Las cooperativas de crédito también existen

Mario Cantalapiedra – Economista

Recientemente durante la celebración de unas jornadas formativas tuve la oportunidad de coincidir con los responsables de una sociedad cooperativa de crédito agrícola, los cuales me comentaron como su entidad, en los peores años de la crisis, había conseguido capear el temporal con una baja tasa de morosidad, que actualmente cifraban en el 3,33 por ciento, dato que, a buen seguro, desearían para ellas muchas entidades financieras competidoras. En la opinión de los directivos de esta cooperativa, el que su entidad no hubiera entrado en el “ladrillo” durante estos años había sido el elemento fundamental que explicaba la bondad del dato. Me confesaron que, no obstante, el no acudir al negocio inmobiliario fue una decisión difícil de tomar en un momento en el que la mayor parte del sector financiero sí optaba por hacerlo. Cierto es que en ella pesaron bastante las características de su actividad que, sin dejar de ser financiera, tiene sus propias peculiaridades, las cuales no siempre son conocidas.

Piensa que las cooperativas de crédito participan de una doble naturaleza que les hace ser al mismo tiempo cooperativas y entidades de crédito, estando sometidas tanto a la legislación que regula a las primeras, para sus aspectos sociales, como a la que afecta a las segundas, para sus aspectos económicos y financieros. Realmente pueden realizar las mismas operaciones de activo, pasivo y de servicios que el resto de entidades de crédito, pero, eso sí, teniendo siempre una especial atención a las necesidades de sus socios, aunque puedan trabajar también con terceros. Esta especial atención se materializa en que el conjunto de las operaciones activas (préstamos, créditos, etcétera) que mantengan con terceros no puede alcanzar el límite del 50 por 100 de sus recursos totales.

En la práctica encontrarás cajas rurales o cooperativas de crédito agrícola, que tienen por objeto fundamental financiar las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y aquellas otras que mejoren las condiciones en el ámbito rural, y cooperativas de crédito no agrarias con un ámbito de actuación industrial o urbano.

La cooperativa de crédito agrícola que me ha dado pie para escribir el post, ocupada fundamentalmente en conceder crédito a sus socios agricultores para que pudiesen hacer frente a los pagos originados por sus campañas, relegó a un segundo plano el negocio inmobiliario y así pudo sortear la morosidad que éste trajo después. Seguramente otras entidades mucho más grandes hubieran seguido su ejemplo de saber la que les venía encima.

 

La banca tradicional ante el proceso “fintech” de desintermediación financiera

 

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el profesor José Emilio Navas, la innovación tecnológica “consiste en la aplicación de la tecnología a distintos aspectos de la empresa, como pueden ser productos, servicios o procesos, con el resultado de que se produzca un efecto de novedad significativo”. Pues bien si nos ceñimos al mundo financiero nos encontramos con un término relacionado con la innovación tecnológica, que últimamente está ganando mucho protagonismo, sobre todo en los medios sociales, como es el de “fintech”. Básicamente este vocablo se forma por la unión de los términos en inglés “financial” y “technology”, y aunque el debate sobre su traducción exacta sigue vivo, según la mayoría de las fuentes que he podido consultar, suele englobar a “las compañías que ofrecen productos y servicios financieros innovadores utilizando la tecnología”.

Lo cierto es que están apareciendo múltiples alternativas de negocios financieros que se basan en la utilización de las nuevas tecnologías (páginas webs, aplicaciones móviles, etcétera), y que suelen estar especializados en alguno de los servicios que ofrecen la banca tradicional. Inclusive muchos de estos nuevos negocios, con la celeridad con la que están brotando, carecen todavía de una regulación específica. No obstante, ya hay propuestas “fintech” que cuentan con régimen jurídico propio, como ocurre con el “crowdfunding” en su modalidad de percepción de rendimiento dinerario por los fondos financieros aportados, recientemente regulado en España a través de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.

Aquí la duda que me asalta es la reacción la banca tradicional ante la aparición de estos nuevos mecanismos de desintermediación financiera, en los que los fondos financieros fluyen directamente desde los prestamistas a los prestatarios sin pasar por las entidades de crédito, y que poco a poco están empezando a ser utilizados tanto por particulares como por empresas. En mi opinión los bancos puede adoptar básicamente dos posturas al respecto: o bien competir con estos nuevos modelos “fintech” por los mismos clientes, adoptando sus propias soluciones tecnológicas y reinventando en parte el que, hasta la fecha, ha sido su negocio tradicional, o bien dejar que se desarrollen sin considerarlos una amenaza real puesto que han de captar básicamente a clientes que a ellos no les interesan. Estoy convencido de que más de una entidad financiera tiene este debate abierto en la actualidad.

El plazo de 10 días en las notificaciones por Internet de Hacienda

Mario Cantalapiedra – Economista

El sistema de notificaciones electrónicas obligatorias determina que una serie de personas físicas y entidades reciban necesariamente por Internet las comunicaciones y notificaciones que les realice la Agencia Tributaria. Para ello, la Administración crea de oficio una dirección electrónica habilitada (DEH) con vigencia indefinida, que asigna a cada persona o entidad obligada y notifica por carta. En concreto, las siguientes personas y entidades están obligadas a utilizar este procedimiento:

  • Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.
  • Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que no tengan nacionalidad española.
  • Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes.
  • Uniones temporales de empresas.
  • Agrupaciones de interés económico, agrupaciones de interés económico europeas, fondos de pensiones, fondos de capital riesgo, fondos de inversiones, fondos de titulización de activos, fondos de regularización del mercado hipotecario, fondos de titulización hipotecaria y fondos de garantía de inversiones.
  • Contribuyentes inscritos en el Registro de grandes empresas.
  • Contribuyentes que tributen en el Régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre sociedades.
  • Contribuyentes que tributen en el Régimen especial del grupo de entidades del IVA.
  • Contribuyentes inscritos en el Registro de devolución mensual del IVA.
  • Contribuyentes con autorización para presentar declaraciones aduaneras mediante el sistema de transmisión electrónica de datos (EDI).

Una vez que las personas y entidades anteriores son incluidas en el sistema, todas las notificaciones de la Agencia Tributaria les serán remitidas exclusivamente a su DEH, a la que pueden acceder directamente las personas o entidades relacionadas, o bien sus apoderados. Y es en este punto donde hay que tener un cuidado especial, puesto que, como se informa desde Hacienda, transcurridos 10 días naturales desde el envío de una notificación sin que se acceda a la misma, ésta se dará por efectuada. Por tanto, es aconsejable acceder periódicamente a la DEH, como mínimo cada 10 días, para ver si hay notificaciones o comunicaciones pendientes, y para ello se pueden utilizar los dos canales siguientes:

  • http://www.notificaciones.060.es
  • https://www.agenciatributaria.gob.es

También cabe la posibilidad de que, a la hora de configurar el perfil de la DEH, se facilite una cuenta de correo electrónico personal en la que, de forma no vinculante, se reciban las nuevas comunicaciones y notificaciones. En cuanto al cómputo del plazo de 10 días, empieza a contar a partir del día después de su puesta a disposición. Por ejemplo, para las notificaciones que se envíen a la DEH el día 1 de mes, el plazo comienza las 0 horas del día 2, finalizando a las 24 horas del día 11.

El preaviso a las pymes pendiente de los modelos que ha de publicar el Banco de España

Mario Cantalapiedra – Economista

Por el mes de octubre de 2013 ya comenté en el blog la intención del Gobierno de obligar a las entidades de crédito a preavisar con antelación a las pymes a las que fueran a reducir o cancelar su financiación. Pues bien el tema se ha alargado más de lo previsto inicialmente y hasta abril de este año no hemos conocido el texto legal que lo regula.

Es en el título I de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, donde se recoge la nueva obligación de las entidades de crédito de notificar a las pymes, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción y con una antelación mínima de tres meses, su decisión de cancelar o reducir significativamente (en un 35 por ciento o más) el flujo de financiación que les haya venido concediendo, es decir, el conjunto de contratos de crédito bajo la forma de apertura de crédito, descuento comercial, anticipo, pago aplazado, cesión de créditos o cualesquiera otros que cumplan con una función equivalente de financiación que se otorguen a una pyme por una misma entidad de crédito. La notificación deberá enviarse a la empresa con una antelación mínima de tres meses a la fecha de vencimiento del contrato de crédito de mayor cuantía, excluyéndose de esta obligación general los siguientes supuestos:

  • Cuando el plazo de duración máximo del flujo de financiación, incluidas las posibles prórrogas de los contratos que lo componen, sea igual o inferior a tres meses.
  • Cuando la pyme sea declarada en concurso de acreedores, se hayan iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos.
  • Cuando la entidad de crédito haya resuelto el contrato por incumplimiento de la pyme de sus obligaciones.
  • Cuando los contratos hayan sido rescindidos de común acuerdo o cuando el flujo de financiación no sea prorrogado o sea disminuido en un 35 por ciento o más de común acuerdo entre banco y empresa.
  • Cuando la entidad financiera ponga fin a las relaciones de negocio u operaciones con la pyme en virtud de lo previsto por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Cuando la entidad de crédito justifique objetivamente que las condiciones financieras de la pyme han empeorado de manera sobrevenida y significativa durante los tres meses posteriores a la fecha en la que se debería haber realizado la notificación. Esta justificación habrá de ser notificada por escrito a la pyme.

La entidad de crédito tendrá la obligación de acompañar la notificación, de forma gratuita, con un documento denominado “Información Financiera-PYME”, el cual recoja los datos recopilados sobre la situación financiera e historial de pagos de la empresa, entre ellos su calificación del riesgo de crédito. Corresponde al Banco de España especificar el modelo-plantilla, contenido y formato del documento general, así como el modelo-plantilla y la metodología concreta que deben utilizarse para la evaluación del riesgo. Pues bien, a pesar de que la Ley 5/2015 está vigente desde el 29 de abril, se ha concedido un plazo adicional de cinco meses a la entidad supervisora para publicar estos modelos, algo que a fecha de hoy todavía no se ha producido. Posteriormente la obligación para la banca de notificar a las pymes entrará en vigor a los tres meses desde que se publiquen los modelos.

Con respecto al documento que informe de la calificación de riesgo otorgada por el banco a la empresa, el mismo ha de convertirse en una herramienta de tipo estándar interesante para valorar y comparar el riesgo de las pymes españolas, por lo que habrá que estar muy atentos a su diseño final.

¿Debo seguir vendiendo a un cliente declarado en concurso de acreedores?

Mario Cantalapiedra – Economista

En ocasiones una empresa que es viable desde un punto de vista operativo, es decir, tiene capacidad para generar beneficios con el negocio que desarrolla, se encuentra con que no puede afrontar con regularidad el pago de las deudas que ha contraído con sus acreedores. Es en ese momento cuando el empresario se enfrenta al dilema de liquidar la compañía o tratar de sanearla financieramente, buscando una continuidad de la actividad. Precisamente el concurso de acreedores es el procedimiento judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una persona física o jurídica insolvente, que trata de lograr que el mayor número posible de acreedores cobre, así como de asegurar la continuidad de la actividad económica de la empresa, o, en su caso, la recuperación de la persona física para que pueda tener una segunda oportunidad. Es un procedimiento que viene a sustituir a la antigua quiebra y suspensión de pagos, el cual puede ser solicitado por el propio deudor o por alguno de sus acreedores, cuando la persona física o jurídica no puede cumplir regularmente sus obligaciones de pago.

Una empresa que conoce que uno de sus clientes es declarado en concurso de acreedores se enfrenta a un riesgo que es preciso gestionar con extremo cuidado. Por un lado, habrá de trabajar con la deuda ya comprometida, es decir, las facturas de venta emitidas al cliente y que todavía no han sido cobradas. Por otro lado, habrá de estudiar la conveniencia o no de seguir vendiéndole. En el primer caso, es fundamental que la empresa acreedora se asegure de que sus facturas pendientes de pago son incluidas en lo que se denomina masa pasiva del concurso o conjunto de deudas contraídas por el cliente, para lo que habrá de comunicarlas en plazo y realizar el oportuno seguimiento. En la segunda cuestión, en principio es posible seguir vendiendo al cliente en concurso, eso sí, previa autorización de la administración concursal designada. No es una decisión sencilla de tomar y en ella la empresa acreedora debe valorar si cortar el suministro al cliente puede suponer paralizar su actividad y, por tanto, las posibilidades de que genere beneficios, perdiéndole definitivamente. En cualquier caso, desde el momento en que se conoce la declaración del concurso, es recomendable contar con la colaboración de un asesor jurídico en los diferentes pasos que se emprendan.

El control público del “crowdfunding” a través de la CNMV y el Banco de España

Mario Cantalapiedra – Economista

En el tema de la financiación empresarial alternativa a la bancaria nos encontramos ante un doble reto. Por un lado, parece clara la necesidad de encontrar nuevas vías de financiación que corrijan el exceso de dependencia de las empresas españolas frente a los bancos. Si algo se ha probado durante esta crisis es lo complicado que resulta financiarse externamente cuando el crédito bancario se reduce de modo drástico, por lo que parece necesario enmendar este tema de cara al futuro. Pero también existe el reto de que las nuevas propuestas financieras alternativas a los bancos que están apareciendo cuenten con un control adecuado desde el ámbito público, sin que ello suponga un freno a su desarrollo. En este sentido, la regulación del crowdfunding en su modalidad de percepción de rendimiento dinerario por los fondos aportados articula su control público fundamentalmente a través de dos organismos: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España.

La autorización, registro, supervisión, inspección y sanción de estas plataformas de crowdfunding, de modo general, corresponde a la CNMV. No obstante, en el caso de autorización y registro de aquellas plataformas que intermedien préstamos entre promotores e inversores, modalidad conocida como crowdlending, es necesario además un informe previo del Banco de España.

La solicitud de autorización realizada por la plataforma de financiación participativa debe ser resuelta dentro de los tres meses siguientes a su recepción o al momento en que se complete la documentación exigible, con un plazo máximo de seis meses desde la fecha de recepción. Es importante señalar que si la empresa de crowdfunding no da comienzo a su actividad en los 12 meses siguientes al día de la notificación y no lo hace por casusas imputables a ella, pierde la autorización. La CNMV debe inscribir en un registro público a las plataformas autorizadas detallando su denominación social, domicilio social, dirección de dominio de Internet, identidad de los administradores y relación de socios con participación significativa. Las empresas de crowdfunding están obligadas a comunicar a la CNMV los cambios en su accionariado y, al cierre de ejercicio, a entregar sus cuentas anuales auditadas, así como una memoria con diversos datos: resumen de las categorías de proyectos publicados, financiación alcanzada y proyectos que no han conseguido financiación, tasa de morosidad (si se conoce), proyectos no seleccionados, entidades de crédito o de pago contratadas para intermediar en los pagos entre inversores y promotores, acciones judiciales, quejas y reclamaciones de los clientes, etcétera.