Qué hacer en caso de pérdida o sustracción de una tarjeta bancaria

Mario Cantalapiedra – Economista

Los meses de verano suelen ser especialmente sensibles en lo que se refiere a la pérdida o el robo de tarjetas bancarias de crédito o débito, de hecho, según un estudio reciente de la compañía de seguros de protección de tarjetas CCP, “el 32 por ciento de los robos de tarjetas bancarias que se registran durante todo el año se producen en verano”. Ante la pérdida o sustracción de una tarjeta bancaria es importante que el titular de la misma mantenga la mente fría y trate de dar los pasos oportunos para minimizar los daños que esta desagradable situación puede llegar a causarle. Siguiendo las recomendaciones del Banco de España, conviene realizar las siguientes acciones:

  • Llamar inmediatamente al teléfono facilitado por la entidad financiera emisora de la tarjeta para que proceda a bloquearla. Este número de teléfono debe anotarse en un sitio seguro y fácil de encontrar. La Ley 16/2009, de servicios de pago, limita la responsabilidad por las pérdidas provocadas por operaciones no autorizadas por el uso de una tarjeta extraviada o sustraída a 150 euros, siempre que el titular de la misma no actúe fraudulentamente o con negligencia, considerándose que el titular se comporta negligentemente si no toma medidas “razonables” para proteger la tarjeta y el número secreto (por ejemplo, no debe llevarse nunca este número anotado junto a la propia tarjeta), o si no avisa, sin tardanza, de la pérdida o sustracción de la misma. Es importante señalar que una vez que se realiza la notificación a la entidad emisora, el titular no tiene que hacer frente a ningún pago por el uso irregular de la tarjeta, de ahí la importancia de no demorar esta comunicación.
  • Interponer denuncia ante las fuerzas de seguridad o el Juzgado y guardar la copia correspondiente. La denuncia es un documento oficial en el que figuran el día y hora exactos de la pérdida o sustracción, el cual ha de servir posteriormente para reclamar a la entidad emisora si fuese necesario.
  • Comprobar si existen operaciones adeudadas en la cuenta por el uso fraudulento de la tarjeta.
  • En su caso, plantear reclamación ante el servicio interno de atención al cliente de la entidad emisora, del que obligatoriamente debe disponer, ante el defensor del cliente externo, que tiene carácter potestativo, y, en última instancia, ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España.

 

 

 

 

Cuatro comisiones a la hora de participar en fondos de inversión

Mario Cantalapiedra – Economista

Los fondos de inversión agrupan las aportaciones de sus partícipes con el fin de constituir un patrimonio lo suficientemente grande para invertir en mejores condiciones que si se hace de forma aislada. En ellos una sociedad gestora se encarga de invertir las aportaciones de los partícipes en diferentes activos e instrumentos financieros, cuya evolución determina los resultados del fondo, mientras que una entidad depositaria es la encargada de custodiarlos y vigilar la actuación de la gestora. Con la rentabilidad tan baja que están ofreciendo los depósitos bancarios en la actualidad, los fondos están cobrando protagonismo para canalizar las inversiones de particulares y empresas, por lo que parece conveniente repasar las comisiones que te pueden cobrar si participas en ellos:

1. Comisión de suscripción

La puede cobrar la sociedad gestora de modo individual a cada partícipe en el momento de invertir en el fondo, calculándose como un porcentaje del dinero que se invierte. En caso de que esté prevista, se pagará cada vez que se adquieran participaciones del fondo, estando limitada legalmente a un máximo del 5 por ciento del valor liquidativo de las participaciones suscritas.

2. Comisión de gestión

La cobra diariamente la sociedad gestora al fondo como remuneración de sus servicios y, a diferencia de la comisión anterior, es implícita, o lo que es lo mismo, se deduce directamente del valor liquidativo. Se puede establecer en función del patrimonio del fondo, de sus resultados o de ambas variables con los siguientes límites máximos:

  • Si se calcula únicamente sobre el patrimonio, el 2,25 por ciento de este.
  • Si se calcula únicamente sobre los resultados, el 18 por ciento de estos.
  • Si se utilizan ambas variables, el 1,35 por ciento del patrimonio y el 9 por ciento de los resultados.

3. Comisión de depósito

La cobra la entidad depositaria al fondo por su labor, es decir, por la administración y custodia de los valores que componen la cartera de inversión. Se devenga diariamente y al igual que la comisión de gestión, es implícita, por lo que se deduce directamente del valor liquidativo. Legalmente no puede superar el 2 por mil anual del patrimonio.

4. Comisión de reembolso

La puede cobrar la gestora individualmente a cada partícipe en el momento en el que este deshaga la inversión, por tanto, es una comisión explícita. Se calcula en función del capital reembolsado, estando también limitada legalmente al 5 por ciento del valor liquidativo.

Además de las comisiones anteriores, el fondo tiene otros gastos, por ejemplo, de auditoría, que repercuten en su rentabilidad final. En el folleto informativo del fondo deben aparecer los gastos totales que soporta expresados como un porcentaje sobre su patrimonio medio, dato que conviene consultar antes de plantearse la inversión.

La valoración de las aportaciones no dinerarias al capital de las sociedades

Mario Cantalapiedra – Economista

Los propietarios de una sociedad pueden realizar aportaciones al capital social de la misma en el momento inicial de su constitución y posteriormente a través de las ampliaciones de capital. Dichas aportaciones pueden ser dinerarias (cantidades monetarias) o no dinerarias (bienes o derechos susceptibles de valoración económica). Ejemplos de aportaciones no dinerarias de bienes serían un ordenador o un vehículo, mientras que un crédito frente a un tercero o una patente de invención lo serían de derechos. Pues bien, el tratamiento de estas aportaciones no dinerarias difiere según la sociedad sea anónima o limitada, en base a lo que se dispone en la Ley de Sociedades de Capital.

Aportaciones no dinerarias en sociedades anónimas

En el caso de sociedades anónimas, el registrador mercantil correspondiente al domicilio social de la empresa designa uno o varios expertos independientes que han de elaborar un informe con la descripción de la aportación, sus datos registrales (en caso de que éstos existan) y la valoración correspondiente, expresando los criterios utilizados para realizarla. El valor que se otorgue a la aportación en la escritura no podrá superar la valoración realizada por dichos expertos, los cuales responden frente a la sociedad, los accionistas y los acreedores del daño causado por su valoración, quedando exonerados si acreditan que han actuado con la diligencia y los estándares debidos.

Existen una serie de excepciones a la obligación anterior como cuando se aportan valores con cotización bursátil, o bienes que hayan sido previamente valorados, también por expertos independientes, dentro de los seis meses anteriores. En estos casos, bastará con el informe que aporten los administradores de la sociedad.

El informe del experto o el de los administradores se incorporará como anexo a la escritura de constitución de la sociedad o, en su caso, a la de ejecución del aumento del capital social. Asimismo una copia autenticada del mismo deberá depositarse en el Registro Mercantil en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha efectiva de la aportación.

Aportaciones no dinerarias en sociedades limitadas

En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, en principio, son los socios fundadores, las personas que ostenten la condición de socio en el momento de aumentarse el capital y quienes adquieran alguna participación desembolsada mediante aportaciones no dinerarias, los que responden de manera solidaria frente a la sociedad y los acreedores tanto de la realidad de las aportaciones como de su correcta valoración. No obstante, los socios cuya aportación sea sometida a valoración de expertos independientes, según el sistema previsto para las sociedades anónimas comentado, quedarán excluidos de esta responsabilidad solidaria.

Un registro sobre los titulares reales de las empresas a nivel de UE

Mario Cantalapiedra – Economista

A la Unión Europea le preocupa el hecho de que existan delincuentes que puedan llegar a ocultar su identidad tras estructuras empresariales, por lo que pretende que se conozca, de modo público, información precisa y actualizada sobre los titulares reales de las empresas que se crean en su seno. De este modo, la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, impone a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de crear registros centrales en los que se informe sobre la titularidad real de las empresas, los cuales podrán ser, por ejemplo, registros mercantiles, registros de sociedades o registros públicos.

La información de este registro deberá estar a disposición de:

  • Las autoridades competentes comunitarias y nacionales, sin restricción alguna.
  • Las entidades obligadas, como las entidades de crédito, a aplicar medidas de diligencia debida con respecto a sus clientes.
  • Todas las personas u organizaciones que puedan demostrar un interés legítimo en relación con el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y los delitos subyacentes conexos, como son la corrupción, los delitos fiscales y el fraude. Por ejemplo, podría tener este interés legítimo un periodista que estuviera investigando un caso de corrupción. Estas personas u organizaciones deberán tener acceso, como mínimo, al nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, nacionalidad y país de residencia del titular real, así como a la naturaleza y magnitud de la participación real, expresada como un porcentaje aproximado.

El acceso a la información sobre la titularidad real deberá hacerse de conformidad con las normas sobre la protección de datos, pudiendo estar sujeto a un registro en línea y al pago de una tasa, cuyo importe no deberá exceder los correspondientes costes administrativos. Por otro lado, la Directiva 2015/849 prevé la posibilidad de excluir delacceso a esta información a las entidades obligadas, que no sean públicas, y al resto de personas u organizaciones, si se puede exponer al titular real de la empresa a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, violencia o intimidación, o si dicho titular es un menor o tiene alguna incapacidad no relacionada con la edad.

Los Estados miembros de la Unión Europea tienen de plazo hasta el 26 de junio de 2017 para poner en marcha el registro público.

SE ENDURECE DE NUEVO EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ADMINISTRADORES POR DEUDAS SOCIALES

Aviso a navegantes: Se vuelve a endurecer el régimen de responsabilidad patrimonial de los administradores respecto a las deudas sociales.

Uno de los supuestos más habituales en los que el administrador o consejero de una sociedad, anónima o limitada, puede verse obligado a responder personalmente de las deudas sociales se produce cuando existen pérdidas contables constitutivas de causa de disolución, (aquellas que hacen que el patrimonio neto sea inferior a la mitad del capital social escriturado) y, aun a pesar de conocer este hecho, deja transcurrir más de dos meses sin cumplir sus obligaciones legales, a saber: convocar junta de accionistas en la que se acuerde subsanar la causa de disolución o, alternativamente, acordar la disolución y liquidación de la sociedad o la declaración de concurso. Además de esto, si la Junta no acordase ninguno de estos acuerdos deberá ponerlo en conocimiento del Juzgado para que sea el órgano jurisdiccional quien decida sobre si procede o no la disolución societaria.

En caso de no cumplir esta obligación en el plazo de dos meses, y a modo de sanción civil, se establece, sin tener en cuenta cuál era la intención del administrador o si existía dolo o culpa en su incumplimiento, se establece directamente la responsabilidad patrimonial personal de éste respecto a las cantidades impagadas por la sociedad con posterioridad a la causa de disolución.

En el año 2008, ante la acometida de la crisis económica y sobre todo ante la repentina depreciación de los bienes inmuebles, con el pretexto de dotar de mayor liquidez a las empresas pero con la finalidad de evitar que un alto porcentaje de las compañías mercantiles de este país se viesen inmersas en causa de disolución derivada de la citada devaluación inmobiliaria se estableció mediante Real Decreto Ley 10/2008 se estableció que a los efectos de determinar si existen pérdidas contables determinantes de causa de disolución de la sociedad “no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias o de préstamos y partidas a cobrar.”

 

 

 

 

Este precepto, aprobado inicialmente con carácter anual, ha sido revalidado anualmente todos los años desde entonces hasta el año 2015, en el que se ha decidido que la citada Disposición Adicional Única no continúe siendo aplicable. De este modo, los administradores o consejeros de sociedades mercantiles han de revisar si dejando de aplicar los criterios del R.D.L. 10/2008 sus compañías se encuentran o no en causa contable de disolución.

 

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

         Socio AGM ABOGADOS

Responsable Comisión de Morosidad ASSET

Nueva regulación fiscal de las pérdidas por deterioro de créditos por insolvencias

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la entrada en vigor de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), aplicable a los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se ha visto modificada en parte la deducibilidad fiscal de las pérdidas por deterioro de créditos por insolvencias. Si bien se mantienen las cuatro circunstancias que permitían la deducción en la regulación anterior, se producen importantes novedades en cuanto a las excepciones a considerar.

De este modo, el artículo 13 de la Ley 27/2014, permite deducir las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el momento del devengo del IS concurra alguna de las cuatro circunstancias siguientes:

  • Hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento de la deuda.
  • El deudor esté declarado en situación de concurso.
  • El deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
  • La deuda haya sido reclamada judicialmente o sea objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

Por su parte, no se permiten deducir las pérdidas por deterioro debidas a:

  • Créditos adeudados o afianzados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.
  • Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez, en los términos establecidos en la Ley Concursal.
  • Estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores.

Por tanto, desaparece la limitación anterior que existía sobre las pérdidas de créditos afianzados y garantizados (por entidades de crédito, sociedades de garantía recíproca, contratos de seguro de crédito o caución, etcétera), y sobre las de créditos renovados o prorrogados de forma expresa, que ahora sí se podrán deducir.

Con respecto a las estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores, hay que señalar que, si bien no son deducibles de un modo general, sí pueden deducirlas las empresas de reducida dimensión, es decir, aquellas compañías que facturan menos de 10 millones de euros, hasta el límite del 1 por ciento sobre los deudores existentes a la conclusión del período impositivo, excluidos los que hayan motivado deducciones individualizadas y aquellos otros cuyas dotaciones no sean deducibles.

 

 

 

Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2015

Mario Cantalapiedra – Economista

Mediante Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, se ha establecido que el tipo legal de interés de demora a aplicar en las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2015 sea del 8,05 por 100, por lo que se mantiene el tipo del semestre precedente.

Por tanto y a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,05 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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