Derechos básicos de los clientes bancarios

Mario Cantalapiedra – Economista

El Banco de España reconoce a los clientes bancarios una serie de derechos básicos que se pueden dividir según cuál sea el momento de relación con la entidad financiera (antes de contratar con ella, en el momento de firmar el contrato y después de hacerlo).

Antes de contratar los clientes bancarios tienen derecho a:

  • Recibir información sobre comisiones bancarias y gastos que el banco les pueda cobrar, debiendo saber que no han de soportar ningún coste por servicios no solicitados o aceptados. En este sentido, contratar un producto bancario relativamente simple como puede ser una cuenta corriente implica un buen número de comisiones que se podrán cobrar, por lo que hay que leer bien la letra pequeña antes de firmar.
  • Recibir información sobre los tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisas o de billetes extranjeros cuyo importe no supere la cantidad de 3.000 euros.
  • Obtener de forma gratuita ofertas vinculantes de la entidad en préstamos hipotecarios sobre viviendas, en subrogaciones hipotecarias por cambio de entidad y en créditos al consumo.
  • Conocer los modelos de contrato de las operaciones o productos ofrecidos.
  • Recibir toda la información necesaria para entender bien la operación o producto ofertado. La información deberá ser clara, oportuna y suficiente, objetiva y no engañosa.

En el momento de contratar los clientes bancarios tienen derecho a:

  • Recibir un ejemplar del documento contractual en el que se formalice el servicio recibido.

Por último, después de contratar con el banco los clientes tienen derecho a:

  • Recibir los extractos y los documentos de liquidación de intereses y comisiones bancarias para las operaciones no consideradas de pago. Por su parte, en las operaciones de pago es obligatorio proporcionar determinada información tanto para operaciones singulares (aquellas que no están cubiertas por un contrato marco), como para las vinculadas a contratos marco. Por ejemplo, se ha de informar de la especificación del IBAN como identificador único de las cuentas bancarias, o del plazo máximo de ejecución que tendrá el servicio de pago ofertado.
  • Recibir información previa sobre los cambios que decida el banco sobre tipos de interés, comisiones bancarias y gastos de las operaciones que les afecten.
  • Disponer de un procedimiento para resolver sus reclamaciones, quejas y consultas, en caso de no estar de acuerdo con la entidad financiera en las operaciones que les afecten, o ante cualquier duda que les pueda surgir.

 

 

Mejora el plazo de pago de las administraciones públicas, pero no lo suficiente

Mario Cantalapiedra – Economista

A pesar de una pequeña mejoría en la situación, las administraciones públicas siguen sin cumplir los plazos de pago a autónomos que marca la legislación contra la morosidad vigente, según el último informe publicado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), referido al tercer trimestre de 2016. El plazo medio de pago ahora es de 78 días, mejor que los 83 de hace un año, pero todavía sigue siendo muy largo.

Hay que recordar que ATA utiliza para su cálculo el período que transcurre entre la fecha de emisión de la factura o de entrega del bien/ prestación del servicio hasta la fecha de pago efectivo, que realmente es el plazo que le interesa considerar a cualquier autónomo que trabaje con un organismo público. Este criterio es distinto al utilizado por la Administración que toma como plazo el que va desde que transcurren 30 días desde la fecha de entrada de la factura en su correspondiente registro, o desde la fecha de aprobación de la certificación de obra, hasta la fecha de pago efectivo, por lo que los períodos medios “oficiales” publicados en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas son más cortos.

Curiosamente en el último informe de ATA la administración que empeora más su plazo de pago a los autónomos es la central, aunque sigue siendo la que paga antes. Las comunidades autónomas han mejorado algo, pero siguen pagando muy tarde, en concreto, a un plazo medio de 90 días. Las comunidades peores pagadoras son la Comunitat Valenciana (106 días), Illes Balears (102 días) y Castilla y León (95 días). En el otro extremo se encuentran País Vasco y Navarra, con 47 y 49 días de media, respectivamente. Parece que se sigue confirmando la existencia de una España a dos velocidades a la hora de pagar a los proveedores desde lo público, sobre la que ya me he referido antes en este blog. En cuanto a la administración local prácticamente no existen cambios con respecto  a la situación de hace un año.

A ver si con el nuevo Gobierno logramos que estos plazos se ajusten más. Si la Administración paga dentro del plazo legal, será mucho más fácil “convencer” al resto de agentes económicos para que también lo hagan.

 

Plazo de pago medio a autónomos según administración pública (en días)

fFuente: Observatorio del Trabajo Autónomo – ATA, Octubre 2016.

El traumático proceso de reducción del número de oficinas bancarias

Mario Cantalapiedra – Economista

Paseando por cualquier ciudad española se advierte la gran cantidad de antiguas oficinas bancarias que hoy en día se encuentran cerradas. A pesar de ello, y según los datos del Banco de España referenciados al mes de junio, existen en nuestro país 30.207 oficinas bancarias, que a simple vista pueden parecer muchas, pero quizás no tantas si se comparan con las 46.118 que tuvimos en el tercer trimestre de 2008, momento en el que se alcanzó el máximo histórico. Una sencilla operación matemática nos dice que la caída desde entonces ha sido de más del 34 por ciento, y por lo que se ve el proceso de reducción todavía no ha terminado, solo hace falta seguir la pista a las noticias que inundan actualmente los medios de comunicación.

En las tres tablas adjuntas muestro algunos datos que pueden ayudar a entender mejor la traumática evolución sufrida por el número de oficinas bancarias (con tasas negativas de crecimiento desde 2009) y a tener una visión parcial de cómo se distribuyen a nivel autonómico y provincial. En este sentido, hay que señalar que dentro del concepto genérico de “oficina bancaria” que estoy utilizando se incluyen las oficinas de las entidades de depósito (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito) residentes, de los establecimientos financieros de crédito también residentes y del lnstituto de Crédito Oficial (ICO).

Evolución del número de oficinas bancarias en España (2007-2016)

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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Las 10 comunidades autónomas españolas con más oficinas bancarias (junio 2016)

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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Las 10 provincias españolas con más oficinas bancarias (junio 2016)

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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

Diferencia entre los conceptos contables de deterioro y provisión

Mario Cantalapiedra – Economista

Un aspecto que todavía parece seguir causando cierta dificultad es el de diferenciar entre los conceptos contables de provisión y deterioro. Los que tenemos cierta edad recordamos que el Plan General de Contabilidad (PGC) de 1990, recogía bajo el concepto genérico de provisión las correcciones valorativas reversibles realizadas tanto sobre activos que valían menos como sobre pasivos que eran probables pero al mismo tiempo indeterminados. Pues bien, el PGC vigente en la actualidad, el de 2007, reserva el concepto de provisión para los pasivos y habla de deterioro para los activos.

De este modo, son provisiones los pasivos (obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro), que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán, por lo que la empresa aplica una cantidad como gasto para estar preparada. Por ejemplo, se contabiliza una provisión por la indemnización reclamada por un cliente por la venta de un producto defectuoso que muy probablemente habrá de pagarse. Existe una obligación a afrontar (pasivo), especificada en cuanto a su naturaleza, pero de la que se desconocen su importe exacto y su momento concreto. El PGC recoge expresamente las siguientes provisiones:

– A largo plazo:

  • Provisión por retribuciones a largo plazo al personal.
  • Provisión para impuestos.
  • Provisión para otras responsabilidades.
  • Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado.
  • Provisión para actuaciones medioambientales.
  • Provisión para reestructuraciones.
  • Provisión por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.

– A corto plazo:

  • Provisiones por operaciones comerciales (que a su vez se divide en provisión por contratos onerosos y provisión para otras operaciones comerciales).
  • Provisión a corto plazo por retribuciones al personal.
  • Provisión a corto plazo para impuestos.
  • Provisión a corto plazo para otras responsabilidades.
  • Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado.
  • Provisión a corto plazo para actuaciones medioambientales.
  • Provisión a corto plazo para reestructuraciones.
  • Provisión a corto plazo por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.

Por su parte, los deterioros hacen referencia a la pérdida de valor de los activos de la empresa con carácter reversible, es decir, que puede recuperarse en el futuro, de tal modo que esa disminución de valor se refleja como gasto. Por ejemplo, se contabiliza el deterioro por las dudas razonables que existan sobre el cobro de una factura pendiente de un cliente. El PGC prevé los cuatro grandes grupos de deterioros siguientes:

– A largo plazo:

  • Deterioro de valor de activos no corrientes (del inmovilizado intangible, del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias, de valores representativos de deuda a largo plazo, etcétera).

– A corto plazo:

  • Deterioro de valor de las existencias (de materias primas, de productos en curso, etcétera).
  • Deterioro de valor de créditos comerciales.
  • Deterioro del valor de inversiones financieras a corto plazo.

Información básica para el cliente en las plataformas de “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

Como se comenta en el preámbulo de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, la inversión en los proyectos que ofrecen las plataformas de financiación participativa o crowdfunding es intrínsecamente arriesgada, tanto porque el promotor que solicita la financiación puede ser incapaz de devolver o remunerar el dinero recibido, como porque la plataforma no garantiza en ningún momento la solvencia del promotor. En este sentido, la normativa legal proporciona una serie de herramientas que tratan de mitigar y gestionar el riesgo de esta inversión, entre las que se encuentran las obligaciones de información a las que quedan sujetas las plataformas.

En este ámbito destaca los cuatro elementos siguientes sobre los que las plataformas deben informar, en términos breves y sencillos, y en un lugar destacado de su página web de inicio, bajo un epígrafe denominado “Información básica para el cliente”:

  • Advertencia de los riesgos que implica para los inversores la participación en préstamos (crowdlending), o la suscripción de las acciones, participaciones u otros valores representativos de capital (crowdinvesting) y obligaciones a través de la plataforma y, en todo caso, los riesgos de pérdida total o parcial del capital invertido, de no obtener el rendimiento dinerario esperado y de falta de liquidez de la inversión. En el caso de financiación mediante emisión de acciones, se deberá informar además del riesgo de dilución de la participación en la sociedad (es decir, de reducción del porcentaje de participación en el capital por la entrada de nuevos socios), del riesgo de no recibir dividendos y del riesgo de no poder influir en la gestión de la sociedad. Si la inversión es en participaciones sociales u otros valores representativos del capital, además de informar sobre los tres elementos anteriores (dilución, dividendos y gestión), habrá que hacerlo sobre las restricciones a la libre transmisibilidad inherentes a su régimen jurídico.
  • Advertencia de que la plataforma no es una empresa de servicios de inversión, ni una entidad de crédito y de que no está adherida a ningún fondo de garantía de inversiones o fondo de garantía de depósitos.
  • Advertencia de que los proyectos de financiación participativa no son objeto de autorización, supervisión ni revisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni por el Banco de España (BdE).
  • Tarifas aplicadas a inversores y promotores, procedimiento de contratación y forma de facturación.

 

 

El registro oficial de plataformas de “crowdfunding” de la CNMV

Mario Cantalapiedra – Economista

Según la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, las plataformas de financiación participativa o crowdfunding, es decir, aquellas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, deben estar autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e inscritas en un registro especial.

Es un registro al que le está costando arrancar y me consta que más de una plataforma se encuentra atorada entre trámites administrativos intentando ser inscrita. No obstante, en el momento en que elaboro el post, cuenta ya con seis plataformas registradas de las que se pueden consultar los siguientes datos:

1. Número de registro oficial.

2. Fecha de registro.

3. Denominación social.

4. Página web.

5. Domicilio social.

6. Socios con participación significativa (por encima del 10 por ciento).

7. Administradores.

8. Tipo de entidad, en función de cuál sea la fórmula utilizada para captar la financiación, lo que da lugar a las siguientes clases de plataformas:

  • De valores negociables, como acciones (entraría dentro del concepto de crowdfunding de inversión o crowdinvesting, donde los inversores entregan dinero a una empresa a cambio de una participación en su capital, estando ligada la rentabilidad de la inversión al éxito futuro de la compañía) u obligaciones.
  • De participaciones de sociedades de responsabilidad limitada (igualmente correspondería al crowdinvesting).
  • De préstamos (lo que se conoce como crowdlending, donde los inversores eligen un proyecto al que prestan dinero, a cambio de un tipo de interés).

El registro, que ha de servir para dar más confianza a los inversores, actualmente cuenta con tres plataformas de crowdinvesting y otras tres de crowdlending, como puedes ver en el cuadro siguiente.

Registro oficial plataformas de financiación participativa (PFP)

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Fuente: Elaboración propia a partir del registro oficial de la CNMV.