Emprendiendo con menor riesgo a través de una franquicia

Mario Cantalapiedra – Economista

Una franquicia, según la página web de la Secretaría de Estado de Comercio, perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad español, “es un sistema de cooperación entre empresas, ligadas por un contrato, en virtud del cual una de ellas, el franquiciador, concede a la otra, llamada franquiciado, el derecho de explotar una marca, un producto, un servicio o una fórmula comercial junto con la transmisión de una forma concreta de organización, administración empresarial y de recursos humanos. Es una manera de establecerse en un negocio respaldado por una marca conocida, una gama de productos o servicios demandados en el mercado”.

Para muchos emprendedores la franquicia representa una opción de negocio interesante puesto que supone salir al mercado con menor riesgo, al emprender una actividad que ya ha sido probada por otros con éxito. No obstante, su margen de maniobra también es menor, sobre todo no serán propietarios de la marca, y además tendrá que pagar a los franquiciadores, cuotas de entrada y pagos periódicos denominados royalties, los cuales podrán ser fijos o variar en función de las ventas. A efectos de su puesta en marcha, la franquicia no posee personalidad jurídica propia (se trata de un contrato mercantil entre empresas ya constituidas), ni requiere ningún trámite de constitución más allá de la firma de dicho contrato, que es la clave de la relación y el lugar donde se recogerán los derechos y obligaciones tanto de franquiciador como de franquiciado.

En este sentido, se acaba de publicar en el número de mayo de la revista Emprendedores el ranking de las 500 principales sociedades franquiciadoras de España, desarrollado en colaboración con la compañía Iberinform. A partir de este ranking, con los datos mercantiles actualizados correspondientes al ejercicio 2014 (último disponible) del 82 por ciento de los franquiciadores que forman parte del mismo, podemos conocer que su facturación media se sitúa en cerca de 55 millones de euros y su rating medio de morosidad (calificación que estima la probabilidad de que una empresa cumpla sus compromisos de pago dentro de los próximos 12 meses) en el 6,2 (en una clasificación del 1 a 10, donde el nivel de riesgo medio se sitúa en el tramo que va del 4 a 7). Estos datos parecen reflejar la fortaleza de los franquiciadores y apoyar la idea de que, a través de ellos, se puede emprender un negocio con menor riesgo.

Datos de las principales sociedades franquiciadoras de España

insightFuente: Ranking revista Emprendedores e Iberinform a partir de Insight View.

Comparativa de empresas a través de la inteligencia de negocio

Mario Cantalapiedra – Economista

Comparar entre sí la información financiera de distintas compañías, que ocupen la posición relativa de clientes, proveedores o competidores de nuestra empresa, puede servirnos para descubrir los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas y tomar decisiones en consonancia. Por ejemplo, si comparamos las masas patrimoniales, las partidas de las cuentas de pérdidas y ganancias y los ratios de dos clientes, podemos descubrir cuál es el que se encuentra en una mejor situación a efectos de solvencia o de rentabilidad, lo que nos lleve a decidir aumentar la venta con él.

El problema es que para poder realizar esta comparativa entre empresas debemos construir un soporte que nos permita trabajar integrando los datos necesarios, los cuales fundamentalmente obtendremos a partir de las cuentas anuales que se presentan en el Registro Mercantil. Este soporte puede ser una hoja de cálculo que recoja en sus filas los datos que deseemos analizar, y en sus columnas las distintas empresas a comparar.

En este sentido, una solución novedosa es la que aporta la inteligencia de negocio, la cual permite realizar esta comparativa incluyendo además otros datos que no pueden encontrarse en las cuentas anuales, y que son elaborados por la empresa especializada que ofrece el servicio, tales como el rating de morosidad, es decir, la calificación que estima la probabilidad de que una empresa cumpla sus compromisos de pago dentro de un plazo determinado, o el crédito máximo recomendado, es decir, el crédito comercial máximo que se aconseja asumir al conjunto de los proveedores de dicha empresa a un plazo determinado. A continuación puedes ver un ejemplo real de esta comparativa utilizando una herramienta de inteligencia de negocio, realizado sobre tres compañías pertenecientes a la industria de la alimentación (la herramienta utilizada permite comparar hasta cinco empresas a la vez).

Comparativa de empresas de la industria de la alimentación (ejemplo)

Imagen111Fuente: Insight View.

La reclamación de facturas pendientes de cobro a través del burofax

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre los medios a utilizar para el reclamo de facturas pendientes de cobro y vencidas a un cliente se encuentra el burofax. Es éste un medio recomendable, sobre todo, cuando el problema de cobro se enquista y para solucionarlo no es suficiente con otros métodos, que se hayan podido utilizar para reclamar previamente, como el envío de correos electrónicos o de cartas, la realización de llamadas telefónicas o inclusive las visitas personales al deudor.

El burofax es un servicio que permite enviar de manera urgente y segura documentos que requieran de una entrega fehaciente, es decir, que sirva de prueba frente a terceros. En el burofax quedan acreditados tanto el contenido del texto que se envía como que el destinatario recibe la comunicación, así como la fecha concreta de recepción por su parte. Tradicionalmente se podía acceder a este servicio de forma presencial en cualquier oficina de Correos, aunque actualmente también puede hacerse de modo online. Es un medio que resulta especialmente eficaz si la persona que lo envía es un abogado en nombre de la empresa acreedora, puesto que así se está transmitiendo al deudor la voluntad de reclamar hasta el final el cobro de las facturas, inclusive por la vía judicial fuese necesario.

Incluyo en el post un texto base que puede servir para redactar un burofax de reclamación de facturas pendientes de cobro, el cual lógicamente debe ser adaptado al problema concreto de cada empresa:

“(Datos del cliente)

Muy señores nuestros:

A través del presente escrito les requerimos para que sin demora alguna procedan al pago de nuestra factura nº …………….., por importe de …………………. euros, con vencimiento el día ………………….. y correspondiente a …………………….. (detalle de la venta de bienes o prestación de servicios, del número de contrato, etcétera). Pueden proceder a su abono en la cuenta bancaria reseñada en dicha factura, cuyos datos les recordamos a continuación:

Banco …………………………………….

IBAN:   XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   

A estos efectos, les informamos que en caso de transcurrir X días (el plazo que se desee conceder al acreedor, que, en cualquier caso, no debería ser muy largo) desde el presente requerimiento sin que Vds. hayan efectuado el pago solicitado, nos veremos obligados a iniciar las acciones legales oportunas en defensa de nuestros intereses.

Sin otro particular y en espera de sus noticias, reciban un cordial saludo,

Fdo. …………………….

En ………………, a …. de …………. de ………”

Evolución del crédito a las actividades productivas en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El volumen de crédito otorgado por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito para financiar actividades productivas en España, cerró 2015 con un nuevo descenso frente al ejercicio anterior, fenómeno que se viene repitiendo en cada cierre anual desde 2010. En concreto, dicho crédito se sitúo a finales del pasado año en 644.282 millones de euros, según los últimos datos ofrecidos por el Banco de España.

Desglosando este dato general por sectores, el crédito para financiar actividades del sector primario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) se sitúo en 18.106 millones de euros (2,8 por ciento del total), para la industria en 110.463 millones de euros (17,1 por ciento del total), para la construcción en 43.936 millones de euros (6,8 por ciento del total), y para los servicios en 471.776 millones de euros (73,2 por ciento del total). Destaca claramente el peso que representa la financiación de las actividades de servicios. Dentro de éstas, son las actividades inmobiliarias las que reciben un volumen de crédito mayor con 135.190 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 28,7 por ciento del total de crédito que se destina al conjunto del sector servicios.

En la tabla adjunta puedes observar la evolución experimentada por el volumen de crédito desde 2009 hasta 2015, tanto en cifras absolutas como en términos porcentuales. Fundamentalmente destaca la fuerte caída del porcentaje que representa el crédito a la construcción, fiel reflejo de lo que ha ocurrido en nuestra economía en el pasado reciente. Si a finales de 2009 representaba un 13 por ciento del total, a cierre de 2015 no llega al 7 por ciento. El resto de sectores permanecen más o menos estables en términos relativos, con algo de subida en la industria y el protagonismo recurrente del sector servicios, el gran destinatario de los fondos de las entidades de crédito en España.

Evolución crédito a actividades productivas en España (saldo en millones de euros)

Imagen1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

EL BENEFICIO DE EXONERACION DEL PASIVO INSATISFECHO (BEPI) EN EL MARCO DEL MECANISMO DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

El Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se reconoce a las personas físicas pues la liquidación de su patrimonio no da como resultado necesario la desaparición de la persona, como si ocurre en el caso de las sociedades y personas jurídicas, constituyendo una excepción al principio según el cual las deudas no satisfechas no se extinguen.

Conocido por el acrónimo “BEPI” interviene en los casos en que ha fracasado el acuerdo extrajudicial de pagos o no se ha llegado a aprobar un convenio en el marco de un Concurso de Acreedores.

Está regulado en el Artículo 178 bis de la Ley Concursal vigente tratándose del efecto estrella del mecanismo de la Segunda Oportunidad, recientemente regulado por el legislador. Así, a este respecto:

En principio lo puede solicitar el deudor persona física, sin discriminar entre empresario o no empresario.

Las deudas a las que afecta son en el supuesto del apartado 3 4ª a todas las deudas: alimentos y también públicas. En el caso del apartado 3 5º, con plan de pagos, en principio quedan exonerados todos los créditos ordinarios y subordinados, exceptuándose los de derecho público y alimentos. Los privilegiados quedan exonerados en la parte que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía.

En cuanto al momento en que debe de actuarse: será cuando el Administrador Concursal ha finalizado las operaciones de liquidación de la masa activa. Fundamentalmente con la presentación del informe final de liquidación por parte de dicha Administración Concursal.

La solicitud deberá efectuarla un abogado, no es precisa la intervención del procurador de los tribunales, dicho escrito deberá contener una explicación somera de la concurrencia / presencia de los requisitos legales, solicitando expresamente el BEPI en su petitum.

La ley exige que el deudor lo sea de buena fe. Lo será cuando se cumplan una serie de requisitos que la propia ley establece, pero cabe preguntarse si el deudor podría ser de buena fe sin concurrir los requisitos legales, parece que la respuesta es que no.

A este respecto ha de concurrir:

1/ Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido declarado culpable por aplicación del Artículo 165.1,1 de la Ley Concursal, el juez podrá no obstante conceder el  BEPI atendidas las circunstancias y siempre que no se aprecie dolo o culpa grave en la generación de la insolvencia. Por ende, que no concurra en el caso.

2/ Que el deudor en los 10 años anteriores a la declaración del concurso, no haya sido condenado en sentencia/ resolución judicial firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socio económico, por falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra el derecho de los trabajadores.

3/ Que haya intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pago, en los supuestos en los que no se intente previamente dicho acuerdo extrajudicial de pagos, el deudor deberá satisfacer al menos un 25% de los créditos ordinarios.

La opción de no acudir al acuerdo extrajudicial de pago solo supone el tener que abonar además de los créditos contra la masa y los privilegiados, un 25 % de los créditos ordinarios.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 231 de la Ley Concursal, que transcribo a continuación: “Las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores…/…”.

4/ Que se haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y para el caso de que no se hubiera intentado el acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos se haya satisfecho el 25% del importe de los créditos concursales ordinarios. La pregunta que nos hacemos es si se trata de requisitos sucesivos en el tiempo o alternativos.

Tendremos que estar atentos a las resoluciones que dicten los Juzgados de lo Mercantil en este sentido.

Para el caso de que no pueda cumplirse lo indicado en el punto 4, en el número 5 de dicho artículo se establecen requisitos alternativos que son los siguientes:

1/ Que acepte someterse a un plan de pagos previsto en el apartado 6.

2/ Que no se hayan incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el Articulo 42 LC.

3/ Que el deudor no haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.

4/ Que el deudor no haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración del concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

5/ Que el deudor acepte expresamente, en la solicitud del BEPI que se haga constar en la correspondiente sección del Registro Concursal por una plazo de 5 años.

El Artículo 178 bis de la Ley Concursal continúa describiendo su tramitación, así de la solicitud del deudor se dará traslado por el Secretario Judicial a la Administración concursal y a los acreedores personados por un plazo de cinco días para que aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la concesión del beneficio – BEPI.

Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la petición del deudor o no se oponen a la misma, el juez del concurso concederá, con carácter provisional, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución, declarando la conclusión del concurso por fin de la fase de liquidación.

La oposición se sustanciará a través del trámite del incidente concursal (con costas judiciales). No podrá dictarse auto de conclusión del concurso hasta que gane firmeza la resolución que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el beneficio lógicamente

Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando durante los cinco años siguientes a su concesión se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados.

También podrá solicitarse la revocación si durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos si se constata el descubrimiento de alguna causa o motivo que lo impidiere, el incumplimiento de pago de las deudas no exoneradas según Plan de Pagos, la mejora de su situación económica por herencia, legado o donación; o la obtención de ingresos derivados del juego de suerte, envite o azar, de manera que en este caso, nuevas circunstancias permitieren el deudor pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos.

El procedimiento reglamentado para ello es el juicio verbal regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Continúa el precepto indicando que “Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado el beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso”.

Como siempre para obtener el mejor asesoramiento, en esta materia, especialmente compleja, se aconseja acudir siempre a un abogado, que será quien mejor velará por sus intereses. Los presentes comentarios lo son a nivel meramente divulgativo.

Bibliografía recomendada: José María Fernández Seijo: “La reestructuración de las deudas en la Ley de Segunda Oportunidad” 2ª Edición. Bosch.

EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS Y EL CONCURSO CONSECUTIVO

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos se regula en el Título X de la Ley Concursal según Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

A través del Acuerdo Extrajudicial de Pagos se habilita un trámite no judicial de mediación destinado a que el deudor pueda alcanzar un acuerdo con una parte de sus acreedores. Con dicho mecanismo se conseguirán quitas, y el pago aplazado de las deudas pendientes.

El Acuerdo Extrajudicial de pagos lo puede solicitar la persona natural y también la persona jurídica, en el primer caso, se establece el límite de los cinco millones de pasivo, en el segundo no se hace referencia a la existencia de ningún pasivo mínimo exigido.

Dicho acuerdo no afectará en ningún caso a los acreedores públicos ni, en principio, a los acreedores con garantías reales, aunque esto último lo matizaremos luego. Todo este trámite se articula a través del mediador concursal que es también quien lo impulsa principalmente.

El Artículo 231.5II de la Ley Concursal dispone que: “Los créditos de derecho público no podrán en ningún caso verse afectados por el acuerdo extrajudicial aunque gocen de garantía real”. Y el Artículo 232.2.II de la misma Ley Concursal dispone que la lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con garantía real o de derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo.

Este Acuerdo Extrajudicial de Pagos se erige en un requisito para acceder a los mecanismos de Segunda Oportunidad (Artículo 178 bis y 176bis). La ley permite a la persona física exonerarse del pasivo si no ha acudido al Acuerdo Extrajudicial de Pagos siempre que haya satisfecho el 25 % de los créditos ordinarios. Ver BEPI.

En relación a los bienes o derechos sujetos a garantías reales, indicar que el Artículo 5 bis 4.III de la Ley Concursal establece que este acuerdo solo afectará a los acreedores con garantías reales si lo aceptan y en los términos que recoja el propio acuerdo. Los efectos del acuerdo incluso podrían afectar y extenderse a los acreedores con garantías reales disidentes según los porcentajes de aprobación.

Nos explicamos, la posición de los acreedores con garantías reales es comprometida. Así en el instante del nombramiento del mediador concursal las garantías reales que se estén ejecutando quedan paralizadas, salvo que se tratare de bienes no imprescindibles para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor. Durante la tramitación del expediente se pueden iniciar nuevas ejecuciones singulares frente al deudor respecto de bienes necesarios o vivienda habitual pero quedarán paralizadas de inmediato. (quedan paralizadas mientras no hayan transcurrido los plazos que previene la ley)

El acreedor con garantía real puede decidir si queda o no sometido al Acuerdo Extrajudicial de Pagos , pudiendo el deudor incluir en el Acuerdo Extrajudicial de Pagos las obligaciones reales que tenga, evitando de este modo la ejecución de dichas garantías reales beneficiando además a los demás acreedores habiendo posible el cumplimiento de sus compromisos.

Si el deudor consigue las mayorías establecidas y suficientes (Artículo 238 bis 3 Ley Concursal) podría extender las consecuencias del Acuerdo Extrajudicial de Pagos a los acreedores con garantías reales aunque no hubieran apoyado el pacto.

Dispone el Artículo 235 de la Ley Concursal que una vez solicitada la apertura/ inicio del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional normalmente. Desde la mera presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de realizar cualquier acto de administración y disposición que exceda los actos u operaciones propias del giro o tráfico habitual de su actividad.

Desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso, los acreedores que pudieran verse afectados por el posible Acuerdo Extrajudicial de Pagos, no podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses.

Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros públicos de bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, embargos posteriores a la presentación de la solicitud del nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los acreedores de derecho público. (Administraciones Públicas)

Pero continúan las prohibiciones para los acreedores, que deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar su situación  respecto del deudor común.

Durante el plazo de negociación del acuerdo extrajudicial de pagos y respecto a los créditos que pudieran verse afectados por el mismo, se suspenderá el devengo de intereses de conformidad con lo dispuesto por el  propio artículo 59 de la Ley Concursal.

            Se dispone que el acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito si podrá ejercitarla siempre que el crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los garantes no podrán invocar la solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante.

             El deudor que se encontrase negociando un Acuerdo Extrajudicial de Pagos no podrá ser declarado en concurso, en tanto no transcurra el plazo previsto en el artículo 5 bis.5.

La tramitación del expediente supone, la convocatoria de una reunión, en la que se debe de proponer el acuerdo, de la que debe resultar una adhesión de los acreedores.

Si no se obtuvieran las mayorías exigidas para la aprobación de la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos, el Artículo 238.3 de la Ley Concursal aboca al deudor a la declaración del Concurso Consecutivo.

Los efectos del Acuerdo Extrajudicial de Pagos aprobado:

(Artículos 133 y siguientes de la Ley Concursal)

El acuerdo extrajudicial de pagos afecta a deudor y acreedores sean estos adheridos o no al acuerdo finalmente aprobado.

En el Acuerdo Extrajudicial de Pagos no están incluidos los acreedores públicos, en ningún caso se ven afectados por el acuerdo suscrito.

El llamado Concurso Consecutivo es el concurso con ciertas especialidades para aquellos Acuerdos Extrajudicial de Pagos que no han alcanzado su eficacia, o que han sido incumplidos.

Legitimación: pueden solicitarlo indistintamente el deudor y los acreedores, además puede solicitarlo el mediador concursal. Desde un punto de vista procesal, debería reputarse una variedad del procedimiento abreviado.

La ley concursal no establece un trámite de oposición a la declaración de concurso consecutivo cuando quien lo insta sea acreedor o el propio mediador concursal.

Según el artículo 242 de la Ley Concursal, el Concurso Consecutivo es el que se declara por la imposibilidad de alcanzar un Acuerdo Extrajudicial de Pagos o por su simple incumplimiento. También tendrá esta consideración el que sea el resultado de la anulación del Acuerdo Extrajudicial de Pagos alcanzado.

La banca en la sombra crece en Europa

Mario Cantalapiedra – Economista

Según reconoce el Banco Central Europeo (BCE) en su último Informe Anual, correspondiente a 2015, la banca en la sombra se está convirtiendo en un proveedor de financiación cada vez más importante dentro de la zona euro. Inclusive el rápido crecimiento experimentado por este sistema financiero en los últimos años hace que existan dificultades a la hora de definirlo. De entre las propuestas existentes, destaca la del Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board – FSB), con sede en Basilea, y que reúne a las autoridades nacionales responsables de la estabilidad financiera, instituciones financieras internacionales, agrupaciones internacionales de reguladores y supervisores, comités de expertos de los bancos centrales y al propio BCE. Pues bien, según el FSB, la banca en la sombra “consiste en la intermediación de crédito con entidades y actividades fuera del sistema bancario regulado”.

En sentido amplio, se incluyen dentro de esta definición a todas las instituciones financieras no bancarias, excepto a las empresas de seguros y los fondos de pensiones. En concreto, las siguientes instituciones:

  • Fondos de inversión del mercado monetario (FMM).
  • Fondos de inversión distintos de los fondos del mercado monetario.
  • Sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de titulización de activos (FVC).
  • Otras instituciones financieras.

Aunque en el mencionado Informe Anual del BCE se señala que la banca en la sombra está creciendo a nivel mundial, la zona euro es una de las regiones donde su ritmo de crecimiento resulta más acelerado. Según el supervisor bancario europeo, los activos totales del sector bancario en la sombra de la zona euro se han duplicado con creces en los últimos diez años. En concreto, con datos disponibles referidos a septiembre de 2015, y como puedes ver en el gráfico que acompaña este texto, de los activos totales del sistema financiero de la zona euro, que ascienden a 67 billones de euros, son más de 26 billones los que están en manos del sector bancario en la sombra, es decir, casi un 40 por ciento del total.

Es importante señalar que el BCE considera que la banca en la sombra constituye una fuente significativa de riesgo potencial para la estabilidad del sistema financiero de la zona euro y, por tanto, requiere un atento seguimiento.

Evolución activos zona euro en manos de banca en la sombra (I TR 1999 – III TR 2015, billones de euros)

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Fuente: Informe Anual 2015, Banco Central Europeo.

La tasa de morosidad bancaria en los niveles de 2012

Mario Cantalapiedra – Economista

Según los últimos datos del Banco de España, la tasa de morosidad de los créditos concedidos por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) y establecimientos financieros de crédito, se mantuvo en enero de 2016 en el mismo nivel con el que cerró 2015, en concreto, en el 10,12 por ciento. Es la menor tasa de morosidad bancaria desde julio de 2012, aunque todavía no se logra reducirla por debajo de los dos dígitos.

Esta tasa de morosidad se obtiene dividiendo los créditos dudosos (133.422 millones de euros en el caso de enero) entre el total de crédito concedido (1,318 billones de euros). Por créditos dudosos, se entienden aquellos que presentan dudas razonables sobre su reembolso total (principal e intereses) en los términos pactados contractualmente. Dentro de éstos se incluyen los créditos morosos, que son aquellos que tienen algún importe vencido, bien sea del principal, bien sea de los intereses o de los gastos pactados contractualmente, con más de tres meses de antigüedad.

Evolución morosidad bancaria (enero 2015-enero 2016)

Imagen3Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Imagen1Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.