Cómo y cuándo se publicará el listado de morosos con la Hacienda Pública

Mario Cantalapiedra – Economista

Con el objetivo de potenciar la lucha contra el fraude fiscal, el Gobierno español ha decidido publicar periódicamente listados de morosos con la Hacienda Pública. Para ello la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, ha modificado la Ley General Tributaria a la que se añade un nuevo artículo 95 bis, referente a la “publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias”, cuyo texto entrará en vigor a partir del próximo 12 de octubre.

Los listados de morosos recogerán a los contribuyentes con deudas y sanciones tributarias, pendientes de ingreso, superiores a un millón de euros que no hayan sido abonadas en el plazo de ingreso voluntario, no incorporando deudas y sanciones que se encuentren aplazadas o suspendidas. En dichos listados se incluirán los siguientes datos:

  • Identificación de los deudores, que en el caso de personas físicas se realizará mediante nombre y apellidos y número de identificación fiscal (NIF), y en el caso de personas jurídicas a través de razón o denominación social completa y NIF.
  • Importe conjunto de las deudas y sanciones pendientes de pago tenidas en cuenta a efectos de la publicación.

Los deudores afectados recibirán comunicación de la propuesta de inclusión en el listado, contando con un plazo de 10 días, a partir del día siguiente al de recepción de la comunicación, para efectuar alegaciones que habrán de referirse exclusivamente a la existencia de errores materiales, de hecho o aritméticos. Asimismo el acuerdo final se podrá impugnar por la vía contencioso-administrativa.

Es importante señalar que la publicación de los datos de los morosos se realizará por medios electrónicos, impidiéndose la indexación de su contenido a través de motores de búsqueda en Internet como, por ejemplo, Google. De igual modo, los listados dejarán de ser accesibles a los tres meses de su fecha de publicación. Por tanto, para poder ver los datos habrá que acudir directamente a la dirección de Internet donde se “cuelguen”, teniendo en cuenta el mencionado plazo de caducidad. Está previsto que el primero de los listados se publique a finales de año con los deudores morosos a 31 de julio de 2015. A partir de ahí, en el primer semestre de cada año se publicará el listado de deudores a 31 de diciembre del año anterior. Al referirse a fechas concretas, los morosos que vayan regularizando su deuda con Hacienda no aparecerán en los siguientes listados.

Guía para facilitar la tramitación de las plataformas de “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de publicar en su web una guía para facilitar y simplificar la tramitación de la autorización de plataformas de financiación participativa o crowdfunding. Te recuerdo que éstas se encuentran reguladas en España por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, que concretamente regula “aquellas plataformas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores”.

La CNMV, puesto que estas plataformas de financiación han de ser autorizadas por ella y para facilitar la tramitación de dicha autorización, ha habilitado una guía que recoge las exigencias previstas en la Ley 5/2015 para poder constituirlas, tanto si son de nueva creación como si provienen de operaciones societarias (de transformación, fusión, escisión, etcétera), a través de los siguientes apartados:

  1. Solicitud de autorización.
  2. Estatutos sociales.
  3. Administradores y directores generales.
  4. Estructura accionarial y de grupo.
  5. Programa de actividades.
  6. Estructura organizativa.
  7. Normas de conducta.
  8. Anexos.

La guía se ha diseñado en formato Word, por lo que si se descarga desde la web de la CNMV se puede cumplimentar utilizando esta misma herramienta. Para cada apartado se solicitan informaciones y documentos que, como mínimo, debe contener el proyecto de autorización de la plataforma de financiación. Además, los promotores del proyecto pueden aportar datos, informes o antecedentes cuando resulten relevantes para su valoración. Por su parte, la CNMV se reserva la posibilidad de solicitar información adicional o aclaratoria, de acuerdo con lo previsto en los artículos 57.2 y 90 de la Ley 5/2015. Una vez cumplimentada la guía en cada uno de sus apartados, el promotor de la plataforma debe adjuntar la documentación que corresponda y firmar todas las páginas, antes de proceder a su presentación en el registro oficial de la CNMV que puede realizarse tanto en su sede de Madrid como de Barcelona.

Nueva medida para reducir el plazo de pago de las grandes empresas a las pymes

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, ha incorporado una medida que, en palabras del Gobierno, trata de reducir la morosidad de las grandes compañías con sus proveedores, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas.

De este modo, se modifica el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para incluir el periodo medio de pago a proveedores de las grandes empresas como elemento acreditativo de su solvencia económica y financiera a la hora de contratar con la Administración. En concreto, se añade el siguiente párrafo al final del artículo 75.1 del RDL 3/2011, el cual se refiere a los medios que sirven para acreditar dicha solvencia:

Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de este apartado, el órgano de contratación podrá exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad”.

Recuerdo que los límites para poder presentar en el Registro Mercantil el modelo abreviado de cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes (se han de cumplir, durante dos ejercicios consecutivos a la fecha de cierre, al menos dos de las tres circunstancias):

  • Total activo inferior a 11.400.000 euros.
  • Importe neto de la cifra de negocios inferior a 22.800.000 euros.
  • Número medio de trabajadores inferior a 250.

Por lo tanto, se comprueba como la medida se encamina a reducir la morosidad de grandes empresas que deseen contratar con los entes públicos. En cuanto al plazo de pago que marca la legislación vigente contra la morosidad en España, recordar que es de 60 días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Ahora habrá que ver si esta nueva disposición consigue reducir la morosidad que de forma recurrente vienen soportando las sufridas pymes españolas de sus grandes clientes.

Un Registro público y un sello para identificar a las pymes innovadoras

Mario Cantalapiedra – Economista

En una economía globalizada y cambiante la innovación permite a las empresas competir y estar presentes en el mercado. La necesidad de innovar afecta tanto a las grandes empresas, tradicionalmente más concienciadas con esta cuestión, como a las pequeñas y medianas. En el caso español el reto de la innovación parece importante, ya que nuestro tejido empresarial está compuesto fundamentalmente por pymes vinculadas a sectores tradicionales que invierten poco en investigación y desarrollo.

Pues bien, el Gobierno a través de la Orden ECC/1087/2015, de 5 de junio ha decidido crear tanto un sello como un Registro público, dependiente de la Dirección General de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía y Competitividad, para identificar a las pymes innovadoras, tratando de ponerlas en valor, de articular políticas específicas para ellas y, por qué no decirlo, de que cunda el ejemplo. De este modo, una pyme, definida según el criterio de la Unión Europea (es decir, una empresa que tenga menos de 250 trabajadores y una cifra de negocio anual no superior a 50 millones de euros o un balance no superior a 43 millones de euros), se considera innovadora:

  • Cuando haya recibido determinados fondos públicos en los últimos tres años, sin revocación por incorrecta o insuficiente ejecución de la actividad financiada, como, por ejemplo, ayudas para la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
  • Cuando demuestre su carácter innovador disponiendo de una patente propia en explotación o por haber obtenido un informe motivado vinculante positivo a efectos de aplicación de la deducción fiscal por actividades de I+D+i.
  • Cuando demuestre capacidad de innovación mediante alguna de las siguientes certificaciones oficiales: Joven Empresa Innovadora (JEI), Pequeña o microempresa innovadora o Certificación conforme a norma UNE 166.002 sobre sistemas de gestión de la I+D+i.

Tras la inscripción en el Registro que lleva aparejada la obtención del sello, la empresa puede exponer éste en su sede y locales, utilizarlo en su tráfico comercial y con fines publicitarios, así como compatibilizar las deducciones fiscales por proyectos de I+D+i y las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social por personal investigador. El sello tiene caducidad para fomentar la innovación continua en las empresas, la cual se calcula en función del plazo máximo de cómputo de los requisitos alegados (ayudas, patentes, informes o certificaciones). Comentarte que ya existen empresas que han obtenido el sello, por lo que si deseas más información te recomiendo acudir al siguiente enlace.

Se recupera el número de empresas activas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

A finales del mes de julio hemos podido conocer los datos actualizados del Directorio Central de Empresas (DIRCE) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), los cuales muestran la evolución del número de empresas activas en España. La buena noticia es que por primera vez en los últimos siete años este número crece, situándose en 3.186.878 empresas a 1 de enero de 2015. Lejos queda todavía el máximo histórico de la serie que se alcanzó en 2008 con 3.422.239 empresas, aunque la mejora es evidente (en términos porcentuales, el aumento de empresas en 2015 con respecto al ejercicio anterior es del 2,2 por ciento).

Evolución del número de empresas activas en España (2006-2015)

empresas

Fuente: Elaboración propia a partir datos DIRCE – INE (Fecha de referencia: 1 de enero de 2015).

En lo referente al tamaño de las empresas españolas, éstas siguen caracterizándose por su reducida dimensión. Del total de empresas contabilizado, más de un 99 por ciento tienen menos de 50 trabajadores, por lo que según el criterio de la Unión Europea son pequeñas empresas. Inclusive, la mayor parte de ellas, el 95,8 por ciento del total no alcanzan los 10 empleados por lo que, siguiendo el mismo criterio que marca Bruselas, se han de considerar microempresas. Luego, si bien aumenta su número, las empresas españolas siguen siendo muy pequeñas en su conjunto, confirmándose el reto pendiente de ganar tamaño para competir mejor en un mercado global.

Distribución de empresas en España según el número de trabajadores

asalariados

Fuente: Elaboración propia a partir datos DIRCE – INE (Fecha de referencia: 1 de enero de 2015).

La nueva Ley de Auditoría modifica el concepto de pyme a efectos contables

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, siguiendo los parámetros contenidos en la Directiva 2013/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ha modificado los criterios que definen lo que es una pyme a efectos contables, adelantándose así a la reforma del Plan General de Contabilidad para pymes que se está preparando precisamente para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva, y que debería estar lista para aplicarse en 2016. Desde Bruselas lo que se pretende es armonizar la información contable que presentan las empresas, así como simplificar los datos contables obligatorios para las pymes, sobre todo, para las más pequeñas, sin que los interesados en dichos datos se vean perjudicados.

En la nueva Ley de Auditoría se recogen las definiciones que, a efectos contables, prevé la Directiva tanto para las entidades pequeñas como medianas, aunque no así para las microempresas que también son definidas en el texto europeo. De este modo, entidades pequeñas, según el artículo 3.9 de la Ley 22/2015, son aquellas que durante dos ejercicios consecutivos reúnen, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

  • Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
  • Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

Por su parte, entidades medianas son, en base al artículo 3.10 de la Ley 22/2015, aquellas que durante dos ejercicios consecutivos reúnen, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

  • Que el total de las partidas del activo no supere los veinte millones de euros.
  • Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los cuarenta millones de euros.
  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a doscientos cincuenta.

Las entidades pierden la categoría correspondiente en cada caso al dejar de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias mencionadas.

Lo más lógico es pensar que el nuevo Plan General de Contabilidad para pymes será aplicable a las empresas que son consideradas pequeñas según las circunstancias que acabo de comentar, aunque deberemos esperar a que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) presente su redacción definitiva para confirmarlo.