Las empresas apuestan por las entidades de recobro que actúan con profesionalidad

Mario Cantalapiedra – Economista

A partir de los datos del Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, podemos conocer que la metodología de gestión del recobro de facturas pendientes más utilizada por las empresas es la gestión interna, seguida por los despachos de abogados y los seguros de crédito. En cuanto a la externalización de esta gestión en entidades especializadas en el recobro, son preferidas las empresas que ofrecen un servicio integral, contemplando las distintas fases en la que se puede subdividir este proceso: recobro por vía telefónica, amistosa y judicial. Por último, son utilizadas las entidades que recobran únicamente por vía telefónica.

Destaca el hecho de que ninguna empresa de las encuestadas declare delegar la gestión del recobro en entidades de presencia caracterizada, es decir, en aquellas que se caracterizan por utilizar cobradores disfrazados de manera extravagante que se encargan de perseguir a los clientes morosos. Parece que las empresas están entendiendo la necesidad de trabajar con entidades de recobro que actúen con profesionalidad, dentro de la legalidad y de forma ética. El problema que tenemos en España es la falta de una regulación legal específica para estas entidades de recobro, la cual sí existe en otros países de nuestro entorno, lo que lleva a que sea un sector donde conviven empresas serias con otras que no lo son tanto. Hay que tener en cuenta que a estas entidades se les transfieren datos sensibles de los clientes, por lo que es importante que respeten los protocolos de protección datos y confidencialidad que marca la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). En este sentido, se debe firmar un contrato entre empresa acreedora y entidad de recobro, cuyo objeto esté constituido o comprenda la realización del servicio de gestión de recuperaciones de deuda, por el cual sehabilite a la entidad especializada a acceder a los datos personales sobre clientes del responsable del fichero (empresa acreedora) en los términos del artículo 12 de la LOPD. La entidad de recobro no podrá aplicar o utilizar estos datos personales con fin distinto al que figure en este contrato, ni podrá comunicarlos a otras personas.

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Los informes comerciales son la herramienta preferida de gestión del riesgo de crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

Los informes comerciales son la herramienta de gestión del riesgo de crédito preferida por las empresas, según el Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, en el cual hasta un 82 por ciento de las compañías encuestadas declaran consultarlos. Estos informes son realizados por agencias especializadas a partir de información de carácter público y el análisis experto de quien los elabora, y permiten conocer, a un coste reducido, la situación de un cliente y tomar, en su caso, decisiones de crédito sobre él. Inclusive, si son contratados en su modalidad investigada, permiten confirmar que el cliente existe y está activo, a partir de las visitas y entrevistas presenciales que dichas agencias le realizan.

A una distancia considerable se sitúa la segunda herramienta preferida por las compañías, el seguro de crédito, el cual es utilizado por un 47 por ciento de los encuestados, y que básicamente protege frente al riesgo de impago a través de la prevención, la indemnización y el recobro. Otras herramientas utilizadas son los rating/credit scoring (34 por ciento), los bureaus de crédito o ficheros de morosidad (22 por ciento), el factoring (18 por ciento), el crédito documentario (18 por ciento), y finalmente la business intelligence o inteligencia de negocio, que es utilizada por un 11 por ciento de las empresas y a la que aventuro un próspero futuro por delante, en la medida en que sea más conocida. Quizás en un plazo no muy lejano la veamos dar la vuelta a la tortilla y liderar el listado de las herramientas más utilizadas. Por cierto, hay un 8 por ciento de las empresas que declaran no utilizar ninguna, se ve que les va bien así.

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Las empresas españolas se resignan a cobrar más tarde del vencimiento

Mario Cantalapiedra – Economista

Aunque el retraso intencionado tiene un peso importante, la razón principal por la que las empresas cobran tarde sus facturas de clientes es la falta de disponibilidad de fondos por parte de estos, según se desprende del Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, algo que, por otra parte, viene a confirmar los resultados de Estudios anteriores. Más lejos quedan el resto de motivos para el retraso, como la complejidad de los procedimientos de pago, las disputas sobre la calidad de los bienes o servicios o la facturación incorrecta. La liquidez es un divino tesoro para las empresas, de ahí que, en mi opinión, la falta de fondos para hacer frente a las obligaciones a corto plazo sea el principal riesgo que hoy deben gestionar los responsables financieros, como manifesté el pasado 10 de mayo en mi intervención en el Manager Business Forum de Barcelona.

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De otros datos aportados por el Estudio, resulta especialmente interesante comprobar en qué momento consideran las empresas que un crédito pasa a ser moroso. Solamente el 21 por ciento de las empresas encuestadas, creen que lo es si no se produce el pago en la fecha de vencimiento. Es decir, parece que la mayoría de las compañías (el 79 por ciento) dan por hecho que cobrarán más tarde de lo pactado. Dentro de esta categoría de empresas “resignadas”, para el 28 por ciento, el crédito es moroso cuando transcurren más de 30 días desde la fecha de vencimiento, para el 15 por ciento, cuando pasan más de sesenta días, y para el 36 por ciento, han de pasar 90 días desde el vencimiento para considerar un crédito moroso. En las últimas ediciones del Estudio estos porcentajes se han mantenido bastante estables como puedes ver en el gráfico.

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Análisis del Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los datos que aporta el Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por el Observatorio de Cash Management que impulsan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, muestran que prácticamente una de cada tres empresas españolas (el 31 por ciento) ha sufrido algún impago significativo en los últimos 12 meses, observándose solamente una leve mejoría con respecto al dato del Estudio anterior (del 34 por ciento). Si bien es cierto que las cosas han mejorado, de forma progresiva, desde el máximo histórico de 2012, cuando el 66 por ciento de las empresas declaraban tener impagos significativos, también parece que la situación se está estancando y la cifra no deja de ser preocupante.

En cuanto al impacto de los impagados, para el 74 por ciento de las empresas encuestadas la morosidad supone consecuencias negativas de un modo general, pero lo que verdaderamente asusta es comprobar que para el 13 por ciento de la muestra el retraso en el cobro de sus facturas pone en riesgo su propia continuidad en el mercado.

Realmente no parece sencillo desarrollar una actividad empresarial en un país donde nada menos que el 83 por ciento de las empresas declaran tener que aceptar plazos superiores a los deseados, más allá de que exista un texto legal que limite los pagos a 60 días. El papel lo aguanta todo, la realidad empresarial va por otro camino. Como parece lógico, los que pueden imponer estas condiciones son los que ejercen una mayor fuerza relativa ante sus proveedores. De este modo, el 57 por ciento de las empresas se ven obligadas a aceptar plazos de cobro superiores a los deseados de sus clientes grandes empresas, mientras que el 50 por ciento los tienen que aceptar del sector público. Como siempre digo, hasta que las grandes compañías y las administraciones públicas no prediquen con el ejemplo y cumplan con los plazos de pago legales, seguiremos lidiando con tasas de morosidad demasiado elevadas para una economía como la española que se considera “avanzada”.

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Siete partidas para el análisis rápido del riesgo de un cliente

Mario Cantalapiedra – Economista

Cuando se analiza el riesgo de crédito comercial de un cliente, puede ser muy útil conocer de forma rápida la evolución de una serie de partidas que se consideren significativas. De tal modo que, a partir de este conocimiento, se deduzca la necesidad o no de hacer un análisis más profundo. Evidentemente no resulta sencillo llegar a un consenso de las partidas que debe recoger dicho análisis rápido, teniendo en cuenta, por ejemplo, las restricciones de información pública con las que contamos (hay datos significativos que querríamos saber y no podemos conocer a partir de la contabilidad oficial). No obstante, creo que puede ser muy interesante conocer la evolución de las siguientes siete partidas de los clientes:

Ventas (Importe neto de la cifra de negocios)

Incluye el importe de las ventas de mercaderías, de productos terminados, de productos semiterminados, de subproductos y residuos, de envases y embalajes y de las prestaciones de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, menos el importe de cualquier descuento realizado (por pronto pago, por devoluciones de ventas o por haber alcanzado un determinado volumen de pedidos), menos los impuestos que, como el IVA, deban ser objeto de repercusión. Fundamentalmente será importante vigilar las caídas significativas de las ventas del cliente de un ejercicio a otro.

Resultado neto

Diferencia entre el total de ingresos y el total de gastos en un ejercicio. En este caso, un cliente que sufra una disminución significativa de su resultado neto puede tener problemas para afrontar sus obligaciones de pago.

Total activo

Conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro, o, dicho de modo más sencillo, lo que tiene una empresa. Es importante observar si el activo del cliente crece o decrece con el paso del tiempo.

Patrimonio neto

Representa la parte residual de los activos de la empresa (lo que tiene) una vez deducidos todos los pasivos (lo que debe). Es, por tanto, el dinero que pertenece a los propietarios. Resulta muy preocupante que un cliente tenga un patrimonio neto negativo, en esa situación lo que debe (pasivo) es superior a lo que tiene (activo).

Fondo de maniobra

Diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Proporciona una medida de la adecuación entre activos a corto plazo y pasivos al mismo plazo, que, en principio, deben financiarlos. Si la diferencia es positiva, una parte del activo a corto es financiada con recursos permanentes (patrimonio neto y pasivo no corriente) permitiendo la existencia de un colchón de liquidez en el cliente. No obstante, un fondo de maniobra positivo también supone unas mayores necesidades de financiación de los activos corrientes que no pueden cubrirse con fuentes de financiación a corto plazo. Por tanto, conviene que el cliente tenga un fondo de maniobra adecuado para el sector. Incluso es habitual que en muchos sectores (agencias de viajes, gran distribución, etcétera) sea negativo.

Endeudamiento a corto plazo

Básicamente recoge las obligaciones con terceros vinculadas al ciclo normal de explotación (vencimiento menor o igual a un año) y otras obligaciones con vencimiento menor o igual a un año. Es lo que una empresa debe a corto plazo (por ejemplo, a un proveedor o a un banco). Si el endeudamiento a corto plazo del cliente se dispara, habrá que analizar los motivos por si ello puede afectar a sus compromisos de pago.

Número medio de empleados

Personal asalariado de la empresa (cifra media del ejercicio). Una caída muy significativa de esta cifra puede indicar una mala situación del cliente.

A continuación puedes ver la evolución de las siete partidas mencionadas, de una forma rápida y visual, en el caso del Grupo Isolux Corsán entre 2010 y 2014. Los datos los he obtenido utilizando la herramienta de inteligencia de negocio Insight View.

Evolución partidas significativas Grupo Isolux Corsán (2010-2014)

isoluxFuente: Insight View.

Depósitos no garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

Mario Cantalapiedra – Economista

El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) en España, garantiza hasta 100.000 euros los depósitos en dinero y en valores u otros instrumentos financieros constituidos en entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito), así como los valores u otros instrumentos financieros confiados a dichas entidades, también con el límite de 100.000 euros. Ambas garantías son distintas y compatibles, y se ofrecen por titular y entidad de crédito.

No obstante, conviene conocer que hay una serie de depósitos que no están garantizados por el FGD. En primer lugar, no se garantizan los depósitos realizados por los siguientes sujetos y entidades financieras:

  • Otras entidades de crédito por cuenta propia y en su propio nombre.
  • Sociedades y agencias de valores.
  • Entidades aseguradoras.
  • Sociedades de inversión mobiliaria.
  • Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, así como las sociedades gestoras de fondos de pensiones, de los fondos de titulización y de capital riesgo y los depósitos de las entidades que gestionan.
  • Sociedades gestoras de cartera.
  • Sociedades de capital riesgo y sus correspondientes sociedades gestoras.
  • Entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones.
  • Entidades que ejerzan las actividades típicas de las anteriores, así como cualquier otra entidad financiera sometida a supervisión prudencial.

Tampoco están garantizados los siguientes depósitos:

  • Valores representativos de deudas emitidos por la entidad de crédito, incluso los pagarés y efectos negociables.
  • Certificados de depósito al portador, cesiones temporales de activos y financiaciones con cláusula de subordinación.
  • Depósitos constituidos por empresas pertenecientes al mismo grupo económico que la entidad de crédito.
  • Depósitos constituidos por las Administraciones Públicas.
  • Depósitos constituidos por quienes ostenten cargos de administración o dirección en la entidad que origine la actuación del FGD, por las personas que tengan una participación significativa en el capital de la entidad, o una participación en empresas de su grupo económico, así como por los cónyuges y familiares en primer grado de unos y otros.
  • Depósitos constituidos con quebrantamiento de las disposiciones vigentes, en particular, los originados en operaciones en relación con las cuales haya habido una condena penal por delitos resultantes de operaciones de blanqueo de capitales.
  • Depósitos constituidos por clientes que hayan obtenido, a título personal, condiciones financieras que hayan contribuido a agravar la situación de la entidad, siempre que tal circunstancia haya sido determinada por sentencia firme.

Un tema interesante es el que hace referencia a si el dinero invertido a través de las plataformas de financiación participativa (crowdfunding), en las que el inversor percibe un rendimiento dinerario por los fondos que aporta, está cubierto por el FGD. La respuesta es que “no”, puesto que estas plataformas intermedian entre inversores y promotores pero no son entidades de crédito, por tanto, no están adheridas al mismo. De hecho, se encuentran obligadas por Ley a advertirlo en su página web.