El ICAC sanciona a sociedades que no depositan sus cuentas anuales en el Registro Mercantil

Mario Cantalapiedra – Economista

El mes de julio suele ser sinónimo de presentación de cuentas anuales para muchas sociedades, que suelen agotar el plazo legal de aprobación por la Junta General, fijado en el 30 de junio, por lo que tienen hasta el 30 de julio para depositarlas en el Registro Mercantil (un máximo de treinta días naturales después de la fecha de aprobación). En este sentido, una sociedad que no deposite sus cuentas anuales se puede enfrentar a una serie de problemas, entre ellos, los siguientes:

  • Si transcurre un año desde cierre del ejercicio sin presentación, se procede al cierre provisional de la hoja registral, con lo que no se podrá inscribir ningún documento en el Registro, excepto los que constan en el artículo 378.1 del Reglamento del Registro Mercantil (cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, revocación o renuncia de poderes, disolución de la sociedad, nombramiento de liquidadores y asientos ordenados por la Autoridad judicial o administrativa).
  • Posible derivación de responsabilidades contra los administradores de la sociedad por socios o terceros que puedan reclamar daños causados por no depositarlas.
  • Posible motivo para calificar un concurso como culpable.
  • Posible impacto negativo en los informes comerciales que realizan empresas especializadas.
  • Posibles mayores dificultades para acceder a la financiación bancaria y lograr la cobertura del seguro de crédito.
  • Posible sanción por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Precisamente me gustaría detenerme en este último problema en base a una información reciente difundida por el Registro de Economistas Contables del Consejo General de Economistas, comentando la apertura por parte del ICAC de expedientes sancionadores a algunas sociedades que no han depositado sus cuentas anuales. Aunque dichas sanciones ya estaban recogidas en el artículo 283 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, hasta la fecha no se estaban aplicando. Las multas pueden ir desde los 1.200 a los 60.000 euros, aunque pueden elevarse hasta 300.000 euros si la sociedad (o grupo de sociedades) factura por encima de 6 millones de euros. Hay que señalar que el Registro Mercantil debe remitir al finalizar cada año, a la Dirección General de los Registros y del Notariado, y esta, a su vez, al ICAC, una relación alfabética de las sociedades que no hayan depositado las cuentas, por lo que el ICAC tiene conocimiento de las mismas y puede sancionarlas.

 

La calificación del riesgo de la empresa en el documento “Información Financiera-PYME”

Mario Cantalapiedra – Economista

A partir de octubre de 2016, las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito deberán incorporar en el documento “Información Financiera-Pyme”, que entregarán a sus clientes pymes o autónomos, cuando estos se lo pidan, o la entidad decida cancelar o reducir el flujo de financiación con ellos, una calificación de su riesgo, aplicando una metodología determinada, la cual se explica en la Circular 6/2016, del Banco de España.

Esta calificación del riesgo se realizará teniendo en cuenta la situación financiera del acreditado, así como una serie de variables cualitativas y conductuales. La evaluación de la situación financiera se efectuará a través de un análisis de ratios a partir de los estados financieros de la empresa (en el caso de trabajadores autónomos, que no dispongan de estos, se deberá utilizar la información fiscal o patrimonial disponible). Las variables cualitativas se refieren a elementos tales como la antigüedad del acreditado como cliente de la entidad, la antigüedad de su negocio o el sector económico en el que opera. Por último, las variables conductuales hacen referencia a la evolución del comportamiento del acreditado en sus relaciones contractuales con la entidad financiera, debiendo tener en cuenta aspectos tales como la existencia de posiciones vencidas, la frecuencia y recurrencia de impagos, incluyendo las alertas de inscripción del acreditado en registros de impagados tales como RAI o ASNEF, los descubiertos y excedidos en cuenta o los datos procedentes de la CIRBE.

El resultado de la evaluación deberá permitir a la entidad financiera clasificar el riesgo de la pyme o el autónomo en alguna de las categorías siguientes:

Riesgo bajo

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que tiene una capacidad adecuada para hacer frente a sus compromisos financieros.

Riesgo medio-bajo

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que existe alguna incertidumbre no especialmente significativa sobre su capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros.

Riesgo medio-alto

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que existen incertidumbres significativas sobre su capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros.

Riesgo alto

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando del análisis de su situación financiera, del conocimiento que se disponga de él, de su negocio o de la actividad que desarrolle, y del análisis de su comportamiento en relación con la entidad se concluya que existen serias dudas de que vaya a ser capaz de hacer frente a sus compromisos financieros.

No disponible

Un acreditado obtendrá esta calificación cuando no se haya podido disponer de información suficiente para aplicar la metodología de calificación del riesgo.

¿Qué datos deberá contener el documento “Información Financiera-PYME”?

Mario Cantalapiedra – Economista

La Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, con entrada en vigor el próximo 11 de octubre, especifica el siguiente contenido mínimo del documento “Información Financiera-PYME”, que las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito deberán facilitar a sus clientes pymes y autónomos, cuando estos se lo pidan, o la entidad decida cancelar o reducir el flujo de financiación que mantiene con ellos:

1. Declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE)

La CIRBE es una base de datos gestionada por el Banco de España que recoge los riesgos que las entidades financieras tienen con sus clientes personas físicas o jurídicas. En este caso, el documento deberá incluir las cuatro últimas declaraciones mensuales de datos a efectuadas a la misma, relativas a los clientes acreditados, así como las correspondientes al final de cada trimestre natural de los últimos cinco años anteriores a la fecha de notificación (cuando el documento se genere porque la entidad financiera tenga intención de no prorrogar o extinguir el flujo de financiación o de disminuirlo en una cuantía igual o superior al 35 por ciento) o a la fecha de solicitud (cuando el documento se genere por petición de la pyme o del autónomo).

2. Datos comunicados a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito

El documento “Información Financiera-PYME” también deberá incluir los datos de las pymes y autónomos acreditados comunicados por las entidades financieras a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito que sigan constando en los registros de tales empresas en las mencionadas fechas de notificación o de solicitud.

3. Historial crediticio

El documento incluirá el historial crediticio del acreditado referido a los cinco años anteriores a la fecha de notificación o de solicitud, el cual incluirá los siguientes datos:

  • Relación de los créditos históricos y vigentes, y de los importes pendientes de amortización.
  • Relación cronológica de las obligaciones impagadas con sus detalles o, en su defecto, declaración expresa de que el acreditado ha cumplido íntegramente con sus obligaciones.
  • Estado de la situación actual de impagos.
  • Relación de los concursos de acreedores, acuerdos de refinanciación o extrajudiciales de pagos, embargos, procedimientos de ejecución y otras incidencias judiciales relacionadas con la empresa acreditada en los que sea parte la entidad financiera.
  • Relación de los contratos de seguros vinculados al flujo de financiación.

4. Extracto de los movimientos realizados durante el último año en los contratos de flujo de financiación con el acreditado

5. Calificación del riesgo del acreditado

Finalmente las entidades deberán incluir una evaluación de la calidad crediticia de las pymes y los autónomos a los que financian, realizada de manera estandarizada y comparable. El resultado de la evaluación deberá permitir clasificar el riesgo del acreditado dentro de una de las siguientes categorías: riesgo bajo, riesgo medio-bajo, riesgo medio-alto, riesgo alto o no disponible.

El Banco de España regula el documento “Información Financiera-PYME”

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre los objetivos con los que nació la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial está el de hacer más flexible y accesible la financiación bancaria a pymes y autónomos. En dicha Ley se reconoce como uno de los principales obstáculos para lograrlo, se encuentra en la asimetría informativa a la que se enfrentan las entidades de crédito cuando conceden financiación a pymes y autónomos, lo que complica y encarece la valoración de su riesgo. Es decir, la entidad que concede financiación no tiene información suficiente sobre el uso que dará la empresa deudora al dinero que le presta. Esta asimetría informativa aumenta el tipo de interés del dinero que se cobra por el dinero que se presta, pudiendo llegar a motivar la denegación de la financiación. Precisamente para mitigar dicha asimetría informativa, la Ley 5/2015 establece que cuando las entidades de crédito decidan cancelar o reducir el flujo de financiación a sus clientes que sean pymes o autónomos, además de informarles con un preaviso de tres meses, les hagan entrega de un documento denominado “Información Financiera-PYME”, que ha de recoger datos sobre su situación financiera e historial de pagos, entre ellos su calificación de riesgo de crédito, correspondiendo al Banco de España (BdE) especificar el modelo y la metodología a utilizar.

Pues bien, se acaba de publicar en el BOE del 11 de julio de 2016, la Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, a las entidades de crédito y a los establecimientos financieros de crédito, por la que se determinan el contenido y el formato del documento “Información Financiera-PYME” y se especifica la metodología de calificación del riesgo previstos en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, estructurada en los tres capítulos siguientes:

  • En el capítulo I se establece el objeto y ámbito de aplicación, que incluye a las entidades de crédito y también a los establecimientos financieros de crédito.
  • En el capítulo II se regula el contenido mínimo del documento “Información Financiera-PYME”, el cual abarca desde las declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) hasta la calificación del riesgo, incluyendo un exhaustivo historial crediticio, los datos comunicados a empresas que presten servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito, y los extractos de movimientos del último año.
  • Finalmente, el capítulo III establece una metodología cuyo fin esencial es la estandarización de la calificación del riesgo que deberán otorgar las entidades a pymes y autónomos.

La entrada en vigor de esta circular se producirá el próximo 11 de octubre de 2016.

Análisis del recorte de la financiación de Enisa para 2016

Mario Cantalapiedra – Economista

El 29 de abril de 2016 el Consejo de Ministros español aprobó un acuerdo de no disponibilidad de créditos en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 por importe de 2.000 millones de euros, con el objetivo de reducir el déficit público, que debía ser asumido entre todos los Departamentos ministeriales.

En este sentido, el pasado viernes se hizo público cómo afecta este recorte general a la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la cual juega un papel muy importante en la financiación de proyectos innovadores y viables impulsados por pymes y emprendedores a través de la concesión de préstamos participativos. Estos instrumentos de financiación, a medio camino entre el capital riesgo y el préstamo bancario a largo plazo, proporcionan recursos financieros a las empresas sin interferir en su gestión, caracterizándose por la participación de la entidad prestamista en los beneficios de la empresa financiada a través de un interés variable, además del cobro de un interés fijo. Tienen la ventaja de considerarse deuda subordinada, es decir, su exigibilidad queda por detrás de todos los acreedores comunes por cualquier otro crédito u obligación de la empresa, lo que permite a esta mantener su capacidad de endeudamiento. Pues bien, el anuncio del recorte efectuado por el Consejo de Ministros del 1 de julio, ha causado revuelo en los distintos foros de emprendedores, tan necesitados de buenas noticias, por lo que conviene puntualizar lo que pasados unos días sabemos del mismo:

  • La dotación presupuestaria para financiar proyectos en 2016 de Enisa se ha visto reducida en un 27 por ciento (inicialmente era de 113 millones de euros).
  • El recorte fundamental se ha producido en la línea de préstamos participativos a proyectos promovidos por empresas de base tecnológica, la conocida como línea EBT, que se fija ahora en un importe máximo de 1,7 millones de euros, lo que supone reducir en 18,6 millones de euros, su cuantía inicial.
  • Desde Enisa se quiere tranquilizar a los emprendedores, subrayando como siguen contando con 82,6 millones de euros para financiar proyectos innovadores y viables impulsados por pymes y emprendedores, incluidas startups y empresas de base tecnológica, así como cualquier otro sector de actividad (con ciertas excepciones en el inmobiliario y el financiero). Se trata de no dejar atrás a las compañías de base tecnológica, haciéndolas encajar en otras líneas de financiación donde por su amplitud tienen cabida.

Préstamos formalizados por Enisa en 2015enisaFuente: Empresa Nacional de Innovación (Enisa).

Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2016

Mario Cantalapiedra – Economista

Mediante Resolución de 28 de junio de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, se ha establecido que el tipo legal de interés de demora a aplicar en las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2016 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

En este caso, la última operación principal de financiación del Banco Central Europeo en el primer semestre de 2016, ha tenido lugar el 28 de junio a un tipo de interés del 0 por 100. Por tanto, y a los efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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