Entidades que pueden y no pueden captar fondos reembolsables del público

Mario Cantalapiedra – Economista

Las entidades de crédito en España son empresas autorizadas cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder crédito por cuenta propia, tal como recoge el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. En este sentido, mientras la concesión de crédito no precisa de autorización, la captación de fondos reembolsables del público (depósitos y otras fórmulas parecidas) con el compromiso de devolución en las condiciones acordadas, es una actividad reservada a los siguientes tipos de entidades:

  • Bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.
  • Entidades bancarias extranjeras.
  • Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Las entidades anteriores para poder operar han de tener autorización administrativa y hallarse inscritas en los registros oficiales de entidades de crédito del Banco de España (BdE).

Entre las entidades que no pueden captar fondos reembolsables del público figuran las siguientes:

Establecimientos financieros de crédito (EFC)

Se dedican a realizar operaciones de crédito en un ámbito muy específico, tales como leasing financiero, factoring, crédito al consumo, crédito hipotecario, tarjetas, etcétera. Hay que señalar que pueden captar fondos reembolsables del público acudiendo a los mercados de valores mediante la emisión y colocación de títulos, pero no pueden hacerlo mediante depósitos.

Establecimientos de cambio de moneda

Personas físicas o jurídicas que realizan en establecimientos abiertos al público y con carácter profesional, la actividad de cambio de moneda.

Sociedades de tasación homologadas

Se dedican a realizar valoraciones de bienes inmuebles para entidades financieras relacionadas con el mercado hipotecario. Habitualmente certifican el valor de los inmuebles para determinadas finalidades como la concesión de financiación con garantía hipotecaria.

Oficinas de representación de entidades de crédito extranjeras

Pueden realizar actividades informativas o comerciales sobre cuestiones bancarias, financieras o económicas. No obstante, a pesar de que no pueden captar fondos del público, sí que pueden canalizarlos hacia las entidades de crédito extranjeras que representan.

Entidades de pago

Tienen autorización para realizar servicios de pago, como, por ejemplo, transferencias, adeudos directos y pago efectuados con tarjetas.

Entidades de dinero electrónico

Se dedican a emitir dinero electrónico que es admitido como medio de pago por empresas distintas a la entidad emisora.

Sociedades de garantía recíproca (SGR)

Entidades que facilitan el acceso a la financiación bancaria de las pymes que se asocian en ellas mediante la concesión de avales.

Plataformas de financiación participativa (PFP)

Ponen en contacto, a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa. Por tanto, cuando una PFP solicita dinero al público, por ejemplo, a través de un préstamo en la modalidad de crowdlending, no puede considerarse como una captación de fondos reembolsables.

Cambio de domicilio social y gestión del riesgo de clientes

Mario Cantalapiedra – Economista

La situación política que se vive en Cataluña está motivando el traslado de domicilio social por parte de muchas compañías catalanas en la búsqueda de una mayor seguridad jurídica para sus negocios. En este sentido, el Consejo de Ministros español aprobó recientemente el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, que facilita los trámites para realizar dicho traslado, de manera que, salvo que exista una declaración expresa en contrario por parte de los estatutos de la sociedad, sea su Consejo de Administración el competente para aprobarlo.

Hay que recordar que el domicilio social es el lugar en el que legalmente está establecida la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital señala que serán españolas todas las sociedades de capital que tengan su domicilio en territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se hubieran constituido, las cuales podrán elegir su domicilio social entre las dos opciones siguientes:

  • Lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección.
  • Lugar en el que radique su principal establecimiento o explotación.

No obstante, el domicilio social una vez que es elegido es único.

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En lo referente al domicilio fiscal, este se puede definir como el lugar de localización de los obligados tributarios en sus relaciones con la Administración tributaria. Es un lugar físico concreto donde las sociedades mercantiles pueden ejercer derechos y cumplir obligaciones de carácter tributario y donde Hacienda puede localizarlas. El artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señala que, para las personas jurídicas, el domicilio fiscal será su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleva a cabo dicha gestión o dirección. Luego será habitual que coincidan ambos domicilios, aunque no necesariamente ha de ser así.

Desde el punto de vista del análisis del riesgo de clientes, el cambio de domicilio social es un dato que debe valorarse. En el caso de que un cliente cambie su domicilio social se debe comprobar que dicho cambio no obedece a problemas en su actividad. Además será necesario revisar la información recogida en los sistemas de facturación propios para evitar problemas con la emisión, envío, y posterior cobro, de las facturas.

Cuatro ratios para medir cómo utiliza la empresa sus recursos

Mario Cantalapiedra – Economista

Entre las herramientas que existen para analizar los estados contables principales de la empresa están los ratios, los cuales expresan la relación entre dos variables, habitualmente en forma de división, de tal modo que su resultado para el analista es más significativo que el de cada variable por separado.

Estos ratios se pueden agrupar por familias según el objetivo de análisis pretendido. De este modo, los de situación financiera analizan la estructura financiera de la compañía; los de rentabilidad estudian los beneficios obtenidos en relación con los bienes utilizados, mientras que los de eficiencia analizan la utilización que hace la empresa de sus recursos.

Haciendo hincapié en los últimos, en los que miden cómo la empresa utiliza sus recursos (escasos), me gustaría destacar algunos de los que son más utilizados:

 

Rotación del activo

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Mide cuántas veces en el período analizado la empresa realiza ventas por un valor igual a su activo. Implica, por tanto, la eficiencia en la utilización de dicho activo. Cuanto más elevado sea el ratio mejor para la empresa, ya que estará generando mayores ventas con su inversión.

 

Ventas por empleado

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Mide las ventas medias generadas por empleado en el período, expresándose en unidades monetarias, de tal modo que a mayor valor del ratio, mayor volumen de ventas se genera por cada trabajador.

 

Gastos de personal por empleado

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Determina el coste medio por empleado, expresándose en unidades monetarias. Evidentemente si el ratio anterior interesa que sea lo mayor posible, aquí ocurre justo lo contrario.

 

Productividad

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Mide la contribución de los empleados al resultado de la actividad expresándose en número de veces. A mayor valor del ratio, mayor rendimiento está obteniendo la empresa analizada de sus empleados.

 

Evolución ratios de eficiencia TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. (2014 – 2016)15Fuente: Insight View.