Diferencias entre “venture capital” y “private equity”

Mario Cantalapiedra – Economista

Las entidades de capital riesgo según la Ley 22/2014 son entidades de inversión colectiva de tipo cerrado que obtienen capital de una serie de inversores con el fin de generar para ellos ganancias o rendimientos. También en dicha Ley se señala que su objeto social principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas de naturaleza no inmobiliaria ni financiera que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de la Bolsa.

Se pueden distinguir distintas modalidades de capital riesgo en función de la fase de desarrollo en la que se encuentre la empresa financiada. Aunque en España es habitual que todas estas modalidades se engloben bajo el concepto genérico de capital riesgo, en los países anglosajones el ciclo vital de la empresa lleva a distinguir entre venture capital y private equity.

De este modo, el venture capital (o capital riesgo propiamente dicho) consiste en la aportación de fondos a una empresa que se encuentre en las primeras fases de su desarrollo, donde la incertidumbre sobre la marcha futura del negocio es mayor. A su vez se divide en:

  • Capital semilla, donde se financian nuevos proyectos empresariales antes de que estos nazcan.
  • Capital de arranque, donde se financia el establecimiento (instalaciones, páginas web, etcétera) y puesta en marcha de empresas ya creadas.

Por su parte, el private equity (capital privado) se refiere a la inversión en empresas consolidadas o en fase de crecimiento, sobre las que ya existe un historial de negocio y el riesgo es menor. En este caso, se divide en:

  • Capital expansión, donde se financian empresas operativas en fase de crecimiento con objetivos tales como el lanzamiento de un nuevo producto o el crecimiento en una nueva zona geográfica.
  • Compra apalancada, donde una parte de la compra se financia mediante recursos ajenos aportados por una entidad financiera distinta a la de capital riesgo y otra mediante el dinero que aportan los inversores. Los recursos ajenos se aseguran en base a los activos de la empresa y a la previsión de sus flujos de caja.
  • Sustitución, donde la entidad inversora entra en la empresa para ocupar el lugar de un accionista anterior que desea retirarse (el caso típico en una empresa familiar con problemas sucesorios donde el capital riesgo invierte para garantizar la continuidad del negocio).
  • Reorientación, donde se financia el cambio de orientación de una empresa que atraviesa dificultades.

 

Plazos de pago más cortos en servicios y Baleares

Mario Cantalapiedra – Economista

Los datos del último “Estudio sobre la Evolución de los Plazos de Pago en España” del Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School, muestran una cierta mejoría en los plazos medios de pago en los distintos sectores productivos, aunque en ningún caso llegan a situarse por debajo de los 60 días “legales”. El sector con mejor comportamiento es servicios donde se paga a una media de 86 días (3 días por debajo del dato anterior), seguido por el primario con 92 días (1 día por debajo del dato anterior) y la industria con 96 días (3 días por debajo del dato anterior). El peor comportamiento se registra, de nuevo, en la construcción donde se paga a 97 días de plazo medio. No obstante, hay que resaltar una mejora de 6 días en este sector donde los plazos de pago acostumbran a ser muy largos.

 

Gráfico 1. Evolución plazos de pago por sectores productivos (Datos en días)

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View).

En cuanto a los plazos de pago según la comunidad autónoma en la que radica el domicilio social de la empresa pagadora, el mejor comportamiento se da en Baleares (79 días). A continuación se sitúan Navarra (80 días) y Aragón (84 días), mientras que en el otro lado de la balanza aparecen Andalucía (102 días), Extremadura (101 días) y Murcia (98 días). Tampoco considerando la variable geográfica se encuentra ningún territorio en el que se cumplan los 60 días de plazo, aunque como puedes ver las diferencias entre comunidades autónomas (CCAA) son bastante significativas.

 

Gráfico 2. Plazos de pago más reducidos y más amplios por CCAA

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View).

Los plazos de pago de las empresas españolas no bajan de los 90 días

Mario Cantalapiedra – Economista

La nueva edición del “Estudio sobre la Evolución de los Plazos de Pago en España”, elaborado por las compañías Iberinform y Crédito y Caución en el marco del Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School que ha sido presentada hoy en Madrid, constata una leve mejoría en los plazos de pago de las empresas españolas que, no obstante, continúan muy lejos de los que marca la legislación contra la morosidad vigente.

El Estudio se ha elaborado con la herramienta de inteligencia de negocio Insight View a partir de las cuentas anuales de 2015 depositadas en el Registro Mercantil por 154.000 empresas privadas españolas. Se han utilizado los balances presentados en formatos “normal” y “mixto”, el 10 por ciento de los analizados, los cuales permiten la estimación directa de los plazos de pago en base a la información que contienen. Asimismo, y con el objeto de ampliar el Estudio a la mayor parte del tejido empresarial, se han tenido en cuenta los modelos “abreviado” y “pymes”, obteniendo, a través de cálculos validados por el propio Observatorio, valores medios que han permitido estimar los plazos.

La principal conclusión del Estudio es que las empresas españolas pagan a 91 días, con una mejora de tres días respecto al dato anterior, pero muy lejos de los 60 días “legales”. Como puedes observar en el Gráfico 1, en el que se muestra la serie histórica desde 2009, estamos más o menos en los niveles 2010 y estancados en unos plazos que difícilmente bajan de los 90 días.

Si tenemos en cuenta el tamaño de las compañías, se confirma una vez más que las grandes empresas son las que pagan más tarde con 109 días de plazo. Como puedes observar en el Gráfico 2 este comportamiento se repite en cada estudio desde 2009. Le siguen las medianas (93 días) y las microempresas (92 días), siendo las pequeñas empresas las únicas que pagan por debajo de la cota de los 90 días, en concreto lo hacen a un plazo de 88 días.

Gráfico 1. Evolución plazos de pago (Datos en días)

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View).

Gráfico 2. Evolución plazos de pago por tamaño de empresa (Datos en días)

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Fuente: Observatorio de Riesgo de Crédito del IE Business School – Iberinform (análisis realizado a partir de Insight View).

Nueve requisitos legales que han de cumplir las plataformas de “crowdfunding”

Mario Cantalapiedra – Economista

La Ley 5/2015 que regula en España a las plataformas de financiación participativa (PFP) o crowdfunding, cuya actividad consiste en poner en contacto, a través de medios electrónicos, a una pluralidad de inversores que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario con promotores que solicitan dicha financiación, impone a las empresas que quieran ejercer oficialmente esta actividad los siguientes nueve requisitos:

 

  1. Objeto social exclusivo por el que solamente pueden realizar las actividades que son propias de las PFP. No obstante, si están autorizadas como entidades de pago híbridas también pueden realizar las actividades que se reservan a estas últimas, como, por ejemplo, la recepción de fondos con la finalidad de pago por cuenta de inversores o promotores.
  2. Tener domicilio social y efectiva administración y dirección en España u otro Estado miembro de la Unión Europea
  3. Revestir la forma de sociedad de capital constituidas por tiempo indefinido.
  4. Contar con administradores de reconocida honorabilidad empresarial o profesional, con conocimientos y experiencia adecuados en el mundo financiero. Se considera que existe dicha honorabilidad cuando, teniendo en cuenta toda la información disponible, los administradores vengan mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la PFP.
  5. Disponer de una buena organización administrativa y contable o de procedimientos de control interno adecuados.
  6. Disponer de medios adecuados para garantizar seguridad, confidencialidad, fiabilidad y capacidad del servicio prestado por medios electrónicos.
  7. Disponer de un reglamento interno de conducta que contemple los posibles conflictos de interés y términos de participación de sus administradores, directivos, empleados y apoderados en las solicitudes de financiación que instrumentan.
  8. Prever mecanismos para que, en caso de cese de actividad, se sigan prestando todos o parte de los servicios comprometidos para los proyectos de financiación participativa que hubieran obtenido financiación.
  9. Disponer de un capital social mínimo, íntegramente desembolsado en efectivo, de 60.000 euros, sustituible por una garantía que permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia en el ejercicio de su actividad profesional con una cobertura mínima de 300.000 euros por reclamación de daños y de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones; así como de unos recursos propios (capital, prima de emisión y reservas) que varían en función del volumen de financiación obtenido por los proyectos publicados hasta un máximo de 2 millones de euros.

Leve mejoría en la facilidad para hacer negocios en España

Mario Cantalapiedra – Economista

El Banco Mundial, organización internacional encargada de ofrecer asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo del mundo y con sede oficial en la capital de Estados Unidos, Washington D.C., acaba de presentar su informeDoing Business 2017: Igualdad de Oportunidades para Todos”, el cual mide la facilidad para hacer negocios en 190 países del mundo, entre ellos España.

En la edición de este año, con datos actualizados a fecha 1 de junio de 2016, se han medido los siguientes aspectos: apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad, obtención de crédito, protección de los inversores minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias. La buena noticia es que España ha mejorado algo su posición con respecto al año anterior, en concreto ha pasado del puesto 33 al 32. Entre las reformas emprendidas por nuestro país para mejorar la situación, según el Banco Mundial, se encuentran, la reducción de tasas impositivas a la propiedad, vehículos y transmisiones patrimoniales, la eliminación de la tasa medioambiental, la introducción de un nuevo sistema electrónico para declarar cotizaciones a la Seguridad Social y unas mayores facilidades para el cumplimiento de los contratos también mediante la introducción de sistemas electrónicos.

No obstante, esta posición no guarda relación con el peso relativo de nuestra economía a nivel mundial, por lo que no podemos estar contentos. Sigue siendo necesario mejorar la facilidad para hacer negocios. Como dato curioso sorprende la clasificación de Macedonia en el puesto 10. Puede que el próximo sábado en el partido de selecciones de fútbol venza España, pero en lo que ad facilidad para hacer negocios se trata nos gana el país balcánico por goleada.

 

Clasificación de países por su facilidad para hacer negocios

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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial.

Plazos de pago de cuotas provinciales y nacionales del IAE en 2016

Mario Cantalapiedra – Economista

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un tributo que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas en territorio nacional. A estos efectos, se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico cuando supone la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con el fin de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

No obstante, del pago del IAE están exentas, entre otras, todas las personas físicas, así como las sociedades mercantiles, las sociedades civiles y otras entidades (herencias yacentes, comunidades de bienes, etcétera) que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1 millón de euros. Tampoco tienen que pagarlo los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos en que dicha actividad se desarrolle.

En el IAE se distinguen tres clases de cuotas tributarias según el ámbito territorial en el que se ejerce la actividad:

  • Cuota municipal, la cual faculta a la empresa a ejercer la actividad dentro de un término municipal.
  • Cuota provincial, que faculta a la empresa a ejercer la actividad dentro de una provincia.
  • Cuota nacional, que faculta a la empresa a ejercer la actividad en todo el territorio nacional.

Cada ayuntamiento se encarga de la recaudación y de establecer el plazo de pago en período voluntario de las cuotas municipales del IAE, mientras que estas funciones corresponden a la Administración Tributaria Estatal en el caso de cuotas provinciales y nacionales. En concreto, para este 2016, y según Resolución de 10 de junio de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el plazo de pago en período voluntario de las cuotas provinciales y nacionales comprende desde el 15 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 2016, ambos inclusive. El pago ha de efectuarse a través del documento de ingreso recibido por la empresa, en alguna de las entidades de crédito colaboradoras en la recaudación. Si dicho documento no se recibe o se pierde, deberá pagarse con un duplicado que se recogerá en la Delegación la AEAT correspondiente a la provincia del domicilio fiscal del contribuyente (cuotas nacionales) o a la provincia del domicilio donde se realice la actividad (cuotas provinciales).