Análisis de clientes por antigüedad de vencimientos

Mario Cantalapiedra – Economista

Con el término en inglés “ageing” se designa el análisis de los saldos de las cuentas pendientes de cobro (clientes) por antigüedad de vencimientos, el cual resulta muy útil dentro de la gestión del riesgo de crédito comercial. En dicho estudio se trata de reflejar la evolución en el tiempo de los importes debidos por cada cliente, teniendo en cuenta los retrasos sobre los vencimientos pactados de antemano. De este modo, se puede conocer, en un momento determinado, cuál es el riesgo que acumula un cliente, diferenciado deuda vencida y no vencida. Lo normal es distinguir para cada uno de ellos, su deuda total, su deuda no vencida y su deuda vencida clasificada en distintos tramos, como, por ejemplo, los siguientes (*):

  • De 1 a 30 días.
  • De 31 a 60 días.
  • De 61 a 90 días.
  • De 91 a 120 días.
  • De 121 a 360 días.
  • Más de un año.

Es un análisis que permite al responsable de la gestión de riesgos detectar los retrasos en el cobro y priorizar sus acciones de reclamo, debiendo realizarse cada cierto tiempo, en función de cuál sea la dimensión de la empresa y del volumen de clientes, por ejemplo, cada mes. A efectos operativos, puede utilizarse una hoja de cálculo que se alimente con los datos necesarios, adaptada a las circunstancias específicas de la empresa. No obstante, las nuevas herramientas de inteligencia de negocio, que permiten una gestión del riesgo del cliente más global, lo incluyen, y lo hacen a partir de la carga de los datos sobre las facturas de los clientes, permitiendo un análisis muy visual de la evolución en el tiempo de la deuda del cliente, como puedes ver en el ejemplo.

“Ageing” de un cliente

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Fuente: Insight View.

(*) Tramos que utiliza la herramienta de inteligencia de negocio Insight View.

La auditoría de cuentas anuales a petición de los socios minoritarios

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre los mecanismos de defensa de sus intereses que la Ley reconoce a los socios minoritarios de las sociedades de capital, se encuentra el de poder solicitar una auditoría de las cuentas anuales, en el caso de que tengan dudas sobre la situación contable real de la empresa. Para ello han de acumular un mínimo del cinco por ciento del capital social y ajustarse a lo previsto tanto en la Ley de Sociedades de Capital como en el Reglamento del Registro Mercantil.

De este modo, según recoge el artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital, “en las sociedades que no estén obligadas a someter las cuentas anuales a verificación por un auditor, los socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar del registrador mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad, nombre un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio siempre que no hubieran transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio”.

La solicitud se debe realizar de acuerdo con lo que dispone el Reglamento del Registro Mercantil. En concreto, se necesita una instancia por triplicado, dirigida al Registrador Mercantil del domicilio social de la empresa, que exprese las circunstancias siguientes:

  • Nombre y apellidos del solicitante, DNI, domicilio a efectos de notificaciones y teléfono, con indicación de la condición de socio, el número de acciones o participaciones sociales que se tienen con el porcentaje de participación en el capital social que representan.
  • En caso de no ser socio fundacional, se habrá de adjuntar además la documentación que acredite dichas acciones o participaciones.Denominación y datos de identificación registral de la sociedad a auditar, así como su domicilio.
  • Causa de la solicitud, indicando expresamente la no obligación de verificar cuentas por parte de la sociedad, el ejercicio que se solicita auditar y que no han transcurrido tres meses desde la fecha de cierre del mismo.
  • Fecha y firma.

El auditor de cuentas, antes de aceptar el nombramiento por parte del registrador mercantil, deberá evaluar el efectivo cumplimiento del encargo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. De igual modo, el registrador habrá de fijar la retribución que percibirá el auditor o, al menos, los criterios para su cálculo.

Los tres tipos de consejeros en los consejos de administración

Mario Cantalapiedra – Economista

El consejo de administración de una sociedad es el encargado de su gestión y representación, para lo que debe intentar adoptar la mejor composición posible. En principio, pueden formar parte de este órgano tanto consejeros internos, relacionados con su dirección, como externos, los cuales analicen “desde fuera” la labor desarrollada por los directivos. Los segundos, a su vez, pueden ser dominicales o independientes. Veamos las notas que caracterizan a cada tipo de consejero:

1. Consejeros ejecutivos

Miembros del consejo que poseen funciones ejecutivas y directivas en la sociedad y mantienen una relación contractual con la misma. Por regla general, poseen un perfil técnico relacionado con sus labores de dirección. El ejemplo más claro es el del consejero delegado, un alto directivo de la sociedad con funciones ejecutivas, las cuales ejerce bajo la supervisión del propio consejo, y en quien se delegan algunas de sus facultades.

2. Consejeros dominicales

Miembros del consejo que acceden al mismo por ser titulares o representar a titulares de paquetes accionariales con capacidad de influir por sí solos, o por acuerdos con otros, en el control de la sociedad. Es decir, se hayan vinculados al accionista o grupo de accionistas de control (accionistas significativos).

3. Consejeros independientes

Miembros del consejo no vinculados con el equipo de gestión de la sociedad ni con sus accionistas de control, que acceden al mismo por sus conocimientos técnicos y su experiencia profesional. Por tanto, este tipo de consejero se elige en base a sus circunstancias personales y profesionales, con los objetivos de lograr una visión externa e independiente y defender los intereses de todos los accionistas, fundamentalmente de los minoritarios.

La composición que adopte en la práctica el consejo de administración de una sociedad suele depender mucho de su tamaño. De este modo, en las pymes es difícil encontrar consejeros independientes, que sí son habituales en las grandes empresas. No obstante, contar con su opinión y experiencia puede ser muy beneficioso para una sociedad, sobre todo, cuando ésta empieza a tener cierta dimensión (estoy pensando en medianas empresas). No es raro encontrar compañías que “mueren de éxito” cuando crecen, con la aparición de disputas en el seno de su consejo de administración, que no pueden resolverse con facilidad precisamente por no contar con el equilibrio que aportan voces independientes. El reto aquí es encontrar consejeros que verdaderamente sean independientes de quienes los nombran, y eso, en cualquier caso, no parece fácil de conseguir.

 

Fabricar sin obsolescencia programada

Mario Cantalapiedra – Economista

Recientemente viví el clásico pequeño drama familiar consistente en que el electrodoméstico de turno, en este caso, un frigorífico, dejara de funcionar de la noche a la mañana sin causa aparente. Sí, ese tipo de situaciones que generan un gasto extraordinario en las economías domésticas que lleva a trastocar todavía más sus maltrechos presupuestos. En este caso, lo primero que me vino a la mente fue el concepto de obsolescencia programada, polémico donde los haya, el cual básicamente viene a señalar que “los productos fallan de manera predeterminada por el fabricante al cabo de cierto tiempo o uso”.

Sobre este tema me parece interesante la iniciativa emprendida por Feniss (Fundación Energía e Innovación Sostenible sin obsolescencia programada), nacida en septiembre de 2015, y que otorga el denominado sello ISSOP (innovación sostenible sin obsolescencia programada), certificación que distingue a aquellas empresas que no incluyen la obsolescencia programada en la fabricación de sus producto o que, al menos, fabrican productos reparables por un coste menor al de comprar uno nuevo. Para obtener este sello las empresas aspirantes deben cumplir el decálogo siguiente:

  1. Priorizar la compra de productos y la contratación de servicios que sean respetuosos con el medio ambiente, fabricados sin obsolescencia programada, y si es fabricante de algún producto, fabricarlo sin obsolescencia programada. Utilizando preferiblemente producto local y el “Comercio Justo”.
  2. Contribuir a la mejora energética y a la disminución de emisiones, con el objeto de reducir las huellas de carbono y ecológica corporativa.
  3. Realizar la correcta gestión de residuos.
  4. Promover la cultura del consumo social y ambientalmente responsable.
  5. Apostar por una responsabilidad ambiental

    y la preservación del Medio Ambiente local.

  6. Facilitar el acceso a la formación ambiental y de integración social.
  7. Evitar hacer uso de una publicidad engañosa o ambiental y socialmente irresponsable.
  8. Promover la igualdad e integración social.
  9. Facilitar la conciliación laboral, familiar y personal.
  10. Promover y difundir los compromisos adoptados hacia un modelo de gestión más sostenible y responsable. Incluir en sus contratos con terceros cláusulas que impidan la corrupción.

En la web de Feniss, observo que, entre las empresas que ya han obtenido el sello ISSOP, figura Casio España. Pues bien, tengo una calculadora de esta marca desde el primer año de mi carrera universitaria, hace casi treinta años, y ahí sigue funcionando perfectamente. Se me ocurre que, o bien, es más fácil fabricar calculadoras que duren en el tiempo que frigoríficos, o bien, hay otros intereses detrás ¿no te parece?

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La obligación de reunirse trimestralmente para el consejo de administración

Mario Cantalapiedra – Economista

La administración de una sociedad limitada o anónima, es decir, su gestión y representación, se encomienda a los administradores, los cuales pueden organizarse como administrador único, al que se confieren individualmente dichos poderes de gestión y representación, como varios administradores que actúen de forma solidaria (individual) o conjunta, o como un consejo de administración.

Si se elige consejo de administración, éste deberá estar formado por un mínimo de tres miembros, siendo los estatutos de la sociedad los que fijen el número concreto o bien el máximo y el mínimo, caso en el cual será la junta de socios la encargada de determinar el número exacto. No obstante, en el caso de sociedades de responsabilidad limitada su consejo no puede tener más de doce miembros. El consejo podrá integrarse por consejeros ejecutivos, que además de ser miembros intervienen en la actividad diaria de la sociedad como altos directivos o empleados, y consejeros externos, que no intervienen en dicha actividad.

En las sociedades de responsabilidad limitada, tanto la organización como el funcionamiento del consejo se establecen en los estatutos, en los que se deben especificar sus reglas de convocatoria y constitución, así como el modo de deliberar y adoptar acuerdos por mayoría. Con respecto a las sociedades anónimas, cuando los estatutos no dispongan otra cosa, el consejo de administración podrá designar a su presidente, regular su propio funcionamiento y aceptar la dimisión de los consejeros.

Un tema muy importante es el que se refiere a cuál debe ser la periodicidad con la que se reúna el consejo de administración. Antes de la entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, bastaba con que se reuniera una vez al año, dentro de los tres primeros meses contados a partir del cierre del ejercicio social, para formular las cuentas anuales. Pero desde el 24 de diciembre de 2014, fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, el consejo de administración debe reunirse, al menos, una vez al trimestre, con la finalidad de que mantenga una presencia constante en la vida de la sociedad. Los consejeros tienen la obligación de asistir personalmente a sus sesiones y en caso de que deleguen su representación para la asistencia en otras personas, los consejeros no ejecutivos (externos) solamente podrán hacerlo en otro consejero no ejecutivo.

Sobre la obligación o no de publicar en el BORME los depósitos de cuentas anuales

Mario Cantalapiedra – Economista

Observo que todavía existen dudas sobre si las sociedades mercantiles están obligadas o no a publicar en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), los depósitos de sus cuentas anuales. En este sentido, si acudimos a la redacción original del artículo 281 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podemos observar que efectivamente existía la obligación de publicar los depósitos de cuentas en el BORME:

“Artículo 281. Publicidad del depósito.

1. El primer día hábil de cada mes, los Registradores mercantiles remitirán al Registro Central una relación de las sociedades que hubieran cumplido durante el mes anterior la obligación de depósito de las cuentas anuales.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicará el anuncio de las sociedades que hubieran cumplido con la obligación de depósito.

2. Cualquier persona podrá obtener información de todos los documentos depositados”.

No obstante, tratando de reducir los costes de las empresas a la hora de presentar las cuentas anuales, la Ley 25/2011, de 1 de agosto, eliminó dicha obligación, además de introducir otra medida, en la misma línea de disminuir costes, la cual fue inclusive más polémica, como fue suprimir el requisito de legitimación notarial de las firmas de los administradores en las cuentas. En el caso concreto de los anuncios, se reconoció su escasa utilidad desde que existe la posibilidad de acceder telemáticamente al Registro Mercantil. La función que podían cumplir los anuncios, era sustituida, en opinión del legislador, por el acceso telemático. De este modo, el artículo 281 de la Ley de Sociedades de Capital que está vigente en la actualidad, en la redacción otorgada por el artículo 1.16 de la Ley 25/2011, señala lo siguiente:

“Artículo 281. Publicidad del depósito.

Cualquier persona podrá obtener información del Registro Mercantil de todos los documentos depositados”.

Por tanto, desde el 2 de octubre de 2011, fecha de entrada en vigor de la Ley 25/2011, las sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones, no tienen obligación de publicar sus actos de depósito de cuentas anuales en el BORME.