La Cosa Juzgada; “Res Iudicata”

La vigente ley de Enjuiciamiento Civil distingue con claridad dos acepciones del instituto de  la Cosa Juzgada: la Cosa Juzgada formal y la Cosa Juzgada material.

Su acepción formal se regula en el Artículo 207 de la LEC al disponer:

“Artículo 207 Resoluciones definitivas. Resoluciones firmes. Cosa juzgada formal

  1.  Son resoluciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos frente a ellas.
  2.  Son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado.
  3.  Las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas.
  4.  Transcurridos los plazos previstos para recurrir una resolución sin haberla impugnado, quedará firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo el tribunal del proceso en que recaiga estar en todo caso a lo dispuesto en ella.”

De la Cosa Juzgada en su sentido material se ocupa el Artículo 222 de la LEC:

“Artículo 222 Cosa juzgada material

  1.  La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.
  2.  La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen.

  1.  La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley.

En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.

Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigado.

  1.  Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal”.

 

Lo que realmente interesa ahondar es en el efecto ( ad extra ), esto es, fuera del proceso en el que la resolución judicial se dictó, de las resoluciones de los jueces que deciden asuntos/intereses entre personas. El efecto de Cosa Juzgada básicamente podríamos describirlo como  el efecto que produce la resolución consistente en la obligación de cualesquiera órgano judicial de abstenerse de juzgar casos con un objeto idéntico al ya juzgado.

La delimitación de lo que ha sido objeto de enjuiciamiento.

Excluiremos las cuestiones procesales resueltas así como  lo juzgado en los llamados Juicos Sumarios, que por definición son materias no incluidas en la Cosa Juzgada.

La Cosa Juzgada en los Juicios Sumarios

Podríamos afirmar que el legislador considera que en estos llamados procesos sumarios, el enjuiciamiento de su objeto por parte del Juzgador lo es de tipo interino y provisional, dándose la posibilidad de acudir a un nuevo enjuiciamiento ya definitivo e irrevocable.

Por ende, en dicho posterior proceso, con todas las garantías y sin limitaciones legales de ningún tipo, se podrá discutir el entero objeto del proceso.

Así el Artículo 447.2 de la LEC establece que no producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión ni las que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación de finca, rústica o urbana, dado en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler o por expiración legal o contractual del plazo, y sobre otras pretensiones de tutela que esta Ley califique como sumarias.

En relación al desahucio, el Tribunal Supremo afirma que “la doctrina de esta Sala sobre el limitado efecto de cosa Juzgada de las sentencias firmes recaídas en juicio de desahucio” advierte que estas sentencias si lo producen en cuanto se haya examinado a fondo, con plenitud, el título arrendaticio o la razón jurídica invocada como justificante de la ocupación.

Para los procedimientos interdictales también  se pronuncia el Tribunal Supremo al indicar que “es un paradigma procesal que las sentencias en los Juicios interdictales carecen de la eficacia de cosa juzgada, ya que su sumariedad o perentoriedad para reparar la alteración fáctica producida, no empece el juicio posterior”.

El Objeto del Proceso y de la Cosa Juzgada.

                La Cosa Juzgada se proyecta sobre lo que efectivamente ha decidido la resolución jurisdiccional que debe ser coincidente con la demanda, pero no necesariamente. En este último caso el pronunciamiento adolece de vicio de incongruencia al no centrarse en lo que fue objeto de demanda.

Por ende, concluimos que una sentencia firme, aunque incongruente, despliega sus efectos, porque la Cosa Juzgada formal sana los eventuales defectos de la resolución judicial siendo su efecto inmediato la inmutabilidad de la declaración judicial.

El legislador completa su regulación de la Cosa Juzgada, estableciendo la preclusión de alegaciones de hecho o de derecho que el demandante pudo o debió atender en su demanda, indicándose en el Artículo 400 de la LEC que “a efectos de cosa Juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste”.

Servicios que pueden y no pueden ofrecer las plataformas de “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

En la regulación de las plataformas de crowdfunding en las que el inversor percibe un rendimiento dinerario por los fondos que presta, que acaba de ser introducida en España, se especifican los servicios que dichas plataformas pueden ofrecer. En primer lugar, están los servicios de carácter básico que se relacionan con su función de lugar de encuentro de inversores y promotores, como son la recepción, selección y publicación de proyectos de financiación participativa, así como el desarrollo, establecimiento y explotación de canales de comunicación para facilitar la contratación de la financiación. En segundo lugar, pueden ofrecer los servicios adicionales siguientes:

  • Asesoramiento a los promotores en la publicación de los proyectos, incluyendo la prestación de servicios y asesoramiento en las áreas de tecnología de la información, marketing, publicidad y diseño.
  • Análisis de los proyectos de financiación participativa recibidos determinando, de un modo objetivo, el nivel de riesgo que implican para los inversores, sin que puedan realizarse recomendaciones de tipo personalizado.
  • Habilitación de canales de comunicación directa entre inversores y promotores.
  • Puesta a disposición de las partes de los modelos de contratos necesarios para la participación en los proyectos.
  • Transmisión a los inversores de la información sobre la evolución de los proyectos.
  • Reclamación judicial y extrajudicial de los derechos de crédito, actuando en representación de los inversores o en nombre propio.
  • Otros que, en su caso, determine el Ministerio de Economía y Competitividad o, con su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, la regulación también especifica una serie de servicios que no pueden ofrecer las plataformas de crowdfunding por estar reservados a empresas de servicios de inversión o a entidades de crédito. Concretamente, y como ya he adelantado, no pueden realizar recomendaciones personalizadas a los inversores sobre los proyectos publicados, lo que entraría dentro del asesoramiento financiero propio de las empresas de servicios de inversión, ni proporcionar mecanismos que automaticen las decisiones de inversión a los inversores no acreditados (en cambio a los acreditados sí pueden ofrecérselos y ellos utilizarlos). Tampoco se les permite procesar pagos entre inversores y promotores, salvo que tengan autorización como entidades de pago híbridas. Con estas restricciones, el legislador pretende asegurar la neutralidad de las plataformas de crowdfunding en la relación que se establece entre inversores y promotores y minimizar el riesgo que corren éstos al utilizarlas.

Medidas para mitigar y gestionar los riesgos del “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial que regula la modalidad de crowdfunding en la que el inversor percibe un rendimiento dinerario por los fondos que aporta, especifica que la inversión en estos proyectos es intrínsecamente arriesgada, tanto porque el promotor puede ser incapaz de devolver o remunerar los fondos recibidos, como porque la plataforma que actúa de intermediaria, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no garantiza la solvencia o viabilidad del promotor. Para tratar de mitigar y gestionar los riesgos de este tipo de inversión, que solamente podrá destinarse a proyectos de tipo empresarial, formativo o de consumo, el legislador impone las medidas siguientes:

Límites para los inversores

Se distingue entre inversores acreditados, sin límites a su inversión, y no acreditados, que sí la tendrán limitada. En este sentido son inversores acreditados:

  • Las personas físicas o jurídicas consideradas clientes profesionales por la Ley del Mercado de Valores (entidades de crédito, compañías de seguros, entidades de capital riesgo, etcétera).
  • Los empresarios que individualmente reúnan, al menos, dos de las siguientes condiciones: activo igual o superior a un millón de euros, cifra de negocios anual igual o superior a dos millones de euros, o recursos propios iguales o superiores a 300.000 euros.
  • Las personas físicas que acrediten ingresos anuales superiores a 50.000 euros o bien un patrimonio financiero superior a 100.000 euros, y que soliciten ser consideradas como inversores acreditados con carácter previo, renunciando de forma expresa a su tratamiento como inversores no acreditados.
  • El resto de personas jurídicas cuando soliciten ser consideradas como inversores acreditados con carácter previo, renunciando de forma expresa a su tratamiento como inversores no acreditados.
  • Las personas físicas o jurídicas que acrediten la contratación de asesoramiento financiero sobre los instrumentos de financiación de la plataforma por parte de una empresa de servicios de inversión autorizada.

Para el resto de inversores no contemplados en el listado anterior, es decir, para los no acreditados, se imponen unos límite de inversión de 3.000 euros en un mismo proyecto de una plataforma y 10.000 euros en doce meses en el conjunto de proyectos (bien sea en la misma plataforma o en distintas).

Límites al número de proyectos e importe máximo de captación

Ningún promotor puede publicar simultáneamente más de un proyecto por plataforma, siendo el límite máximo de captación de fondos por proyecto de dos millones de euros, ampliable a cinco millones si se dirige únicamente a inversores acreditados.

Límites temporales y cuantitativos del proyecto

Se permite que el proyecto reciba la financiación cuando se alcance el 90 por ciento del objetivo, siempre que se informe con carácter previo a la inversión. Asimismo se permiten superar tanto el objetivo de financiación como el plazo máximo en un 25 por ciento, siempre que se informe previamente. Si no se alcanza el objetivo de financiación dentro del plazo fijado, se ha de proceder a la devolución a los inversores de las cantidades aportadas.

Información sobre el proyecto

Cada proyecto deberá contener, al menos, una descripción del mismo de forma concisa y en un lenguaje no técnico, que proporcione la información necesaria para permitir a un inversor medio un juicio fundado sobre la decisión de invertir.

España se suma a los países europeos que regulan el “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la entrada en vigor de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, España cuenta con una regulación de la financiación participativa a través de plataformas de Internet o crowdfunding, sumándose a los países de nuestro entorno como Francia, Italia o Reino Unido que ya la tenían.

De este modo, en el título V del mencionado texto legal se define a las plataformas de financiación participativa como “empresas autorizadas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores”. Como ya te adelanté en el blog, puedes observar que lo que se regula es únicamente la modalidad de crowdfunding en la que el inversor percibe un rendimiento dinerario por los fondos que aporta, pero no otras en las que la financiación captada se logra a través de donaciones, ventas de bienes y servicios o préstamos sin intereses.

La regulación impone una serie de requisitos de tipo administrativo y financiero a las empresas que deseen obtener y mantener su autorización como plataformas de financiación participativa, los cuales se refieren a aspectos tales como su objeto social, domicilio, forma jurídica, administradores u organización. En lo que a requisitos financieros se refiere, destaca el hecho de que deban disponer de un capital social (íntegramente desembolsado en efectivo) de 60.000 euros o un seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía que cubra 300.000 euros por reclamación de daños, y un total de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones o una combinación de ambas posibilidades que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente. Es importante señalar que si la suma de financiación obtenida en los últimos 12 meses supera los dos millones de euros, los recursos propios (suma de capital, prima de emisión y reservas) deberán ser al menos de 120.000 euros, y si supera los cinco millones, estos recursos propios se verán incrementados de modo proporcional hasta alcanzar un máximo de dos millones de euros.

Para captar la financiación participativa se permite que el promotor emita obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas, otros valores representativos de capital o participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, o bien que solicite préstamos a los inversores.

 

El nuevo régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, aclara y regulariza el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito (EFC), entidades que tienen un papel muy significativo en lo referente a financiación del consumo minorista. Pues bien, los EFC ya no son considerados entidades de crédito como ocurría anteriormente, aunque deberán seguir sujetos a los sistemas de supervisión y regulación financiera de este tipo de entidades. Por tanto, seguirán siendo supervisados por el Banco de España.

En el Título II de la Ley 5/2015, donde se recoge el nuevo régimen jurídico de los EFC, se señala que pueden constituirse como tales aquellas empresas que, sin tener la consideración de entidad de crédito y previa autorización del Ministro de Economía y Competitividad, se dediquen con carácter profesional a ejercer una o varias de las siguientes actividades:

  • Concesión de préstamos y créditos, incluyendo crédito al consumo e hipotecario y financiación de transacciones comerciales.
  • Factoring con o sin recurso y actividades complementarias: investigación y clasificación de los clientes, contabilización de deudores, y en general, cualquier otra actividad que tienda a favorecer la administración, evaluación, seguridad y financiación de los créditos que les sean cedidos.
  • Arrendamiento financiero, con inclusión de las actividades complementarias de mantenimiento y conservación de los bienes cedidos, de concesión de financiación conectada a una operación de arrendamiento financiero, de intermediación y gestión de operaciones de arrendamiento financiero, de actividades de arrendamiento no financiero que podrán complementar o no con una opción de compra y de asesoramiento e informes comerciales.
  • Concesión de avales y garantías, y suscripción de compromisos similares.
  • Concesión de hipotecas inversas.
  • Otras actividades accesorias que resulten necesarias para el desempeño de las actividades anteriores, en los términos que se prevean en sus estatutos sociales.

Los EFC también pueden realizar servicios de pago (transferencias, pagos con tarjetas, etcétera) o emitir dinero electrónico, en cuyo caso deberán solicitar autorización administrativa, así como cumplir la normativa específica en cada caso. Sin embargo, no pueden captar fondos reembolsables del público, salvo que lo hagan mediante emisiones de valores sujetas a los requisitos y limitaciones establecidos específicamente. Una vez que se autorizan y tras su constitución e inscripción en el Registro Mercantil, los EFC deberán, antes de iniciar sus actividades, quedar inscritos en el Registro especial de establecimientos financieros de crédito del Banco de España. Dichas inscripciones, así como las bajas que se produzcan en el Registro, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La inteligencia de negocio gana terreno como herramienta para gestionar el riesgo de crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

Los datos aportados por el Octavo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, confirman que los informes comerciales siguen siendo las herramientas de gestión de riesgo de crédito preferidas por las empresas españolas. A continuación se recurre al seguro de crédito y los ratings internos (calificaciones predictivas sobre el riesgo de los clientes que se realizan desde la propia empresa), aunque lo que destaca en el estudio es el crecimiento de la utilización de herramientas de business intelligence (inteligencia de negocio), que hasta hace poco tiempo parecían reservadas solamente a las grandes empresas. La tecnología ha permitido un importante avance en la aparición y utilización generalizada de estas herramientas, las cuales permiten gestionar aspectos tales como el seguimiento de los clientes o sectores, la comparación de la empresa con sus principales competidores, la valoración de los problemas de liquidez y solvencia de los clientes, la investigación del potencial de compra de los posibles clientes, la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, el análisis de la evolución de la propia empresa con respecto al sector donde se ubica o la observación de la situación de los proveedores clave. A pesar de ello, también llama la atención que el 11 por ciento de los encuestados no utilice ninguna herramienta de gestión de riesgo de crédito.

En cuanto a la aplicación de intereses de demora se refiere, solamente un ocho por ciento de los encuestados declara aplicarlos siempre, a pesar del reconocimiento explícito que de ellos hace la legislación contra la morosidad. Un 41 por ciento declara aplicarlos a veces, mientras que más de la mitad de los encuestados, el 51 por ciento, nunca los aplica. Realmente el acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso. Esto es lo que dice la teoría, pero en la práctica “cuesta” mucho solicitar el pago de estos intereses a los clientes morosos.

Una pregunta habitual en las diferentes oleadas del estudio es la que hace referencia a la conveniencia de desarrollar un reglamento sancionador, que penalice los incumplimientos de la legislación contra la morosidad. En esta ocasión un 74 por ciento de los encuestados se muestra favorable a que dicho reglamento se desarrolle.