Disminuyen las reclamaciones de los clientes de entidades financieras al Banco de España

Mario Cantalapiedra – Economista

Recientemente se ha presentado la Memoria de Reclamaciones de 2014 elaborada por el Banco de España, que incluye un resumen estadístico de los expedientes resueltos de reclamaciones realizadas por los clientes de entidades financieras, y en la que también se exponen los criterios aplicados por el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones en su resolución. Te recuerdo que este Departamento es el que ha asumido las funciones que anteriormente realizaba el Servicio de Reclamaciones de la entidad supervisora.

De los datos de la Memoria, destaca el descenso del número de reclamaciones en todos los ámbitos con respecto a 2013, con una cifra total de 29.528. Inclusive, por lo que comenta el Banco de España, la tendencia decreciente parece mantenerse en 2015, pero sin llega a compensar el formidable incremento experimentado en 2013 (34.645 reclamaciones, cifra récord desde que hay datos) con respecto a 2012 (14.313 reclamaciones).

Los principales motivos de reclamación en 2014 se relacionaron con las operaciones de activo, es decir, con aquellas en las que las entidades financieras realizan operaciones de inversión o riesgo, concediendo préstamo o crédito a sus clientes. El número total de reclamaciones por este concepto ascendió a 20.358, de las que más de un setenta y cinco por ciento, correspondieron a reclamaciones por “cláusulas suelo”, o, lo que es lo mismo, por la aplicación de límites de tipos de interés en las escrituras de préstamos bancarios.

En segundo lugar, figuraron las reclamaciones relacionadas con las operaciones de pasivo, es decir, con aquellas que realizan las entidades financieras para captar dinero, como, por ejemplo, los depósitos a plazo fijo o las cuentas corrientes. En este caso, se produjeron 4.406 reclamaciones en 2014.

En cuanto a los servicios de pago, la cifra de reclamaciones el pasado ejercicio fue de 3.205, relacionadas en su mayor parte con las tarjetas de crédito y de débito. Disminuyeron las reclamaciones por transferencias y, sin embargo, aumentaron las relacionadas con los recibos, en los que la problemática más relevante fueron las incidencias derivadas de la pretensión de devolución por parte de los clientes.

Otras cuestiones sobre las que se reclamó al Banco de España, fueron los valores y seguros, los efectos (cheques, pagarés, letras de cambio) y cuestiones varias, entre las que se incluyen diversos aspectos como, por ejemplo, la tasación de bienes o inclusive el trato recibido de las entidades financieras. En el cuadro adjunto, puedes observar la evolución de las reclamaciones de 2013 a 2014.

Evolución reclamaciones efectuadas ante el Banco de España (2013-2014)

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Fuente: Memoria de Reclamaciones 2014. Banco de España.

Disolución de una mercantil y responsabilidad de los administradores respecto a las deudas sociales

Muchos son los casos en los que al comprobar que una empresa deudora ha publicado en el Registro Mercantil los acuerdos de disolución y liquidación damos por perdido nuestro crédito y procedemos a regularizarlo en la creencia de que la sociedad en cuestión ha cerrado su actividad correctamente y ya no es posible reclamar nuestra deuda.

Sin embargo, esto no es así. La sociedad, al acordar la disolución y liquidación, debe nombrar un liquidador y este ha de elaborar un plan de liquidación, similar al de los del concurso de acreedores, en el que el propio liquidador debe recopilar los adeudos y hacer un inventario de los bienes a liquidar para después plantear una propuesta de reparto de lo poco o mucho que tenga la sociedad entre sus acreedores, propuesta que en última instancia ha de ser judicialmente aprobada.

Por ello, lo primero que debemos hacer es, por un lado, estudiar si existía causa de disolución en la mercantil más de dos meses antes de acordarse la misma y, por otro lado, remitir una comunicación fehaciente a quien resulte nombrado como liquidador para comunicarle nuestro crédito y solicitarle nos informe del activo y pasivo y de cuáles serán las propuestas de liquidación. Nos encontraremos en más ocasiones de las que a simple vista pueda parecer en supuestos en los que, a pesar del acuerdo de disolución, los administradores de la mercantil deudora han de responder con su propio patrimonio de las deudas sociales. Así, podremos exigir la responsabilidad de los administradores en los siguientes supuestos:

1-   Cuando la causa de disolución existiese con una anterioridad de más de dos meses al acuerdo disolutorio. Se puede exigir la responsabilidad personal de los administradores respecto a las deudas sociales posteriores a la causa de disolución cuando al conocer la existencia de misma tardan más de dos meses en cumplir las obligaciones que la ley les impone, es decir, corregir la causa de disolución o acordar la disolución en sí.

Muchas veces damos por cumplido este requisito al ver que se ha acordado la disolución y liquidación sin verificar que, por ejemplo, la sociedad podría llevar más de un ejercicio en causa de disolución sin que los administradores cumpliesen sus obligaciones legales, haciéndolo de forma extemporánea para crear la falsa apariencia de haberlo hecho.

 

 

2-   Cuando el acuerdo de disolución y liquidación no venga seguido de una verdadera actividad liquidatoria, constituyendo una mera simulación del cumplimiento de las obligaciones legales que atañen a los administradores societarios. Muchas veces, los administradores de la deudora, a sabiendas de las responsabilidades patrimoniales a las que a título personal pueden ser condenados, acuerdan la disolución y liquidación, nombrando un liquidador e inscribiendo tales acuerdos en el Registro Mercantil dentro del plazo de los dos meses desde que concurre la causa de disolución, cumpliendo con ello, al menos en apariencia, sus obligaciones legales.

Sin embargo, son innumerables los supuestos en los que luego no existe absolutamente ninguna actividad liquidatoria, por lo que el derecho de los acreedores a un proceso ordenado en el que se reparta lo mucho o poco que queda a la mercantil entre todos ellos se ve totalmente vulnerado.

Para detectar, e incluso para probar judicialmente, estos casos basta con enviar un burofax o telegrama a quien resulte designado liquidador solicitando nos informe si ha incluido nuestro crédito, cuáles son la masa activa y la pasiva y cuáles las propuestas de liquidación. Si no obtenemos respuesta estaremos ante una simulación de liquidación o liquidación fraudulenta.

En estos casos de simulación de liquidación podremos reclamar no sólo la responsabilidad patrimonial del administrador/ores societarios inmediatamente anteriores al acuerdo de disolución sino también la de quien resulte designado como liquidador, en caso de que sea persona distinta del propio administrador societario.

 

Gonzalo Quiroga Sardi                                     

Responsable de la Comisión de Morosidad ASSET                                                             

Socio AGM ABOGADOS

El preconcurso de acreedores de Abengoa y las pymes afectadas

Mario Cantalapiedra – Economista

Ayer saltaba la noticia de que la multinacional española de ingeniería y energías renovables Abengoa, había comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de solicitar el preconcurso de acreedores, al amparo del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Por este artículo, Abengoa lo que hace es poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso, que ha iniciado negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en dicha Ley.

Desde que Abengoa presente dicha comunicación, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de los bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de su actividad empresarial. Por tanto, lo que hace con la comunicación al juzgado es blindarse ante sus acreedores. Esta situación de protección continuará hasta que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

  • Se formalice el acuerdo de refinanciación.
  • Se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación.
  • Se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos.
  • Se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio.
  • Tenga lugar la declaración de concurso.

No obstante, Abengoa tiene un límite temporal para negociar con sus acreedores en la situación de preconcurso. En concreto, cuenta con tres meses, desde que presente la comunicación al juzgado, para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio. Una vez que finalice este período, tiene otro mes más para solicitar la declaración de concurso.

De no conseguirse el acuerdo, y tal como han informado distintos medios de comunicación, nos enfrentamos al mayor concurso de acreedores de la historia de España, con un pasivo total que supera los 27.000 millones de euros. En un momento en que el número de concursos se venían reduciendo de manera progresiva en nuestro país, es muy mala noticia. Yo que en su día sufrí muy de cerca la suspensión de pagos de Huarte, estoy pensando, más allá de las entidades financieras que se pueden ver afectadas y de las que todo el mundo habla, en las pymes a las que puede arrastrar el concurso de Abengoa.

Evolución de las principales magnitudes del Grupo Abengoa

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Fuente: Insight View

Requisitos para poder modificar el coste total de un crédito al consumo

Mario Cantalapiedra – Economista

Según el Banco de España, un préstamo personal es un producto bancario que le permite al prestatario recibir una determinada cantidad de dinero de una entidad de crédito (prestamista), a cambio del compromiso de devolver dicha cantidad, junto con los intereses correspondientes, mediante pagos periódicos. Se llaman “personales” porque la entidad prestamista toma como garantía genérica, para cubrir el riesgo, el conjunto de bienes presentes y futuros del prestatario y no un bien concreto.

Dentro de los préstamos personales, existe una modalidad que tiene una regulación especial como es la de los créditos al consumo, regulados por la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo. En dichos contratos, una persona física o jurídica, en el ejercicio de su actividad comercial o profesional, concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación, cuyo importe ascienda al menos a 200 euros. A estos efectos, el consumidor es la persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad empresarial o profesional.

La Ley 16/2011 ofrece una protección especial a los consumidores que solicitan estos créditos en diversos ámbitos, entre los que destaca la regulación de los supuestos en los que el coste total del crédito puede ser modificado y bajo qué condiciones.  Por coste total se entiende: “todos los gastos, incluidos los intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que el consumidor deba pagar en relación con el contrato de crédito y que sean conocidos por el prestamista, con excepción de los gastos de notaría. El coste de los servicios accesorios relacionados con el contrato de crédito, en particular las primas de seguro, se incluye asimismo en este concepto si la obtención del crédito en las condiciones ofrecidas está condicionada a la celebración del contrato de servicios”. Pues bien, este coste no puede ser modificado en perjuicio del consumidor, salvo que esté previsto en acuerdo mutuo de prestamista y prestatario formalizado por escrito, debiendo cumplirse además los siguientes requisitos:

  1. La variación del coste del crédito se deberá ajustar, al alza o a la baja, a la de un índice de referencia objetivo.
  2. El acuerdo por escrito deberá tener el siguiente contenido mínimo:
  • Derechos que contractualmente correspondan a las partes en orden a la modificación del coste total del crédito inicialmente pactado y el procedimiento a que ésta deba ajustarse.
  • Diferencial (margen) que se aplicará, en su caso, al índice de referencia utilizado para determinar el nuevo coste.
  • Identificación del índice utilizado o, en su defecto, definición clara del mismo y del procedimiento para su cálculo. Los datos que sirvan de base al índice deberán ser agregados de acuerdo con un procedimiento objetivo.

En la práctica te encontrarás que los contratos de crédito al consumo incluirán cláusulas que autoricen la modificación de su coste total, pero es importante comprobar que cumplen los requisitos mencionados antes de firmar los contratos.

 

La banca tendrá que informar de la residencia fiscal de los titulares de sus cuentas

Mario Cantalapiedra – Economista

El Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, obligará a las entidades financieras a identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de cuentas financieras, así como a identificar determinados datos de las mismas. Esta normativa recoge los estándares internacionales en la materia, tanto de la Unión Europea como de la OCDE, y viene a cumplir los compromisos adquiridos por España respecto al Acuerdo Multilateral de autoridades competentes para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, firmado en Berlín por 51 países y jurisdicciones.

De forma resumida, la información que anualmente tendrán que suministrar las entidades financieras a la Administración Tributaria sobre las cuentas será la siguiente:

  • Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio, país o jurisdicción de residencia y NIF de los titulares o de los que ejerzan el control de la cuenta.
  • Número de cuenta.
  • Nombre y número de identificación fiscal de la entidad financiera obligada a comunicar la información.
  • Saldo o valor de la cuenta al final del año natural considerado. Tratándose de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades, se tomará el valor en efectivo o el valor de rescate. Y en el caso de que la cuenta se haya cancelado durante el año, se habrá de comunicar la cancelación de la misma.
  • Según sea el tipo de cuenta, se habrán de aportar otros datos adicionales. Por ejemplo, en el caso de que la cuenta financiera sea de depósito, se habrá de informar del importe bruto total de intereses pagados o anotados en ella durante el año natural.

De la obligación a informar se exceptúan algunos casos, como los bancos centrales. Por otro lado, la Administración Tributaria podrá intercambiar esta información, de forma automática, con la Administración correspondiente del país o jurisdicción de residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de la cuenta. De este modo, se podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que obtienen rentas financieras en el extranjero, siendo, por tanto, un mecanismo legal para la lucha contra el fraude.

El Real Decreto 1021/2015 entrará en vigor el 1 de enero de 2016 próximo, y el primer suministro de información por parte de las entidades financieras se producirá en 2017 respecto a los datos relativos a 2016.

Seis clases de productos financieros según su riesgo

Mario Cantalapiedra – Economista

Con la entrada en vigor de la Orden ECC/2316/2015 en febrero de 2016, los productos financieros se clasificarán según su riesgo por parte de las entidades que los comercializan. Para ello se diferenciarán seis clases de productos mediante una escala de colores o numérica en forma de fracción (en la que el denominador será siempre seis):

Clase 1 (color verde oscuro o numerador 1 en la fracción)

Esta categoría incluirá los productos financieros con el menor riesgo, como son los depósitos bancarios en euros y los productos de seguros con finalidad de ahorro, incluidos los planes de previsión asegurados.

Clase 2 (color verde claro o numerador 2 en la fracción)

Incluirá los productos financieros, denominados en euros, que tengan el 100 por ciento del capital garantizado, un plazo de devolución igual o inferior a tres años y una clasificación crediticia o rating del producto, emisor, originador o garante, de BBB+ o superior. Esta clasificación la deberán hacer agencias registradas o certificadas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. Cuando otorguen a una misma emisión calificaciones distintas, se deberá elegir la más frecuente, y en su defecto la menor de todas.

Clase 3 (color amarillo claro o numerador 3 en la fracción)

Incluirá los productos financieros, denominados en euros, con el 100 por ciento del capital garantizado, plazo de devolución superior a tres años e igual o inferior a cinco años y un rating de BBB- o BBB.

Clase 4 (color amarillo oscuro o numerador 4 en la fracción)

Incluirá los productos financieros, denominados en euros, con el 100 por ciento del capital garantizado, plazo de devolución superior a cinco años e igual o inferior a 10 años y un rating de BBB- o BBB.

Clase 5 (color naranja o numerador 5 en la fracción)

Incluirá los productos financieros, denominados en euros, con el 100 por ciento del capital garantizado, plazo de devolución superior a 10 años y un rating de BBB- o BBB, así como los que tengan un compromiso de devolución de al menos el 90 por ciento del capital, plazo de devolución igual o inferior a tres años y un rating de BBB- o BBB.

Clase 6 (color rojo o numerador 6 en la fracción)

En ella se incluirán el resto de productos financieros, catalogados con el mayor riesgo.

Además, cuando el producto financiero tenga limitaciones en cuanto a su liquidez, se deberá alertar mediante un texto que irá acompañado de la figura de uno o dos candados cerrados, según sea el grado de iliquidez. Del mismo modo, si el producto es complejo se deberá incluir un texto de alerta acompañado, en este caso, de una figura de exclamación.

Conocer más fácilmente el riesgo al invertir en un activo financiero

Mario Cantalapiedra – Economista

El Ministerio de Economía y Competitividad ha aprobado la Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros, que pretende garantizar que los inversores particulares conocen los riesgos que asumen al comprar un determinado activo financiero. Se trata de evitar en el futuro, las consecuencias que estamos sufriendo todavía por la compra de participaciones preferentes y demás productos complejos, por parte de inversores no profesionales, que, en muchos casos, desconocían donde estaban invirtiendo su dinero.

Para ello se establece una clasificación de los productos financieros mediante una escala de seis colores que trata de resumir, de modo visual y fácilmente, el riesgo que se asume al invertir, teniendo en cuenta aspectos tales como la garantía o no del capital que se coloca, el plazo de devolución del mismo y la calidad crediticia del producto o la entidad que lo comercializa. De este modo, la escala irá del color verde oscuro (productos con el menor riesgo) al rojo (productos con el mayor riesgo), pudiéndose sustituir la misma por una indicación numérica en forma de fracción, en la que el denominador será siempre 6, de tal modo que 1/6 será indicativo del menor riesgo y 6/6 del mayor.

Esta información deberá entregarse a los clientes antes de la comercialización de productos bancarios, de seguros, bonos, acciones o fondos de pensiones individuales y asociados, por parte de las entidades comercializadoras. No obstante, quedan excluidos de esta obligación, los seguros y fondos de pensiones colectivos, la deuda pública nacional y de los estados miembros de la Unión Europea (UE), así como los productos denominados PRIIPs (packaged retail investment and insurance products), caracterizados porque su valor está sujeto a fluctuaciones debido a su exposición a valores de referencia o evolución de subyacentes, los cuales deberán disponer de un documento informativo propio, armonizado a nivel de UE, a partir del 31 de diciembre de 2016. Además, en el caso de que el producto sea un plan de pensiones, las entidades comercializadoras, en sustitución del indicador de riesgo mencionado (semáforo o indicación numérica en forma de fracción), habrán de facilitar otro específico (cifra numérica de 1 a 7), basado en el nivel de volatilidad histórica de la institución de inversión colectiva correspondiente.

Esta Orden entrará en vigor el próximo 5 de febrero de 2016.

Indicador de riesgo de producto financiero (escala de colores) 

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Indicador de riesgo de producto financiero (indicación numérica)

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