El efecto de las provisiones en el resultado de la empresa

Mario Cantalapiedra – Economista

Imagina que al cierre del ejercicio contable te encuentras con que un cliente lleva a tu empresa a juicio, porque considera que le habéis vendido un producto defectuoso y os reclama por ello una indemnización, existiendo una alta probabilidad de tener que pagarla. Aparece así una obligación futura, especificada en cuanto a su naturaleza, pero de la que se desconoce tanto su importe exacto como el momento concreto en el que se tendrá que afrontar. En esta situación, la normativa contable española permite recoger dicha obligación en el pasivo del balance bajo el concepto de provisión, con cargo a una cuenta de gasto, siempre que sea probable la salida de recursos para cancelarla y que su importe pueda medirse con fiabilidad.

El problema es que el cálculo de las provisiones se basa en estimaciones de lo que puede llegar a pasar, y mal dotadas pueden ser elementos que distorsionen la cuenta de pérdidas y ganancias. Se pueden dotar por exceso para declarar un menor beneficio y pagar menos impuestos a Hacienda, pero también se pueden dotar por defecto para maquillar el resultado ante terceros y mostrar una mayor ganancia ante, por ejemplo, los bancos que conceden financiación a la empresa. De ahí que los analistas externos traten de conocer los criterios que sigue la empresa al dotar provisiones, bien a través de explicaciones que figuren en su memoria, bien preguntando directamente a sus responsables. A estos efectos, comentar que el Plan General de Contabilidad español recoge expresamente las siguientes provisiones:

A largo plazo:

  • Provisión por retribuciones a largo plazo al personal.
  • Provisión para impuestos.
  • Provisión para otras responsabilidades (donde se recogería la obligación derivada del litigio del ejemplo, si se prevé su cancelación a largo plazo).
  • Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado.
  • Provisión para actuaciones medioambientales.
  • Provisión para reestructuraciones.
  • Provisión por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.

A corto plazo:

  • Provisiones por operaciones comerciales (que se subdivide en dos: provisión por contratos onerosos y provisión para otras operaciones comerciales).
  • Provisión a corto plazo por retribuciones al personal.
  • Provisión a corto plazo para impuestos.
  • Provisión a corto plazo para otras responsabilidades (donde se recogería la obligación del ejemplo, si se estima su cancelación a corto plazo).
  • Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado.
  • Provisión a corto plazo para actuaciones medioambientales.
  • Provisión a corto plazo para reestructuraciones.
  • Provisión a corto plazo por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.

Qué magnitudes integran el importe neto de la cifra de negocios

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando se analiza la información financiera de una empresa resulta fundamental estudiar el importe neto de su cifra de negocios, es decir, el importe de sus ventas, así como ver su evolución en el tiempo. Este análisis cobra especial importancia, sobre todo, si lo que se está planteando es vender o no a una determinada compañía. De este modo, un cliente que tenga una disminución significativa de sus ventas, de forma continuada en el tiempo, puede tener problemas para afrontar sus obligaciones de pago. Por otro lado, si un cliente muestra un incremento significativo de su cifra de negocios, puede ser una estrategia interesante tratar de aumentar la facturación con él.

Para conocer el modo adecuado de calcular la cifra de negocios hemos de acudir a la normativa contable. Según se recoge en la norma 11ª de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (PGC), correspondiente a las normas de elaboración de las cuentas anuales, el importe neto de la cifra anual de negocios se determina deduciendo del importe de las ventas de los productos y de las prestaciones de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de cualquier descuento (bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas) y el del impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente relacionados con las mismas, que deban ser objeto de repercusión. Por tanto, el importe neto de la cifra de negocios se determina por la suma algebraica de las siguientes magnitudes:

– Positivas:

  • Ventas de mercaderías.
  • Ventas de productos terminados.
  • Ventas de productos semiterminados.
  • Ventas de subproductos y residuos.
  • Ventas de envases y embalajes.
  • Prestaciones de servicios.

– Negativas:

  • Descuentos sobre ventas por pronto pago.
  • Devoluciones de ventas y operaciones similares (remesas devueltas por los clientes normalmente por incumplimiento de las condiciones del pedido).
  • “Rappels” sobre ventas (descuentos otorgados por la empresa a sus clientes como consecuencia de haber alcanzado un determinado volumen de pedido).

Como refleja la normativa contable, no forman parte de la cifra de negocios ni el impuesto sobre el valor añadido (IVA) repercutido ni otros tributos que se repercutan a clientes. Entre estos últimos están los impuestos especiales que recaen sobre determinados bienes (tabaco, alcohol y productos derivados, cerveza, hidrocarburos, electricidad, etcétera).

Facilitar el cierre de empresas individuales y sociedades limitadas

Mario Cantalapiedra – Economista

Como recordaba recientemente el Banco Mundial, el proceso en España para abrir una empresa es más engorroso y caro que en los países de nuestro entorno. Igualmente, resulta largo y caro el proceso de cierre de una compañía, de tal modo que muchos empresarios prefieren dejar sus empresas inactivas antes que cerrarlas por el coste que representa hacerlo. Intentando paliar en parte este problema, se acaba de publicar el Real Decreto 867/2015, de 2 de octubre, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para el cese de actividad y extinción de las sociedades de responsabilidad limitada y el cese de actividad de las empresas individuales. En él se regula el contenido que debe tener el DUE para que, de manera integrada y de forma electrónica, se puedan llevar a cabo los trámites necesarios para el cierre de empresas individuales y sociedades limitadas.

La cumplimentación del DUE se podrá realizar a través del Punto de Atención al Emprendedor (PAE) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y del resto de PAE autorizados, y permitirá realizar los siguientes trámites:

  • La solicitud de la inscripción al Registro Mercantil de la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, del nombramiento de los liquidadores, del cierre de sucursales y, en general, cancelación del resto de asientos registrales.
  • La comunicación de la extinción de la empresa o el cese definitivo de su actividad y/o la baja de los trabajadores a su servicio a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social al que aquéllos se hallen adscritos.
  • La declaración de cese de actividad y de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores y la declaración de baja en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
  • La comunicación de la baja en los registros sectoriales estatales, autonómicos y municipales en los que se hubiese inscrito la empresa o sus instalaciones.
  • La comunicación de cese de actividad a las autoridades estatales, autonómicas y municipales cuando ésta sea preceptiva.
  • En caso de emprendedores de responsabilidad limitada, la solicitud de cancelación de las inscripciones que resulten necesarias en el Registro Mercantil, en el Registro de la Propiedad y en cualesquiera otros registros en los que estuvieren inmatriculados los bienes inembargables por deudas empresariales o profesionales.
  • Baja de la embarcación o del artefacto flotante.

No obstante, señalar que la entrada en vigor de este Real Decreto 867/2015 se pospone al 16 de abril de 2016, luego habrá que esperar hasta entonces para ver cómo funciona en la práctica.

¿Dónde es más fácil hacer negocios en España?

Mario Cantalapiedra – Economista

A solicitud del Ministerio de Economía y Competitividad, se ha realizado el primer estudio Doing Business en España 2015, publicado por el Banco Mundial, que mide la forma en la cual las regulaciones gubernamentales fomentan o restringen la actividad empresarial. En él se analizan las regulaciones que afectan a cinco etapas en la vida de una pyme local: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades y comercio transfronterizo. Las cuatro primeras áreas han sido analizadas en las 17 comunidades y 2 ciudades autónomas (para lo cual se toman los datos de una ciudad concreta en cada comunidad), mientras que la última, la de comercio transfronterizo, ha estudiado el proceso de exportación e importación desde Madrid a través de cinco puertos: Algeciras, Barcelona, Bilbao, Valencia y Vigo. Adicionalmente, se han analizado los requisitos de puesta en marcha de una pyme industrial, así como los requisitos para que una empresa constituida en una comunidad autónoma pueda operar en otras.

De sus principales resultados se desprende que, de forma general, es más fácil hacer negocios en La Rioja (Logroño) y en la Comunidad de Madrid (Madrid), y más difícil en Aragón (Zaragoza) y Galicia (Vigo).

En cuanto a los resultados por áreas, se observa que es más fácil abrir una empresa en Andalucía, puesto que es uno de los lugares donde más se utiliza la plataforma telemática CIRCE, que simplifica trámites, y además las tasas municipales son más reducidas; es más fácil obtener permisos de construcción en La Rioja, ya que la licencia de obra se obtiene más rápidamente, a un coste menor y se puede solicitar evitando varios trámites previos; es más fácil conectarse a la red eléctrica en Catalunya gracias a la autorización simplificada de la instalación eléctrica y a que no se requiere obtener visados colegiados, y, por último, es más fácil el registro de propiedades en Ceuta y Melilla dado que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales es el más bajo, en parte por su régimen fiscal especial. Curiosamente se observa cómo se han desarrollado buenas prácticas en unas comunidades, que bien podrían ser imitadas por otras, aunque tal como están las cosas en este país pueda parecer algo utópico.

Y otro dato que aporta el estudio para la reflexión: abrir una empresa en España requiere de media 9,4 trámites, 17 días, un coste equivalente al 4,2 por ciento de la renta per cápita y el desembolso del capital social equivalente al 13,8 por ciento de la renta per cápita. A pesar de que se mejora en los últimos años, el proceso sigue siendo más engorroso y caro que en la Unión Europea… qué tomen buena nota nuestros políticos.

Clasificación ciudades españolas por su facilidad para hacer negocios

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Fuente: Elaboración propia a partir datos Banco Mundial, 2015. Doing Business en España 2015. Washington, D.C.: Grupo del Banco Mundial. Datos a 1 de marzo de 2015.

Si no puedo controlar a diario el B.O.E perderé derechos y dinero en el concurso de acreedores de mis deudores

Hace años, antes de que operase la reforma de la Ley Concursal instrumentada mediante la Ley 38/2011, si uno de nuestros clientes se declaraba en concurso de acreedores recibíamos la comunicación de la existencia del procedimiento concursal del Administrador del Concurso, comenzando a partir de ese momento a contar el plazo para comunicar nuestro crédito.

Desde la citada reforma se modificaron los artículos 23, 85 y 21 de la Ley Concursal de tal manera que el plazo para comunicar un crédito comienza desde el día en que se publica en el B.O.E. el auto admitiendo a trámite el concurso e, igualmente, comienza a computarse desde dicha publicación oficial el plazo para solicitar a la Agencia Tributaria la devolución del I.V.A. de las facturas que resultaron impagadas por la concursada.

Algunos Administradores Concursales, desde dicha reforma, ni siquiera envían la comunicación del inicio del concurso a los acreedores. Otros lo hacen pero cuando recibimos la carta de la Administración concursal ya se ha consumido en todo o en parte nuestro plazo de 1 mes para comunicar nuestro crédito en el procedimiento concursal.

Esto, como he tenido la oportunidad de comprobar con varios clientes, genera una serie de graves problemas para nuestra empresa que son:

1-      Si se nos pasa el plazo para comunicar el crédito corremos el riesgo de que el mismo no sea reconocido en el concurso o de que lo sea pero con el carácter de crédito subordinado, los últimos en cobrar en la prelación de cobros de la Ley Concursal.

2-      Si se nos pasa el plazo para reclamar la devolución del I.V.A. de las facturas que han resultado impagadas no tendremos otra oportunidad, perderemos el importe del I.V.A que hemos adelantado y que hoy por hoy asciende a un 21% de la factura, una quinta parte de nuestro crédito que dejamos de recuperar sólo por no haber controlado el B.O.E.

Sin embargo, el evitar los dos riesgos hasta ahora descritos genera un tercer problema a nuestra empresa, tener que controlar a diario el B.O.E. sobre todos y cada uno de nuestros clientes para verificar si han sido declarados o no en concurso de acreedores lo que, en empresas de gran envergadura, supondría contratar a un número considerable de personas sólo para desempeñar esta ardua tarea, debido al gran número de clientes que verificar cada mañana.

Ciertamente roza un poco en lo absurdo que sea una obligación del acreedor de la concursada, ya suficientemente perjudicado por la declaración en concurso, el tener que controlar a diario si alguno de sus clientes entra en concurso de acreedores pero, absurdo o no, así es en la cruda realidad.

El consejo que normalmente doy a mis clientes al respecto consiste en contratar herramientas informáticas de inteligencia de negocio con alertas enfocadas a la gestión del riesgo de crédito, hay algunas muy buenas y que cada mañana nos dan toda la información y novedades que atañen a todos y cada uno de nuestros clientes, incluyendo en esa información la aparición o no en el B.O.E. de su declaración de concurso, evitando con ello que perdamos la inclusión de nuestro crédito o el derecho a recuperar el I.V.A. adelantado en su momento.

                                                                                                    Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi

Responsable Comisión Morosidad ASSET

                                                                                                      Socio AGM ABOGADOS

INSIGHTCABECERA

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil: El nuevo plazo para poder exigir el pago de deudas es de 5 años en lugar de 15

Hoy se ha publicado en el B.O.E. la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entre otras reformas de calado, quizás la que más afecta al recobro de cantidades es la que se establece en su Disposición Final Primera, que modifica el artículo 1964 del Código Civil en su apartado segundo, que a partir de ahora tendrá la siguiente redacción:

“2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.”

De este modo, el plazo para poder reclamar un pago, en cuanto a obligación, se reduce a 5 años en lugar de los 15 años que constituían el plazo de prescripción hasta esta reforma.

Este nuevo plazo será solamente de aplicación a las obligaciones que nazcan con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma, las que se hubiesen constituido con fecha anterior seguirán teniendo un plazo de prescripción de 15 años, pues la propia norma prevé, en su disposición transitoria quinta, que a las obligaciones anteriores a su entrada en vigor se aplique el artículo 1939 del Código Civil.

Ello ha dulcificado la reforma, que en un primer borrador del proyecto de Ley preveía que el nuevo plazo se aplicase a todas las obligaciones, anteriores o posteriores a la Ley, lo que hubiese supuesto la necesidad de reclamar de golpe todas las deudas pendientes so pena de perder la posibilidad de hacerlo.

También se ha suavizado el texto inicial del borrador en el sentido de que el plazo de prescripción es susceptible de ser interrumpido por los mismos medios que hasta la fecha, posibilidad que en un primer momento se quiso erradicar.

En definitiva, después de esta reforma, nada cambia salvo la reducción del plazo que hemos de tener en cuenta para iniciar la reclamación de las obligaciones pendientes para evitar que prescriba nuestra acción para hacerlo.

Fdo: Gonzalo Quiroga Sardi – Presidente Comisión Morosidad ASSET – Socio de AGM ABOGADOS

Cuatro principios de la nueva regulación sobre el cobro de comisiones en cajeros

Mario Cantalapiedra – Economista

A pesar de que el Banco de España especifica que las entidades financieras no pueden cobrar dos o más veces por el mismo concepto, en los últimos meses hemos asistido a cambios en el cobro de comisiones por retirada de efectivo en los cajeros automáticos que cuestionan este principio. De este modo, clientes de determinadas entidades, que anteriormente sólo debían abonar una comisión a la entidad emisora de la tarjeta, han tenido que pagar otra adicional a la propietaria del cajero. El Gobierno consciente de esta situación ha decidido modificar la Ley16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, a través del Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, introduciendo una nueva regulación que afecta a este tipo de comisión y que se basa en los cuatro principios siguientes:

  1. Las entidades propietarias de los cajeros automáticos no podrán cobrar cantidad ni comisión alguna a los clientes de otras entidades cuando retiren dinero de los mismos.
  2. Las entidades propietarias de los cajeros sí podrán exigir una comisión a la entidad emisora de la tarjeta del usuario del cajero. Es decir, la comisión no se podrá cobrar a la persona que retira el dinero, pero sí al banco del que ésta es cliente.
  3. Por la retirada de efectivo a débito en cajeros de otras entidades, la entidad emisora de la tarjeta podrá repercutir o no la comisión a su cliente, pero si lo hace no podrá cobrarle por encima de lo que ella haya pagado. Dentro de este límite, la cantidad a repercutir será la que libremente se pacte en el contrato entre entidad emisora y cliente. En el caso de que la retirada sea a crédito, la entidad emisora de la tarjeta podrá cobrar un importe adicional por este concepto, aunque el mismo no podrá ser superior al que aplique a su cliente por la retirada de efectivo a crédito en sus propios cajeros.
  4. Se establecen una serie de mecanismos para asegurar que el modelo garantiza la necesaria transparencia y se preserva la competencia. De este modo, las entidades propietarias de los cajeros informarán a los usuarios antes de la retirada del dinero a débito de la comisión que, en su caso, van a cobrar a las entidades emisoras y de que ésta les puede ser repercutida total o parcialmente. En el caso de que el dinero se retire a crédito, la información anterior deberá incluir el importe máximo adicional que podrá repercutir la entidad emisora.

Las entidades financieras tienen de plazo hasta el próximo 1 de enero de 2016 para acordar entre ellas la comisión a cobrar y adaptar sus sistemas. Si no hay acuerdo, la comisión que determinen los propietarios de los cajeros será la misma en todo el territorio nacional, sin que puedan existir discriminaciones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará anualmente al Ministerio de Economía de estos acuerdos y de si establecen algún tipo de barrera a la situación competitiva que el Gobierno está buscando.

 

La recuperación de empresas en España viene asociada al sector servicios

Mario Cantalapiedra – Economista

Desde el punto de vista de su tejido empresarial se dice que España es un país donde predominan las empresas de servicios, algo que realmente se comprueba analizando los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según dichos datos, el mayor peso en la estructura empresarial lo tiene el sector que el INE denomina resto de servicios, el cual representa el 57,1 de las empresas activas a 1 de enero de 2015. En este sector se incluyen las empresas dedicadas a hostelería, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y de servicios auxiliares, educativas, sanitarias y de asistencia social y otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales. En segundo lugar, se encuentra el comercio, que reúne a las compañías que desarrollan actividades de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios del comercio, con un 24 por ciento del total. Lejos quedan ya las cifras de la construcción (12,7 por ciento) e industria (6,2 por ciento).

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Fuente: Elaboración propia a partir datos DIRCE – INE (Fecha de referencia: 1 de enero de 2015).

Inclusive si se estudia la evolución del número de empresas activas durante los últimos cuatros años, se observa como la recuperación viene asociada de principalmente con los servicios, cuyo número de empresas aumenta año a año desde 2012, con casi un 4 por ciento de crecimiento en el último ejercicio. En el otro lado de la balanza está la pérdida progresiva de tejido empresarial de los sectores industrial y de la construcción. Creo que una mejora de estos dos sectores, fundamentalmente del industrial, despejaría muchas de las dudas que existen sobre la debilidad de nuestra recuperación económica.

Evolución de empresas activas en España por sector económico (2012-2015)Imagen11Fuente: Elaboración propia a partir datos DIRCE – INE.