se imponía desde la Administración Pública de obligar a los proveedores con facturas vencidas que deseaban adherirse a los planes de pago de entidades locales y comunidades autónomas, de renunciar al cobro de los intereses de demora a los que tuviesen derecho. De este modo, la financiación “extra” les salía gratis a ayuntamientos y comunidades autónomas, además de que transmitían un mal ejemplo al sector privado en su conjunto por no respetar el derecho legal a percibir dichos intereses, es decir, justo lo contrario de lo que nuestro país realmente necesita. Los planes fueron buenos, eso está claro, sobre todo para muchas pymes enfrascadas en situaciones límites de liquidez, pero sin respetar el derecho al cobro de intereses de demora, es como si no estuviesen “completos”. En este sentido, es importante recordar lo que a efectos de estos intereses señala el artículo 5 de vigente Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales:

El obligado al pago de la deuda dineraria surgida como contraprestación en operaciones comerciales incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por esta Ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor”.

Pues bien, tengo que comentarte que una sentencia reciente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Valencia, de 31 de marzo, anunciada por el diario Expansión, ante la demanda de varias farmacias valencianas acogidas a los planes de pago a proveedores, en su caso, de la Comunidad Valenciana correspondientes a 2012 y 2013, establece como deben cobrar los intereses de demora a los que renunciaron en su día, porque así lo ampara el marco legal vigente.

Puesto que esta sentencia judicial es firme, se abre la puerta a reclamaciones de más proveedores que también se vieron “obligados” a renunciar a cobrar intereses de demora. Ahora se trata de ver, desde el ámbito público, de dónde se saca el dinero necesario para afrontar las reclamaciones que puedan ir surgiendo, a buen seguro no será una tarea sencilla.

 

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Reforma del código penal: el nuevo delito de ocultación de elementos patrimoniales incrementara la efectividad del recobro judicial de deudas.

El pasado 31 de marzo de 2015 se publicó en el B.O.E. la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del  Código Penal.

Dicha reforma del Código Penal, que entrará en vigor el 1 de julio del presente año, tiene entre sus novedades la creación de un nuevo tipo penal, el delito de ocultación de elementos patrimoniales que recogerá el nuevo artículo 258 del Código Penal.

Así, el artículo 136 de la L.O. 1/2015 establece que el artículo 258 del Código Penal quedará redactado del siguiente modo:

Ciento treinta y seis. Se modifica el artículo 258, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor.

La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación

suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto.

2. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.

3. Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa.»

Este nuevo delito supone un gran avance para la efectividad de las ejecuciones judiciales en reclamación de cantidad.

Hasta la fecha, cuando se despachaba ejecución contra un demandado para conseguir cobrar las cantidades adeudadas por éste  en virtud de resolución judicial se le hacía al ejecutado un requerimiento, ex artículo 589 L.E.Civil, para que manifestase los bienes y derechos de su propiedad susceptibles de embargo bajo la amenaza de la imposición de una multa en caso de no atender dicho requerimiento.

En la práctica ni el deudor/ejecutado indicaba al Juzgado relación de bienes alguna – a mí personalmente en más de 10 años dedicado al recobro no ha habido más de dos o tres ejecutados que hayan manifestado bienes susceptibles de embargo – ni el Juzgado imponía la multa ni la parte ejecutante exigía que se impusiese, dado que su escasa cuantía y difícil cobro hacían de esa supuesta sanción un elemento poco contundente para obligar al deudor a manifestar bienes.

La falta de contestación del deudor supone un verdadero problema para el ejecutante o acreedor, que se ve obligado a invertir tiempo y dinero en la búsqueda de elementos patrimoniales propiedad del ejecutado susceptibles de embargo, búsqueda que con el refuerzo de la normativa protectora de los datos personales se hace cada  vez más difícil.

Con este nuevo delito, sin embargo, una vez que el Juzgado nos reconoce la existencia de una deuda se despachará ejecución y, como antes, se hará el requerimiento ex artículo 589 L.E.Civil al deudor para que manifieste bienes susceptibles de embargo.

El deudor, ante este requerimiento deberá:

a) Entregar una relación completa de sus bienes y derechos, describiendo sus cargas y gravámenes. Esto nos evita tener que buscar bienes de su titularidad en Registros, a través de Oficios a Hacienda, informes privados de investigación patrimonial y reducir notablemente las cantidades de dinero y tiempo invertido en localizar bienes con los que cobrarnos la deuda.

b) Indicar, igualmente, la relación de los bienes que utiliza sin que le pertenezcan, indicando el título en virtud del cual los disfruta. Esto nos facilita notablemente el rastrear si, para evitar que sus bienes fuesen embargados, ha procedido a cambiar la titularidad de los mismos, ya que si, por ejemplo, vive en una casa que no es de su propiedad tendrá que explicar cuál es el título en virtud del cual la disfruta. Puede que se trate de un arrendamiento simplemente, pero también puede que ese título haga salir a la luz que ese inmueble le pertenecía hasta antes de la ejecución judicial y que ha sido transmitido a un pariente o amigo, por poner un supuesto.

Pero la mayor novedad viene dada por el hecho de que el ejecutado cometerá un delito de ocultación de elementos patrimoniales, previsto en ese nuevo artículo 258 C. Penal y castigado con penas de 4 meses a un año de prisión. El delito lo cometerá:

a) Cuando la relación de bienes antes descrita no sea entregada.

b) Cuando tras entregarla se descubra por algún medio que era incompleta o engañosa.

De este modo, el deudor, si no quiere incurrir en un delito sancionado con penas de privación de libertad deberá aportarnos una imagen fiel de su patrimonio.

En mi opinión, este elemento intimidatorio hará que aumente notablemente la efectividad de las reclamaciones judiciales de deuda, toda vez que la parte más complicada de la ejecución judicial, localizar bienes embargables en el patrimonio del ejecutado, se verá, sin duda, facilitada por la cooperación forzosa del deudor so pena de incurrir en esta nueva conducta delictiva.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi. Socio AGM Abogados – Responsable Comisión Morosidad Asset