Tipo legal de interés de demora para el segundo semestre de 2017

Mario Cantalapiedra – Economista

Mediante Resolución de 27 de junio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, se ha establecido que el tipo legal de interés de demora a aplicar en las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2017 sea del 8,00 por 100. Este tipo se forma sumando ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

En este caso, la última operación principal de financiación del Banco Central Europeo en el primer semestre de 2017 ha tenido lugar el martes 27 de junio a un tipo de interés del 0 por 100. Por tanto, y a los efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el 8,00 por 100 será el tipo de interés de demora a aplicar por defecto en el caso de morosidad en el pago de las facturas, siempre que no se haya pactado otro distinto en el contrato firmado con el deudor. Como puedes ver en el gráfico adjunto este porcentaje del 8,00 por 100 se mantiene invariado desde el segundo semestre de 2016.

Los intereses de demora surgen automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legalmente establecido sin necesidad de aviso ni requerimiento previo. El acreedor tiene derecho a ellos siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no haya recibido a tiempo la cantidad debida, salvo que el deudor demuestre que no es responsable del retraso.

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En España se paga tarde a los proveedores intencionadamente

Mario Cantalapiedra – Economista

El retraso intencionado del cliente es la razón principal por la que las compañías cobran tarde sus facturas, según el Décimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, superando a la falta de disponibilidad de fondos que solía ser la causa principal argumentada por las empresas en anteriores Estudios, y que ahora pasa a un segundo lugar. Motivos menos significativos del retraso son la complejidad de los procedimientos de pago, las disputas sobre la calidad (de los bienes o servicios comercializados) o la facturación incorrecta.

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Precisamente hoy el Congreso de los Diputados debate una Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que incluye sanciones con un mínimo de 60 euros para las infracciones leves en materia de morosidad (como, por ejemplo, pactar plazos de pago que excluyan del cómputo los periodos considerados vacacionales), y que pueden llegar hasta los 819.780 euros en el caso de infracciones muy graves (como, por ejemplo, exceder en más de 60 días el plazo de pago legal). Esta Proposición incluye también, entre otras medidas, un sistema arbitral de morosidad para resolver extrajudicialmente las reclamaciones de las empresas por incumplimientos relacionados con los plazos contractuales o legales de pago, los intereses de demora o la indemnización por costes de cobro, la creación de un “Buzón de lucha contra la morosidad”, gestionado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), a través del cual cualquier persona pueda poner en conocimiento los posibles incumplimientos de los plazos legales de pago, así como la constitución de un “Observatorio Estatal de la Morosidad en las operaciones comerciales” adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que correspondería el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de lucha contra la morosidad.

En cualquier caso, parece necesario tomar medidas de mayor calado que rompan la inercia instalada en este país de pagar tarde a los proveedores.

Análisis del Décimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los datos que aporta el Décimo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, muestran que el 26 por ciento de las empresas españolas han sufrido algún impago significativo en los últimos 12 meses, confirmándose la mejora progresiva de este dato desde 2012, cuando el porcentaje era nada menos que del 66 por ciento. Va mejorando sí, aunque sigue haciéndolo demasiado lentamente para darnos por satisfechos.

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La morosidad supone consecuencias negativas de forma general para el 64 por ciento de las empresas encuestadas, siendo hasta un 10 por ciento de ellas las que declaran que el retraso en el cobro pone en riesgo su propia continuidad en el mercado. Hay que pensar que solamente un 39 por ciento de las empresas declaran cobrar por debajo de los 60 días que marca la Ley.

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Al igual que en el estudio anterior, hasta un 83 por ciento de las empresas tienen que aceptar plazos superiores a los deseados. No obstante, existe una diferencia importante al analizar de quién hay que aceptarlo en concreto, ya que desciende de forma considerable (del 50 hasta el 12 por ciento) el porcentaje de empresas que declaran soportarlo de las administraciones públicas. En cambio, hasta un 53 por ciento de las empresas tienen que seguir aceptando plazos de pago superiores a los deseados de sus clientes gran empresa, donde parece concentrarse ahora el problema de la morosidad en España.

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Un nuevo canal de distribución de fondos de inversión en España

Mario Cantalapiedra – Economista

Los fondos de inversión son instituciones de inversión colectiva que agrupan las aportaciones de sus partícipes, los suscriptores del fondo, con la finalidad de constituir un patrimonio lo suficientemente grande para invertir en mejores condiciones, quedando su administración reservada a una sociedad gestora. Habitualmente los inversores suelen acceden a los fondos de inversión a través de los bancos con los que trabajan, aunque también pueden hacerlo acudiendo a las propias sociedades gestoras o a comercializadoras de fondos.

En este sentido, el Grupo Bolsas y Mercados Españoles (BME), operador de todos los mercados de valores y sistemas financieros de España, ha creado un nuevo canal de distribución de fondos denominado BME Fondos, el cual se prevé entre en funcionamiento el próximo 27 de junio. Esta plataforma de negociación estará abierta a todo tipo de fondos de inversión, tanto nacionales como internacionales, siempre que estén registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los objetivos que se persiguen con BME Fondos son los siguientes:

 

  • Creación de un nuevo canal de distribución independiente de fondos de inversión poniendo al alcance de la comunidad inversora una nueva vía de acceso a los mismos.
  • Aportar visibilidad a la oferta de instituciones de inversión colectiva registradas en la CNMV.
  • Aprovechar la experiencia de BME en la negociación de instrumentos de inversión colectiva tales como los ETFs (fondos de inversión cotizados cuyas participaciones se negocian y liquidan exactamente igual que las acciones) y las SICAVs (sociedades de inversión de capital variable que también son una figura de inversión colectiva con el objeto exclusivo de la adquisición, tenencia, administración en general y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros), haciendo extensiva dicha experiencia a los fondos de inversión.
  • Ampliar la red de comercialización para las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (SGIIC).
  • Ampliar la oferta de fondos de inversión para los suscriptores.
  • Utilizar los medios que BME ponga a disposición de los fondos de inversión que coticen para la difusión de la información correspondiente.
  • Anotación de participaciones de fondos de inversión en las cuentas de valores de los inversores como un activo más dentro de las mismas.

 

Un inversor que desee suscribir (o reembolsar) participaciones de fondos de inversión a través de BME Fondos deberá canalizar la correspondiente orden a través de un intermediario financiero que sea miembro del mercado. Las operaciones se realizarán en un nuevo segmento específico de negociación en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil), donde ya existe un segmento similar con las SICAVs.